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domingo, 7 de mayo de 2023

DEMOCRACIA LIBERAL Y NEOLIBERALISMO

 Comentario 08/05/2023

 

DEMOCRACIA LIBERAL Y NEOLIBERALISMO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Las tesis estatistas y autocráticas que han inspirado el gobierno y las reformas de Petro para darle preponderancia al Estado sobre lo privado, como ocurre con los proyectos de salud y de pensiones, por ejemplo, bajo las supuestas pretensiones de que, con relación al sector privado, el Estado lo hace mejor, con enfoque social y con principios de equidad e igualdad y es quien está llamado a administrar los recursos públicos, no así los particulares. Esta es una concepción ideológica de izquierda que favorece la gestión del Estado frente al desarrollo privado, según la cual los intereses privados en la ejecución de los asuntos estatales son sólo el lucro y el aprovechamiento del dinero del Estado proveniente de los impuestos y contribuciones de todos los ciudadanos. En la práctica, el estilo de gobierno del presidente Petro está atentando contra la democracia, las instituciones y la empresa privada, veamos algunos de los porqués, con hechos recientes:

  • Invitación a movilizarse en las calles a jóvenes, trabajadores, indígenas, estudiantes, obreros, etc., para debatir sobre las obras de su gobierno.
  • Coacción al congreso y a las cortes: “lo que no se apruebe en el Congreso se logrará en las calles” y “la teoría del enemigo interno que no lo deja gobernar”
  • Amenazas a los partidos políticos: a raíz de la crisis de gobernabilidad de su coalición de gobierno: “Si no se aprueban las reformas habrá una revolución”.
  • Petición de facultades extraordinarias por todo y para todo, como si no existiera el Congreso para legislar.
  • Reforma del papel de las fuerzas armadas y de la policía y desmonte gradual de su accionar contra el delito y la guerrilla.
  • Disposición a revisar el modelo de desarrollo económico del país en la negociación con el ELN, con más impunidad y gabelas a los alzados en armas, además.
  • Intervención en gremios para que obren según su voluntad.
  • Reformas estatizadoras: salud y pensional
  • Amenazas al sector privado: “AFP y EPS van a desaparecer”.
  • Y, para no alargar, muchos otros etc.

Nada más lejos de la verdad que pensar que el Estado, por no tener fines de lucro, lo hace mejor que el sector privado en materia empresarial. Por supuesto, y hay que decirlo con todo el énfasis, el ánimo de generar crecimiento, desarrollo, beneficios económicos, empresariales, sociales y ambientales es lo que acompaña el interés del sector privado. Todas estas motivaciones son legítimas y necesarias, de hecho, son los “motores” que impulsan al empresario privado a enfrentar los riesgos de los negocios y de los mercados, la competencia de sus émulos o pares y los desafíos cotidianos de hacer empresa y progresar. En esto no hay nada de raro ni de malo, por el contrario, es el acelerante de la dinámica de los negocios a nivel micro y de los resultados económicos de todo un país a nivel macro y, por consiguiente, de los resultados sociales de progreso y bienestar de todos sus ciudadanos. Con estas reflexiones no estamos desconociendo el papel y la dinámica que los Estados pueden y deben realizar en favor de la economía, las instituciones, el desarrollo público y privado y el mejoramiento en el nivel de vida de todos los ciudadanos.

Ahora, dos conceptos fundamentales para el buen desempeño del sector privado son, precisamente, la democracia liberal y el llamado neoliberalismo, veamos:

La democracia liberal es una forma de gobierno que consiste en la participación de los ciudadanos en la dirección de los asuntos del Estado y de las comunidades a través de la opinión y del voto para elegir representantes en las instancias de gobierno. Se caracteriza por la realización de elecciones en las cuales participan múltiples partidos políticos y distintas corrientes de opinión, una separación de poderes en diferentes ramas del gobierno, que están sujetas al Estado de derecho (Constitución), una economía de mercado con propiedad privada y la protección equitativa de las libertades civiles y políticas. En resumen, la democracia liberal es un sistema político que se basa en la libertad individual y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (tanto en derechos como en obligaciones).

Por su parte, el neoliberalismo es una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado en la economía, favoreciendo la actuación del sector privado, de los empresarios, de los empleados, de las organizaciones gremiales y de la ciudadanía en general. También ha sido definido como “una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado”, cuyos pilares básicos incluyen la privatización y la desregulación, lo cual se asocia, en forma despectiva, por los sectores de izquierda como el llamado “capitalismo salvaje (afán de lucro y explotación económica del capital al trabajo)” o el famoso sálvese quien pueda en términos económicos y sociales.

Al contrario, de acuerdo con un estudio de Fedesarrollo, en los últimos 20 años avanzamos notablemente en reducir la pobreza, gracias al crecimiento de la economía. El 72% de esa disminución se explica por los aumentos en la inversión, en las ocupaciones productivas y en la educación, mientras que sólo 9% se debe a las transferencias monetarias que hace el gobierno. Hay que crear riqueza para combatir la pobreza, y, quien crea esa riqueza, es el sector privado.

El presidente Petro y su gobierno son la mayor prueba de que la democracia liberal funciona, de sus instituciones, del pago de impuestos y contribuciones del sector privado, de la generación de inversión, crecimiento, empleo y desarrollo del llamado neoliberalismo, que no es más que la economía privada, la cual, si el Estado y el gobierno de turno, no se atraviesa con una ideología radical y anti empresarial, seguirá generando desarrollo, progreso y bienestar. Hay que defender la democracia liberal y el empresariado privado, si queremos avanzar como sociedad.         

lunes, 1 de mayo de 2023

HABEMUS PETRO

 Comentario 02/05/2023

 

HABEMUS PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Cuando se nombra un nuevo papa de la iglesia católica en Roma, el anuncio de su nombramiento por el colegio cardenalicio informa que “habemus papam”, lo cual significa que un nuevo papa ha sido elegido, para dirigir la iglesia católica como representante de Cristo en la tierra, y, por dogma religioso, se le concede la llamada infalibilidad en los temas de la iglesia, es decir, lo que el papa diga debe creerse por fe y debe aceptarse como verdad para la iglesia. Se dice, entonces, que el papa habla ex cátedra.

Pues bien, el presidente Petro, a más de su ideología de izquierda radical (progresista, como suelen autodenominarse), exhibe un talante autoritario y dictatorial, bastante intervencionista e imperativo, como si hablara también ex cátedra, en lo “divino y lo humano”, lo cual no favorece la concordia necesaria para el buen gobierno.  De hecho, debe recordarse que él ganó por un número pequeño de votos (50,4% Petro, 47,3% Hernández), sin embargo, su compromiso institucional, de acuerdo con la propia Constitución de la República, es gobernar para todos los ciudadanos, sean de su color político o contrarios a sus motivaciones ideológicas. Él fue elegido para gobernar, y es lógico que lo haga con los principios que defendió durante su campaña, entendiendo que su mandato no es de grupo político sino de Estado y nación, donde deben ocupar un lugar los diferentes pensamientos y conductas de los colombianos. Veamos algunos de los eventos recientes de su actuación imperativa:

  • Intervención en asuntos políticos o judiciales internos de otros países, como lo ha hecho con temas de Venezuela, Chile, El Salvador, Guatemala o Perú, por ejemplo, donde sus afirmaciones promueven su ideología o convicciones propias, sin respeto por la sagrada conducta de la no intervención en los asuntos, leyes y decisiones judiciales internas de otros países.
  • Imponer al mundo un cambio frente al combate al narcotráfico, desde la erradicación de cultivos hacia la interdicción de las bandas, como si el país fuera la verdad revelada en esta materia, sin considerar la complejidad de los problemas que causa la no erradicación y sustitución de los cultivos, lo cual indudablemente está favoreciendo el crecimiento acelerado en el número de hectáreas de cultivos en Colombia ( ya se habla de más de 300.000 hectáreas y pronto tendremos cultivos hasta en los techos) y, además, bajo la premisa de regularizar el uso recreativo de las drogas, con consecuencias insospechadas desde el punto de vista de la afectación a la sociedad.
  • En materia de exploración y explotación de hidrocarburos su posición consulta criterios ideológicos, pero va en contravía de los intereses, posibilidades y necesidades del país para lograr un tránsito apropiado hacia energías limpias, lo cual es una compleja solución que compromete tiempo e inversión. Cero fracking, cuando tiene un reconocido uso y efectividad sin daños al medio ambiente en países más desarrollados. Al paso que vamos, agotaremos nuestras reservas de petróleo y gas hoy disponibles para 8 años, y, ¿luego qué seguirá para el país sin tener disponibles y activas en toda la economía las energías limpias sustitutivas?
  • Tratar de imponer en la ONU y en Colombia sus criterios como los únicos válidos y merecedores de reconocimiento y actuación, en materias como el cambio climático.
  • Su intención es la de modificar sistemas de alto contenido social, con un criterio estatista, asistencialista y populista (demagógico), como lo pretende hacer con las reformas a la salud y a las pensiones, las cuales hoy funcionan bastante bien y producen enormes benéficos a los ciudadanos, aunque sean susceptibles de mejoramiento, modernización o actualización, como ocurre con todo tipo de organizaciones humanas sometidas continuamente a cambios de carácter legal, tecnológico o ciudadano. De hecho, sus anunciadas reformas lo que pretenden, en el fondo, es la estatización de la decisión y la acción en muchos sectores y actividades de la economía para pasar a ser influenciados por su conducta autoritaria e intervencionista. Por el mismo camino va la reforma laboral, con un carácter redistributivo y reivindicativo, con afianzamiento sindical de por medio, sin promover la generación de empleo y la superación de la informalidad.
  • En el tema del medio ambiente tiene una obsesión por la defensa del entorno natural a ultranza, sin medir que la ciencia y la tecnología cada vez más nos permiten el uso de los recursos naturales y su protección y renovación, evitando su afectación permanente y el efecto invernadero que produce el cambio climático.
  • La paz total es un concepto loable, por sí mismo no admite discusión como tema de interés nacional, sin embargo, la Paz a cualquier costo nunca será bienvenida, ni perdurable, y puede volverse la gran fuente de impunidad y nuevas violencias.
  • La negociación con grupos criminales para obtener su desarme, a partir de otorgarles benéficos jurídicos y la no aplicación de conductas penales o el no combatirlos por las fuerzas policiales y militares hará proliferar el concepto de “Ser pillo paga”.
  • Cambiar las reglas de la extradición para buscar beneficios para el país con los dineros de los narcotraficantes tampoco es un principio sano, prácticamente es el famoso “interés, ¿cuánto valés?”
  • La conducta sinuosa frente al rol constitucional de las fuerzas militares y de policía y su desmantelamiento gradual, nos llevan a un camino con final muy oscuro.
  • La liberación de participantes en las manifestaciones sociales, acusados de graves afectaciones a los bienes públicos y privados, a los propios ciudadanos y a la economía, es una clara intromisión en el campo de la justicia.
  • El nombramiento de personas no vinculadas con la carrera diplomática en cargos de esta especificación en el exterior parece más un pago de favores políticos que acciones de buen gobierno.
  • Restablecer relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela sin condiciones y sin verificar que ha sido patrocinador de los movimientos guerrilleros en Colombia, gran causante del éxodo de los venezolanos y de la expropiación de sus recursos por parte de la camarilla política que la gobiernan, todo lo cual ha afectado los intereses comerciales y de seguridad del país, parece más un favorecimiento ideológico que una real medida de progreso y bienestar para los dos países y sus fronteras comunes.
  • Su influencia en la dirección de gremios y asociaciones privadas del país es una clara injerencia del Estado en lo privado. El último bochornoso caso es el de la Federación Nacional de Cafeteros, donde promovió la salida de Roberto Vélez, el anterior gerente y rechazó el nombramiento unánime y autónomo de Germán Bahamón, el nuevo gerente.

En fin, en la forma en que vamos, Habemus Petro para rato, con su talante dogmático y casi que, con su pretensión de hablar con la infalibilidad de los Papas romanos, en los asuntos del Estado y del Gobierno, para pasar por encima de los ciudadanos que no lo favorecen, del ordenamiento jurídico y del marco institucional del país. Aunque él manifieste que su mandato durará cuatro años, lo que está haciendo tendrá su influencia y la de su grupo político o sus aliados “lentejistas” por muchos años. Pobre Colombia con el “pontífice” de Petro y su obstinación para gobernar a todos los colombianos con ideología radical y no con buen gobierno y políticas de Estado adecuadas. Con razón su imagen favorable decrece día a día en las encuestas de opinión.

domingo, 23 de abril de 2023

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

 Comentario 24/04/2023

 

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

En las economías abiertas y democráticas, con libertad en la iniciativa y en la propiedad privada, existe un papel regulatorio por parte del Estado, que puede atravesar una línea muy fina entre un criterio sano para evitar excesos, abusos, monopolios o posiciones dominantes privadas, y un papel mucho más interventor, agresivo e injerencista de gobiernos con tendencias autocráticas o aún totalitarias, en economías que dicen tener un marco democrático y de separación de poderes. No estamos hablando de la intervención del Estado en temas de carácter social o prioritario, se trata de la intrusión en iniciativas empresariales privadas diversas, quienes, en ocasiones, se ven constreñidas en su desenvolvimiento por la intervención de sus gobiernos.

De acuerdo con el Doctor José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia, en un excelente artículo publicado en La República de 1/03/2023, afirma:

“El Estado, dice la Constitución, debe intervenir en la economía, por mandato de la ley, para lograr, entre otros fines, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, y la garantía, a todas las personas –en particular las de menores ingresos–, de tener acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. No se trata de intervenir por intervenir, sino de usar las atribuciones correspondientes, para alcanzar los fines primordiales del Estado, entre ellos la justicia social, la igualdad real y efectiva, además del verdadero respeto a los derechos fundamentales.

(...). La Constitución establece cláusulas expresas que limitan el ejercicio de la libertad económica al interés general y la responsabilidad social, de forma que lo haga compatible con la protección de los bienes y valores constitucionales cuyo desarrollo confiere la Carta a las operaciones de mercado.

La sentencia C-331 de 2020 agregó: “El Estado moderno cumple un papel preponderante en la intervención de la economía (...). En este escenario, el Estado orienta su actividad para obtener resultados afines con el interés general y con los objetivos y propósitos propios de la organización estatal. Un Estado intervencionista tiene como función garantizar que la economía funcione adecuadamente, combatiendo fenómenos negativos como la colusión empresarial, las prácticas restrictivas de la libre competencia y los abusos de la posición dominante, tratándose de una economía de mercado.

Garantizada como está la libertad de empresa –razonable y proporcionada–, prevista y asegurada la iniciativa privada, y establecido el papel activo, directivo e interventor del Estado en la economía, se ha de buscar el equilibrio entre tales postulados, bajo la conducción del Gobierno, con miras a la procura del interés colectivo y la cristalización del Estado social de derecho”.

La gran pregunta es: ¿cuáles son los límites de ese Estado interventor, para que, sin dejar de serlo según su mandato constitucional, no se vuelva injerencista en la iniciativa privada?

La línea divisoria parece muy delgada, por momentos borrosa o poco nítida, y particularmente en el gobierno de Gustavo Petro, cuya tendencia es a la estatización de muchos servicios y al direccionamiento de sectores económicos completos, prueba de lo cual son las reformas a la salud, la laboral o a las pensiones recientemente presentadas donde se busca que dichos servicios sean administrados y dirigidos por el Estado bajo su directa intervención con una limitada y restrictiva participación del sector privado. Como también la influencia gubernamental en la determinación de los dirigentes o las políticas que deben conducir determinados gremios u organizaciones de regulación y control (caso Camacol, Fedecafé, la Creg, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, la Aerocivil, la Superindustria y Comercio, para mencionar sólo algunas).

Este es un asunto crucial en el buen desempeño de la economía de mercado y de la voluntad inversionista, quienes buscan, no solamente un entorno económico adecuado y un mercado creciente y diversificado, sino, como lo más importante, seguridad jurídica para sus inversiones. Si el Estado es propenso a intervenir en los asuntos de la economía privada para ajustarlos a sus intereses políticos, le resta muchos grados de libertad al empresario y a sus decisiones de permanecer, crecer, expandirse y diversificarse.

Los ejemplos están muy cercanos en economías latinoamericanas que se han acercado al populismo, la demagogia, el intervencionismo de Estado y en algunas ocasiones a la expropiación y la nacionalización de los negocios o aún de las propiedades privadas. Fatalmente esas economías decrecen y se envuelven en un marasmo económico del cual difícilmente se reponen.

Tanto como la seguridad jurídica, los ciudadanos y los empresarios necesitan tener confianza en los gobiernos nacionales o regionales que ocupan dichas dignidades. Cuando se pierde la confianza y el sentimiento es de temor o rechazo, la incertidumbre es el rey y, como es bien sabido y probado, los negocios con condiciones adversas por injerencia gubernamental no prosperan ni se desarrollan.

domingo, 16 de abril de 2023

¿NOS INTERESA LA POLÍTICA O LA ECONOMÍA?

 Comentario 17/04/2023

 

¿NOS INTERESA LA POLÍTICA O LA ECONOMÍA?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Una cosa es hacer política y otra, muy distinta, entenderla, para poder decidir sobre ella, comprender las acciones de los políticos y anticipar sus consecuencias. Entre nuestros ciudadanos es frecuente que exista apatía, rechazo o menosprecio por la política, dado que la clase política goza de muy poca credibilidad y reconocimiento, de hecho, el pensamiento dominante es que ellos sólo buscan nuestros votos y luego nada que ver con los ciudadanos. La política y los políticos, en su generalidad, se perciben como algo turbio, poco transparente, sinuoso (cambian como veletas) y frecuentemente son participantes activos de la corrupción y del clientelismo. Y no es para menos, son tantas las circunstancias y tantos los involucrados de todo tipo de vertientes o subvertientes políticas en este tipo de conductas que es casi que osado creer en ellos. Colombia hoy tiene cerca de 30 partidos políticos (increíble, ¿verdad?), que son más bien maquinarias electorales, más que centros de pensamiento y desarrollo político, ciudadano o comunitario.  La idea es ganar el aval de un partido vigente para luego buscar los votos y hacerse elegir y, posteriormente, disfrutar las mieles del poder y de la politiquería.

No es extraño, entonces, que los ciudadanos no deseen, en general, inmiscuirse en política y que los pocos que lo hagan no sepan a profundidad y con convicción cuáles son: el ideario político y los programas de gobierno de su respetivo partido, cuáles son sus trayectorias y logros en favor de la ciudadanía y qué reconocimiento los rodea como fuentes de transparencia e idoneidad, o de anticorrupción y de anti-clientelismo. Los políticos, por supuesto, saben decir lo que a los ciudadanos les gustaría escuchar, hacen proclamas y promesas de campaña, sin medir su viabilidad de ejecución y de financiación, como tampoco su pertinacia y oportunidad. Sólo les interesa que sus palabras sean convincentes y cautivadoras de los ciudadanos, puesto que, terminada la campaña, nada volverán a saber esos votantes sobre las supuestas convicciones que motivaron su voto y la respuesta real de sus políticos de turno.

Sin embargo, la cultura ciudadana sobre la política poco a poco va cambiando y hoy tenemos más ciudadanos interesados en entenderla, si bien no en formar parte de grupos carnetizados de adeptos a un candidato o partido. La política, por definición, es el proceso de comprender lo que la ciudadanía necesita, determinar las mejores oportunidades y capacidades y cómo volverlas realidades en favor del progreso y bienestar de la comunidad, lo cual se ejecuta a través de los diferentes cargos, instituciones y funciones del Estado.

Ahora, política y economía vienen juntas, son dos caras de la misma moneda, dado que los políticos con sus decisiones y acciones en el Estado (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) determinan o impactan significativamente la economía. De hecho, hay una ciencia, la economía política, que busca establecer qué se debe hacer, cómo hacerlo y para quién hacerlo con el fin de atender las necesidades y expectativas de la sociedad. Su estudio aborda las relaciones entre personas, empresas y gobiernos procurando su progreso y bienestar. La economía, así como la política, desde el punto de vista del Estado, pretende el control o la dirección sobre los recursos, los territorios y las poblaciones. Así las cosas, las soluciones que la economía provee tienen limitaciones, bien sea en las decisiones políticas, en las leyes o los reglamentos, en la financiación disponible y su correcta administración, ajena a las prácticas de corrupción, clientelismo y derroche. Si los ciudadanos poco se quieren relacionar con la política, sí deberían hacerlo, entonces, con la economía, pues afectará directamente su bolsillo y su calidad de vida. Por ejemplo, existen, genéricamente hablando, modelos diferentes sobre los tipos de economía política que suelen desarrollarse en Estados democráticos, los describiremos brevemente para recabar sobre la importancia de su conocimiento y seguimiento. Valga decir primero que no todos se usan simultáneamente por un gobierno que tenga vocación de aplicarlos, depende de las circunstancias de cada país, veamos:

Los gobiernos de corte más de centro suelen concentrar su atención en:

  • Privatización de sectores estratégicos de la economía.
  • Disminución de impuestos para fomentar el crecimiento y por esta vía el empleo. 
  • No protección del mercado y/o la producción interna con aranceles o limitaciones de importaciones (salvo sectores estratégicos) para favorecer a los consumidores e impulsar el mejoramiento de la competitividad propia y simultáneamente combatir la inflación.
  • Flexibilización laboral para ampliar la movilidad laboral y ajustarse a las nuevas tecnologías y modalidades de negocios.
  • Desregulación de precios tanto como sea posible.
  • Desregulación del sistema financiero.
  • Apertura a capitales extranjeros y libre circulación de divisas sin restricción al tipo de cambio.
  • Políticas de expansión monetaria para favorecer el crecimiento y las bajas tasas de interés, y para apoyar la inversión y el desarrollo,
  • Endeudamiento estatal y déficit fiscal moderados.
  • Reducción del Estado.
  • Concentración en sectores con ventaja competitiva singular.
  • Subsidios sólo los estrictamente necesarios.

Por el contrario, los gobiernos progresistas (de izquierda) suelen tener como ejes:

  • El Estado como el mayor gestor y promotor de la economía: todos los sectores y actividades de interés prioritario para el país se pretende que lleguen a sus manos.
  • El Estado como mayor empleador.
  • La redistribución de la riqueza mediante subsidios, a través de impuestos o de reformas tales como la agraria.
  • Intervención en sectores o actividades económicas para regularlas con criterios políticos.
  • Restricciones o limitaciones a la inversión nacional o extranjera.
  • Las estatizaciones de empresas que consideran claves.
  • Frecuentemente con control regulatorio sobre las divisas extranjeras.
  • Mayores impuestos o retenciones selectivos por actividades y tamaños de negocios.
  • Política de proteccionismo económico y de sustitución de las importaciones (aranceles y prohibiciones)
  • Ayudas sociales por doquier como subsidios, beneficios o apoyos directos.
  • Programas de controles de precios (“precios cuidados”).
  • Políticas laborales con amplios beneficios al sector trabajador y fuerte impacto para los empleadores.
  • Fuertes controles a efectos en medio ambiente. 

Como se aprecia, los modelos de pensamiento político y la economía política pueden conducir a un país a muy distintos resultados, en este sentido, todos los ciudadanos deberíamos estar interesados en conocer de la política o al menos estar muy enterados de sus consecuencias en la economía, para tomar decisión y acción sobre ellas.

domingo, 9 de abril de 2023

SIN LIBERTAD NO HABRÁ PENSIONES PRIVADAS

 Comentario 10/04/2023

 

SIN LIBERTAD NO HABRÁ PENSIONES PRIVADAS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

“Los $360 billones que hoy maneja Asofondos a través de sus portfolios, es necesario que el país sepa que los necesitamos aquí”

Gloria Inés Ramírez, ministra del trabajo, Portafolio 27/03/2023

Para poder entender el trasfondo de las cosas, a todo gobierno le gusta tener su “chequera llena” para hacer el gasto social o político de su interés, y, además, a todo gobernante le interesa tener “la sartén por el mango”, es decir, mandar y decidir. En esto no es ajeno el gobierno de Gustavo Petro, para lo cual tiene una “maestría” en su ideología de estatización de los servicios esenciales de un país, a través del trámite de sus reformas laboral, pensional, de salud, entre otras, y su plan nacional de desarrollo, con sus políticas y normas, todas enderezadas hacia el mismo fin: el control del Estado de los asuntos sensibles de la economía, limitando o cancelando la actuación del sector privado. Y ahora le toca el turno a la reforma pensional pues con la presentación del proyecto de ley de esta reforma se abre la discusión sobre sus conveniencias o desaciertos.

En Colombia, desde 1993, coexisten dos regímenes con características diferentes, si bien ambos pretenden facilitar el ahorro para formar la pensión del jubilado. El primero son los Fondos privados (AFP Porvenir, Colfondos, Protección y Skandia (creados con la ley 100/93) en los cuales los beneficiarios se pueden pensionar con 1.150 semanas, más o menos 23 años de cotización, mediante el capital ahorrado o del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, si no alcanzan sus recursos para una mesada equivalente a un salario mínimo legal vigente (SMLV). En un fondo de pensiones no hay una edad mínima para pensionarse, se pueden pensionar cuando se disponga de un capital suficiente para financiar la pensión, independientemente de la edad. El otro sistema es el de Colpensiones, fondo público creado en 1946 como el Instituto de los Seguros Sociales (ISS) y luego transformado en el 2007 en Colpensiones, en el cual se requieren 1.300 semanas de cotizaciones, más o menos 26 años de contribución a la pensión, o sea tres años más para pensionarse con un salario mínimo, con el lleno de los requisitos de edad (57 años mujeres y 62 años hombres).

Colpensiones es un sistema con importantes subsidios del Estado, porque los faltantes en el pago de las mesadas pensionales por insuficiencia en los ahorros del individuo o los subsidios que se otorgan a las pensiones y a la población vulnerable son financiados por el Estado como parte del presupuesto nacional; esta es una obligación del Estado, no es un beneficio discrecional, por lo cual las personas de altos ingresos buscan dicho fondo, dado que entre más se gana más alto será el subsidio. En cambio, las personas con pocas probabilidades de conseguir una pensión en Colpensiones se van más por el régimen de ahorro individual, porque ofrece más rendimientos, son menos semanas y, en caso de no pensionarse, la devolución de saldos es 10 veces mayor que la devolución que les daría Colpensiones.

El problema es que el número de pensionados en Colombia es muy bajo frente al potencial actual y futuro de “jubilables”, prácticamente solo una de las personas que cumplen la edad, llega a adquirir una pensión de jubilación, especialmente por no llenar los requisitos de cotizaciones para la pensión. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, con corte al 27 de octubre (2022), en el país hay 25,3 millones de colombianos vinculados al mercado laboral que están afiliados al sistema pensional. De este total, 18,5 millones (73%) están inscritos en alguna de las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y 6,78 millones están en Colpensiones. Sin embargo, el número de pensionados es mayor en Colpensiones, con 1,56 millones de personas a noviembre de 2022; frente a las AFP, que acumulan 270 mil personas. Esta diferencia es explicable al considerar la antigüedad de operación de Colpensiones frente a los Fondos. Los fondos privados administran actualmente cerca de $360 billones en inversiones que favorecen el desarrollo nacional público y privado a través de la inversión en TES y en obras de infraestructura de largo plazo, principalmente. Esta era la realidad de las pensiones hasta ahora, pero, si la reforma se aprueba como viene, cambia el contexto y el funcionamiento en forma obligatoria en favor del Estado y en detrimento del sistema de ahorro privado de las AFP, veamos:

Algunos de los temas esenciales propuestos en la reforma (son muchos, nos limitaremos a los más críticos) son: Continua la contribución del 16% del ingreso base de liquidación para trabajadores dependientes o independientes, sobre mínimo un SMLV para optar también a una pensión que no puede ser inferior a ese mismo valor. Se establecen también algunas contribuciones, crecientes según ingresos, para el Fondo de Solidaridad Pensional que son los recursos que respaldan los subsidios que se otorgan en el régimen pensional. El hecho de contribuir como mínimo sobre un SMLV deja por fuera del sistema a trabajadores que reciben menos de este valor, que son muchos, si bien no hay una estadística oficial.

El nuevo régimen propuesto es el de cuatro pilares de carácter obligatorio, es decir, no hay libre elección de los afiliados para vincularse a un sistema privado o a uno público. Pilar, según la reforma, es un rango de ingresos de acuerdo con el cual el origen y el destino de los recursos recaudados para la pensión se orientan a un lugar diferente, así: 1. el pilar solidario se financia con recursos del gobierno nacional para subsidiar a adultos mayores de 65 años, en situación de pobreza con una “mesada pensional” de $223.000 mensuales, este es un subsidio más que una pensión, en el anhelo de superar la pobreza, 2. El pilar semi-contributivo donde se apoyará, con recursos de las cotizaciones de pensiones que van a Colpensiones, a las personas que han cotizado y que no ahorraron los recursos suficientes para pensionarse, cuando cumplan requisitos de edad. 3. El pilar contributivo, dónde ingresos mensuales inferiores a 3 salarios mínimos (SMLV) cotizarán a Colpensiones y superiores a esa suma, en exceso de 3 salario mínimos, aportarán a los fondos privados, 4. Pilar de ahorro voluntario dirigido a las personas que pueden ahorrar libremente en los fondos de pensiones privados para mejorar su pensión futura. En síntesis, el Estado administrará el régimen de pensiones hasta 3 salarios mínimos y con la masa de recursos acumulados en Colpensiones más el aporte del presupuesto público pretende atender las pensiones hasta esa suma.

Como consecuencia, se presentarán varios cambios hacia el futuro, mencionado sólo algunos de los muchos que son previsibles, donde será evidente concluir que, con los cambios, no estarán mejor los pensionados y que a futuro se acumulará una bomba pensional en Colpensiones, “pan para hoy y hambre para mañana”, veamos:

  • Cerca del 90% de las personas que ahorran hoy en los fondos privados y cerca del 85% de los recursos, dado su nivel de ingresos, pasarán a Colpensiones, con el régimen de prima media. O sea, más o menos 18 millones de afiliados saldrán de los fondos privados e irán a Colpensiones, sin fórmula de juicio, es una obligación forzosa y el afiliado no puede elegir donde acumula su pensión como en el sistema actual.
  • Se desincentiva en forma obligatoria, por consiguiente, el ahorro privado en pensiones, el cual, a través de los Fondos privados, tenía una gran dinámica. Sólo quedará para personas de altos ingresos que decidan ahorrar para mejorar su pensión futura. Hay que decir, también, que las AFP durante sus años de existencia crearon un sistema de múltiples fondos de ahorro pensional, para diversificar sus riesgos y mejorar sus rentabilidades, todo lo cual ya no será unas ventajas para los 18 millones de afiliados que van para Colpensiones. El golpe es muy duro para estas instituciones, en cuanto a la salida de dinero para trasladarlo a Colpensiones, probablemente se amenaza su sostenibilidad y rentabilidad. Una estimación preliminar indica que pasarían de ingresos netos por $5.9 billones en el año 2024 a pérdidas netas por $15.9 billones para el año 2025. La República 28/03/2023
  • El Estado tomará un volumen de recursos gigantesco que pasará al control público a través de Colpensiones, ya que éste no maneja un régimen de ahorros e inversiones para el pago de las pensiones como si lo hacen los fondos privados con sus inversiones en diversos papeles de inversión, como ya se indicó. La deuda pública actual en pensiones equivale al 110% del PIB del 2023, pasará a representar el 249% para esa misma fecha, o sea un pasivo estimado hasta el 2070 en valor presente por $3.700 billones, de acuerdo con los estudios realizados por ANIF, cifras impensables frente a un déficit fiscal del 5.1% para el cierre del 2022. Ver La República 23/03/2023
  • El Estado, quien es el mayor beneficiario de las inversiones en TES que hoy hacen los fondos privados, perderá la más importante fuente de su financiación en Colombia, pues disminuirá el ahorro privado y la consiguiente inversión privada de las AFP
  • Al limitar las cotizaciones hasta 3 salarios mínimos en Colpensiones se acabarán los subsidios a las pensiones de gran volumen que se concedían en el régimen de prima media a cargo del Estado. Sin embargo, el sistema como un todo seguirá siendo deficitario para el Estado en sus resultados, según el Ministerio de Hacienda, el valor presente neto al año 2070 del déficit se podrían reducir de $67.5 % del PIB al 55.2% del mismo PIB, alentadora noticia, pero sigue siendo un enorme déficit por pagar con los impuestos de los colombianos. Por supuesto tendremos más reformas pensionales y tributarias para sanear estas cifras hacia el futuro. Ver La República 23/03/2023
  • En la práctica, el Estado recibirá un gran volumen de recursos hoy, pero, igualmente, un déficit financiero enorme hacia el futuro, dado que todas las pensiones que paga Colpensiones llevan implícitas un subsidio, independientemente del monto del ingreso base de cotización. Y sabemos que todo déficit del Estado, significa más impuestos y contribuciones de todos los colombianos en algún momento presente o futuro. Veamos un ejemplo hipotético y sin ejercer un rigor matemático excesivo en los detalles y los reglamentos, solo para tener una idea y una ilustración aproximada:

      • Supongamos un país sin inflación, lo cual permite que el valor del dinero en el tiempo se mantenga y, además, asumamos que las tasas de interés son también de cero.
      • Un ciudadano que gana $100 de ingresos y labora durante 30 años (más de las 1.300 semanas mínimas necesarias), está contribuyendo mensualmente a su pensión en Colpensiones con el 16% del ingreso (sea pagado por él directamente o en conjunción con su empleador, si lo tiene). Sus pagos laborales son doce por año, para hacer fácil el ejemplo.
      • Su ahorro acumulado en Colpensiones durante 30 años será:
      • =$100x16%x30x12 =$ 5.760.
      • El ciudadano se jubila a los 62 años y tiene una vida hasta su muerte durante 20 años más. Su pensión, por consiguiente, la paga Colpensiones con el 65% de su ingreso promedio de los últimos 10 años de cotización, o sea $65 en doce mesadas año.
      • Su pensión acumulada pagada por Colpensiones durante los 20 años será: =$100x65%x20x12= $15.600.
      • El extra pago de pensión por parte del Estado en este ejemplo hipotético sería de $9.840, o sea el ciudadano recibe 2.7 veces más de lo ahorrado, o en otras palabras el 170.8% más de lo que ahorró. ¿Quién paga este subsidio? por supuesto el presupuesto público o sea todos los colombianos con sus impuestos y contribuciones.
      • Aunque al principio y durante el régimen de transición el Estado tenga su caja llena, luego en los años posteriores tendrá un déficit de 18 millones de ciudadanos que se ven forzados a trasladar su pensión a Colpensiones, quienes hoy están en los Fondos privados. Con datos reales y con los 18 millones de ciudadanos, ANIF ha calculado que se va a crear un pasivo pensional de más de $300 billones de pesos (más o menos lo que hay hoy ahorrado en las AFP), es decir “lo comido por lo servido”

  • Puesto que Colpensiones funciona sobre la idea que muchos jóvenes estén cotizando muchos años para pagar las pensiones de los viejos que se jubilan, ¿qué ira a hacer esta institución cuando haya más viejos que jóvenes y dure más la vida de esos viejos, según las tendencias de la pirámide poblacional de Colombia?

La situación del Estado con las pensiones será insostenible hacia el futuro y, por tanto, será necesario volver al sistema de capitalización individual que hoy manejan los fondos privados de pensiones, con un relativo buen éxito. Aunque para los que se pensionan su mesada nunca sea suficiente, pero será mejor esa que ninguna con un Estado insolvente. Hoy los Fondos privados están en el ojo del huracán por la estigmatización del gobierno Petro sobre el sector privado. ¿Y qué pasará con el mercado de capitales si el gran dinamizador son, precisamente, las AFP y se quedan sin recursos porque se los “tragó” Colpensiones (o el presupuesto público) que no es un inversionista?

Si no se modifican la edad de jubilación y/o el número de semanas necesarias para aspirar a una pensión, como también la tasa de reemplazo, el tema se volverá insostenible hacia el futuro para el propio Estado. Si con esta reforma a los pensionados, salvo los del pilar solidario, no les va mejor y al Estado tampoco pues sigue con un enorme déficit, ¿entonces quién pierde?: el país entero.

Para terminar, en el periódico EL Tiempo de 2 /04/2023 el Doctor Germán Vargas Lleras analiza este tema y hace unas juiciosas recomendaciones frente a la reforma pensional, con las cuales, por un lado, estamos de acuerdo y, por el otro, recomendamos su lectura. En síntesis recomienda que el Estado cubra las pensiones hasta un salario mínimo, con garantía de pensión mínima por ese valor, con lo cual, simultáneamente, se cancelan los subsidios a pensiones de mayor valor; las pensiones de los pilares solidario y semicontributivo deben estar a cargo del Estado; unificar en 1.300 semanas de cotización  el tiempo para acceder a la pensión con el lleno de los demás requisitos; mantener la libertad de elección de los ciudadanos por Colpensiones o las AFP; exigir a Colpensiones ahorrar los recursos que reciba e invertirlos apropiadamente. Grandes soluciones para grandes males, así si vale la pena la reforma pensional.

jueves, 30 de marzo de 2023

LA AGENDA DE DIÁLOGO ENTRE EL GOBIERNO Y ELN

 Comentario 30/03/2023

 

LA AGENDA DE DIÁLOGO ENTRE EL GOBIERNO Y ELN

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), es una organización guerrillera insurgente, narcotraficante y terrorista colombiana de extrema izquierda que opera en Colombia y Venezuela. Se define como de orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana. El ELN se formó al mismo tiempo que las FARC, en 1964, y en el mismo contexto: un Estado cogobernado, en el llamado frente nacional, por dos partidos políticos que excluyeron cualquier propuesta alternativa, y en medio de la euforia que generó la revolución cubana en la región.  Sin embargo, el ELN no es una guerrilla campesina como las FARC. Sus fundadores fueron intelectuales urbanos y sacerdotes, inspirados por la ideología marxista, que fueron a entrenarse a Cuba y desde un principio recibieron financiación de Fidel Castro. Además, a diferencia de la estructura vertical de las FARC, el ELN opera como una federación: sus frentes a lo largo del país tienen autonomía y las decisiones pasan por complejos procesos de conciliación.

Hoy en día, el ELN está conformado por algo más de cinco mil integrantes, incluyendo redes de milicianos infiltrados en la población civil. Esa fuerza se distribuye entre Colombia y Venezuela, pero sus objetivos en cada país son muy distintos. En Colombia actúan como guerrilla desafiando al Estado, pero en Venezuela actúan como paramilitares al servicio del gobierno de Maduro, según se afirma, régimen del cual reciben apoyo y favorecimiento para su libre movilización.

Todos los gobiernos de Colombia, desde los años 60, han intentado, de una forma u otra, negociar la desmovilización del Ejército de Liberación Nacional, pero esos procesos de paz han fracasado sucesivamente, por ser una guerrilla sinuosa y de difícil concreción, dado su mando disperso y su interés en tomar el control del Estado. El último intento de paz fue en el gobierno de Iván Duque, quien tuvo que suspenderlo luego del atentado terrorista en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá donde fallecieron 23 de sus integrantes. Ahora el presidente Gustavo Petro, quien militó en la guerrilla del M19 hasta su desmovilización en 1989, volverá a intentarlo con su Paz Total, si bien los atentados a civiles y militares, los secuestros, la afectación a la infraestructura, el narcotráfico, el lavado de activos y las extorsiones del ELN surgen todos los días en muchas regiones de la geografía nacional. Ya se ha pactado una agenda de conversaciones con los más diversos temas, incluyendo los siguientes:

  1. Participación de la sociedad en la construcción de la Paz.
  2. Democracia para la Paz.
  3. Transformaciones para la Paz.
  4. Víctimas.
  5. Fin del conflicto armado.
  6. Plan General de Ejecución de los acuerdos entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional – ELN. El documento también habla explícitamente de un cese al fuego y hostilidades de carácter bilateral para la superación del conflicto armado, pero esto no está garantizado hasta ahora.

Vamos a referirnos en este comentario a los dos primeros temas por considerar que son de una gran preocupación para la constitución, las Instituciones, el modelo económico y democrático, la libertad de empresa, de la propiedad privada y del funcionamiento de los mercados en Colombia.  Por supuesto, en los demás temas también hay elementos de preocupación, pero veamos los dos primeros en detalle (tomado del El Espectador 10 mar. 2023). Esta es la agenda definitiva, que llamaron el ‘Acuerdo de México’:

 

I. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

La Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz será ejercida en los siguientes términos:

  1. Un camino para la construcción de una alianza política y social hacia un gran acuerdo nacional.
  2. En función de identificar las causas de los problemas fundamentales del país, y de proponer iniciativas y procesos que conduzcan a las transformaciones para la paz.
  3. Un ejercicio democrático de movilización de la sociedad en torno a la planeación, decisión e implementación eficaz de los acuerdos en las regiones y la nación.
  4. Un ejercicio dinámico y activo, incluyente, pluralista y vinculante que permita construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones.
  5. Una forma de fortalecer la participación efectiva y eficaz de las mujeres y las poblaciones históricamente excluidas, discriminadas y precarizadas -niños, niñas, adolescentes, juventudes, adultos mayores, pueblos étnicos, campesinado, trabajadores, privados de la libertad, la diáspora, población LGBTIQ+ y en condición de discapacidad-, en la construcción de la democracia para la paz.

II. DEMOCRACIA PARA LA PAZ

Este punto de la agenda conduce a las siguientes acciones:

  1. Revisar y fomentar la participación y las decisiones de la sociedad en los problemas que la afectan, y que puedan materializarse en instrumentos de política pública eficaces en los territorios urbanos y rurales.
  2. Examinar, desde una perspectiva democrática, el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional.
  3. Evaluar el tratamiento que se le da a los conflictos políticos, sociales y ambientales en función de la construcción de la paz.
  4. Revisar el marco normativo y garantías para la manifestación pública, tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados en desarrollo de la movilización y la protesta social.
  5. Incentivar la participación de la sociedad en la construcción del poder ciudadano.

El punto que resulta más inquietante es el que en la agenda quedó como el 2.2, que propone “Examinar, desde una perspectiva democrática, el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional”. Ello representa un cambio radical frente a lo que fueron las negociaciones con las antiguas Farc en La Habana, en las que para el Estado colombiano esa fue una línea roja: no negociar el modelo económico. En ese segundo punto, que de manera genérica se denomina Democracia para la paz, también se incluyó el tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados en desarrollo de la movilización y la protesta social.

Nuestras inquietudes son muchas, pero especialmente: ¿esta es la agenda para discutir con 5.000 guerrilleros y para ser impuesta a todo el país?, ¿no debería ser esta la agenda de temas a debatir en el Congreso con todas las fuerzas políticas y vivas de la nación? Y, además, con estas complejas y diversas temáticas, ¿cuánto van a durar las nuevas negociaciones con el ELN?, ¿de nuevo serán eternas y nada concluirán?, al mejor estilo de lo que ellos saben hacer.

domingo, 26 de marzo de 2023

REFORMA LABORAL FUERA DE CONTEXTO

 Comentario 27/03/2023

 

REFORMA LABORAL FUERA DE CONTEXTO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Como fue anunciado desde la campaña presidencial, el gobierno de Petro ha presentado una reforma adicional, en este caso la laboral, a la consideración del país y por supuesto del Congreso de la república que es el órgano encargado de su revisión, modificación y aprobación, y al posterior control constitucional, cuyas consecuencias vamos a comentar brevemente.

Partamos primero de evidencias tales como que somos un país madrugador, ya que en promedio nos levantamos a las 6:30 am, más temprano que en otros países, pero nos rinde muy poquito, ya que somos el último en producción por hora en el concierto de las economías de la OCDE: hoy tenemos US 19,50 por hora, cuando la media de los países allí asociados es de más o menos US 60 por hora, o sea, producen prácticamente 3 veces más que nosotros por hora. Ni hablar de países muy desarrollados donde la comparación es de 5 o 6 veces más que nosotros en el mismo lapso. Ver informe La República del 20 de marzo de 2023. Por otro lado, sumado al fenómeno de la baja productividad, en Colombia se presenta el hecho de la desocupación cercana al 13% y de la informalidad de cerca del 60% de la población productiva, las cuales son características de larga duración en Colombia y que deberían formar parte del análisis necesario en los planes de gobierno.

Además, afirmemos de entrada que la intención de mejorar las condiciones remuneratorias y de bienestar para las personas que laboran es una deseable aspiración, sin embargo, la intensidad y oportunidad de esos mejoramientos no siempre es la mejor. También, reconozcamos, de antemano, que en el sector laboral en materia remuneratoria siempre existe y existirá una bipolaridad de intereses entre trabajadores y empleadores, la cual no es ajena ni a los sindicatos que obran en favor de la defensa de los trabajadores, ni del gobierno el cual, según su ideología o sus intereses políticos no siempre actúa como fiel de la balanza, y continuamente la inclina hacia el lado de la fuerza laboral y no de la empresarial. El gobierno de Gustavo Petro ha estado caracterizado por su marcado tono socialista, estatizador e interventor y su política ha sido esencialmente la redistribución del ingreso, más que del crecimiento económico. En ese contexto veamos los siguientes comentarios sobre la reforma laboral:

La reforma trae una serie de beneficios sociales en la relación laboral a favor del trabajador y otros en favor de los sindicatos y sus sindicalizados, como son (mencionamos solo algunos porque son muchos temas):

  • Jornada laboral que llegará paulatinamente en varios años a ser de 42 horas a la semana, para este año de 47 horas, que podrá acordarse su cumplimiento en menos días de labor a la semana.
  • Horas extras desde las 6 pm, antes desde las 9 pm.
  • Pago salarial por recargo dominical del 100% del pago, antes del 75%.
  • Estabilidad laboral reforzada: será difícil y costoso prescindir de un trabajador aún por mejoras y avances tecnológicos.
  • Desestimulo o prohibición a la tercerización y los contratos a término o por horas.
  • Garantías a la asociación sindical y preeminencia de los sindicatos.
  • Vinculación laboral de trabajadores de plataformas tecnológicas con prestacionales y parafiscales plenos, tipo Rappi.
  • Otras y diversas normas garantistas de la vinculación laboral o de la tarea sindical.

Pues bien, independientemente de las razones de equidad que pudieran argumentarse, lo que a todas luces sucede, desde el punto de vista empresarial, es un encarecimiento de los costos laborales, vemos algunos conceptos apoyados en los estudios, hechos por FENALCO, publicados por el periódico EL TIEMPO el 19 de marzo:

  • La rebaja paulatina de la semana laboral hasta 42 horas ocasionará un incremento de los pagos laborales, en este año del 2% adicional en el costo laboral.
  • El incremento del salario mínimo fue del 16 % originado en la mayor inflación soportada durante el 2022.
  • Las nuevas cargas laborales consagradas en la reforma tomarán un rango de incremento en los costos laborales del 12% al 17% según el tipo de empresas, especialmente duro para establecimientos que tiene jornadas de actividad comercial o en el tránsito día-noche, desde las 6 pm, y en los dominicales, como son muchos comercios y servicios.
  • En síntesis, una elevación de costos laborales, sin las consideraciones que favorecen a los sindicatos, de 30% como mínimo, con igual productividad y sin un logro significativo en el descenso de la inflación o en la moderación de algunos insumos productivos. Este mayor costo será difícil de trasladar a los precios de venta en un ambiente recesivo y de alta inflación. Es decir, el efecto final será en el margen neto de las empresas, especialmente las de comercio y servicios, que suele ser alrededor del 5%.

Pues bien, concluyamos con decir que la reforma laboral es garantista hacia el trabajador y los sindicatos, poco equilibrada para el empleador, no fomenta la creación de empleo o la formalización de los informales ni crea mecanismos para fomentar el elevamiento de la productividad. De todas las complejas variables que caracterizan nuestra realidad productiva, sólo se le dio importancia a elevar los costos laborales. Ni hablar si la reforma es, además, oportuna, en un entorno nacional e internacional recesivo y volátil, con incertidumbre y desconfianza, como el que hoy tenemos.  Para superar esa desconexión entre horas laboradas y su costo versus la baja productividad mencionada, hay que trabajar en incorporar nuevos conocimientos, mejor tecnología y fortalecer el capital humano y empresarial. Una economía progresa si su productividad mejora, no si sus costos laborales se elevan, sin consideración a los demás factores productivos. Mal camino en mal momento, estamos haciendo populismo y demagogia, no buen gobierno.