LA VISIÓN DE LARGO PLAZO

 Comentario 02/10/2023

 

LA VISIÓN DE LARGO PLAZO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Muchos de los problemas que Colombia tiene que resolver son temas que requieren tener una visión de largo plazo. Aspectos tales como la problemática de la salud, de las pensiones, de la tenencia de tierras, la pobreza, la carencia de infraestructura para mejorar la competitividad del país, la educación de calidad, los problemas de la diversificación de las exportaciones, la explotación de las reservas petroleras y mineras, los cultivos ilícitos y el narcotráfico, la implementación del proceso de paz, el cambio climático, etc., cada uno de los temas con todas sus complejidades, consecuencias e implicaciones económicas, políticas, sociales, ambientales y de relaciones internacionales. Hemos mencionado los más fundamentales, sin agotar, por supuesto, el inventario de temas complejos y de solución no inmediata.

La riqueza del pensamiento milenario del pueblo chino acuñó un proverbio que viene muy bien a esta reflexión: “hasta el camino más largo comienza con el primer paso”. Y otro gran pensador sobre los temas de estrategia, el profesor Peter Senge, afirmaba que la visión de largo plazo no es solamente una idea, es una fuerza de impresionante poder y pocas fuerzas humanas son tan poderosas como una visión compartida. Hay dos claves muy importantes en esos pensamientos: comenzar el camino y tener una visión compartida sobre el destino. Eso es precisamente lo que le debería suceder a Colombia, el tener una visión conjunta, nacional, universal, compartida y de largo plazo por parte de la ciudadanía y sus grupos de influencia, tal que permita enfocar los esfuerzos en la dirección correcta, para iniciar el camino, aunque los resultados sólo se vean en el largo plazo. Ambas reflexiones invitan a los ciudadanos, los gobiernos, los movimientos políticos y sociales a pensar en soluciones con visión de futuro y a construirlas, con planeación, ejecución y supervisión integradas, hasta volverlas realidad.

Muchos de los problemas que hemos mencionado antes son de alta complejidad, añejos en su existencia y fruto de la acumulación de circunstancias, errores, indecisiones y decisiones de muchísimos años. Sin embargo, con la visión y el esfuerzo adecuados, se pueden resolver. Es posible pensar en soluciones de Estado y Nación y no sólo de Gobierno, es decir, soluciones que trasciendan el periodo de un gobierno y, por ser prioridades nacionales, continúen en su construcción en todos los gobiernos, independientemente del color político del mandatario de turno.

Socialmente y políticamente es importante, además, pensar en puntos de encuentro comunitarios sobre temas tales como los que se mencionan a continuación a título de ejemplo, no de sugerencias específicas: la defensa de la democracia y la participación libre de los ciudadanos en los procesos electorales, la educación, la salud, la competitividad del país, la infraestructura física y tecnológica, el uso productivo de la tierra y de los recursos naturales, los servicios públicos, la gobernabilidad de los asuntos de gobierno, la actuación armónica y coordinada de los poderes públicos (ejecutivo, legislativo, judicial y organismos de control), el marco de las relaciones internacionales, los TLC y el estímulo a las exportaciones, la defensa del medio ambiente y el enfoque frente al cambio climático, la aplicación de los principios de equidad e igualdad, la superación de la pobreza, el bienestar social, la generación de oportunidades de ocupación para superar las brechas del subempleo y la informalidad, para no enumerar sino los más importantes.

Si, eligiendo unos de estos temas como los centrales y fundamentales, diéramos el paso de establecerlos como objetivos nacionales y trazarles un programa de desarrollo a largo plazo, con soluciones, metas, inversiones, responsables y recursos, el país mejoraría notablemente su progreso, desarrollo y crecimiento, transformándose en una sociedad con más y mejores oportunidades para todos y elevando el nivel de vida, subsecuentemente, y cada vez más.

Por separado mencionaremos los tres cánceres que erosionan la estabilidad del país y su progreso: el narcotráfico con sus secuelas regionales y nacionales, la corrupción y el saqueo de los recursos públicos, y el clientelismo de la clase política que llena a sus participantes de favores burocráticos o presupuestales a cambio de votos, con gran detrimento de la eficiencia del Estado. Estos tres últimos elementos deberían ser, por sí solos, una gran prioridad nacional, ya que en su combate y solución existen grandes oportunidades para los ciudadanos y para las comunidades, además, de superar su perniciosa influencia en las situaciones de violencia e inseguridad.

Ahora, nada se podrá realizar con visión de largo plazo, si no se forma una verdadera cultura ciudadana alrededor de las prioridades nacionales, tal que permita que “todos estemos mirando para el mismo lado”. Este es un proceso complejo de ilustración, reflexión, negociación y decisión, comenzando por los partidos políticos diversos y los grupos sociales de opinión y de acción en toda la geografía, requiere un gran liderazgo y mucha sindéresis, para comprender que la construcción colectiva de largo plazo aporta mucho más que las soluciones individuales de corto plazo de cada grupo político que llega al poder. Otras sociedades demuestran que es posible.

Lo que hoy vemos en Colombia es la más absoluta rivalidad, pugnacidad, polarización, falta de concertación y ausencia de mirada de largo plazo. Cada grupo político quiere superar al otro y en muchos casos, destruir, al opositor. No se propician el estudio de las prioridades nacionales y sus soluciones mediatas y de largo plazo en forma consensuada y comprometida, estamos en un verdadero “sálvese quien pueda” y el gobierno de turno, con su ideología radical, quiere imponer sus “soluciones”, comenzando por destruir lo construido. Ni siquiera tenemos una visión compartida de corto plazo, menos podemos hablar de esa visión colectiva, conjunta y ciudadana para el largo plazo, sin injerencias inconvenientes y sesgadas de la política o del político del momento. Hay que aprender a mirar colectivamente hacia el largo plazo y delinear el futuro para poder construirlo “todos remando para el mismo lado”.

LOS DISLATES DE PETRO

 Comentario 26/06/2023

 

LOS DISLATES DE PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Uno de los mayores logros del país en los años 90s, con la apertura económica, y con la constitución del 91, fue el haber avanzado en la concepción amplia de admitir la participación del Estado y también del Sector Privado en la prestación de servicios críticos que se reservaban, frecuentemente, al Estado. Estamos hablando de servicios sensibles y de contenido social como la energía, la educación, la salud, las pensiones, la infraestructura y el bienestar ciudadano, por ejemplo. Nadie duda actualmente del enorme progreso y los beneficios que el país y su ciudadanía han recibido de tan importante regulación, la cual permitió mayor intervención del sector privado en la economía antes circunscrita al Estado y en algunos casos la privatización de tareas que previamente se cumplían en forma ineficiente y corrupta, como, lamentablemente, ocurren en muchas empresas del Estado.

Aunque algunas ideologías políticas le dan primacía al Estado sobre sobre el sector privado y en otras, lo contrario, lo cierto es que en el mundo contemporáneo ambas formas de prestación de servicios y de protección de riesgos sociales deben coexistir, con orientaciones distintas, por supuesto, pero complementarias: el Estado con un fuerte enfoque y énfasis en lo social y en la superación de la pobreza y la desigualdad y el sector privado, en la prestación de servicios eficientes, con avance tecnológico, innovación y niveles de atención con gran calidad y oportunidad, para afrontar su competencia nacional o internacional e inducir la preferencia de sus clientes.

Como es obvio, la motivación del Estado en la prestación de servicios los cuales, con alto contenido social y de subsidios, están dirigidos a poblaciones vulnerables o de bajo nivel de oportunidad y de ingresos, quienes no tendrían mayores facilidades de satisfacer sus necesidades sin los apoyos del Estado. Por el contrario, los servicios particulares van enfocados, generalmente, a un público con nivel de ingresos superiores, demandante de servicios diferenciados y de mayor calidad u oportunidad.

Ambos tipos de servicios, privados y públicos son diferentes, no sólo por su origen, además, por las fuentes de financiación y por sus modelos de gestión. Mal haríamos en tratar de unificarlos, uniformarlos o integrarlos. Son estructuras gerenciales, modelos de operación, aplicaciones científicas, infraestructuras, ubicaciones geográficas y diseño de soluciones de servicios diferentes. No es que una persona de menores ingresos no pueda acceder a servicios de carácter privado, cuando así se requiera. El uso de equipos, insumos, laboratorios, especialistas, infraestructuras, etc., del sector privado también están diseñados para atender, cuando se requiere, a alguien de menor nivel de ingresos, como fruto de subsidios del Estado en el pago de los costos de los respectivos servicios. Es una cuestión de costo no de discriminación de las personas.

Es inevitable pensar y aceptar que en las sociedades hay diferentes niveles de ingresos, igual que hay diferencias individuales entre todos los ciudadanos, en educación, en experiencias y en accesos y facilidades para los individuos. Si bien la política social de los gobiernos debe usar todas sus capacidades para minimizar esas diferencias, y los particulares, a través de sus impuestos, con la generación de empleo y con su desarrollo e inversión, contribuyen eficientemente a que las desigualdades se acerquen, no a que se distancien cada vez más.

Sin embargo, en el gobierno de Petro se quiere echar reversa a los significativos logros que el modelo de la apertura económica ha significado para el país. Ahora, por arte de birlibirloque y de su ideología de izquierda radical, con una severa inclinación anti-sector privado, anti-empresarios y anti-organizaciones privadas, de nuevo quiere estatizar lo que era privado o mixto, como ocurre con la reforma a la salud o la de las pensiones, o el control de las tarifas de energía, o las normas sobre permisos y licencias sobre hidrocarburos, o en minería o energía, por ejemplo. Exploremos los dos principales ejemplos citados, por su impacto inmediato sobre todos los ciudadanos:

La reforma a la salud, tiende a desaparecer, a través de los años, las empresas coordinadoras de las redes de servicios de salud, las EPS, y su fundamental papel de aseguramiento de la salud, al exigir transformarlas forzosamente en gestoras de salud, en la práctica tramitadoras de documentos, porque su rol científico y técnico en salud, así como la administración de los recursos se le traslada a la ADRES, organismo del Estado que canalizará los pagos a los prestadores de los servicios médicos y sanitarios (IPS). Vamos hacia centros de atención primaria esencialmente del Estado, si bien las EPS que se transformen podrían prestar estos servicios, no con completa cobertura nacional, ya que en las regiones remotas es el Estado quien debe prestarlos puesto que no son costeables para el sector privado.

En el caso de las pensiones, vuelve y juega, todas las personas con actividad laboral, dependientes o independientes, van a pasar a cotizar para su pensión obligatoriamente en Colpensiones (empresa del Estado) hasta tres salarios mínimos de ingresos. En la práctica, dado que cerca del 90% de las personas gana hasta tres salarios mínimos, el grueso de los cotizantes pasará a Colpensiones y en el tiempo desaparecerán los Fondos de Pensiones Privados (AFP), por menor número de cotizantes y por agotamiento de los recursos administrados a medida que se paguen las pensiones y no haya un volumen significativo de nuevos cotizantes, lo cual los hará inviables económicamente en el campo de pensiones obligatorias.  

Estos son algunos de los dislates de Petro, pero en la misma dirección van otras de sus las políticas para estatizar lo desestatizado en los inicios de los años 90, es decir, volver a politizar, burocratizar, “clientelizar” organizaciones y servicios eficientes que venía prestando el sector privado para llevarlos a la demagogia Estatal de la izquierda radical. ¡Qué horror! Vamos para organizaciones empresariales estatales de servicios sensibles para los ciudadanos, para volverlas del tipo de los modelos cubano o venezolano, por ejemplo, con políticos a bordo, muchas veces corruptos, y todo controlado por el Estado, como si fuera un “ser” superior, omnímodo, omnipresente y omnisciente.

SIN LIBERTAD NO HABRÁ PENSIONES PRIVADAS

 Comentario 10/04/2023

 

SIN LIBERTAD NO HABRÁ PENSIONES PRIVADAS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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“Los $360 billones que hoy maneja Asofondos a través de sus portfolios, es necesario que el país sepa que los necesitamos aquí”

Gloria Inés Ramírez, ministra del trabajo, Portafolio 27/03/2023

Para poder entender el trasfondo de las cosas, a todo gobierno le gusta tener su “chequera llena” para hacer el gasto social o político de su interés, y, además, a todo gobernante le interesa tener “la sartén por el mango”, es decir, mandar y decidir. En esto no es ajeno el gobierno de Gustavo Petro, para lo cual tiene una “maestría” en su ideología de estatización de los servicios esenciales de un país, a través del trámite de sus reformas laboral, pensional, de salud, entre otras, y su plan nacional de desarrollo, con sus políticas y normas, todas enderezadas hacia el mismo fin: el control del Estado de los asuntos sensibles de la economía, limitando o cancelando la actuación del sector privado. Y ahora le toca el turno a la reforma pensional pues con la presentación del proyecto de ley de esta reforma se abre la discusión sobre sus conveniencias o desaciertos.

En Colombia, desde 1993, coexisten dos regímenes con características diferentes, si bien ambos pretenden facilitar el ahorro para formar la pensión del jubilado. El primero son los Fondos privados (AFP Porvenir, Colfondos, Protección y Skandia (creados con la ley 100/93) en los cuales los beneficiarios se pueden pensionar con 1.150 semanas, más o menos 23 años de cotización, mediante el capital ahorrado o del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, si no alcanzan sus recursos para una mesada equivalente a un salario mínimo legal vigente (SMLV). En un fondo de pensiones no hay una edad mínima para pensionarse, se pueden pensionar cuando se disponga de un capital suficiente para financiar la pensión, independientemente de la edad. El otro sistema es el de Colpensiones, fondo público creado en 1946 como el Instituto de los Seguros Sociales (ISS) y luego transformado en el 2007 en Colpensiones, en el cual se requieren 1.300 semanas de cotizaciones, más o menos 26 años de contribución a la pensión, o sea tres años más para pensionarse con un salario mínimo, con el lleno de los requisitos de edad (57 años mujeres y 62 años hombres).

Colpensiones es un sistema con importantes subsidios del Estado, porque los faltantes en el pago de las mesadas pensionales por insuficiencia en los ahorros del individuo o los subsidios que se otorgan a las pensiones y a la población vulnerable son financiados por el Estado como parte del presupuesto nacional; esta es una obligación del Estado, no es un beneficio discrecional, por lo cual las personas de altos ingresos buscan dicho fondo, dado que entre más se gana más alto será el subsidio. En cambio, las personas con pocas probabilidades de conseguir una pensión en Colpensiones se van más por el régimen de ahorro individual, porque ofrece más rendimientos, son menos semanas y, en caso de no pensionarse, la devolución de saldos es 10 veces mayor que la devolución que les daría Colpensiones.

El problema es que el número de pensionados en Colombia es muy bajo frente al potencial actual y futuro de “jubilables”, prácticamente solo una de las personas que cumplen la edad, llega a adquirir una pensión de jubilación, especialmente por no llenar los requisitos de cotizaciones para la pensión. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, con corte al 27 de octubre (2022), en el país hay 25,3 millones de colombianos vinculados al mercado laboral que están afiliados al sistema pensional. De este total, 18,5 millones (73%) están inscritos en alguna de las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y 6,78 millones están en Colpensiones. Sin embargo, el número de pensionados es mayor en Colpensiones, con 1,56 millones de personas a noviembre de 2022; frente a las AFP, que acumulan 270 mil personas. Esta diferencia es explicable al considerar la antigüedad de operación de Colpensiones frente a los Fondos. Los fondos privados administran actualmente cerca de $360 billones en inversiones que favorecen el desarrollo nacional público y privado a través de la inversión en TES y en obras de infraestructura de largo plazo, principalmente. Esta era la realidad de las pensiones hasta ahora, pero, si la reforma se aprueba como viene, cambia el contexto y el funcionamiento en forma obligatoria en favor del Estado y en detrimento del sistema de ahorro privado de las AFP, veamos:

Algunos de los temas esenciales propuestos en la reforma (son muchos, nos limitaremos a los más críticos) son: Continua la contribución del 16% del ingreso base de liquidación para trabajadores dependientes o independientes, sobre mínimo un SMLV para optar también a una pensión que no puede ser inferior a ese mismo valor. Se establecen también algunas contribuciones, crecientes según ingresos, para el Fondo de Solidaridad Pensional que son los recursos que respaldan los subsidios que se otorgan en el régimen pensional. El hecho de contribuir como mínimo sobre un SMLV deja por fuera del sistema a trabajadores que reciben menos de este valor, que son muchos, si bien no hay una estadística oficial.

El nuevo régimen propuesto es el de cuatro pilares de carácter obligatorio, es decir, no hay libre elección de los afiliados para vincularse a un sistema privado o a uno público. Pilar, según la reforma, es un rango de ingresos de acuerdo con el cual el origen y el destino de los recursos recaudados para la pensión se orientan a un lugar diferente, así: 1. el pilar solidario se financia con recursos del gobierno nacional para subsidiar a adultos mayores de 65 años, en situación de pobreza con una “mesada pensional” de $223.000 mensuales, este es un subsidio más que una pensión, en el anhelo de superar la pobreza, 2. El pilar semi-contributivo donde se apoyará, con recursos de las cotizaciones de pensiones que van a Colpensiones, a las personas que han cotizado y que no ahorraron los recursos suficientes para pensionarse, cuando cumplan requisitos de edad. 3. El pilar contributivo, dónde ingresos mensuales inferiores a 3 salarios mínimos (SMLV) cotizarán a Colpensiones y superiores a esa suma, en exceso de 3 salario mínimos, aportarán a los fondos privados, 4. Pilar de ahorro voluntario dirigido a las personas que pueden ahorrar libremente en los fondos de pensiones privados para mejorar su pensión futura. En síntesis, el Estado administrará el régimen de pensiones hasta 3 salarios mínimos y con la masa de recursos acumulados en Colpensiones más el aporte del presupuesto público pretende atender las pensiones hasta esa suma.

Como consecuencia, se presentarán varios cambios hacia el futuro, mencionado sólo algunos de los muchos que son previsibles, donde será evidente concluir que, con los cambios, no estarán mejor los pensionados y que a futuro se acumulará una bomba pensional en Colpensiones, “pan para hoy y hambre para mañana”, veamos:

• Cerca del 90% de las personas que ahorran hoy en los fondos privados y cerca del 85% de los recursos, dado su nivel de ingresos, pasarán a Colpensiones, con el régimen de prima media. O sea, más o menos 18 millones de afiliados saldrán de los fondos privados e irán a Colpensiones, sin fórmula de juicio, es una obligación forzosa y el afiliado no puede elegir donde acumula su pensión como en el sistema actual.
• Se desincentiva en forma obligatoria, por consiguiente, el ahorro privado en pensiones, el cual, a través de los Fondos privados, tenía una gran dinámica. Sólo quedará para personas de altos ingresos que decidan ahorrar para mejorar su pensión futura. Hay que decir, también, que las AFP durante sus años de existencia crearon un sistema de múltiples fondos de ahorro pensional, para diversificar sus riesgos y mejorar sus rentabilidades, todo lo cual ya no será unas ventajas para los 18 millones de afiliados que van para Colpensiones. El golpe es muy duro para estas instituciones, en cuanto a la salida de dinero para trasladarlo a Colpensiones, probablemente se amenaza su sostenibilidad y rentabilidad. Una estimación preliminar indica que pasarían de ingresos netos por $5.9 billones en el año 2024 a pérdidas netas por $15.9 billones para el año 2025. La República 28/03/2023
• El Estado tomará un volumen de recursos gigantesco que pasará al control público a través de Colpensiones, ya que éste no maneja un régimen de ahorros e inversiones para el pago de las pensiones como si lo hacen los fondos privados con sus inversiones en diversos papeles de inversión, como ya se indicó. La deuda pública actual en pensiones equivale al 110% del PIB del 2023, pasará a representar el 249% para esa misma fecha, o sea un pasivo estimado hasta el 2070 en valor presente por $3.700 billones, de acuerdo con los estudios realizados por ANIF, cifras impensables frente a un déficit fiscal del 5.1% para el cierre del 2022. Ver La República 23/03/2023
• El Estado, quien es el mayor beneficiario de las inversiones en TES que hoy hacen los fondos privados, perderá la más importante fuente de su financiación en Colombia, pues disminuirá el ahorro privado y la consiguiente inversión privada de las AFP
• Al limitar las cotizaciones hasta 3 salarios mínimos en Colpensiones se acabarán los subsidios a las pensiones de gran volumen que se concedían en el régimen de prima media a cargo del Estado. Sin embargo, el sistema como un todo seguirá siendo deficitario para el Estado en sus resultados, según el Ministerio de Hacienda, el valor presente neto al año 2070 del déficit se podrían reducir de $67.5 % del PIB al 55.2% del mismo PIB, alentadora noticia, pero sigue siendo un enorme déficit por pagar con los impuestos de los colombianos. Por supuesto tendremos más reformas pensionales y tributarias para sanear estas cifras hacia el futuro. Ver La República 23/03/2023
• En la práctica, el Estado recibirá un gran volumen de recursos hoy, pero, igualmente, un déficit financiero enorme hacia el futuro, dado que todas las pensiones que paga Colpensiones llevan implícitas un subsidio, independientemente del monto del ingreso base de cotización. Y sabemos que todo déficit del Estado, significa más impuestos y contribuciones de todos los colombianos en algún momento presente o futuro. Veamos un ejemplo hipotético y sin ejercer un rigor matemático excesivo en los detalles y los reglamentos, solo para tener una idea y una ilustración aproximada:

• Supongamos un país sin inflación, lo cual permite que el valor del dinero en el tiempo se mantenga y, además, asumamos que las tasas de interés son también de cero.
• Un ciudadano que gana $100 de ingresos y labora durante 30 años (más de las 1.300 semanas mínimas necesarias), está contribuyendo mensualmente a su pensión en Colpensiones con el 16% del ingreso (sea pagado por él directamente o en conjunción con su empleador, si lo tiene). Sus pagos laborales son doce por año, para hacer fácil el ejemplo.
• Su ahorro acumulado en Colpensiones durante 30 años será:
• =$100x16%x30x12 =$ 5.760.
• El ciudadano se jubila a los 62 años y tiene una vida hasta su muerte durante 20 años más. Su pensión, por consiguiente, la paga Colpensiones con el 65% de su ingreso promedio de los últimos 10 años de cotización, o sea $65 en doce mesadas año.
• Su pensión acumulada pagada por Colpensiones durante los 20 años será: =$100x65%x20x12= $15.600.
• El extra pago de pensión por parte del Estado en este ejemplo hipotético sería de $9.840, o sea el ciudadano recibe 2.7 veces más de lo ahorrado, o en otras palabras el 170.8% más de lo que ahorró. ¿Quién paga este subsidio? por supuesto el presupuesto público o sea todos los colombianos con sus impuestos y contribuciones.
• Aunque al principio y durante el régimen de transición el Estado tenga su caja llena, luego en los años posteriores tendrá un déficit de 18 millones de ciudadanos que se ven forzados a trasladar su pensión a Colpensiones, quienes hoy están en los Fondos privados. Con datos reales y con los 18 millones de ciudadanos, ANIF ha calculado que se va a crear un pasivo pensional de más de $300 billones de pesos (más o menos lo que hay hoy ahorrado en las AFP), es decir “lo comido por lo servido”

• Puesto que Colpensiones funciona sobre la idea que muchos jóvenes estén cotizando muchos años para pagar las pensiones de los viejos que se jubilan, ¿qué ira a hacer esta institución cuando haya más viejos que jóvenes y dure más la vida de esos viejos, según las tendencias de la pirámide poblacional de Colombia?

La situación del Estado con las pensiones será insostenible hacia el futuro y, por tanto, será necesario volver al sistema de capitalización individual que hoy manejan los fondos privados de pensiones, con un relativo buen éxito. Aunque para los que se pensionan su mesada nunca sea suficiente, pero será mejor esa que ninguna con un Estado insolvente. Hoy los Fondos privados están en el ojo del huracán por la estigmatización del gobierno Petro sobre el sector privado. ¿Y qué pasará con el mercado de capitales si el gran dinamizador son, precisamente, las AFP y se quedan sin recursos porque se los “tragó” Colpensiones (o el presupuesto público) que no es un inversionista?

Si no se modifican la edad de jubilación y/o el número de semanas necesarias para aspirar a una pensión, como también la tasa de reemplazo, el tema se volverá insostenible hacia el futuro para el propio Estado. Si con esta reforma a los pensionados, salvo los del pilar solidario, no les va mejor y al Estado tampoco pues sigue con un enorme déficit, ¿entonces quién pierde?: el país entero.

Para terminar, en el periódico EL Tiempo de 2 /04/2023 el Doctor Germán Vargas Lleras analiza este tema y hace unas juiciosas recomendaciones frente a la reforma pensional, con las cuales, por un lado, estamos de acuerdo y, por el otro, recomendamos su lectura. En síntesis recomienda que el Estado cubra las pensiones hasta un salario mínimo, con garantía de pensión mínima por ese valor, con lo cual, simultáneamente, se cancelan los subsidios a pensiones de mayor valor; las pensiones de los pilares solidario y semicontributivo deben estar a cargo del Estado; unificar en 1.300 semanas de cotización  el tiempo para acceder a la pensión con el lleno de los demás requisitos; mantener la libertad de elección de los ciudadanos por Colpensiones o las AFP; exigir a Colpensiones ahorrar los recursos que reciba e invertirlos apropiadamente. Grandes soluciones para grandes males, así si vale la pena la reforma pensional.

EL PROBLEMA DE LAS PENSIONES

 Comentario 23/01/2023

 

EL PROBLEMA DE LAS PENSIONES

“Primero renuncio antes de subir la edad pensional”, presidente Gustavo Petro.

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Una pensión de jubilación corresponde al pago que se recibe al concluir la vida laboral, como resultado del ahorro acumulado durante la etapa productiva (son los aportes más los rendimientos generados), el cual es depositado en una “cuenta individual” a nombre del titular donde se registra toda su historia como cotizante, es decir el valor cotizado en cada período y el número de semanas cotizadas, con la fecha de su pago. Los aportes pueden ser del propio trabajador o del trabajador en conjunción con su empleador, si se trata de contratos formales. La persona puede solicitar la pensión después de cumplir 57 años las mujeres y 62 los hombres, siempre y cuando se cuente con el capital suficiente para la financiación de una mesada pensional que sea igual al 110% del salario mínimo legal vigente y se haya cotizado el mínimo de semanas requeridas por la ley, como caso general. En caso contrario, recibe la devolución de su dinero y sus rendimientos u otras formas de pago especializadas.

En Colombia coexisten dos regímenes con características diferentes, si bien ambos pretenden facilitar el ahorro para formar la pensión del jubilado. El primero son los Fondos privados (AFP Porvenir, Colfondos, Protección y Skandia creados a partir de 1993 con la ley 100) en los cuales los beneficiarios se pueden pensionar con 1150 semanas, más o menos 23 años de cotización, a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima o por su capital ahorrado. En un fondo de pensiones no hay una edad mínima para pensionarse, se pueden pensionar cuando se disponga de un capital suficiente para financiar la pensión, independientemente de la edad. En Colpensiones, fondo público creado en 1946 como el Instituto de los Seguros Sociales (ISS) y luego transformado en el 2007 en Colpensiones, en el cual se requieren 1300 semanas de cotizaciones, más o menos 26 años de contribución a la pensión, o sea tres años más para pensionarse con un salario mínimo, con el lleno de los requisitos de edad.

Colpensiones es un sistema con importantes subsidios del Estado, por lo cual las personas de altos ingresos buscan dicho fondo, dado que entre más se gana más alto será el subsidio. En cambio, las personas con pocas probabilidades de conseguir una pensión en Colpensiones se van más por el régimen de ahorro individual, porque ofrece más rendimientos, son menos semanas y, en caso de no pensionarse, la devolución de saldos es 10 veces mayor que la devolución que les daría Colpensiones. Los faltantes de Colpensiones en el pago de las mesadas pensionales por insuficiencia en los ahorros del individuo o los subsidios que se otorgan a las pensiones y a la población vulnerable son financiados por el Estado como parte del presupuesto nacional, esta es una obligación del Estado, no es un beneficio discrecional.

El problema es que el número de pensionados en Colombia es muy bajo frente al potencial actual y futuro de “jubilables”. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, con corte al 27 de octubre (2022), en el país hay 25,3 millones de colombianos vinculados al mercado laboral que están afiliados al sistema pensional. De este total, 18,5 millones (73%) están inscritos en alguna de las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y 6,78 millones están en Colpensiones. Sin embargo, el número de pensionados es mayor en Colpensiones, con 1,56 millones de personas a noviembre de 2022; frente a las AFP, que acumulan 270 mil personas. Esta diferencia es explicable al considerar la antigüedad de operación de Colpensiones frente a los Fondos. Sin embargo, algunos especialistas afirman que, al ritmo de crecimiento de los Fondos privados versus el público, el número de afiliados pensionados se igualará en unos 15 años. Los fondos privados administran actualmente cerca de $320 billones en inversiones que favorecen el desarrollo nacional público y privado. Los Fondos realizan inversiones permitidas por un marco prudencial de rentabilidad, plazos, diversificación y riesgos apropiados, en montos con límites especificados; estas instituciones son vigiladas con gran rigor por la Superintendencia Financiera.

Colpensiones debería seguir la misma línea de inversiones que los fondos privados para tener siempre disponibilidad para los pagos pensionales, porque si sus recursos se emplean con fines diferentes a las pensiones y en el beneficio pensional de sus acreditados beneficiarios, se acumularán faltantes cuantiosos que deben ser cubiertos por el Estado con los impuestos de los ciudadanos, es decir, con pago por parte de la comunidad.

En Colombia, solo el 24,8% de la población en edad de jubilación recibe una pensión contributiva. 30,6% de los hombres en edad de jubilación están pensionados, mientras que solo el 21,3% de las mujeres recibe este beneficio. ¿Cuál o cuáles son la razón o las razones? Evidentemente, la precariedad en el empleo, la informalidad, la falta de oportunidad de mayor empleo, pero, además, los problemas de cultura de ahorro y consciencia sobre la vejez. Lamentablemente, para muchos colombianos la vejez y sus limitaciones no son una prioridad, además, también tienen la reflexión que las cotizaciones para la pensión son una contribución que no se requiere, absurdo, pero es así.

Como se observa, las pensiones son un tema muy sensible en lo social y con gran impacto económico, máxime al considerar algunos hechos relevantes presentes y futuros:

1. Pocas personas acumulan durante su vida activa productiva las suficientes cotizaciones y semanas para formar una pensión. Aún trabajadores formales que rotan sus trabajos, frecuentemente, terminan por limitar el número de semanas cotizadas por períodos de inactividad entre los oficios que desempeñan.
2. Son demasiados los trabajadores informales, los cuales, o bien no cotizan, o sus cotizaciones son muy bajas y ocasionales (aproximadamente 60% de la población ocupada es informal).
3. También, las profesiones liberales (abogados, contadores, ingenieros, etc.) que no tienen un empleador a cargo, deben cotizar en forma independiente por el 100% del valor de la cotización.
4. La esperanza de vida de los colombianos se ha extendido a través de los años y hoy, en promedio, es de 78 años, pues se dispone de mejor calidad de vida. Esto significa mayor período de uso del beneficio de la pensión si se goza de él, además, si en el caso de muerte del titular de la pensión, se extiende el derecho a cónyuges y sobrevivientes menores, mucho más prolongado es el período de duración del beneficio pensional.
5. La pirámide poblacional en Colombia, como en todo el mundo, está cambiando para que cada vez tengamos más población de adultos mayores y menos de jóvenes, dado que las tendencias de fecundidad, esperanza de vida y mortalidad se han modificado a través de los años. El esquema de prima media que administra Colpensiones, basado en la supuesta existencia de menos adultos y más jóvenes cotizantes que aporten para financiar la carga pensional de los mayores, se verá, finalmente, comprometido en su estabilidad y capacidad financiera, por estas y otras razones como por ejemplo el cambio de los oficios debido a la tecnología, salvo que el Estado asuma la totalidad de estas obligaciones, lo cual se traducirá en mayor déficit fiscal y una carga impositiva adicional para todos los ciudadanos.
6. Como se observa, los ahorros pensionales no son fondos públicos, son ahorro privado formado por los cotizantes a través de su vida activa productiva, por lo tanto, no están sometidos a las veleidades del poder autoritario de algunos de los gobernantes, quienes quieren emplearlos en gastos públicos o sociales o en la financiación de inversiones realizadas con criterio político, lo cual, si así fuere, sería una expropiación, un abuso de poder y un hecho contrario a la ley y a la propiedad privada.
7. El costo del gasto en pensiones le cuesta al Estado la cuarta parte de sus ingresos actualmente (equivalentes a 4.1% del PIB), y viene el crecimiento en el número de adultos mayores para los próximos años. Ni hablar de lo que significaría, en términos presupuestales y de gasto público, una extensión de la cobertura de pensión a no cotizantes e informales como ofrece el gobierno de Petro, todo pagado por cuenta del Estado, es decir, de todos los ciudadanos que pagan impuestos y contribuciones.
8. Temas como el número de cotizaciones, su valor, la edad de jubilación y los beneficios pensionales, a más de la baja cobertura de esta previsión, son materia obligada para los gobiernos, los sindicatos, los partidos, el Congreso, las demás instituciones, las empresas y las ONG, para su revisión y actualización en forma realista y no populista, para poder ser viables y financieramente sostenibles. Estos temas no se deben manejar con ideología o controversia política, son temas esencialmente técnicos con enorme impacto social.

Los problemas de las pensiones son lo suficientemente complejos como para someterlos, adicionalmente, a una carga de ideología de izquierda que pretende menospreciar los fondos de pensiones privados y ensalzar el fondo de Colpensiones. La reforma pensional del Gobierno Petro está enderezada en esta dirección, con los famosos pilares de ahorro hasta cuatro salarios mínimos legales en el Fondo público, pero sabemos que menos del 3% de la población ocupada (asalariados e independientes) ganan más de ese salario. Por esa vía, en el tiempo desaparecerán los fondos de pensiones privados y sólo quedará el fondo del Estado, es decir, Colpensiones.

De nuevo, con Petro, siguiendo su ideología, se busca más Estado y menos privado, como es la máxima de gobierno de la izquierda radical. Hay que mirar lo que ha pasado en otros países Latinoamericanos (Argentina, Chile, por ejemplo, etc.) con los Fondos de pensiones privados, con el modelo que quiere implantar Petro, para que veamos cómo ha terminado la estatización del ahorro privado pensional y en qué han parado las pensiones de los jubilados. Hay que evitar que Petro haga lo que se propone con las pensiones a toda costa. Es perjudicial para el país, aunque parezca conveniente para su ideología.