Mostrando las entradas con la etiqueta salud. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta salud. Mostrar todas las entradas

lunes, 1 de junio de 2026

EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

 Comentario 01/06/2026

 

EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

¿Qué es el Índice de Desarrollo Humano (IDH)?

El IDH es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para evaluar el desarrollo de los países más allá del crecimiento económico. Según el PNUD y la descripción técnica del índice, el IDH combina tres dimensiones fundamentales:

·         Salud, medida por la esperanza de vida al nacer.

·         Educación, medida por años promedio de escolaridad y los años esperados de escolaridad.

·         Ingreso, medido por el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

El IDH clasifica a los países en niveles: muy alto, alto, medio y bajo desarrollo humano. Por supuesto, mientras más alto es el valor del IDH, mejor es la calidad de vida y el bienestar de vida de una población.

IDH en América Latina (datos publicados en 2025)

Los datos más recientes del PNUD muestran la siguiente clasificación regional:

·         Países con IDH muy alto (≥ 0,800) son: Chile, Argentina, Uruguay, Panamá y Costa Rica.

·         Países con IDH alto (0,700–0,799) son: México, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y Paraguay.

·         Países con IDH medio (< 0,700) son: Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.

Comparación: Colombia vs. América Latina

Con base en los datos del PNUD:

País

Nivel de IDH

Comentario

Chile

Muy alto

Líder regional; altos niveles educativos y de ingreso.

Argentina / Uruguay

Muy alto

Desarrollo social avanzado.

Panamá / Costa Rica

Muy alto

Buen desempeño en salud y educación.

México

Alto

Ingreso mayor que Colombia; educación más estable.

Brasil

Alto

Similar a Colombia, pero con mayor desigualdad.

Colombia

Alto

Avances en educación y salud, pero rezagos en ingreso y desigualdad.

Perú / Ecuador

Alto

Niveles comparables a Colombia.

Bolivia / Centroamérica

Medio

Menor ingreso y menor escolaridad promedio.

 

Conclusión comparativa:

·         Colombia está en el grupo medio-alto de la región, por debajo de los países líderes (Chile, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Panamá).

·         Su principal brecha está en el ingreso per cápita y en la desigualdad, que reduce su IDH ajustado.

·         En educación y salud, Colombia se acerca al promedio regional, pero aún no alcanza los niveles de los países con IDH muy alto.

·         Chile es el país con mejor desempeño estructural en desarrollo humano.

·         México muestra una trayectoria ascendente más estable que Colombia y Brasil.

·         Brasil y Colombia convergen, pero por razones distintas:

o   Brasil se estanca.

o   Colombia mejora lentamente.

·         La brecha entre Chile y Colombia sigue siendo amplia (≈0,10 puntos de IDH).

Como se observa, aunque Colombia ha tenido progresos en sus índices de desarrollo humano, pesan demasiado la falta de productividad en el ingreso per cápita y la alta desigualdad en la distribución del ingreso, dos tareas que solo el crecimiento económico sostenido e incremental permitirá mejorar. Pero para esto se requieren políticas enfocadas específicamente en favorecer el crecimiento más que la distribución del ingreso.

 

domingo, 16 de febrero de 2025

LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

 Comentario 17/02/2025

 

LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Las instituciones de un país son fundamentales para su funcionamiento y gobernabilidad. Estas instituciones pueden variar de un país a otro, pero en general, incluyen:

1. Instituciones de Gobierno: Como el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Estas instituciones son responsables de la administración del país, la creación de leyes, su cumplimiento y la aplicación de la justicia.

2. Educativas: Escuelas, colegios, universidades e institutos de formación técnica, que son esenciales para la educación y formación de los ciudadanos.

3. Instituciones de Salud: Hospitales, clínicas y centros de salud que proporcionan servicios médicos y de bienestar a la población.

4. Instituciones Económicas y Financieras: Bancos centrales, bancos comerciales, bolsas de valores y otras entidades que gestionan y regulan la economía y las finanzas del país.

5. Instituciones de Seguridad y Defensa: Policía, fuerzas armadas y agencias de inteligencia, encargadas de proteger a los ciudadanos y la soberanía del país.

6. Instituciones Culturales y Deportivas: Museos, bibliotecas, teatros, asociaciones deportivas y otros espacios que promueven la cultura y el deporte.

7. Instituciones Sociales y de Bienestar: Organismos y programas que brindan apoyo y servicios a los ciudadanos en áreas como la vivienda, el empleo y la asistencia social.

Estas instituciones, trabajando en conjunto, ayudan a mantener el orden, la prosperidad y el bienestar de un país. Para su buen desempeño, además de ser eficientes y eficaces en el ejercicio de sus labores misionales o funcionales, deben gozar de una reconocida credibilidad y confianza de los ciudadanos y de las demás instituciones. Confianza porque de alguna manera actúan en nombre de la comunidad y credibilidad porque necesitan aceptación en sus actuaciones y resultados. Tal como las propias instituciones, los funcionarios que las dirigen también deben reflejar la majestad de la propia institución, generando a su vez, credibilidad y confianza.

¿Pero qué sucede cuando se pierden la confianza y la credibilidad en las instituciones o en sus representantes?

Primero, digamos que hay muchas causas por las cuales las instituciones pueden perder su respetabilidad, como son: la corrupción, la burocracia, la politiquería, el mal servicio, el alto costo, la ineficiencia, la tardanza o la normatividad no aplicada.

Si una institución, o varias de ellas, pierden su credibilidad y confianza, la majestad de sus funciones se desdibuja y en ocasiones se pierde, y toda la sociedad siente las consecuencias. La disfunción se traduce en falta de oportunidad, mayor costo y mal servicio y, por supuesto, normalmente rechazo y animadversión con la institución y sus representantes.

Pero preguntemos de nuevo, ¿qué ocurre si quien pierde su majestad como institución es el Gobierno, especialmente el ejecutivo?

Todas las instituciones del Gobierno nacional están diseñadas para prestar servicios a los ciudadanos y a las comunidades, por lo tanto, su credibilidad y confianza son indispensables para el buen ejercicio de su función y para la correcta relación con las comunidades a las cuales están sirviendo. Si esto no es así, si la respetabilidad de una institución del gobierno nacional, regional o local, pierde su vigencia por cualquier causa o causas, la que recibe el impacto negativo es la sociedad. El desprestigio, por supuesto, acompañará a la institución, pero la carga negativa de lo que debería haberse hecho bien y no se hizo es una frustración para el ciudadano, quien padecerá el rigor de lo no logrado y sus consecuencias.

Los índices de favorabilidad que acompañan al presidente Petro y su gobierno, menores al 30%, no hablan bien del reconocimiento, la credibilidad y la confianza de la cual goza su estructura, estilo y esquema de gobierno. En nuestra opinión, buena parte de las causas de pérdida de respetabilidad, ya descritas, son aplicables a este gobierno. Especialmente notorias son las acusaciones de corrupción en su campaña electoral, actualmente en investigación en el Consejo Nacional Electoral y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y los reveses en distintos frentes de su administración, especialmente la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), con las revelaciones de Sneyder Pinilla y Olmedo López.

Durante la campaña está claro que se violaron los topes electorales y que algunas de las fuentes de financiación son non sanctas. Sin hablar, además, de las actuaciones de los miembros de su familia con relación a la búsqueda de apoyos en las cárceles, a cambio de beneficios en la extradición de narcotraficantes o en otros casos, con los recursos recibidos también de contratistas del Estado cercanos a la campaña de Petro. En el caso de la UNGRD, las investigaciones avanzan, pero ya han salido ministros y funcionarios del gobierno, acusados de corrupción y de favorecer a congresistas a cambio de otorgar favorabilidad con los proyectos del gobierno en el Congreso. Aquí se consumaron todo tipo de delitos. ¡Qué horror! ¡Qué pérdida de confianza, credibilidad y respetabilidad!

sábado, 9 de septiembre de 2023

LA VISIÓN DE LARGO PLAZO

 Comentario 02/10/2023

 

LA VISIÓN DE LARGO PLAZO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Muchos de los problemas que Colombia tiene que resolver son temas que requieren tener una visión de largo plazo. Aspectos tales como la problemática de la salud, de las pensiones, de la tenencia de tierras, la pobreza, la carencia de infraestructura para mejorar la competitividad del país, la educación de calidad, los problemas de la diversificación de las exportaciones, la explotación de las reservas petroleras y mineras, los cultivos ilícitos y el narcotráfico, la implementación del proceso de paz, el cambio climático, etc., cada uno de los temas con todas sus complejidades, consecuencias e implicaciones económicas, políticas, sociales, ambientales y de relaciones internacionales. Hemos mencionado los más fundamentales, sin agotar, por supuesto, el inventario de temas complejos y de solución no inmediata.

La riqueza del pensamiento milenario del pueblo chino acuñó un proverbio que viene muy bien a esta reflexión: “hasta el camino más largo comienza con el primer paso”. Y otro gran pensador sobre los temas de estrategia, el profesor Peter Senge, afirmaba que la visión de largo plazo no es solamente una idea, es una fuerza de impresionante poder y pocas fuerzas humanas son tan poderosas como una visión compartida. Hay dos claves muy importantes en esos pensamientos: comenzar el camino y tener una visión compartida sobre el destino. Eso es precisamente lo que le debería suceder a Colombia, el tener una visión conjunta, nacional, universal, compartida y de largo plazo por parte de la ciudadanía y sus grupos de influencia, tal que permita enfocar los esfuerzos en la dirección correcta, para iniciar el camino, aunque los resultados sólo se vean en el largo plazo. Ambas reflexiones invitan a los ciudadanos, los gobiernos, los movimientos políticos y sociales a pensar en soluciones con visión de futuro y a construirlas, con planeación, ejecución y supervisión integradas, hasta volverlas realidad.

Muchos de los problemas que hemos mencionado antes son de alta complejidad, añejos en su existencia y fruto de la acumulación de circunstancias, errores, indecisiones y decisiones de muchísimos años. Sin embargo, con la visión y el esfuerzo adecuados, se pueden resolver. Es posible pensar en soluciones de Estado y Nación y no sólo de Gobierno, es decir, soluciones que trasciendan el periodo de un gobierno y, por ser prioridades nacionales, continúen en su construcción en todos los gobiernos, independientemente del color político del mandatario de turno.

Socialmente y políticamente es importante, además, pensar en puntos de encuentro comunitarios sobre temas tales como los que se mencionan a continuación a título de ejemplo, no de sugerencias específicas: la defensa de la democracia y la participación libre de los ciudadanos en los procesos electorales, la educación, la salud, la competitividad del país, la infraestructura física y tecnológica, el uso productivo de la tierra y de los recursos naturales, los servicios públicos, la gobernabilidad de los asuntos de gobierno, la actuación armónica y coordinada de los poderes públicos (ejecutivo, legislativo, judicial y organismos de control), el marco de las relaciones internacionales, los TLC y el estímulo a las exportaciones, la defensa del medio ambiente y el enfoque frente al cambio climático, la aplicación de los principios de equidad e igualdad, la superación de la pobreza, el bienestar social, la generación de oportunidades de ocupación para superar las brechas del subempleo y la informalidad, para no enumerar sino los más importantes.

Si, eligiendo unos de estos temas como los centrales y fundamentales, diéramos el paso de establecerlos como objetivos nacionales y trazarles un programa de desarrollo a largo plazo, con soluciones, metas, inversiones, responsables y recursos, el país mejoraría notablemente su progreso, desarrollo y crecimiento, transformándose en una sociedad con más y mejores oportunidades para todos y elevando el nivel de vida, subsecuentemente, y cada vez más.

Por separado mencionaremos los tres cánceres que erosionan la estabilidad del país y su progreso: el narcotráfico con sus secuelas regionales y nacionales, la corrupción y el saqueo de los recursos públicos, y el clientelismo de la clase política que llena a sus participantes de favores burocráticos o presupuestales a cambio de votos, con gran detrimento de la eficiencia del Estado. Estos tres últimos elementos deberían ser, por sí solos, una gran prioridad nacional, ya que en su combate y solución existen grandes oportunidades para los ciudadanos y para las comunidades, además, de superar su perniciosa influencia en las situaciones de violencia e inseguridad.

Ahora, nada se podrá realizar con visión de largo plazo, si no se forma una verdadera cultura ciudadana alrededor de las prioridades nacionales, tal que permita que “todos estemos mirando para el mismo lado”. Este es un proceso complejo de ilustración, reflexión, negociación y decisión, comenzando por los partidos políticos diversos y los grupos sociales de opinión y de acción en toda la geografía, requiere un gran liderazgo y mucha sindéresis, para comprender que la construcción colectiva de largo plazo aporta mucho más que las soluciones individuales de corto plazo de cada grupo político que llega al poder. Otras sociedades demuestran que es posible.

Lo que hoy vemos en Colombia es la más absoluta rivalidad, pugnacidad, polarización, falta de concertación y ausencia de mirada de largo plazo. Cada grupo político quiere superar al otro y en muchos casos, destruir, al opositor. No se propician el estudio de las prioridades nacionales y sus soluciones mediatas y de largo plazo en forma consensuada y comprometida, estamos en un verdadero “sálvese quien pueda” y el gobierno de turno, con su ideología radical, quiere imponer sus “soluciones”, comenzando por destruir lo construido. Ni siquiera tenemos una visión compartida de corto plazo, menos podemos hablar de esa visión colectiva, conjunta y ciudadana para el largo plazo, sin injerencias inconvenientes y sesgadas de la política o del político del momento. Hay que aprender a mirar colectivamente hacia el largo plazo y delinear el futuro para poder construirlo “todos remando para el mismo lado”.

sábado, 24 de junio de 2023

LOS DISLATES DE PETRO

 Comentario 26/06/2023

 

LOS DISLATES DE PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Uno de los mayores logros del país en los años 90s, con la apertura económica, y con la constitución del 91, fue el haber avanzado en la concepción amplia de admitir la participación del Estado y también del Sector Privado en la prestación de servicios críticos que se reservaban, frecuentemente, al Estado. Estamos hablando de servicios sensibles y de contenido social como la energía, la educación, la salud, las pensiones, la infraestructura y el bienestar ciudadano, por ejemplo. Nadie duda actualmente del enorme progreso y los beneficios que el país y su ciudadanía han recibido de tan importante regulación, la cual permitió mayor intervención del sector privado en la economía antes circunscrita al Estado y en algunos casos la privatización de tareas que previamente se cumplían en forma ineficiente y corrupta, como, lamentablemente, ocurren en muchas empresas del Estado.

Aunque algunas ideologías políticas le dan primacía al Estado sobre sobre el sector privado y en otras, lo contrario, lo cierto es que en el mundo contemporáneo ambas formas de prestación de servicios y de protección de riesgos sociales deben coexistir, con orientaciones distintas, por supuesto, pero complementarias: el Estado con un fuerte enfoque y énfasis en lo social y en la superación de la pobreza y la desigualdad y el sector privado, en la prestación de servicios eficientes, con avance tecnológico, innovación y niveles de atención con gran calidad y oportunidad, para afrontar su competencia nacional o internacional e inducir la preferencia de sus clientes.

Como es obvio, la motivación del Estado en la prestación de servicios los cuales, con alto contenido social y de subsidios, están dirigidos a poblaciones vulnerables o de bajo nivel de oportunidad y de ingresos, quienes no tendrían mayores facilidades de satisfacer sus necesidades sin los apoyos del Estado. Por el contrario, los servicios particulares van enfocados, generalmente, a un público con nivel de ingresos superiores, demandante de servicios diferenciados y de mayor calidad u oportunidad.

Ambos tipos de servicios, privados y públicos son diferentes, no sólo por su origen, además, por las fuentes de financiación y por sus modelos de gestión. Mal haríamos en tratar de unificarlos, uniformarlos o integrarlos. Son estructuras gerenciales, modelos de operación, aplicaciones científicas, infraestructuras, ubicaciones geográficas y diseño de soluciones de servicios diferentes. No es que una persona de menores ingresos no pueda acceder a servicios de carácter privado, cuando así se requiera. El uso de equipos, insumos, laboratorios, especialistas, infraestructuras, etc., del sector privado también están diseñados para atender, cuando se requiere, a alguien de menor nivel de ingresos, como fruto de subsidios del Estado en el pago de los costos de los respectivos servicios. Es una cuestión de costo no de discriminación de las personas.

Es inevitable pensar y aceptar que en las sociedades hay diferentes niveles de ingresos, igual que hay diferencias individuales entre todos los ciudadanos, en educación, en experiencias y en accesos y facilidades para los individuos. Si bien la política social de los gobiernos debe usar todas sus capacidades para minimizar esas diferencias, y los particulares, a través de sus impuestos, con la generación de empleo y con su desarrollo e inversión, contribuyen eficientemente a que las desigualdades se acerquen, no a que se distancien cada vez más.

Sin embargo, en el gobierno de Petro se quiere echar reversa a los significativos logros que el modelo de la apertura económica ha significado para el país. Ahora, por arte de birlibirloque y de su ideología de izquierda radical, con una severa inclinación anti-sector privado, anti-empresarios y anti-organizaciones privadas, de nuevo quiere estatizar lo que era privado o mixto, como ocurre con la reforma a la salud o la de las pensiones, o el control de las tarifas de energía, o las normas sobre permisos y licencias sobre hidrocarburos, o en minería o energía, por ejemplo. Exploremos los dos principales ejemplos citados, por su impacto inmediato sobre todos los ciudadanos:

La reforma a la salud, tiende a desaparecer, a través de los años, las empresas coordinadoras de las redes de servicios de salud, las EPS, y su fundamental papel de aseguramiento de la salud, al exigir transformarlas forzosamente en gestoras de salud, en la práctica tramitadoras de documentos, porque su rol científico y técnico en salud, así como la administración de los recursos se le traslada a la ADRES, organismo del Estado que canalizará los pagos a los prestadores de los servicios médicos y sanitarios (IPS). Vamos hacia centros de atención primaria esencialmente del Estado, si bien las EPS que se transformen podrían prestar estos servicios, no con completa cobertura nacional, ya que en las regiones remotas es el Estado quien debe prestarlos puesto que no son costeables para el sector privado.

En el caso de las pensiones, vuelve y juega, todas las personas con actividad laboral, dependientes o independientes, van a pasar a cotizar para su pensión obligatoriamente en Colpensiones (empresa del Estado) hasta tres salarios mínimos de ingresos. En la práctica, dado que cerca del 90% de las personas gana hasta tres salarios mínimos, el grueso de los cotizantes pasará a Colpensiones y en el tiempo desaparecerán los Fondos de Pensiones Privados (AFP), por menor número de cotizantes y por agotamiento de los recursos administrados a medida que se paguen las pensiones y no haya un volumen significativo de nuevos cotizantes, lo cual los hará inviables económicamente en el campo de pensiones obligatorias.  

Estos son algunos de los dislates de Petro, pero en la misma dirección van otras de sus las políticas para estatizar lo desestatizado en los inicios de los años 90, es decir, volver a politizar, burocratizar, “clientelizar” organizaciones y servicios eficientes que venía prestando el sector privado para llevarlos a la demagogia Estatal de la izquierda radical. ¡Qué horror! Vamos para organizaciones empresariales estatales de servicios sensibles para los ciudadanos, para volverlas del tipo de los modelos cubano o venezolano, por ejemplo, con políticos a bordo, muchas veces corruptos, y todo controlado por el Estado, como si fuera un “ser” superior, omnímodo, omnipresente y omnisciente.

domingo, 25 de septiembre de 2022

LA ECONOMÍA PETRISTA

 Comentario 26/09/2022

 

LA ECONOMÍA PETRISTA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Aunque existe una variada opinión a nivel de los centros de investigación política, social y académica del mundo sobre considerar las labores del Estado como productivas o no productivas, no existe una conclusión única y los criterios son diversos. La teoría de mayor aceptación es que el Estado con sus múltiples servicios hace una contribución, pero no una producción.

Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor, si un productor industrial, compra materia prima, emplea maquinaria y equipos, insumos diversos y labor humana para hacer una transformación y fabricar un producto que luego vende en el mercado y eso le genera una ganancia, su actividad se considera como productiva en las llamadas cuentas nacionales, en las cuales se mide lo producido por el respectivo país en el año correspondiente. Si, por el contrario, en una oficina pública se hace un trámite para un ciudadano, no hay en realidad una producción cuantificable, si bien hay una contribución a un proceso que le genera un beneficio al propio interesado. Este trámite no se contabiliza en esas cuentas nacionales, por lo tanto, no queda incorporado en la medición del producto interno bruto del respectivo país en el año correspondiente.

Hay muchos otros servicios que se consideran una contribución, pero no una producción, desde el punto de vista mencionado. Para citar dos ejemplos, las labores de las amas de casa en el hogar (actividades del cuidado doméstico) o los servicios religiosos de una iglesia (actividades de carácter espiritual), son contribuciones, pero no producciones comparables a las que realizan otras actividades como la producción agropecuaria o la minera, los establecimientos de comercio, los servicios profesionales, los servicios financieros, etc., todos los cuales sí forman parte de la producción nacional.

Pues bien, el programa económico de Gustavo Petro está fundamentado en la redistribución de la riqueza a través del Estado, mediante la generación de un amplio número y valor de subsidios o beneficios a las personas consideradas vulnerables o a las comunidades marginadas, según sus propios criterios. Para ello se han planeado diversas estrategias de recaudo de impuestos y contribuciones tales que permitan financiar dichas erogaciones, sin considerar el mayor recaudo actual, producido por la reforma tributaria anterior hecha en el último año del gobierno de Iván Duque (con un crecimiento estimado para 2022 de cerca del 20% en el recaudo con relación al 2021, más del doble de la inflación esperada del 8.5% aproximadamente al cierre del año), se tramita actualmente una nueva reforma tributaria, la cual ha sido considerada por los sectores productivos como regresiva, dado el impacto que tendrá en las finanzas privadas y en los sectores económicos y especialmente en los mineros, esos sí de carácter productivo. El dinero que por esta vía recauda el Estado, se volverá gasto en subsidios, los cuales, por sí mismos, no son productivos, aunque generen bienestar a sectores de la comunidad.

Otras de las iniciativas del nuevo gobierno para obtener recursos para sus subsidios surgen de canalizar parte sustantiva de las pensiones obligatorias privadas para llevarlas a Colpensiones, la agencia estatal que las administra, cuando hoy son ahorros obligatorios de los ciudadanos en los fondos privados de pensiones para formar su propia pensión. Estos recursos serán empleados, entonces, como fuente de nuevos subsidios para quienes no tienen derecho a la pensión, por no haber cotizado durante su vida laboral o productiva. Aparentemente, una loable labor pero llena de populismo y de problemas, como, por ejemplo, trasladar el costo (deuda + intereses) del nuevo subsidio a las finanzas públicas, ya que los déficit de Colpensiones están a cargo del Estado y también porque no habrá nuevas generaciones de jóvenes para subsidiar con su ahorros pensionales a los viejos, como ocurre con los sistemas de prima media o de reparto estatales como el de Colpensiones, a diferencia de los de ahorro individual de las instrucciones privadas, máxime cuando la esperanza de vida ha crecido sustancialmente y el período de pago de su pensión se extenderá.

El otro frente de recursos surgirá de la salud, ya que la iniciativa del gobierno Petro es que el sistema sea administrado por el ministerio de salud, sin la intervención del aseguramiento y la administración que hacen las EPS. De nuevo un error pensar que la prestación de los servicios de salud de clínicas, hospitales, centros de atención, laboratorios, paramédicos, farmacéuticas, etc., pueden ser contratados y pagados directamente por el ministerio de salud, apoyado en las instancias de los gobiernos municipales, todo lo cual hará que el sistema de salud se vuelva un verdadero caos y una gran fuente de corrupción. Si bien algunas no han estado exentas de problemas de corrupción, la salida de varias EPS, por cancelación de su operación, habla claramente de la complejidad de operar la salud de los colombianos, hoy considerada de buena cobertura y razonable calidad. Si por la vía de la administración directa del pago de los recursos de la salud por el Estado, y no por las EPS, se generan otros subsidios del gobierno, el sistema, quedaría desfinanciado.

Claramente hay que afirmar que los recursos de la salud o de las pensiones que surgen de las cotizaciones de los ciudadanos, no son recursos del Estado, sino de los propios ciudadanos aportantes. Deberían estar en reservas apropiadas para dar cumplimiento a esas y no a otras obligaciones. No puede ser que por el camino de la exacción o apropiación del Estado de más y más impuestos y de más y más recursos de la salud y de las pensiones, el gobierno se vuelva un generador interminable de subsidios, los cuales conducen a una enorme dependencia de los ciudadanos por el fomento al asistencialismo y su no participación en actividades productivas. No más ver el caso de Estados Unidos, donde, existiendo demanda de trabajadores en muchas actividades productivas, no hay oferta de mano de obra, porque los ciudadanos en edad de trabajar se acostumbraron a la vida de los subsidios.

Si como en estos ejemplos la política económica de Petro se convierte en una continua demanda y apropiación de los recursos de las personas y los sectores productivos, para financiar un Estado asistencialista, tendremos la circunstancia de que unos deben trabajar para otros vivir “sabroso”, y eso no puede ser así. Todos somos ciudadanos y todos tenemos derechos, deberes y responsabilidades con nosotros mismos y con toda la comunidad. La solución está en estimular el crecimiento económico para generar mayores fuentes de ingresos privadas y públicas y que, por esta vía, se aminoren poco a poco los problemas sociales. Pero el programa de Petro apenas si habla de industrialización, sin indicar cómo, y de agotamiento por extinción de otros sectores productivos, especialmente los productores de hidrocarburos, bajo el prurito del cuidado del medio ambiente, donde Colombia tiene una mínima participación en la generación de gases de efecto invernadero, más por la deforestación, que por el consumo de energías no renovables.

No es bueno ni sano el camino del Estado asistencialista y populista que el gobierno Petro nos está proponiendo. Por ahora, todos serán elogios, especialmente de sus copartidarios, pero luego vendrán los llantos.

lunes, 11 de julio de 2022

LAS SEÑALES EQUIVOCADAS

 Comentario 11/07/2022

 

LAS SEÑALES EQUIVOCADAS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Próximo a su posesión el 7 de agosto, el elegido presidente Gustavo Petro, por sí mismo o a través de los miembros de su equipo, continúan lanzando una serie de mensajes en los cuales ratifican muchos de los postulados de su campaña, si bien ya han tenido la sindéresis de corregir otros, bien por su propio criterio o por el de algunos de sus ministros y consejeros recién nombrados. Veamos las señales que, en nuestra opinión, lamentablemente, todavía son erróneas, las cuales traducen inestabilidad a la economía, a los sectores empresariales y a los ciudadanos, en un ambiente internacional turbulento, con riesgos inflacionarios, cambiarios y políticos, como quien dice “a quien no quiere caldo se le dan dos tazas”. Mencionado sólo algunas, en nuestra opinión son equivocadas sus políticas y pretensiones sobre:

 

1.    No permitir la exploración y explotación de nuestras reservas de petróleo, gas o carbón para nuevos contratos. Colombia no es una potencia en estos recursos, pero lo poco que tenemos lo necesitamos o bien para consumirlo y no tener que importarlo o bien para exportarlo y mejorar con ello los ingresos disponibles para resolver los problemas de algunos sectores sociales con carencias marcadas. De hecho, los recursos de las regalías que alimentan los presupuestos regionales surgen en buena medida de estos ingresos.

Este anuncio afecta, además, la estabilidad futura de Ecopetrol, la empresa de mayor contribución al presupuesto público, no sólo en su valoración de mercado actual sino, y lo más grave, en su perspectiva futura. Es simple afirmar que el país debe transitar en un lapso de 10 o 12 años por una senda de transformación energética hacia fuentes consideradas limpias, pero la realidad es que son costosas y no están disponibles ni en forma rápida ni con las cantidades de producción de energía requeridas. También, cancelar los proyectos de fracking experimentales, que el país estaba iniciando y ya había contratado, parece un despropósito, pues justamente estos proyectos demostrarían su inocuidad frente al medio ambiente, si se hacen correctamente, o sea, cuando ya tenemos la solución potencial a la vista, el nuevo presidente la cancela. Esto traerá consecuencias económicas insospechadas por el precio de los energéticos para la economía y compromete el futuro en la estabilidad de las finanzas públicas y de buena parte de la economía nacional. Además, algunas demandas vamos a tener por los 10 contratos ya firmados, autorizados por el Consejo de Estado.

 

2.    Tampoco parece sensato querer modificar la estructura de la salud en Colombia, particularmente las EPS de buena calidad, en su papel de aseguradoras en salud, con modelos de prevención y curación que son reconocidos a nivel mundial. No es casual que tengamos una cobertura superior al 95% de la población con una medicina razonable. Como en todo, mejoras hay por hacer, pero no afectando la estructura y la columna vertebral del sistema. Hemos tenido fenómenos de corrupción en la salud, pero esto no es atribuible al modelo, es ajeno al sistema y su combate corresponde a los organismos de vigilancia y control. No es dable pensar que la causa son las propias EPS y, en sentido contrario, que estos problemas se subsanan trasladando la responsabilidad a las secretarías de salud municipales o departamentales porque no son idóneas para ello, carecen del conocimiento, la experiencia y la infraestructura necesarias. Además, también, y quizás, más susceptibles de corrupción.

 

3.    La reforma tributaria es otro capítulo que llena de incertidumbre a los ciudadanos y la economía en general. Por definición una reforma tributaria consiste en retirar recursos del flujo de dinero privado, en el cual, a nivel empresarial forman parte de la actividad productiva y a nivel personal, son ahorro o consumo, para trasladarlos al fisco nacional, con la orientación de un ambicioso plan de subsidios, bien intencionados sí, como los de carácter social (pobreza, educación, salud, vivienda, infraestructura), pero imposible en su sostenibilidad. En un momento de recuperación económica, los montos esperados de recaudo parecen exorbitantes y tendrán su costo. Restablecer impuestos como los del patrimonio, la renta presuntiva, mantener el 4 por mil, retirar los días sin IVA, si bien se pretende afectar sólo a las personas de mayores ingresos, las cuales son menos del 2% de los ciudadanos, no suena sensato. Aquí surge la eterna pregunta de si la solución de los problemas sociales se realiza por la vía de los impuestos, con corrupción incluida, o por la vía del crecimiento económico, tal que permita mejor generación de oportunidades e incremento en las actividades productivas de independientes y empleados. Creemos que es más lo segundo que lo primero, como está ocurriendo actualmente con producto interno bruto al alza y desempleo a la baja. Otra señal equivocada, más populista que real.

 

4.    Empleo para desocupados y pensiones para quien no las tenga por cuenta del Estado son dos de las promesas más sonadas de su campaña, imposibles de cumplir, por supuesto, ante el delicado momento de las finanzas públicas, fruto de la pandemia. Como decimos popularmente “esas uvas están verdes”. Hasta el reconocido nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien es también de corte progresista, ha manifestado su reserva y reticencia de considerarlas posibles. Otra señal llena de populismo y de poca realidad.

 

5.    La cacareada reforma agraria contemplada en el acuerdo de paz, con la compra de tierras improductivas por parte del Estado para regalarlas a los campesinos, es un sueño que el país ha tenido en su mente por muchos años, pero que a la hora de la verdad no cuenta con las definiciones de política, la infraestructura y los recursos necesarios para realizarse. Algo se ha hecho y algo se hará, pero pregonar a los cuatro vientos que ésta es una decidida política de su gobierno, hará chocar a Petro y a los petristas con una dura realidad. Con este son varios los énfasis prioritarios que debe tener el presupuesto público, según el gobierno de Petro, como también lo son la educación o la pobreza, por ejemplo, pero los recursos presupuestales no son un “elástico” que estira sin reventarse.

 

6.    Medio ambiente, sustitución de cultivos, glifosato y narcotráfico, todos estos son temas que están atados y son de enorme complejidad, por supuesto, todos defendemos las condiciones de un medio ambiente puro y no contaminado en sus tierras, aire o aguas, sin embargo, si no se emplea el glifosato en la erradicación eficaz, la sola sustitución de cultivos será incapaz de producir los resultados necesarios. Es curioso, por decir lo menos, cómo en los demás cultivos si puede utilizarse este herbicida (roundup), pero contra los cultivos de alucinógenos no se puede. En los demás cultivos no es contaminante, en este sí, según las altas Cortes colombianas, de lo cual se deben sentir felices los narcotraficantes, los mayores generadores de la violencia en el campo. Este problema es multinacional en algunos de sus aspectos y merecería una acción de la cancillería en buscar soluciones conjuntas, coordinadas y consensuadas.

 

7.    La iniciativa de cesar la dependencia de la Policía -y específicamente la de transformar o cambiar en su interior el ESMAD- desde el ministerio de defensa para pasarla al ministerio del interior o la de desaparecer la procuraduría y trasladar sus funciones a otros órganos de la justicia, son cambios sobre los cuales el país ya tiene malas experiencias o que requerirían de una asamblea constituyente para modificar su estructura orgánica, una de las veleidades más peligrosas de los gobiernos de izquierda, tipo Chile, un buen espejo de lo mal que les ha ido. Esto no se debe permitir en Colombia, por supuesto. Aunque los seguidores de Petro en el Congreso ya hablan de utilizar un procedimiento “Fast track”, como con el que sacaron adelante el llamado plebiscito por la paz a pesar de haber sido negado, procedimiento que no existe en la constitución.

 

8.    La migración de venezolanos no se solucionará por tener relaciones con Venezuela, este es un problema real de ciudadanos que ven inviable su vida en su país de origen. Deben existir soluciones más de fondo para permitirles la ubicación laboral y la familiar, en Colombia, con el concurso económico del propio Venezuela, por supuesto.

 

9.    Siguen gravitando en el país las palabras “democratización y perdón social”, provenientes de la campaña de Petro, con significados que aún son un enigma, no se sabe a ciencia cierta su definición, alcance y aplicación, lo cual es otra fuente de incertidumbre.

 

10.  La comisión de la verdad ha producido su informe con insuficiente verdad, según muchas corrientes de opinión, se les ha cargado la mano a las instituciones, más que a los verdaderos causantes de la violencia, la guerrilla y los paramilitares, unos, recíprocamente, causa y efecto de los otros. Si Petro acepta sin más sus recomendaciones, va a dejar un nuevo vacío para el país en sus procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición, lo cual era, supuestamente, el propósito del acuerdo de paz, muy rimbombante en su explicación, pero poco eficaz en su real cumplimiento.

 

11.  El pacto de unidad nacional, propuesto por Petro, es una idea de común ocurrencia en los nuevos gobiernos y es loable como planteamiento, simplemente hay que volverlo verdaderos compromisos, factibles, financiados y ejecutables, por parte de todos los participantes, pero, además, dejando el espacio político e institucional necesario para la actividad de los que sean oposición. Gobiernos basados en el unanimismo político, burocrático y no programático, y, además, sin oposición, son un camino ya recorrido en muchos países del mundo, lo cual conducen a la connivencia con malas prácticas antidemocráticas, a más corrupción y mayor ineficiencia en el ejecutivo.

 

La economía colombiana ha demostrado una gran resiliencia y una excelente capacidad de recuperación luego de la pandemia, a pesar de las condiciones de entorno mundial, sin embargo, noticias como las narradas en este documento no son buenas señales para los agentes económicos, con lo cual los indicadores macroeconómicos pueden empezar a resentirse o acabar de deteriorarse, como ya está ocurriendo, muy diciente la volatilidad de los tipos cambiarios, la inflación persistente y el alza pronunciada en las tasa de interés, por ejemplo. La incertidumbre y la desconfianza no son buenas consejeras para los sectores privados nacionales e internacionales. Todo gobierno merece un compás de espera, pero, por ahora, hay señales que dejan grandes inquietudes.

EL SECTOR PRIVADO Y EL DESARROLLO DEL PAÍS

  Comentario 11/08/2026   EL SECTOR PRIVADO Y EL DESARROLLO DEL PAÍS   Por: Carlos Alberto Mejía C. Ingeniero Industrial y Administ...