LOS DESAFUEROS DE PETRO

 Comentario 02/02/2026

 

LOS DESAFUEROS DE PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Por desafuero entendemos, en este caso, una de las siguientes dos cosas: puede ser un abuso, atropello o arbitrariedad cometida en contra de la ley o, alternativamente, comportamientos excesivos e irracionales que van contra la moral o la sensatez. Pues bien, el gobierno de Gustavo Petro, sus ministros y colaboradores cercanos están plagados de estas dos situaciones, lo cual ha creado un ambiente de polarización enconada en lo político y de incertidumbre marcada en lo económico.

Sus desafueros:

Veamos algunas de las situaciones que más se pueden resaltar y que mayor perturbación crean:

• Gobierno con evidente sesgo ideológico de izquierda radical, estatista, autocrático y autoritario. Pretende que el Estado sea el promotor y gestor de la actividad pública y privada, imponiendo sus criterios a las demás instituciones y a los particulares, sin concertación ni consenso. Todo lo que decide su febril imaginación o su convicción política trata de imponerlo por cualquier vía, aunque las demás instituciones del país, los órganos de vigilancia y control o los sectores económicos y sociales tengan opiniones contrarias.
• Las peleas públicas entre funcionarios del Gobierno, especialmente en redes sociales, son frecuentes; esto ha sido interpretado como un reflejo de descoordinación y falta de liderazgo centralizado.
• Continuas acusaciones de violación de normas o procedimientos que acomoda según sus intereses o conveniencias, como ha sido el caso —por citar el más notorio— de la violación de topes en los ingresos y gastos de su campaña y el origen de los recursos de esta, parcialmente obtenidos de fuentes non sanctas.
• Petro ha sido protagonista de disputas públicas con exministros, líderes políticos, representantes de otros países, congresistas y periodistas. Estas confrontaciones afectan la percepción pública del Gobierno y su capacidad de gestión. Es un gobierno confrontacional para todo.
• Se han documentado choques de todo tipo con la Corte Constitucional, la Procuraduría y sectores del Legislativo, especialmente en torno a reformas estructurales como la de salud, la de pensiones y la laboral. Continuamente dice que “no me dejan gobernar” cuando, en realidad, es que su gobierno está yendo contra la Constitución y las leyes.
• Su manejo de las finanzas públicas ha conducido a un enorme déficit fiscal y un altísimo endeudamiento público, lo cual ha elevado el riesgo país y el costo de la deuda, enrareciendo la relación entre el Gobierno y los sectores privados. Su incumplimiento de la regla fiscal y el desbordamiento del gasto público con fines políticos y electorales son una nota más de los abusos de su gobierno.
• Ni que hablar de sus iniciativas frente a la "paz total" y al orden público, que van de mal en peor y sin horizonte claro. Estamos viviendo la negra noche de la violencia narcoguerrillera y de la delincuencia común mientras tanto él y su gobierno, con sus diálogos con delincuentes y guerrilleros, han debilitado los diferentes organismos y estamentos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
• Las relaciones internacionales, con marcado sesgo ideológico, han traído como consecuencia un autonombrado "líder del mundo" —como él suele referirse a sí mismo— que no lo es, por supuesto, generando roces y contradicciones por doquier. Baste mirar la manifestación en Nueva York solicitando a las fuerzas militares norteamericanas no obedecer a su comandante en jefe.
• Sus críticas continuas a los gobiernos que no le marcan el paso a su ideología han generado relaciones exteriores tensas y poco favorables al intercambio comercial o cultural.
• El uso de las redes sociales como canal de gobierno ha sido criticado por generar incertidumbre sobre decisiones oficiales y alimentar la polarización. Petro gobierna más con trinos que con decretos.
• El trato a sus contradictores es desafiante, insultante y agresivo, lo cual no favorece la búsqueda de consensos para fomentar el progreso, el desarrollo y el bienestar del país.
• Su tendencia a gobernar para unos pocos y con unos pocos ha radicalizado la confrontación política y la polarización.

¿Qué implican estos “desafueros”?

• Pérdida de capital político: Las fracturas internas y los escándalos han debilitado la cohesión del proyecto del Pacto Histórico.
• Desgaste institucional: La confrontación constante con otros poderes del Estado ha generado dudas sobre la estabilidad democrática.
• Desviación del foco reformista: Las disputas personales y mediáticas han restado atención a las reformas estructurales que el Gobierno busca impulsar.
• Polarización social: El discurso presidencial ha profundizado divisiones ideológicas y territoriales.

En resumen, estas dinámicas han generado preocupación sobre la gobernabilidad y la efectividad de la agenda de Petro. Los “desafueros” de Petro, más que actos aislados, reflejan una tensión estructural entre un proyecto político que se decía transformador y las reglas del juego institucionales del país.

 

DE NUEVO PETRO Y EL CNE

 Comentario 01/09/2025

 

DE NUEVO PETRO Y EL CNE

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Un enconado rechazo del presidente Petro hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha caracterizado la relación entre la institución electoral y el primer mandatario, quien afirma rotundamente que el Consejo no tiene facultad de investigarlo a él ni mucho menos acusarlo formalmente por las irregularidades que presuntamente se presentaron en su campaña contra las normas electorales, si las hubiere, lo cual es, precisamente, la materia de investigación actual de ese órgano electoral, con ponencia favorable para la acusación.

Efectivamente, y con base en la ponencia presentada por dos de los magistrados de esa organización, Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal), quienes hallaron evidencia de cerca de $3.500 millones que no tienen explicación clara en las cuentas de la campaña, así como en el origen y/o el destino de determinados dineros de la misma, todo lo cual conduce a violar los topes electorales y las normas sobre este tipo de eventos democráticos, que requieren la transparencia y el más riguroso cumplimiento de las reglas por parte de los partidos y los participantes elegibles en las justas electorales.

Veamos cuáles son las facultades de este órgano electoral:

En la Constitución de 1991 se estipuló la creación de la Organización Electoral, que está conformada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por otras dependencias de esta última.

Según lo consignado en el artículo 120 de la Carta Magna, la Organización Electoral “tiene a su cargo las elecciones, su dirección y vigilancia”.

Así las cosas, el CNE es el ente encargado de hacer los escrutinios oficiales tras una elección, así como de vigilar e imponer sanciones sobre irregularidades en procesos electorales.

El CNE está conformado por nueve magistrados que son elegidos por el Congreso para un periodo de cuatro años y que solo podrán ser reelegidos por una sola vez. Esa elección se hace mediante el sistema de cifra repartidora, es decir, en proporción a los votos de los distintos partidos. Valga decir, entonces, que en el CNE hay magistrados provenientes de todos los partidos que participaron en los procesos electorales.

“Los miembros del CNE serán servidores públicos de dedicación exclusiva y tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, se explica en el artículo 264 de la Constitución. Es decir, cumplen requisitos ciertos de experiencia e idoneidad para ser elegidos, no solo por pertenecer a un partido político determinado. Quien los elige es el Congreso de la República de candidatos sugeridos por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

Estamos, pues, en el CNE al frente de un organismo autónomo, independiente, con vida jurídica propia, con funciones precisas y con magistrados calificados, no solo políticos que han llegado a ese organismo como refugio por no haber accedido a otras dignidades y representaciones, como algunos dicen para descalificarlos en el cumplimiento de su función.

Además, su facultad de velar por el cumplimiento de las normas electorales, que están definidas en la Constitución, es precisa, explícita y bien acotada, así como la facultad de imponer sanciones, en este caso de tipo administrativo y pecuniario, ya que no cumplen funciones judiciales. Pero es claro que sí pueden investigar y sancionar dentro de sus competencias y con el lleno de sus procedimientos. La investigación es legal, no política, aunque tenga consecuencias políticas.

Petro insiste en que no lo pueden investigar, una clara muestra de su reticencia al reconocimiento de los problemas legales por violación de las normas electorales, sobre las cuales hay grandes evidencias, aunque explícitamente lo desconozca. Su temor va mucho más allá del propio CNE; para él, qué más da una sanción administrativa y una multa. El problema está en el artículo 109 de la Constitución que indica que la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura y del cargo. Petro indica que lo están tumbando, que le están dando un golpe blando, pero es la propia Constitución de la República la que explícitamente lo descalifica y lo lleva a la condición de indignidad y pérdida de la investidura.

Tampoco puede indicar que lo están persiguiendo políticamente en el CNE cuya composición de magistrados es diversa y está debidamente estructurada; de hecho, hay dos de los nueve magistrados que pertenecen al Pacto Histórico. Es cierto, sí, que el CNE no lo acusará a él, pero sí pondrá en evidencia las contravenciones de su campaña con las normas electorales. En realidad, quien tendrá el deber de acusar al presidente Petro es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y después de esto el Congreso en pleno. La Comisión, de acuerdo con el artículo 178 de la Constitución y el artículo 329 de la Ley Quinta de 1992 —que reglamenta el actuar del Congreso—, también está conformada por 18 representantes de todos los partidos, que son elegidos según el coeficiente electoral.

Ni en el CNE ni en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es sustentable hablar de golpes blandos o persecuciones políticas para el presidente Petro; son las competencias propias de cada uno de estos organismos y sus funciones legales y constitucionales las que los obligan a evaluar la campaña del Pacto Histórico, por un lado, y la actuación del presidente Petro, por el otro. Es el tiempo, las pruebas y los argumentos los que dirán la verdad de lo que sucedió y las consecuencias para el país y para cada uno de los interesados. De nuevo, y como siempre, Petro con sus triquiñuelas para evadir la justicia.

SE CAE SOLO

 Comentario 05/02/2024

 

SE CAE SOLO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Desde el proceso 8000 en el cual se juzgaba al presidente Ernesto Samper por haber permitido dineros ilícitos en su campaña de elección popular, negados por él por ser supuestamente a sus espaldas, las normas electorales del país han cambiado radicalmente para incluir en la Constitución el artículo 109 que prohíbe la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, hecho que será sancionado con la pérdida de la investidura o del cargo. El Código Penal también tipificó los delitos de “financiación de Campañas electorales con fuentes prohibidas”, “violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales” y “omisión de información de aportante”.

Pues bien, la campaña de Gustavo Petro, en su elección como presidente en el año 2022, está siendo acusada por todos esos delitos, con base en diversas pruebas aportadas por los órganos de investigación del Estado, o en cabeza también de la Comisión de Acusaciones del Congreso o del Consejo Nacional Electoral, cada organismo en el ámbito de sus competencias. Las pruebas o los indicios de estas son de diverso origen, tales como:

• Las declaraciones del hijo del presidente, Nicolás Petro, según las cuales se recibieron dineros para la campaña santos, con aportes de personajes tales como Santander Lopesierra y el Turco Hilsaca reconocidos como narcotraficantes, y se recibieron ingresos o se realizaron gastos de la campaña que no se reflejaron en la contabilidad de la misma. El hijo de Petro será sometido a un proceso penal por acusaciones graves de diverso tipo por medio de los hallazgos en investigaciones realizadas por la Fiscalía.
• Armando Benedetti ha hablado de que él consiguió $15.000 millones para la campaña, que tampoco se sabe cuál es su origen y cuál su destino. Ahora es premiado como embajador en la FAO.
• Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro, declaró los vínculos de la campaña con narcotraficantes detenidos en lo que se ha llamado el Pacto de la Picota.
• Hay gastos de la campaña que no se han reflejado en los libros contables oficiales como son varios de los de vuelos de miembros de la campaña o de directivos del Pacto Histórico durante la realización de la campaña o como pagos por honorarios a asesores españoles quienes actuaron para la propia campaña.
• Los dineros extraviados en la casa de la funcionaria Laura Sarabia tienen un dudoso origen y destino y aún no se tiene una explicación clara y precisa sobre los mismos y todos los episodios que sucedieron con Marelbys y Fabiola (sus domésticas) y la muerte del coronel Oscar Dávila. ¿Eran dineros de Petro o de su campaña y por qué valor?
• El último incidente conocido surge de la donación de $500 millones de pesos de Fecode (sindicato de profesores) a la campaña de Petro, como se informa en el acta donde consta la aprobación. Ese dinero tampoco aparece en la contabilidad de la campaña y ahora la explicación es que se gastaron el día de la elección en testigos electorales que, según la opinión de la misma campaña, ya no era campaña porque ésta había terminado el día anterior a la elección. ¡Que tesis tan absurda!
• Si estos son los indicios conocidos, ¿cuántos y cuáles más serán las violaciones a las normas electorales, violaciones flagrantes a la Constitución y a las normas penales, desde que decidieron en su campaña con Sebastian Guanumen a la cabeza “correr las líneas éticas”?

Es el momento para que la Comisión de Acusaciones y el propio Congreso, así como el Consejo Nacional Electoral, dentro de sus respectivas competencias, actúen para hacer cumplir la ley electoral, con base en las pruebas aportadas por los organismos de investigación y acusación, es decir, la Fiscalía y la Procuraduría.

Hoy el hecho es objetivo y punto, como indica el artículo 109 de la constitución ya mencionado: … “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto. Los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos”.

El presidente Petro ante estas evidencias se victimiza diciendo que lo quieren tumbar con un golpe blando y lanza campanas al vuelo para advertirle al mundo su punto de vista, hablando de una ruptura institucional y acusando a la Fiscalía de abuso de sus facultades. Cito a VIVIANE MORALES HOYOS el 22 de enero 2024, EL TIEMPO, en un artículo donde plasma sus reflexiones sobre el tema:

“El país no ha caído en cuenta aún de que el juicio político a Petro comenzó. Tal vez, porque las decisiones trascendentales que fueron tomadas por el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Investigación y Acusación ocurrieron el doce y el trece de diciembre, cuando el país ya había entrado en el clima navideño.

Hoy, el elemento subjetivo de si el candidato sabía o no, de si había sido a sus espaldas o no, desaparece por completo. Hoy el hecho es objetivo y punto.

Por el lado de la Comisión de Acusación se abrió formalmente la investigación previa, la cual, sin importar el resultado, deberá llegar obligatoriamente a la Plenaria de la Cámara. También en eso fueron modificadas las normas a raíz del proceso a Samper. Hoy la Comisión de Acusación no puede tomar, por sí y ante sí, de espaldas al país, una decisión de esta magnitud. Como bien lo ratificó la Corte Constitucional en la sentencia C385 de 1996: “En parte alguna la norma atribuye a la Comisión de Investigación y Acusación, como lo afirma el demandante, la facultad de calificar el sumario mediante “la cesación de procedimiento” o preclusión de investigación. Por lo tanto, hay que entender que conforme a los numerales 3 y 4 del art. 178 de la Constitución, dicha atribución le corresponde al pleno de la Cámara de Representantes”. Es preciso entender, de una vez por todas, que el solo hecho de que el caso tenga que discutirse, públicamente, en la plenaria de la Cámara de Representantes, significa ya que estamos frente al juicio político.

Por el lado del Consejo Nacional Electoral, el doce de diciembre se expidió la resolución ordenando, con términos perentorios, la práctica de una serie de pruebas para determinar si se violaron los topes en la campaña presidencial. Aparte de los testimonios de Ricardo Roa y Euclides Torres, se decretaron como pruebas los reportes de los pagos a los testigos electorales de la campaña presidencial de Petro realizados a través de plataformas financieras cuya trazabilidad es implacable.

Estamos, entonces, en un escenario de muy poco margen de error, teniendo en cuenta que los gastos reportados por la campaña quedaron a menos del 1 % del límite máximo de gastos fijados por la ley. Si la práctica de estas pruebas arroja que hubo gastos no reportados, llegaremos a la conclusión indiscutible desde el punto de vista constitucional de que los topes fueron violados”.

¿Qué consecuencias tendrá este proceso para el país? está por verse, es una situación en extremo delicada, pero nadie puede declararse por encima de la ley, sea ciudadano del común o presidente de la república. La evidencia es tan grande que, en mi opinión, el presidente se cae solo, no necesita que lo tumben.

EL CASO CHILENO

 Comentario 23/05/2022

 

EL CASO CHILENO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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La respuesta del pueblo chileno a las protestas sociales acontecidas en el 2019, demandando más equidad, más dignidad y mejores condiciones de vida, fue la citación de una asamblea constituyente quien sería la responsable de redactar una nueva carta política que cumpliera con dichos objetivos.

A la carta magna anterior, redactada durante la dictadura del General Augusto Pinochet, se le tildaba de neoliberal, favorecedora de los empresarios privados y con poco contenido social en favor del pueblo chileno. Ya se conoce el borrador de este nuevo acuerdo social, el cual debe ser refrendado el 4 de septiembre próximo en un plebiscito citado para tal fin. De no aprobarse esta nueva carta quedaría en vigencia la anterior.

El postulado central de la nueva carta es volver a Chile un “Estado social de Derecho” donde se reconozcan, a cargo del Estado, la ampliación de los derechos sociales fundamentales. La nueva constitución consagra, además, a Chile como un Estado plurinacional -no unitario, como indica, por ejemplo, la Constitución Colombiana-, para volverlo un país con fuertes autonomías regionales, en la práctica un esquema de regiones, en consideración a las diferencias étnicas y culturales singulares, de varios de sus territorios.

El borrador también pone fin a la privatización de los servicios básicos para que sea el Estado quien los atienda, dice acabar con el “mercado” del agua, disponer de un sistema universal de salud, y fortalecer la educación pública, laica y gratuita en todos los niveles. Se habla también de la corresponsabilidad de género, la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Además, se modifica el Senado de la República por una discutida, cuestionada y llena de interrogantes Cámara de Regiones, la independencia del banco central, entre otros temas. Todo lo cual parecería, a simple vista, un conveniente nuevo acuerdo social para el contexto actual.

Estos esquemas, de contundente corte social y estatización radical, mediante la reversa de la privatización que la constitución anterior había consagrado ampliando la influencia del Estado en la economía, significan un cambio profundo del modelo económico, político y social imperante en Chile, país que había demostrado al mundo un gran progreso económico, cultural, de inserción en la economía mundial mediante los tratados de libre comercio y con gran apertura a la inversión extranjera, todo lo cual produjo un enorme desarrollo económico y social, los cuales, si bien no solucionaron la desigualdad, son considerado como de primer orden en Latinoamérica. De hecho, es modelo era admirado como digno de seguir por sus logros y realizaciones.

La realidad de Chile hoy es bien diferente, con la elección de Gabriel Boric, de convicciones estatistas y totalitarias, después de haber sido promotor de los desórdenes sociales del año 2019 en primera línea, a poco andar en su gobierno, ya tiene un marcado descontento social (sólo 24% de favorabilidad) y ahora se enfrenta a un fuerte rechazo de la nueva constitución por la ciudadanía chilena, según las recientes encuestas de opinión.

En efecto, según la encuesta Pulso Ciudadano, se concluyó que el 42.7% de la población votará en contra de la nueva carta magna y que sólo el 27.8% votará a favor. Para citar una evidencia de este rechazo, el partido Republicano ha afirmado, al expresar su inconformidad: “El texto es una mala propuesta de Constitución y sus disposiciones le harán un daño irreparable al país. La Convención fracasó en su misión de redactar una nueva constitución que represente a los chilenos y que establezca las bases del desarrollo”. (EL TIEMPO, miércoles 18 de mayo de 2022).

Es grave lo que está pasando en Chile, pues llena de incertidumbre su futuro, máxime al ver que han salido del país fuertes sumas de dinero, estimadas en cerca  de US 20.000 millones de dólares, para buscar protección ante las embestidas totalitarias y estatistas de la nueva constitución y el ataque a la iniciativa privada, como sucede hoy con los fondos de pensiones privados, sometido a retiros anticipados ( que se volvieran consumo e inflación) y con un fuerte cuestionamiento, lo cual dejará a los ciudadanos chilenos en más precaria situación frente al horizonte pensional. Así mismo, la reacción desde el exterior, por parte de banqueros, inversionistas y comerciantes que tienen relaciones con Chile es de tremenda expectativa y con mirada de desconfianza sobre su futuro. De hecho, hay fuertes indicios de un deterioro marcado en la economía de ese país y con tendencia a empeorar. Todo lo contrario de lo que se buscaba.

Las lecciones para Colombia son muchas y diversas, máxime al considerar el programa de gobierno de Gustavo Petro, el cual acompaña los mismos principios de lo que está ocurriendo en Chile, e inclusive quiere establecer un “eje progresista”, según sus propias palabras, con los presidentes Gabriel Boric de Chile, el que se supone futuro presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula, y él desde Colombia.

Es suficiente la experiencia chilena como para pensar que, con la elección eventual de Gustavo Petro, estamos al borde de un cambio de modelo económico, político y social, con graves consecuencias y con reversa de difícil realización. Las experiencias estatistas y socialistas en Latinoamérica tienden a perpetuarse en el poder y a ser verdaderamente autocráticas, ni hablar de lo que ha ocurrido en otros países vecinos, dignos de verdadera lástima por el destino y el camino que han tenido que tomar sus pueblos, con éxodos masivos en busca de oportunidades y con sus democracias e instituciones verdaderamente rotas. ¿Hasta cuándo?, nadie lo sabe.

SI VAS PARA CHILE

 Comentario 12/07/2021

 

SI VAS PARA CHILE

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Una de las más famosas y tradicionales melodías del folclore chileno es la canción “Si vas para Chile”, la cual en alguna de sus estrofas dice: “Si vas para Chile te ruego viajero, le digas a ella que de amor me muero”. Por supuesto la canción se refiere a la mujer amada a quien se recuerda con cariño y se le manifiesta el amor a través del viajero, como reza el texto de la muy recordada canción. Hoy no nos referimos a la lejana y amada fémina sino al país recordado con admiración y profundo respeto por sus notables logros. Chile quien ha sido considerado país modelo de democracia, de instituciones, de progreso social y económico, como fruto de las características de la constitución actual, fundamentada en la economía de mercado, la libertad individual, la defensa del sector privado y la intervención subsidiaria del Estado sólo en aquellos sectores o aspectos donde no llegue el sector privado en forma competitiva y eficaz.

La constitución chilena fue elaborada en 1980 y tenía como principios básicos algunas reformas en cuanto al sector privado, a la sociedad y al mercado, como son:

1. Liberalización financiera para permitir que instituciones del sector financiero públicas o privadas, nacionales o extranjera compitieran en el mercado financiero chileno, lo cual redundaría en mejores ofertas para el público, dada la mayor competencia y la intensa competitividad entre los distintos agentes participantes.
2. Desarrollo de un mercado de capitales (bonos, acciones, títulos diversos) abierto a la inversión nacional y extranjera y a la oferta de valores de otros países en el propio mercado chileno, mediante el intercambio con otras bolsas de valores del mundo, lo cual le daría profundidad, diversidad y fortaleza de dicho mercado, especialmente para las inversiones reguladas o las discrecionales de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de otros inversionistas institucionales, privados o, en muchos casos, del propio Estado chileno.
3. Integración comercial con la economía mundial a través de acuerdos recíprocos de comercio e inversión, para fomentar un flujo amplio de bienes, servicios y capitales (TLC).
4. Restructuración del sector público para volverlo un organismo pequeño en tamaño, pero muy eficiente en su intervención pública, especialmente en áreas de tipo social.
5. Privatización de empresas del Estado en las cuales se había demostrado la no competencia o la baja capacidad de este para ser un jugador eficiente, eficaz y de bajo costo. El estado se volvería subsidiario del sector privado, actuando sólo cuando su resultado no fuera adecuado para las necesidades del país, especialmente en lo social, y siempre con el visto bueno del Congreso.
6. Énfasis prioritario del país hacia la educación, con fortalecimiento en la diversidad de conocimientos, en las fuentes de investigación y en el favorecimiento de la complementariedad por parte de universidades y centros de investigación de gran diversidad de países.

Con cifras tomadas de Trading Economics, para mencionar sólo la última década, Chile pasó de un PIB por habitante en el año 2010 de US$22.337a US$24.967 para el año 2019 (no se compara el 2020 por ser atípico con la pandemia del Covid19), mientras Colombia para las mismas fechas pasó de US$12.480 a US$13.441 por habitante, respectivamente. Mirado para el último período, Chile tiene un PIB por habitante que es superior al de Colombia un 85.7%. A su vez, los niveles de pobreza en Chile habían llegado a sólo el 8% de su población y los de Colombia a 27% antes de la pandemia.

Es cierto que en ambas naciones se han presentado problemas tradicionales de concentración de la riqueza, como en muchas en Latinoamérica, pero esa mayor riqueza aún con su concentración también ha permitido mayor bienestar, nadie podría negar que en los últimos 50 años el progreso de cada uno de esos dos países y sus habitantes es notable. Sin embargo, los chilenos se decidieron por una nueva constitución, ya en redacción, para considerar en ella el concepto de “dignidad”, relacionada con el buen trato y el acceso a posiciones sociales mejores para los ciudadanos, así como hacer constar los derechos sociales en la misma y a cargo del Estado. En nuestra modesta opinión, no basta la redacción de los derechos en la constitución, además, la reacción inicial en Chile es ampliamente desfavorable pues los empresarios al ver amenazadas la libertad del mercado y de lo privado y la eventual preponderancia del Estado y su autoritarismo intervencionista en la vida económica, han empezado a llevar al exterior sus inversiones.

En Colombia, la Asamblea Constituyente del 91 elaboró la Constitución actual -con principios semejantes a los mencionados para Chile en los seis puntos anteriores- que ya ha tenido más de 50 reformas, sin embargo, algunos sectores de la izquierda hablan de la necesidad de una nueva Constituyente, como si la solución de los problemas fuera de redacción y no de la dinámica acción sinérgica privada y pública para ponerla en marcha, acompañada de buen gobierno, del combate a la corrupción y, por supuesto, de un robusto presupuesto público.

Lo curioso es que los chilenos constituyentes quieren tomar apartes de la Constitución colombiana por estar establecido que Colombia es un “Estado social de derecho”, lo cual, los chilenos consideran que no lo son según su constitución actual. Esto parece que se logrará en Chile, según su opinión, si: 1. Si los derechos sociales quedan consagrados en la constitución (salud, educación, vivienda, trabajo, bienestar, etc.), 2. Si la constitución declara que el país es una nación plurinacional (diversidad de territorios con características diferentes, que deben tener autonomía, incluidos los pueblos originarios), 3. Que el país es pluricultural (culturas y creencias diferentes que deben considerarse y respetarse desde la propia constitución) y 4. Que Chile está comprometido con el medio ambiente, según lo establezca su nueva carta política. Será que, con estos cambios, ¿la Chile de hoy se transformará en una mejor nación para todos sus ciudadanos o, por el contrario, más estatizada, con mayor regulación sobre el mercado y mayor control de la propiedad privada y de la libertad individual?, si es esto último, sería acabar de tirar por la borda muchos años de desarrollo económico y social, como ha ocurrido en otros de los países latinoamericanos que han abrazado esas banderas estatistas. Sobre esa nueva Chile estatista, que puede ocurrir, no quisiéramos ser testigos de su paulatina destrucción. Colombia también está avisada.