martes, 12 de mayo de 2026

LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA EN COLOMBIA

 Comentario 12/05/2026

 

LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA EN COLOMBIA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Colombia entró en una fase avanzada de transición demográfica caracterizada por un rápido envejecimiento, la caída histórica de la fecundidad y el estancamiento poblacional. Esto redefine el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal y la arquitectura del bienestar social. Veamos los hechos:

Envejecimiento acelerado y fecundidad en mínimos históricos.

  • La población mayor de 60 años pasó de 6,9 % (1985) a 13,8 % (2020) y superará el 20 % antes de 2035.
  • Regiones como Eje Cafetero, Valle y Bogotá ya muestran estructuras similares a países de ingreso medio-alto, con mayor población de adultos mayores que de jóvenes.
  • En Colombia, de acuerdo con la evolución de su demografía, se espera que el número de los adultos mayores superará al de los jóvenes hacia 2035-2040.
  • La esperanza de vida ya supera los 77 años, con tendencia al alza por las mejoras en salud pública y la reducción de la mortalidad infantil.
  • La tasa global de fecundidad cayó a 1,06 hijos por mujer (2025), una de las más bajas de América Latina.
  • Los nacimientos disminuyeron 14,6 % entre 2023 y 2025, acelerando la contracción demográfica. La reducción de la fecundidad responde a una combinación de factores económicos, sociales y estructurales que están modificando la forma en que los hogares se conforman y toman decisiones.
  • Desde 2022 el país registra saldos migratorios negativos superiores a 400.000 personas anuales, reduciendo la población joven y en edad productiva que permanece en el país.

Implicaciones estructurales

  • El cambio demográfico tendrá unos efectos relevantes sobre la economía y varios de estos impactos ya son visibles en el contexto actual del país. En primer lugar, la menor natalidad implica que el crecimiento de la población en edad de trabajar será más lento en los próximos años.
  • En segundo lugar, el envejecimiento poblacional incrementa las presiones sobre el gasto público. La salud, las pensiones y los sistemas de cuidado continuarán demandando más recursos en un contexto fiscal ya restringido.
  • Las cifras muestran que la demografía dejó de ser un soporte automático del crecimiento y esta tendencia estructural, difícilmente reversible, debe formar parte de la política pública para los próximos años.
  • Menor entrada de jóvenes y mayor permanencia de adultos mayores.
  • Riesgo de escasez de talento en sectores intensivos en mano de obra.
  • Necesidad de políticas de empleo para los adultos mayores, reconversión laboral y formación continua.
  • El envejecimiento reduce el consumo agregado y la inversión.
  • La productividad, más que el número de trabajadores, se convierte en el principal motor del crecimiento.
  • Sectores como salud, cuidados, vivienda y tecnología de asistencia ganan protagonismo.
  • Presión continua en las cuentas públicas por el aumento del gasto en salud, cuidados y pensiones.
  • Menor base de cotizantes por informalidad (≈58 %) y menor población joven.
  • Riesgo de presión creciente sobre el presupuesto nacional y en los entes territoriales.
  • El modelo actual, centrado en pensiones con Colpensiones, es insuficiente e insostenible.
  • Se requiere un Sistema Nacional de Cuidados para atender la dependencia moderada y severa de los viejos y longevos. Habrá mayor demanda de servicios de salud crónicos y de larga duración.
  • Reducción de la matrícula en educación básica y media.
  • Necesidad y oportunidad para reorientar recursos hacia calidad, innovación y educación para adultos.

Escenario demográfico (2025–2055)

  • La población total se estanca y comienza a disminuir antes de 2035.
  • La tasa de dependencia alcanza el 70 % en 2050. La tasa de dependencia es un indicador demográfico que muestra cuántas personas “dependientes” hay por cada 100 personas en edad de trabajar. Es clave para entender la sostenibilidad económica y social de un país que envejece.

Recomendaciones de política pública

  • Rediseñar el sistema pensional hacia la sostenibilidad y cobertura universal, con base en el ahorro individual y los fondos de solidaridad pensional.
  • Crear un Sistema Nacional de Cuidados con financiamiento mixto.
  • Impulsar la formalización laboral y la productividad sectorial.
  • Incentivos económicos focalizados (subsidios, licencias, servicios de cuidado).
  • Atraer migración joven y calificada.
  • Integración laboral y reconocimiento de competencias tanto en adultos como en jóvenes.
  • Reorientar la oferta hacia educación técnica para el trabajo, nuevas tecnologías, IA y reconversión laboral.
  • Programas de aprendizaje a lo largo de la vida.
  • Departamentos con envejecimiento acelerado requieren planes de salud, vivienda y cuidados diferenciados.

Conclusión

Colombia enfrenta una transición demográfica profunda, la cual transformará su economía, su mercado laboral y su sistema de bienestar. El envejecimiento acelerado y la caída de la fecundidad no son fenómenos reversibles, por lo que el país debe anticiparse con reformas estructurales, políticas de productividad y una estrategia integral de ocupación y cuidados de los adultos mayores. Los próximos 10 años serán decisivos.

lunes, 4 de mayo de 2026

¿Y AHORA QUÉ SIGUE?

 Comentario 04/05/2026

 

¿Y AHORA QUÉ SIGUE?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

En el gobierno de Gustavo Petro, para 2026, las proyecciones oficiales y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advierten que el déficit fiscal será de cerca del 6-7 % del PIB y la deuda podría mantenerse en una senda insostenible de más del 65 % del PIB si no se corrigen los desequilibrios y el exceso de gasto público. Como contraste y comparación, en el año 2015 —diez años antes— el déficit fiscal era del 3 % del PIB y el endeudamiento público del 45,1 % del PIB. La evolución es creciente y dramáticamente preocupante.

El duro camino que enfrenta la administración que suceda al malhadado gobierno de Gustavo Petro pasa por la asignación de recursos escasos ante necesidades diversas que exceden con mucho las disponibilidades, donde la determinación de prioridades y destinaciones es, en esencia, un asunto complejo. De antemano, puede afirmarse que ninguna necesidad podrá ser satisfecha completamente y que todas son importantes, convenientes y, en algunos casos, inaplazables. Examinemos los porqués para entender las razones y motivaciones que deben acompañar, en nuestra opinión, este proceso de decisión.

La realidad financiera y presupuestal de Colombia está muy apretada y, en la mayoría de los casos, atada a compromisos inflexibles e inmodificables. Típicamente, el presupuesto del Estado colombiano se aplica en los siguientes rubros:

Categoría

Descripción

Participación típica (Funcionamiento)

Gasto social (transferencias)

Salud (UPC), educación (SGP), pensiones, subsidios y programas sociales.

70 % – 80 %

Nómina estatal

Salarios de empleados públicos, prestaciones y aportes patronales.

12 % – 18 %

Gastos administrativos

Bienes y servicios, arrendamientos y operación de entidades.

8 % – 12 %

En consecuencia, entre el 70 % y 80 % del gasto de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) es gasto social y transferencias, mientras que entre el 20 % y 30 % corresponde a nómina estatal y gastos administrativos, que es de donde se puede recortar más, sin perjuicio de volver más eficientes los gastos sociales actuales y evitar la corrupción. Por supuesto, hay sectores estratégicos que requieren más apoyo del Estado, como la salud, la educación, la ciencia, el sector agropecuario para la suficiencia alimentaria, el combate al narcotráfico y la seguridad.

En términos de financiación, estamos ante un desfinanciamiento que el CARF ha estimado en cerca de $45$-$50$ billones de pesos, lo cual nos deja un gran dilema: ¿cómo financiamos el faltante o dónde recortamos para adaptarnos a los recursos disponibles? Profundizar el gasto público y aumentar el déficit fiscal no es una buena idea por sus efectos negativos en la inflación y en la solvencia de las finanzas públicas, salvo que los precios del petróleo ayuden. Además, mientras más nos endeudemos, más fuerte será el cargo por el servicio de la deuda, que dentro del PGN ya representa alrededor del 22 % del total. Como consecuencia, la calificación crediticia de Colombia ha disminuido hasta el grado especulativo; perdimos el grado de inversión, lo cual encarece el financiamiento externo y aleja la inversión.

También debe considerarse que las turbulencias globales influyen en la deuda: las guerras comerciales (USA-China), la debilidad de países emergentes, la inestabilidad política, las amenazas bélicas, las fluctuaciones de materias primas y el cambio climático. Por desgracia, enfrentamos también una preocupante invasión de cultivos de coca y la inestabilidad en un proceso de paz que no muestra las ventajas pretendidas y deja nubarrones de preocupación por la impunidad de los actores.

Colombia tiene el reto de simplificar los gastos del Estado, que representan cerca del 30 % del PIB. En medio de esto, hay una confrontación ideológica: la izquierda busca profundizar el gasto y la estatización, mientras que la derecha propende por un Estado pequeño pero eficiente para dar espacio al sector privado. Lo recomendable, por supuesto, es lo segundo.

lunes, 27 de abril de 2026

LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

 Comentario 27/04/2026

 

LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Una de las discusiones más enconadas entre los partidos políticos, los gobiernos, las ONG, las instituciones multilaterales, los empresarios y, en general, la ciudadanía, es el tema de la distribución de la riqueza como método idóneo para superar la pobreza. Los argumentos van y vienen, especialmente en las épocas preelectorales, donde se agitan las banderas de la equidad, la igualdad y el bien común como necesidades urgentes e incuestionables. Vamos por partes:

Es cierto que un problema de pobreza persistentemente alto crea condiciones de desigualdad e inequidad insufribles; por ello, todos los países hacen ingentes esfuerzos para superarlo y conducirlo, al menos, a niveles más razonables, ya que es imposible pensar o intentar que desaparezca totalmente. Esto se hace tanto por razones de equidad con los menos favorecidos —para generarles mejores condiciones de vida y acceso a oportunidades productivas— como por conveniencia para toda la comunidad, la cual, de otra forma, deberá subsidiarlos y tratarlos como si fueran un “peso muerto” de personas no productivas.

Sin embargo, siempre existirán personas más pobres y otras más adineradas; inclusive, aunque parezca increíble, hay personas que prefieren ser subsidiadas. Como está ocurriendo en muchos países —por ejemplo, EE. UU.—, los apoyos gubernamentales han llevado a muchos ciudadanos a preferir vivir del subsidio que trabajar para obtener un mejor ingreso y mayor bienestar.

Es una extraña mentalidad, pero así ocurre y no tiene más explicación que la vida muelle, la desidia, la pereza y el conformismo. Por eso será, entre muchas otras razones, que EE. UU. quiere limitar la inmigración: para no tener más “cargas” en una sociedad donde los que trabajan tienen que subsidiar a muchos que son vulnerables o que pretenden vivir del trabajo de los demás. Recordemos que el pago de los subsidios por pobreza o desempleo sale del erario, el cual se financia con recursos de impuestos de las personas y empresas que sí tienen una actividad productiva y que aspiran a mejorar su calidad de vida, a realizar sus sueños y a contribuir al bienestar de toda la comunidad.

Ahora bien, distribuir la riqueza por razones de equidad es nivelar a todos en una mayor pobreza, dado que quienes pagan impuestos tendrán cada vez más cargas impositivas para poder subsidiar a las crecientes masas de desempleados o a quienes realmente están en condición de vulnerabilidad. Por esta vía se ahuyentará la inversión y el deseo de permanecer en un país, dado que los impuestos de diferente naturaleza gravan severamente los ingresos familiares y empresariales, afectando la decisión de generar nuevas fuentes productoras de recursos.

Ni hablar de las empresas y sus empresarios, quienes son los verdaderos generadores del empleo, de la inversión, de la adopción de tecnologías y del mejoramiento de la productividad. Es claro, como la evidencia lo demuestra, que el mayor polo de atracción de la inversión nacional o extranjera son los bajos impuestos; en sentido contrario, entre las causas de mayor desánimo están los altos tributos, la falta de seguridad jurídica o los elevados índices de violencia, como ocurre en Colombia. Hay que agregar que, generalmente, los impuestos terminan en manos de malos gobiernos, grupos corruptos o en decisiones de despilfarro.

La única alternativa viable y conveniente es que la riqueza se reinvierta en crecimiento y desarrollo económico; por esa vía, más personas tendrán acceso a educación de calidad, actividades de mayor reto profesional y mejor remuneración. Un mayor crecimiento económico, combinado con niveles de impuestos razonables, generará más recursos para los gobiernos para solventar necesidades sociales, pero mediante la generación de oportunidades más que con la extensión de nuevos subsidios, los cuales terminan siendo perniciosos e inconvenientes.

En esta época electoral en la que estamos, se agitarán las ideas de la pobreza y de cómo superarla con dos pensamientos contrarios: los movimientos de izquierda exigirán la distribución de la riqueza como solución, con más impuestos, subsidios y subsidiados; y los movimientos de centro y derecha solicitarán la fórmula del crecimiento y el desarrollo económico como el camino racional y razonable de generar oportunidades productivas para todos.

Cada ciudadano debe tomar posición sobre qué es lo que prefiere para el gobierno y el desarrollo del país, y dónde se encuentran los mejores niveles de oportunidad, equidad, bienestar, empleo, ocupación, progreso y mejoramiento de la calidad y de los niveles de vida de sus comunidades.

lunes, 20 de abril de 2026

LA INCLUSIÓN FINANCIERA

Comentario 20/04/2026

 

LA INCLUSIÓN FINANCIERA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

La inclusión financiera es el acceso y uso efectivo de productos y servicios financieros —tales como cuentas de ahorro, créditos, seguros, pagos digitales y mecanismos de inversión— ofrecidos en forma responsable, sostenible y asequible por distintos establecimientos de crédito y depósito. No se trata solo de abrir una cuenta: implica participar activamente en el sistema financiero para mejorar la calidad de vida. La inclusión financiera, en consecuencia, significa que todas las personas —sin importar ingresos, género o ubicación— puedan acceder y usar servicios financieros formales de manera segura, accesible y útil. Es una de las claves para reducir la pobreza, impulsar el emprendimiento y mejorar el bienestar económico.

La evidencia internacional y regional muestra que la inclusión financiera es un determinante clave del desarrollo económico y social. Cuando más personas y empresas acceden y usan servicios financieros formales, aumentan la productividad, la inversión, la resiliencia para afrontar dificultades y la reducción de la pobreza.

¿Por qué la inclusión financiera impulsa el desarrollo?

Esto ocurre por varias razones:

  1. Reduce la pobreza y la vulnerabilidad:
    • Facilita el ahorro seguro.
    • Permite enfrentar emergencias sin recurrir a préstamos informales.
    • Mejora la capacidad de planificación financiera de los hogares.

 

  1. Impulsa el emprendimiento y la productividad:

El acceso a crédito, seguros y pagos digitales permite que microempresas y pymes:

    • Inviertan en maquinaria o inventarios.
    • Formalicen operaciones.
    • Crezcan y generen empleo.

 

  1. Aumenta la eficiencia económica:

Los pagos digitales reducen costos de transacción, aumentan la transparencia y mejoran la recaudación fiscal.

 

  1. Promueve igualdad y equidad territorial:

La inclusión financiera reduce brechas:

    • De género.
    • Rurales–urbanas.
    • Entre sectores formales e informales.

 

Evidencia reciente: el caso de Colombia

Colombia es un ejemplo claro de cómo la inclusión financiera acompaña el desarrollo económico:

  • En 2023, el 94,6 % de los adultos tenía al menos un producto financiero formal, un aumento significativo frente a años anteriores. Entre 2012 y 2023, el acceso a productos financieros pasó del 67,2 % al 94,6 % de los adultos.
  • Esto equivale a 36,1 millones de adultos con acceso a productos financieros transaccionales, de ahorro o de crédito.
  • El crecimiento de depósitos de bajo monto y billeteras digitales fue notable, con 4,1 millones de nuevos usuarios en un solo año.

Como se observa, Colombia posee un alto índice de inclusión financiera, especialmente logrado en los últimos 10 a 15 años. Estos avances están alineados con políticas públicas, con la innovación de las Fintech (plataformas tecnológicas de servicios financieros) y con la regulación moderna, y han sido fruto de esfuerzos tanto privados como públicos.

¿Cómo se conecta la inclusión financiera con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

La inclusión financiera contribuye directamente a varios ODS:

ODS a los que contribuye la inclusión financiera

Contribución

1. Fin de la pobreza

Ahorro, crédito y seguros reducen la vulnerabilidad.

5. Igualdad de género

Mayor acceso de mujeres a servicios financieros.

8. Trabajo decente y crecimiento económico

Impulsa emprendimientos y productividad.

9. Industria e innovación

Fomenta ecosistemas Fintech y pagos digitales.

10. Reducción de desigualdades

Cierra brechas territoriales y sociales.

 

Conclusión

La inclusión financiera es un factor de desarrollo y de progreso. No es un fin en sí mismo, sino un habilitador que potencia el crecimiento económico, la equidad social y la resiliencia de los sectores productivos, sean empresas o personas. Los países con mayor inclusión financiera tienden a tener economías más dinámicas, sociedades más estables y menor pobreza.


lunes, 13 de abril de 2026

LA ESTRUCTURA DE LOS HOGARES EN COLOMBIA

 Comentario 13/04/2026

 

LA ESTRUCTURA DE LOS HOGARES EN COLOMBIA

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

La estructura de hogares e ingresos en Colombia, según datos del DANE del año 2024, es como sigue:

Número de hogares por decil (cada 10 %)

  • Colombia tiene aprox. 17,5 millones de hogares.
  • Cada decil ≈ 1,75 millones de hogares.

Clasificación de ingresos: bajos, medios y altos (2024)

Basada en la segmentación estándar, ver cuadro a continuación:

  • Bajos ingresos: deciles 1–3.
  • Ingresos medios: deciles 4–7.
  • Altos ingresos: deciles 8–10.
  • El decil 10 es muy heterogéneo: incluye desde hogares de clase media alta hasta el 1 % más rico.
  • Los ingresos se muestran antes de impuestos y sin ajustar por el tamaño del hogar.
  • La estructura de rangos es estable año a año; lo que cambia es el valor nominal.
  •  

Grupo

Rango de ingreso mensual del hogar (COP)

Ingreso promedio

Hogares (millones)

Bajos ingresos

0 – 1.400.000

820.000

5,25 M

Ingresos medios

1.400.000 – 4.300.000

2.475.000

7,00 M

Altos ingresos

4.300.000+

9.300.000

5,25 M

 

Interpretación

  • Los bajos ingresos representan el 30 % de los hogares.
  • La clase media (deciles 4–7) es el grupo más numeroso: 40 % de los hogares.
  • Los hogares de altos ingresos, según esta clasificación, son tantos como los de bajos ingresos; es decir, 30 %.
  • Un hogar colombiano entra a altos ingresos si supera aprox. $4,3 millones mensuales, según la clasificación del DANE.
  • El hogar promedio de altos ingresos gana cerca de $9,3 millones.
  • El decil 10 concentra más del 35 % del ingreso total del país, lo que explica su rango tan amplio.

Diagnóstico: estructura del gasto

Comparación entre hogares de bajos ingresos y altos ingresos:

Categoría

Bajos ingresos (%)

Altos ingresos (%)

Alimentos

35

15

Vivienda y servicios públicos

30

25

Transporte

10

18

Restaurantes y hoteles

5

12

Salud

3

7

Educación

2

8

Vestuario

3

5

Recreación y cultura

2

7

Comunicaciones

4

3

Otros

6

10

 

Como era de esperarse, el gasto de los hogares de bajos ingresos se concentra en las necesidades básicas de alimentos, vivienda, servicios públicos y transporte, donde se acumula como gasto el 75 % de su ingreso; lo cual, para la población de altos ingresos, es tan solo el 58 % de su ingreso, con lo que les queda a estos últimos un remanente muy alto para otros gastos.

Por su parte, los conceptos de los gastos relacionados con el desarrollo humano y el bienestar, como son los restaurantes y hoteles, la salud, la educación, el vestuario, la recreación y cultura y las comunicaciones, ocupan el 19 % de los hogares de bajos ingresos, mientras que representan el 42 % de los de altos ingresos; la diferencia es notable. Los hogares de alto ingreso tienen la posibilidad de gastar más en consumos que no son básicos y que fomentan su bienestar y progreso. De allí que las diferencias en las costumbres de ambos grupos de hogares sean tan marcadas.

Además de los programas sociales de los gobiernos en temas de salud, educación, vivienda, alimentación y transporte, la mejor forma de elevar el nivel de vida de los hogares de bajos ingresos es, por supuesto, apoyarlos en la generación de mayores ingresos, con la formalización de sus iniciativas productivas, la formación y la capacitación en temas de desarrollo productivo, la creación de facilidades de financiación, así como asesoría en sus proyectos productivos y el suministro de los servicios de infraestructura que eleven su productividad. Hogares con mejores ingresos incrementarán no solo los consumos básicos, sino también los dirigidos a su progreso y bienestar.

 

lunes, 6 de abril de 2026

EL PLAN DE GOBIERNO DE LA IZQUIERDA RADICAL CON CEPEDA-PETRO

 Comentario 06/04/2026

 

EL PLAN DE GOBIERNO DE LA IZQUIERDA RADICAL CON CEPEDA-PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Fundamento y propósito: Continuidad del proyecto político de Gustavo Petro y su progresismo populista y radical.

Iván Cepeda ha manifestado su intención de continuar y profundizar el proyecto político progresista y populista iniciado por el actual presidente Gustavo Petro. Su objetivo es no solo proteger los avances logrados, que considera significativos, sino también implementar cambios estructurales que vayan más allá de reformas superficiales. Cepeda ha recibido el apoyo de varios líderes del Pacto Histórico, lo que refuerza su posición de candidato de la izquierda unida para las elecciones presidenciales de mayo de 2026.

El programa de gobierno de Iván Cepeda se presenta como una propuesta integral que busca abordar los problemas más apremiantes de Colombia con un enfoque progresista y transformador, según sus autores. Su compromiso es con la lucha contra la corrupción, la equidad social, la protección del medio ambiente, la transición a energías limpias y la paz, lo cual se muestra, aparentemente, como una visión clara para el futuro del país. Veamos:

Cepeda y Petro han sido los autores, gestores y promotores del proceso de la Paz Total, el cual ha resultado un completo fracaso, con fortalecimiento de la criminalidad, debilitamiento de la Fuerza Pública e inseguridad y delitos crecientes en todo el país. Repetir este proceso será un suicidio para el senador Cepeda si llegara a ser presidente.

En cuanto a la corrupción, propone realizar reformas estructurales tales que, de manera contundente, garanticen mayor transparencia en la contratación pública y sanciones ejemplares para los responsables de los actos de corrupción. Este enunciado es, por supuesto, el mismo que tienen otros partidos y grupos políticos; sin embargo, lo que Cepeda, con miras a la continuidad del gobierno de Petro, no parece reconocer es que en este gobierno se han presentado los mayores escándalos de corrupción que comprometen a todo tipo de funcionarios de su gabinete y del Congreso, lo cual no los hace propósitos creíbles y confiables. ¿Cómo podemos decir que, ahora sí, el Pacto Histórico y sus representantes son los adalides de la anticorrupción y los más ejemplares combatientes de este arraigado fenómeno de la vida pública nacional? No se han ganado esa credibilidad y esa confianza; por el contrario, son víctimas de su mala imagen de corruptos por su pésima actuación en este campo.

Sobre su propuesta de la equidad social, el senador Cepeda enfatiza en la necesidad de implementar un modelo de redistribución de la riqueza, para lo cual hace hincapié en la necesidad de diseñar políticas que promuevan la justicia social y la equidad en el acceso a recursos y oportunidades, y en el fortalecimiento de los derechos de las comunidades más vulnerables.

Varios comentarios merecen este enfoque del plan de gobierno de Cepeda:

  • El plan de Cepeda supone una fuerte intervención del Gobierno en la economía, con una acción estatizadora de servicios y actividades clave de esta, las cuales pasan a ser ejecutadas, controladas o dirigidas por el Gobierno; y, como se ha demostrado en todos los países, el Gobierno es un mal empresario y es sujeto de todo tipo de corrupción y de males como el nepotismo y el favoritismo. Como en el gobierno actual de Gustavo Petro, si la carga ideológica de izquierda prima en su acción y decisión, el resultado es la polarización y la confrontación con las demás fuerzas vivas de la nación.
  • Las políticas de redistribución de la riqueza pasan siempre por una carga de profundidad en contra del sector privado a través de impuestos, contribuciones y restricciones, las cuales restan competitividad a la economía y rezagan su crecimiento, ahuyentan la inversión nacional y extranjera, y desaniman la realización de proyectos de crecimiento o expansión. Nadie se opone, por supuesto, a que los ciudadanos tengan mejores ingresos, oportunidades y calidad de vida, pero esto no se logra redistribuyendo la “torta” que existe sino, precisamente, haciendo crecer la “torta” para que más personas puedan participar de sus beneficios y oportunidades.
  • Si no se estimula el crecimiento de la economía con un apoyo decidido al sector privado en sus proyectos e inversiones, las oportunidades no crecerán y los ingresos tampoco.
  • Es necesaria una intervención armónica entre el accionar del Estado y del sector privado para que los ciudadanos progresen. Políticas estatizadoras de las actividades privadas o intervencionistas en sus resultados o condicionantes de sus proyectos lo único que limitan es el crecimiento y terminan por desalentar la inversión nacional y extranjera.
  • Si, como parece ser, el gobierno de izquierda requiere modificar la Constitución para poder gobernar a su antojo, el problema es mayúsculo. La Constitución es la ley de leyes y rige para todos los colombianos; no puede ser que para este gobierno rija cuando le conviene y, cuando no, entonces haya que cambiarla. La Constitución del 91 que nos cobija actualmente fue fruto del más amplio consenso político para someterla ahora a cambios, en un ambiente de tanta pugnacidad y polarización, con total animadversión y desconfianza.
  • Si, además, el esquema de Estado que la izquierda tiene en su mente es un aparato frondoso, burocrático e intervencionista, como ellos afirman, iríamos de mal en peor en el logro de un Estado eficiente, pequeño pero eficaz, y ahondaríamos los problemas del déficit fiscal y el endeudamiento público que ya nos tienen en un nivel avanzado de riesgo país, con valores nunca vistos, y con parálisis de la inversión privada nacional e internacional.
  • La idea de reforzar los derechos de los ciudadanos vulnerables es contraria a la Constitución, que consagra que todos los ciudadanos tenemos igualdad de derechos y deberes, los cuales están descritos con un amplio contenido social en la misma Constitución. El Artículo 13 establece que: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades”.

Ahora, en cuanto a la protección ambiental y la transición energética hacia energías limpias, es también un propósito compartido por muchos grupos de opinión y partidos políticos; no es solamente un programa que se pueda esgrimir como exclusivo de la izquierda y cuya vigencia sea solo atribuible a este grupo político. Desafortunadamente, la izquierda radical se arroga para sí el derecho de ser los representantes del pueblo, de las soluciones sociales y de la defensa del medio ambiente. ¿A cuenta de qué?

Esto es parte de su visión de un modelo económico que respete y conserve los recursos de la naturaleza, sin consideración al potencial de crecimiento y desarrollo que ellos proporcionan, técnicamente bien explotados. Solo los buenos debates en esta época electoral podrán desenmascarar las falencias y contradicciones del plan de gobierno de la izquierda radical de Cepeda-Petro.


 

LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA EN COLOMBIA

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