LA INCLUSIÓN FINANCIERA

Comentario 20/04/2026

 

LA INCLUSIÓN FINANCIERA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

La inclusión financiera es el acceso y uso efectivo de productos y servicios financieros —tales como cuentas de ahorro, créditos, seguros, pagos digitales y mecanismos de inversión— ofrecidos en forma responsable, sostenible y asequible por distintos establecimientos de crédito y depósito. No se trata solo de abrir una cuenta: implica participar activamente en el sistema financiero para mejorar la calidad de vida. La inclusión financiera, en consecuencia, significa que todas las personas —sin importar ingresos, género o ubicación— puedan acceder y usar servicios financieros formales de manera segura, accesible y útil. Es una de las claves para reducir la pobreza, impulsar el emprendimiento y mejorar el bienestar económico.

La evidencia internacional y regional muestra que la inclusión financiera es un determinante clave del desarrollo económico y social. Cuando más personas y empresas acceden y usan servicios financieros formales, aumentan la productividad, la inversión, la resiliencia para afrontar dificultades y la reducción de la pobreza.

¿Por qué la inclusión financiera impulsa el desarrollo?

Esto ocurre por varias razones:

1. Reduce la pobreza y la vulnerabilidad:
• Facilita el ahorro seguro.
• Permite enfrentar emergencias sin recurrir a préstamos informales.
• Mejora la capacidad de planificación financiera de los hogares.

 

2. Impulsa el emprendimiento y la productividad:

El acceso a crédito, seguros y pagos digitales permite que microempresas y pymes:

• Inviertan en maquinaria o inventarios.
• Formalicen operaciones.
• Crezcan y generen empleo.

 

3. Aumenta la eficiencia económica:

Los pagos digitales reducen costos de transacción, aumentan la transparencia y mejoran la recaudación fiscal.

 

4. Promueve igualdad y equidad territorial:

La inclusión financiera reduce brechas:

• De género.
• Rurales–urbanas.
• Entre sectores formales e informales.

 

Evidencia reciente: el caso de Colombia

Colombia es un ejemplo claro de cómo la inclusión financiera acompaña el desarrollo económico:

• En 2023, el 94,6 % de los adultos tenía al menos un producto financiero formal, un aumento significativo frente a años anteriores. Entre 2012 y 2023, el acceso a productos financieros pasó del 67,2 % al 94,6 % de los adultos.
• Esto equivale a 36,1 millones de adultos con acceso a productos financieros transaccionales, de ahorro o de crédito.
• El crecimiento de depósitos de bajo monto y billeteras digitales fue notable, con 4,1 millones de nuevos usuarios en un solo año.

Como se observa, Colombia posee un alto índice de inclusión financiera, especialmente logrado en los últimos 10 a 15 años. Estos avances están alineados con políticas públicas, con la innovación de las Fintech (plataformas tecnológicas de servicios financieros) y con la regulación moderna, y han sido fruto de esfuerzos tanto privados como públicos.

¿Cómo se conecta la inclusión financiera con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

La inclusión financiera contribuye directamente a varios ODS:

ODS a los que contribuye la inclusión financiera	Contribución
1. Fin de la pobreza	Ahorro, crédito y seguros reducen la vulnerabilidad.
5. Igualdad de género	Mayor acceso de mujeres a servicios financieros.
8. Trabajo decente y crecimiento económico	Impulsa emprendimientos y productividad.
9. Industria e innovación	Fomenta ecosistemas Fintech y pagos digitales.
10. Reducción de desigualdades	Cierra brechas territoriales y sociales.

 

Conclusión

La inclusión financiera es un factor de desarrollo y de progreso. No es un fin en sí mismo, sino un habilitador que potencia el crecimiento económico, la equidad social y la resiliencia de los sectores productivos, sean empresas o personas. Los países con mayor inclusión financiera tienden a tener economías más dinámicas, sociedades más estables y menor pobreza.

LA ESTRUCTURA DE LOS HOGARES EN COLOMBIA

 Comentario 13/04/2026

 

LA ESTRUCTURA DE LOS HOGARES EN COLOMBIA

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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La estructura de hogares e ingresos en Colombia, según datos del DANE del año 2024, es como sigue:

Número de hogares por decil (cada 10 %)

• Colombia tiene aprox. 17,5 millones de hogares.
• Cada decil ≈ 1,75 millones de hogares.

Clasificación de ingresos: bajos, medios y altos (2024)

Basada en la segmentación estándar, ver cuadro a continuación:

• Bajos ingresos: deciles 1–3.
• Ingresos medios: deciles 4–7.
• Altos ingresos: deciles 8–10.
• El decil 10 es muy heterogéneo: incluye desde hogares de clase media alta hasta el 1 % más rico.
• Los ingresos se muestran antes de impuestos y sin ajustar por el tamaño del hogar.
• La estructura de rangos es estable año a año; lo que cambia es el valor nominal.
•  

Grupo	Rango de ingreso mensual del hogar (COP)	Ingreso promedio	Hogares (millones)
Bajos ingresos	0 – 1.400.000	820.000	5,25 M
Ingresos medios	1.400.000 – 4.300.000	2.475.000	7,00 M
Altos ingresos	4.300.000+	9.300.000	5,25 M

 

Interpretación

• Los bajos ingresos representan el 30 % de los hogares.
• La clase media (deciles 4–7) es el grupo más numeroso: 40 % de los hogares.
• Los hogares de altos ingresos, según esta clasificación, son tantos como los de bajos ingresos; es decir, 30 %.
• Un hogar colombiano entra a altos ingresos si supera aprox. $4,3 millones mensuales, según la clasificación del DANE.
• El hogar promedio de altos ingresos gana cerca de $9,3 millones.
• El decil 10 concentra más del 35 % del ingreso total del país, lo que explica su rango tan amplio.

Diagnóstico: estructura del gasto

Comparación entre hogares de bajos ingresos y altos ingresos:

Categoría	Bajos ingresos (%)	Altos ingresos (%)
Alimentos	35	15
Vivienda y servicios públicos	30	25
Transporte	10	18
Restaurantes y hoteles	5	12
Salud	3	7
Educación	2	8
Vestuario	3	5
Recreación y cultura	2	7
Comunicaciones	4	3
Otros	6	10

 

Como era de esperarse, el gasto de los hogares de bajos ingresos se concentra en las necesidades básicas de alimentos, vivienda, servicios públicos y transporte, donde se acumula como gasto el 75 % de su ingreso; lo cual, para la población de altos ingresos, es tan solo el 58 % de su ingreso, con lo que les queda a estos últimos un remanente muy alto para otros gastos.

Por su parte, los conceptos de los gastos relacionados con el desarrollo humano y el bienestar, como son los restaurantes y hoteles, la salud, la educación, el vestuario, la recreación y cultura y las comunicaciones, ocupan el 19 % de los hogares de bajos ingresos, mientras que representan el 42 % de los de altos ingresos; la diferencia es notable. Los hogares de alto ingreso tienen la posibilidad de gastar más en consumos que no son básicos y que fomentan su bienestar y progreso. De allí que las diferencias en las costumbres de ambos grupos de hogares sean tan marcadas.

Además de los programas sociales de los gobiernos en temas de salud, educación, vivienda, alimentación y transporte, la mejor forma de elevar el nivel de vida de los hogares de bajos ingresos es, por supuesto, apoyarlos en la generación de mayores ingresos, con la formalización de sus iniciativas productivas, la formación y la capacitación en temas de desarrollo productivo, la creación de facilidades de financiación, así como asesoría en sus proyectos productivos y el suministro de los servicios de infraestructura que eleven su productividad. Hogares con mejores ingresos incrementarán no solo los consumos básicos, sino también los dirigidos a su progreso y bienestar.

 

EL PLAN DE GOBIERNO DE LA IZQUIERDA RADICAL CON CEPEDA-PETRO

 Comentario 06/04/2026

 

EL PLAN DE GOBIERNO DE LA IZQUIERDA RADICAL CON CEPEDA-PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Fundamento y propósito: Continuidad del proyecto político de Gustavo Petro y su progresismo populista y radical.

Iván Cepeda ha manifestado su intención de continuar y profundizar el proyecto político progresista y populista iniciado por el actual presidente Gustavo Petro. Su objetivo es no solo proteger los avances logrados, que considera significativos, sino también implementar cambios estructurales que vayan más allá de reformas superficiales. Cepeda ha recibido el apoyo de varios líderes del Pacto Histórico, lo que refuerza su posición de candidato de la izquierda unida para las elecciones presidenciales de mayo de 2026.

El programa de gobierno de Iván Cepeda se presenta como una propuesta integral que busca abordar los problemas más apremiantes de Colombia con un enfoque progresista y transformador, según sus autores. Su compromiso es con la lucha contra la corrupción, la equidad social, la protección del medio ambiente, la transición a energías limpias y la paz, lo cual se muestra, aparentemente, como una visión clara para el futuro del país. Veamos:

Cepeda y Petro han sido los autores, gestores y promotores del proceso de la Paz Total, el cual ha resultado un completo fracaso, con fortalecimiento de la criminalidad, debilitamiento de la Fuerza Pública e inseguridad y delitos crecientes en todo el país. Repetir este proceso será un suicidio para el senador Cepeda si llegara a ser presidente.

En cuanto a la corrupción, propone realizar reformas estructurales tales que, de manera contundente, garanticen mayor transparencia en la contratación pública y sanciones ejemplares para los responsables de los actos de corrupción. Este enunciado es, por supuesto, el mismo que tienen otros partidos y grupos políticos; sin embargo, lo que Cepeda, con miras a la continuidad del gobierno de Petro, no parece reconocer es que en este gobierno se han presentado los mayores escándalos de corrupción que comprometen a todo tipo de funcionarios de su gabinete y del Congreso, lo cual no los hace propósitos creíbles y confiables. ¿Cómo podemos decir que, ahora sí, el Pacto Histórico y sus representantes son los adalides de la anticorrupción y los más ejemplares combatientes de este arraigado fenómeno de la vida pública nacional? No se han ganado esa credibilidad y esa confianza; por el contrario, son víctimas de su mala imagen de corruptos por su pésima actuación en este campo.

Sobre su propuesta de la equidad social, el senador Cepeda enfatiza en la necesidad de implementar un modelo de redistribución de la riqueza, para lo cual hace hincapié en la necesidad de diseñar políticas que promuevan la justicia social y la equidad en el acceso a recursos y oportunidades, y en el fortalecimiento de los derechos de las comunidades más vulnerables.

Varios comentarios merecen este enfoque del plan de gobierno de Cepeda:

• El plan de Cepeda supone una fuerte intervención del Gobierno en la economía, con una acción estatizadora de servicios y actividades clave de esta, las cuales pasan a ser ejecutadas, controladas o dirigidas por el Gobierno; y, como se ha demostrado en todos los países, el Gobierno es un mal empresario y es sujeto de todo tipo de corrupción y de males como el nepotismo y el favoritismo. Como en el gobierno actual de Gustavo Petro, si la carga ideológica de izquierda prima en su acción y decisión, el resultado es la polarización y la confrontación con las demás fuerzas vivas de la nación.
• Las políticas de redistribución de la riqueza pasan siempre por una carga de profundidad en contra del sector privado a través de impuestos, contribuciones y restricciones, las cuales restan competitividad a la economía y rezagan su crecimiento, ahuyentan la inversión nacional y extranjera, y desaniman la realización de proyectos de crecimiento o expansión. Nadie se opone, por supuesto, a que los ciudadanos tengan mejores ingresos, oportunidades y calidad de vida, pero esto no se logra redistribuyendo la “torta” que existe sino, precisamente, haciendo crecer la “torta” para que más personas puedan participar de sus beneficios y oportunidades.
• Si no se estimula el crecimiento de la economía con un apoyo decidido al sector privado en sus proyectos e inversiones, las oportunidades no crecerán y los ingresos tampoco.
• Es necesaria una intervención armónica entre el accionar del Estado y del sector privado para que los ciudadanos progresen. Políticas estatizadoras de las actividades privadas o intervencionistas en sus resultados o condicionantes de sus proyectos lo único que limitan es el crecimiento y terminan por desalentar la inversión nacional y extranjera.
• Si, como parece ser, el gobierno de izquierda requiere modificar la Constitución para poder gobernar a su antojo, el problema es mayúsculo. La Constitución es la ley de leyes y rige para todos los colombianos; no puede ser que para este gobierno rija cuando le conviene y, cuando no, entonces haya que cambiarla. La Constitución del 91 que nos cobija actualmente fue fruto del más amplio consenso político para someterla ahora a cambios, en un ambiente de tanta pugnacidad y polarización, con total animadversión y desconfianza.
• Si, además, el esquema de Estado que la izquierda tiene en su mente es un aparato frondoso, burocrático e intervencionista, como ellos afirman, iríamos de mal en peor en el logro de un Estado eficiente, pequeño pero eficaz, y ahondaríamos los problemas del déficit fiscal y el endeudamiento público que ya nos tienen en un nivel avanzado de riesgo país, con valores nunca vistos, y con parálisis de la inversión privada nacional e internacional.
• La idea de reforzar los derechos de los ciudadanos vulnerables es contraria a la Constitución, que consagra que todos los ciudadanos tenemos igualdad de derechos y deberes, los cuales están descritos con un amplio contenido social en la misma Constitución. El Artículo 13 establece que: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades”.

Ahora, en cuanto a la protección ambiental y la transición energética hacia energías limpias, es también un propósito compartido por muchos grupos de opinión y partidos políticos; no es solamente un programa que se pueda esgrimir como exclusivo de la izquierda y cuya vigencia sea solo atribuible a este grupo político. Desafortunadamente, la izquierda radical se arroga para sí el derecho de ser los representantes del pueblo, de las soluciones sociales y de la defensa del medio ambiente. ¿A cuenta de qué?

Esto es parte de su visión de un modelo económico que respete y conserve los recursos de la naturaleza, sin consideración al potencial de crecimiento y desarrollo que ellos proporcionan, técnicamente bien explotados. Solo los buenos debates en esta época electoral podrán desenmascarar las falencias y contradicciones del plan de gobierno de la izquierda radical de Cepeda-Petro.

 

¿POR QUÉ TANTA CORRUPCIÓN Y POR QUÉ SU ACEPTACIÓN?

 Comentario 24/03/2026

 

¿POR QUÉ TANTA CORRUPCIÓN Y POR QUÉ SU ACEPTACIÓN?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Sin duda alguna, la corrupción es uno de los males más extendidos en el mundo entero, tanto en el sector público como en el privado, el social y aun el religioso o en la relación entre ellos. Existe y hay registros de este fenómeno en todo tipo de sociedades y en todas las civilizaciones; endémicamente, es un mal que casi podría decirse que forma parte de la naturaleza humana y de las costumbres del hombre desde los inicios de su historia.

Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el patrocinio indebido, los sobornos, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, el nepotismo, la impunidad y la autocracia.

La corrupción puede ser en el gobierno o en la clase política y se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. Todos los tipos de gobierno son susceptibles de corrupción política. Una situación de corrupción política sin restricciones se conoce como cleptocracia, término que significa literalmente "gobierno de ladrones" (el Carrusel de la Contratación en Bogotá, por ejemplo). Pero también puede ser privada, donde se presentan, en menor grado, pero con singular importancia, los mismos males descritos (Interbolsa, para citar un solo caso muy conocido).

El análisis periodístico citado por El Nuevo Siglo señala que algunas estimaciones elevan el costo total de la corrupción en Colombia a cerca de $50 billones de pesos anuales; es decir, un 10% aproximadamente del presupuesto público del año 2026. Estas cifras incluyen no solo pérdidas directas, sino también pérdidas originadas en:

• Sobrecostos en contratación.
• Ineficiencias estructurales de los órganos de gobierno.
• Proyectos inconclusos.
• Captura institucional: actores poderosos que controlan instituciones o personas para sacar beneficios.
• Impactos que condicionan los programas de bienestar social.

La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero y la prostitución, aunque no se restringe a estos crímenes organizados. El término opuesto a la corrupción es la transparencia. Por esta razón, se puede hablar del nivel de corrupción o del de transparencia de un Estado, de una empresa o, en general, de un conjunto de organizaciones del sector estatal, privado, social o religioso.

Pero ¿puede pensarse que la corrupción simplemente existe y por ello hay que aceptarla y convivir con ella? ¿Y que, por ende, estamos sometidos a ella por siempre y para siempre?

En muchas sociedades (regiones, ciudades, estados o naciones), al reconocer los perniciosos efectos de la corrupción, se han creado todo tipo de mecanismos anticorrupción; entre otros, mencionaremos los siguientes: autoridades para combatirla, códigos para sancionarla, penas para castigarla y sanciones políticas o sociales para rechazarla. Sin embargo, parece ser que nada de esto funciona cabalmente; son paliativos que no curan de raíz el mal y sus secuelas. Por momentos parece ganarse la batalla, pero el germen está ahí, listo para desarrollarse de nuevo en los lugares y con los hechos más inesperados.

A nuestro juicio, el problema, más que de controles y sanciones y sin perjuicio de disponer de ellas, es un problema sociológico, cultural y de formación. Decimos sociológico porque parece ser parte ya de nuestra conducta el aceptar, permitir o participar en la corrupción como un hecho tolerado, tolerable y cotidiano, donde “todos participan”. Hablamos de cultura porque la corrupción se ha incorporado a la manera de ser y de pensar, considerándose socialmente aceptada y hasta casi necesaria. Y nos referimos a que es un problema de formación porque no recibimos durante nuestra educación una ilustración sobre el problema, su génesis, sus consecuencias, sus soluciones y la necesaria participación de todos en su terminación.

No me cabe duda decir que más formación sobre la corrupción, sus males y consecuencias, el cómo combatirla y cómo volverla socialmente censurable (no solo penalmente) harían mucho en favor de ir, paulatinamente, modificando la cultura y las costumbres, de tal manera que, finalmente, tendríamos lo que sociológicamente sería una conducta rechazada en todas las capas sociales y en todos los sectores de la actividad humana.

Esta formación empieza en el hogar, pero pasa por fomentarse también en nuestros colegios y universidades y debe continuar, además, con las organizaciones sociales y comunitarias, las empresas y las municipalidades, así como con los gobiernos y las entidades que ejercen labores de liderazgo y dirección en cada ciudad y región.

¿Será posible pensar en un mundo sin corrupción? ¡Qué bueno fuera, al menos para las nuevas generaciones, darles esa oportunidad!

 

EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

 Comentario 16/03/2026

 

EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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La democracia surge de un acuerdo social de los ciudadanos a partir del cual se atribuye la titularidad del poder a todos los habitantes, quienes son considerados como libres e iguales, para definir la organización de sus instituciones en su propio Estado mediante mecanismos de participación directa —es decir, los ciudadanos por sí mismos— o indirecta —nombrando sus representantes—, lo cual les confiere legitimidad para sus decisiones relacionadas con el contrato social; o sea, con los deberes y derechos de la población y con la forma de organización del propio Estado, con el fin de asegurar la libertad y la convivencia pacíficas, todo lo cual se plasma en su constitución política. De la esencia de la democracia es, por lo tanto, el control de sus representantes y sus decisiones por parte de los propios ciudadanos que los eligen o a través de sus órganos de justicia que se espera sean impolutos y transparentes.

Pues bien, la democracia como concepto y realidad está perdiendo cada vez más legitimidad y vigencia en la mente, especialmente, de la población joven, quienes manifiestan un desencanto con la misma, expresado en su muy poca voluntad de participar en los eventos democráticos de sus respectivas naciones (elecciones o votaciones de corporaciones, gobernantes y representantes, referendos y plebiscitos, etc.), como también por el poco interés en los asuntos públicos y políticos de sus países.

En diferentes encuestas recientes, hechas en diversos países, el apoyo a la democracia se desdibuja para llegar a niveles de favorabilidad descendentes frente a otros sistemas, con cifras aún por debajo del 50 % de los participantes en las encuestas, y con crecimiento en otras formas de organización y representación social de tipo esencialmente autoritarias y totalitarias, lentamente crecientes hasta casi el 20 % de los encuestados. Y con un extraño, pero significativo, “da lo mismo” cercano al 30 %. Es decir, entre los que no sienten apego por el modelo democrático y a los que les da lo mismo, son tantos como los que sí la reconocen.

Para citar un caso de nuestro país, el papel de Gustavo Petro en la democracia colombiana es profundamente ambivalente: por un lado, ha ampliado la representación política de sectores históricamente excluidos; pero, por otro lado, su estilo autoritario y autocrático ha aumentado las tensiones con las demás instituciones. Su continua confrontación con el Congreso y las Cortes, con el sector privado y su discurso de lucha de clases, además de su uso intensivo de redes sociales, han aumentado la polarización y puesto a prueba los contrapesos democráticos, todo lo cual ha conducido a un mayor desencanto con la democracia.

Las razones de este desencanto ciudadano, si bien no son completamente explícitas, giran en torno a temas tales como los siguientes:

• Pérdida de credibilidad en la clase política. En este tema quedan considerados los partidos políticos y los propios gobernantes, los cuales se han desdibujado en la mente de los ciudadanos para considerarlos como poco o nada representativos en muchos casos o con débil representatividad, en general. A todo lo cual no han ayudado mucho los malos gobiernos, los populistas y demagógicos y los corruptos y clientelistas, los cuales parecen ser un mal común en varios de nuestros países.
• Desencanto por la corrupción. Para muchos de los ciudadanos, los gobernantes no son transparentes ni honestos y llegan al poder solo para beneficiarse de los recursos públicos, privilegiar a sus camarillas políticas o ejercer actos de nepotismo, con grandes beneficios para familiares y amigos. Las continuas denuncias de corrupción afianzan esta percepción de los ciudadanos.
• Poco reconocimiento a las instituciones. Las instituciones, tanto como los propios elegidos como representantes de las mismas, según muchas opiniones, están poco comprometidas con la real solución de los problemas nacionales. Durante las campañas, grandes promesas; durante el gobierno, enormes desencantos. Hay amplios y graves rechazos a la democracia porque se identifica con el populismo, la demagogia y, en ocasiones, con nacionalismos perniciosos que no son auténticos; son consignas de campaña, nada más.
• Falta de oportunidades. Esta es una de las críticas más comunes: la democracia no está generando nuevas posibilidades; hay demasiadas situaciones donde los ciudadanos asocian la concentración de la riqueza y la poca generación de nuevas oportunidades, sea que estén verdaderamente relacionadas o que en la mente de muchas personas lo estén.
• Desigualdad e inequidad. Este es uno de los aspectos de mayor preocupación; se le está asociando a la democracia el problema de la inequidad, lo cual conduce a muchas personas a una desilusión con los postulados democráticos sobre la igualdad de derechos para todos. En sí misma, la democracia no conduce a la desigualdad; sin embargo, una aplicación de la democracia con fuerte corrupción o privilegios para unos pocos sí refuerza esta idea y esta realidad. Cabe recordar que en países donde no hay democracia también existen la desigualdad y la pobreza.

Muy preocupante, por consiguiente, que exista tanto desencanto y tan poco fervor por el modelo democrático, y que los gobernantes y las instituciones, con sus actuaciones alejadas de sus compromisos por solucionar en forma eficaz los problemas de la comunidad —no solo con discursos—, conduzcan a agudizar este pensamiento. En mi opinión, el problema no está en el modelo democrático en sí mismo, pero sí en los líderes y dirigentes, y en la clase política especialmente. Además, en la falta de sanción eficaz de los abusos de los gobernantes no probos por medio de la justicia, por un lado, pero por medio de los pocos votos, por el otro.

Quienes no han vivido gobiernos totalitarios o autoritarios no se han dado cuenta de que los factores que les causan preocupación con la democracia o desgano por este modelo de contrato social se agudizan y se profundizan aún más mientras menos democráticos y más totalitarios son los países. Sepamos ejercer nuestro voto con conciencia de la defensa de la democracia para las próximas elecciones de 2026 en Colombia, exaltando con nuestro voto a los buenos gobernantes y sancionando a los que consideramos que no le permiten florecer.

EL ESTADO EFICIENTE

 Comentario 09/03/2026

 

EL ESTADO EFICIENTE

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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En 2025, el déficit fiscal de Colombia se ubicó entre el 7,1% y el 7,6% del PIB, uno de los más altos en la historia reciente, mientras que la deuda pública cerró alrededor del 62% del PIB. Para 2026, las proyecciones oficiales y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advierten que el déficit seguirá elevado (cerca del 6-7% del PIB) y la deuda podría mantenerse en una senda insostenible de más del 65% del PIB si no se corrigen los desequilibrios y el exceso de gasto público. Como contraste y comparación, en el año 2015, diez años antes, el déficit fiscal era del 3% del PIB y el endeudamiento público del 45,1% del PIB. La evolución es creciente y dramáticamente preocupante.

Además de la debilidad del Estado colombiano por su déficit fiscal y el alto endeudamiento, Colombia también presenta una gran debilidad en su sector externo. Se refiere al saldo de las relaciones de Colombia con el exterior en su balanza de importaciones y exportaciones de bienes, servicios y capitales que ingresan o salen del país, con un deterioro marcado en 2025 cuando alcanzó su peor nivel en más de medio siglo: un déficit de US$ 16.377 millones.

Concentremos la atención en el Estado colombiano, que se encuentra en una gran encrucijada fiscal como fruto del alto endeudamiento externo, del déficit presupuestal y del compromiso de las vigencias futuras que hemos heredado de gobiernos anteriores y del actual gobierno.

Los cálculos más recientes indican que el presupuesto nacional está desfinanciado en más de 40 a 50 billones de pesos; o sea, cerca de 4 a 5 reformas tributarias. Nos estamos quedando no solo con la olla raspada, financiada con más endeudamiento —lo que nos conducirá a la olla quebrada—, a todo lo cual ha contribuido una corrupción rampante y voraz de alguna parte de la clase política, de funcionarios del Gobierno, de las Cortes y de aun el sector empresarial en connivencia con los funcionarios públicos.

En Colombia, el resultado del sector privado es positivo y el del sector externo es un poco negativo, pero el del sector público es fuertemente negativo por su déficit fiscal y su endeudamiento público. Es decir, el sector público colombiano es como un remolino que se traga lo que pase por sus vecindades, conduciendo a un bajo crecimiento económico y, en ocasiones, a un negativo crecimiento en toda la economía como conjunto. Como consecuencia, si queremos realmente crecer en forma sostenible, es necesario solventar el sector público.

¿Cómo se hace esto? No es solo a punta de tributos; es con mayor eficiencia y productividad en el gasto público del Estado, sin derroches ni excesos, con un buen sistema tributario y con una muy buena asignación del gasto estatal en sectores prioritarios de carácter social o de desarrollo económico que impacten de manera sensible al crecimiento económico, tales como la infraestructura, la ciencia y la tecnología, la educación, el apoyo a sectores productivos estratégicos y generadores de inversión, de tal manera que mejoren la competitividad y que se fomenten las exportaciones y la innovación. Para hacer esto se requiere corregir el rumbo hacia la legalidad, el empresariado y la equidad, de tal manera que, al apoyar el crecimiento económico, se generen oportunidades para todos.

Para que haya desarrollo social debe haber crecimiento económico. No es posible tener buenas soluciones sociales si no se genera una dinámica económica significativa, tal que se traduzca en oportunidades reales para la ejecución de actividades productivas y la generación de bienestar para más personas cada vez. O sea, que hay que apostarle al crecimiento para generar más ocupación productiva (no necesariamente empleo formal, pero sí alternativas de actividad económica), y con ello más desarrollo y más progreso.

Sin embargo, se vuelve prioritario sanear el problema fiscal o, de lo contrario, no habrá crecimiento económico, para lo cual hay que combatir el despilfarro y la corrupción, que son, sin lugar a dudas, los mayores cánceres de la economía colombiana. Ahora, la contraprestación a las reformas tributarias es la mayor eficiencia del Estado. Es muy claro que el país debe repensar la estructura del Estado. Es increíble la cantidad de agencias, ministerios, departamentos y órganos del poder público que existen en Colombia por el lado del Gobierno Nacional. Pero, por el lado de la justicia, hoy tenemos, por ejemplo, un costoso y variado surtido de organismos nacionales de justicia (sin mencionar los municipales): la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y, a pesar de todo, hay impunidad y corrupción por todas partes.

Necesitamos un Estado eficiente —es decir, el que haga las cosas bien— y un Estado eficaz —es decir, el que las haga en el tiempo y con los costos menores posibles—. ¿Podremos pensar en desligar del gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) el imperativo de imponer su ideología política y más bien lograr gobiernos comprometidos con el progreso y desarrollo del país, ¿independientemente de su ideología?

CORRUPCIÓN, POPULISMO Y DEMAGOGIA

 Comentario 03/03/2026

 

CORRUPCIÓN, POPULISMO Y DEMAGOGIA

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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A propósito de las elecciones para el Congreso y la Presidencia a realizarse en los próximos meses, va este comentario sobre los temas de corrupción, populismo y demagogia, tres males que destruyen las democracias. En los estados democráticos que las padecen, el populismo y la demagogia, frecuentemente, son como “hermanas siamesas”, lideradas por gobiernos que se apoyan en estas prácticas y tácticas para convencer, especialmente a las clases populares, y buscar su favorecimiento y su voto. Un ejemplo de populismo sería proponer medidas que beneficien a la mayoría de la población, aunque sean inviables o perjudiciales a largo plazo, con el fin de ganar su apoyo. Un ejemplo de demagogia sería ocultar o distorsionar los hechos, o apelar a los prejuicios o a los miedos de la gente, para convencerlos de que se afilien a una causa o voten por una determinada opción.

El populismo puede generar polarización, división y resentimiento entre diferentes grupos sociales, mientras que la demagogia puede conducir a la corrupción, el autoritarismo y la pérdida de confianza en las instituciones. El populismo, que se arraiga en muchos gobiernos, es una forma de apelar a los deseos y las emociones del pueblo, usando una retórica que lo exalta y lo enfrenta a las llamadas élites. Asimismo, la demagogia es una práctica política, muy afincada, que busca engañar al pueblo con falsas promesas, mentiras, manipulación de la información y argumentos falaces. En Colombia hemos padecido mucho de estos dos fenómenos, especialmente en este gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego.

Pero, por otro lado, también se tiene el cáncer de la corrupción que carcome las finanzas públicas, fenómeno que también acompaña a muchos gobiernos, afectando los intereses no solo de la institución que la padece, sino de toda la comunidad que deja de beneficiarse de servicios y beneficios del Estado al no disponer de los recursos suficientes por los desfalcos de la corrupción. Desafortunadamente, también esta es una manifestación no solo de los miembros del Ejecutivo, sino, además, y en muchos casos, de los del Congreso y de las Cortes, quienes pueden entrar a participar en la corrupción como se ha visto en Colombia recientemente con los casos del gobierno de Petro (UNGRD), por ejemplo, pero en tantos otros casos que, con razón, algunos han denominado como el gobierno más corrupto que ha visto el país en su historia. Pero también los casos del Congreso (congresistas vendiendo su voto) y las Cortes (Francisco Ricaurte y José Leónidas Bustos).

En los gobiernos que se mueven en esos contextos de populismo, demagogia y corrupción, la verdad de los hechos se distorsiona, ocultando sus auténticas intenciones y consecuencias y la insostenibilidad en su ejecución, con promesas vacías, ofertas sin fundamento ni sustento, programas insostenibles, acompañados de chanchullos, déficit, coimas, prevaricatos, desfalcos, etc.; todo lo cual conforma el más variado menú que entona los “cantos de sirena”. Todo suena aparentemente muy bien, pero luego: frustración, vacío, desconcierto y la pérdida de credibilidad y confianza. No es casual, entonces, ver cómo los porcentajes de votantes en los procesos electorales, del total de votantes habilitados, sean tan bajos, alrededor de un 50%, lo cual significa que entre el 45% y el 60% del censo electoral no vota en la mayoría de los comicios. Falta de credibilidad y desconfianza, evidentemente.

Puesto que las promesas fallidas de los candidatos demagogos y populistas son vacías, muchos ciudadanos esperan ingenuamente y con fe que sí estén llenas de realizaciones y soluciones eficaces. Como consecuencia, además de la pérdida de credibilidad y la desconfianza, también afloran los sentimientos de incertidumbre, rechazo y rencor por el engaño.

Lo malo de la historia es que desenmascarar un gobierno populista, corrupto y demagógico también puede tardar, puesto que algunas victorias tempranas con sus realizaciones ayudan a ocultar los fracasos lejanos y, muchas veces, cuando se reacciona, ya el daño está hecho: los perjuicios en materia económica, política, social y fiscal ya hacen su aparición con todo su esplendor y con pronóstico reservado para su total corrección y recuperación, las cuales a veces tardan años y, en muchas ocasiones, generaciones enteras.

Venezuela, por ejemplo, tardará varias generaciones en recuperar su estabilidad macroeconómica, política y social una vez que los gobiernos del "socialismo del siglo XXI" sean superados democráticamente. Estos gobiernos del socialismo del siglo XXI han sido campeones de la corrupción, del populismo, de la demagogia y, en su caso, con males adicionales: la autocracia (autoritarismo despótico) y la persecución política a sus opositores. ¿Cómo explicar que Nicolás Maduro y su familia dispongan de más de 800 millones de dólares en cuentas en Suiza, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades norteamericanas?

A propósito de las elecciones próximas, en entrevista realizada por el periódico La República de Colombia al premio nobel de economía Eric Maskin, recomendaba elegir gobernantes que concentren sus esfuerzos en:

1. La defensa de la democracia y sus instituciones.
2. Superar los problemas de desigualdad, cualquiera que sea el origen o sus causas, de donde surgen muchos programas sociales, de infraestructura, de educación, salud y bienestar.
3. La transición hacia energías limpias y renovables, esfuerzo complejo, costoso y de largo alcance.
4. El cuidado del medio ambiente, con todas sus implicaciones, especialmente la deforestación y la reforestación.
5. Los problemas originados en el cambio climático.
6. El uso de tecnologías amigables con el medio ambiente y con el ser humano.
7. Hace un llamado especial a considerar las consecuencias de la aplicación de la inteligencia artificial, para su máximo aprovechamiento en condiciones favorables para los seres humanos, como complemento, no como competidor, para elevar la productividad de la labor humana, como ha sucedido con otras tecnologías.

En consecuencia, en las elecciones de marzo, mayo y junio de 2026, para consultas partidarias, Congreso y Presidencia, es importante identificar los candidatos electorales que defiendan estos conceptos del profesor Maskin para apoyarlos y elegirlos, según sus preferencias.