¿POR QUÉ TANTA CORRUPCIÓN Y POR QUÉ SU ACEPTACIÓN?

 Comentario 24/03/2026

 

¿POR QUÉ TANTA CORRUPCIÓN Y POR QUÉ SU ACEPTACIÓN?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Sin duda alguna, la corrupción es uno de los males más extendidos en el mundo entero, tanto en el sector público como en el privado, el social y aun el religioso o en la relación entre ellos. Existe y hay registros de este fenómeno en todo tipo de sociedades y en todas las civilizaciones; endémicamente, es un mal que casi podría decirse que forma parte de la naturaleza humana y de las costumbres del hombre desde los inicios de su historia.

Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el patrocinio indebido, los sobornos, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, el nepotismo, la impunidad y la autocracia.

La corrupción puede ser en el gobierno o en la clase política y se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. Todos los tipos de gobierno son susceptibles de corrupción política. Una situación de corrupción política sin restricciones se conoce como cleptocracia, término que significa literalmente "gobierno de ladrones" (el Carrusel de la Contratación en Bogotá, por ejemplo). Pero también puede ser privada, donde se presentan, en menor grado, pero con singular importancia, los mismos males descritos (Interbolsa, para citar un solo caso muy conocido).

El análisis periodístico citado por El Nuevo Siglo señala que algunas estimaciones elevan el costo total de la corrupción en Colombia a cerca de $50 billones de pesos anuales; es decir, un 10% aproximadamente del presupuesto público del año 2026. Estas cifras incluyen no solo pérdidas directas, sino también pérdidas originadas en:

• Sobrecostos en contratación.
• Ineficiencias estructurales de los órganos de gobierno.
• Proyectos inconclusos.
• Captura institucional: actores poderosos que controlan instituciones o personas para sacar beneficios.
• Impactos que condicionan los programas de bienestar social.

La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero y la prostitución, aunque no se restringe a estos crímenes organizados. El término opuesto a la corrupción es la transparencia. Por esta razón, se puede hablar del nivel de corrupción o del de transparencia de un Estado, de una empresa o, en general, de un conjunto de organizaciones del sector estatal, privado, social o religioso.

Pero ¿puede pensarse que la corrupción simplemente existe y por ello hay que aceptarla y convivir con ella? ¿Y que, por ende, estamos sometidos a ella por siempre y para siempre?

En muchas sociedades (regiones, ciudades, estados o naciones), al reconocer los perniciosos efectos de la corrupción, se han creado todo tipo de mecanismos anticorrupción; entre otros, mencionaremos los siguientes: autoridades para combatirla, códigos para sancionarla, penas para castigarla y sanciones políticas o sociales para rechazarla. Sin embargo, parece ser que nada de esto funciona cabalmente; son paliativos que no curan de raíz el mal y sus secuelas. Por momentos parece ganarse la batalla, pero el germen está ahí, listo para desarrollarse de nuevo en los lugares y con los hechos más inesperados.

A nuestro juicio, el problema, más que de controles y sanciones y sin perjuicio de disponer de ellas, es un problema sociológico, cultural y de formación. Decimos sociológico porque parece ser parte ya de nuestra conducta el aceptar, permitir o participar en la corrupción como un hecho tolerado, tolerable y cotidiano, donde “todos participan”. Hablamos de cultura porque la corrupción se ha incorporado a la manera de ser y de pensar, considerándose socialmente aceptada y hasta casi necesaria. Y nos referimos a que es un problema de formación porque no recibimos durante nuestra educación una ilustración sobre el problema, su génesis, sus consecuencias, sus soluciones y la necesaria participación de todos en su terminación.

No me cabe duda decir que más formación sobre la corrupción, sus males y consecuencias, el cómo combatirla y cómo volverla socialmente censurable (no solo penalmente) harían mucho en favor de ir, paulatinamente, modificando la cultura y las costumbres, de tal manera que, finalmente, tendríamos lo que sociológicamente sería una conducta rechazada en todas las capas sociales y en todos los sectores de la actividad humana.

Esta formación empieza en el hogar, pero pasa por fomentarse también en nuestros colegios y universidades y debe continuar, además, con las organizaciones sociales y comunitarias, las empresas y las municipalidades, así como con los gobiernos y las entidades que ejercen labores de liderazgo y dirección en cada ciudad y región.

¿Será posible pensar en un mundo sin corrupción? ¡Qué bueno fuera, al menos para las nuevas generaciones, darles esa oportunidad!

 

EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

 Comentario 16/03/2026

 

EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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La democracia surge de un acuerdo social de los ciudadanos a partir del cual se atribuye la titularidad del poder a todos los habitantes, quienes son considerados como libres e iguales, para definir la organización de sus instituciones en su propio Estado mediante mecanismos de participación directa —es decir, los ciudadanos por sí mismos— o indirecta —nombrando sus representantes—, lo cual les confiere legitimidad para sus decisiones relacionadas con el contrato social; o sea, con los deberes y derechos de la población y con la forma de organización del propio Estado, con el fin de asegurar la libertad y la convivencia pacíficas, todo lo cual se plasma en su constitución política. De la esencia de la democracia es, por lo tanto, el control de sus representantes y sus decisiones por parte de los propios ciudadanos que los eligen o a través de sus órganos de justicia que se espera sean impolutos y transparentes.

Pues bien, la democracia como concepto y realidad está perdiendo cada vez más legitimidad y vigencia en la mente, especialmente, de la población joven, quienes manifiestan un desencanto con la misma, expresado en su muy poca voluntad de participar en los eventos democráticos de sus respectivas naciones (elecciones o votaciones de corporaciones, gobernantes y representantes, referendos y plebiscitos, etc.), como también por el poco interés en los asuntos públicos y políticos de sus países.

En diferentes encuestas recientes, hechas en diversos países, el apoyo a la democracia se desdibuja para llegar a niveles de favorabilidad descendentes frente a otros sistemas, con cifras aún por debajo del 50 % de los participantes en las encuestas, y con crecimiento en otras formas de organización y representación social de tipo esencialmente autoritarias y totalitarias, lentamente crecientes hasta casi el 20 % de los encuestados. Y con un extraño, pero significativo, “da lo mismo” cercano al 30 %. Es decir, entre los que no sienten apego por el modelo democrático y a los que les da lo mismo, son tantos como los que sí la reconocen.

Para citar un caso de nuestro país, el papel de Gustavo Petro en la democracia colombiana es profundamente ambivalente: por un lado, ha ampliado la representación política de sectores históricamente excluidos; pero, por otro lado, su estilo autoritario y autocrático ha aumentado las tensiones con las demás instituciones. Su continua confrontación con el Congreso y las Cortes, con el sector privado y su discurso de lucha de clases, además de su uso intensivo de redes sociales, han aumentado la polarización y puesto a prueba los contrapesos democráticos, todo lo cual ha conducido a un mayor desencanto con la democracia.

Las razones de este desencanto ciudadano, si bien no son completamente explícitas, giran en torno a temas tales como los siguientes:

• Pérdida de credibilidad en la clase política. En este tema quedan considerados los partidos políticos y los propios gobernantes, los cuales se han desdibujado en la mente de los ciudadanos para considerarlos como poco o nada representativos en muchos casos o con débil representatividad, en general. A todo lo cual no han ayudado mucho los malos gobiernos, los populistas y demagógicos y los corruptos y clientelistas, los cuales parecen ser un mal común en varios de nuestros países.
• Desencanto por la corrupción. Para muchos de los ciudadanos, los gobernantes no son transparentes ni honestos y llegan al poder solo para beneficiarse de los recursos públicos, privilegiar a sus camarillas políticas o ejercer actos de nepotismo, con grandes beneficios para familiares y amigos. Las continuas denuncias de corrupción afianzan esta percepción de los ciudadanos.
• Poco reconocimiento a las instituciones. Las instituciones, tanto como los propios elegidos como representantes de las mismas, según muchas opiniones, están poco comprometidas con la real solución de los problemas nacionales. Durante las campañas, grandes promesas; durante el gobierno, enormes desencantos. Hay amplios y graves rechazos a la democracia porque se identifica con el populismo, la demagogia y, en ocasiones, con nacionalismos perniciosos que no son auténticos; son consignas de campaña, nada más.
• Falta de oportunidades. Esta es una de las críticas más comunes: la democracia no está generando nuevas posibilidades; hay demasiadas situaciones donde los ciudadanos asocian la concentración de la riqueza y la poca generación de nuevas oportunidades, sea que estén verdaderamente relacionadas o que en la mente de muchas personas lo estén.
• Desigualdad e inequidad. Este es uno de los aspectos de mayor preocupación; se le está asociando a la democracia el problema de la inequidad, lo cual conduce a muchas personas a una desilusión con los postulados democráticos sobre la igualdad de derechos para todos. En sí misma, la democracia no conduce a la desigualdad; sin embargo, una aplicación de la democracia con fuerte corrupción o privilegios para unos pocos sí refuerza esta idea y esta realidad. Cabe recordar que en países donde no hay democracia también existen la desigualdad y la pobreza.

Muy preocupante, por consiguiente, que exista tanto desencanto y tan poco fervor por el modelo democrático, y que los gobernantes y las instituciones, con sus actuaciones alejadas de sus compromisos por solucionar en forma eficaz los problemas de la comunidad —no solo con discursos—, conduzcan a agudizar este pensamiento. En mi opinión, el problema no está en el modelo democrático en sí mismo, pero sí en los líderes y dirigentes, y en la clase política especialmente. Además, en la falta de sanción eficaz de los abusos de los gobernantes no probos por medio de la justicia, por un lado, pero por medio de los pocos votos, por el otro.

Quienes no han vivido gobiernos totalitarios o autoritarios no se han dado cuenta de que los factores que les causan preocupación con la democracia o desgano por este modelo de contrato social se agudizan y se profundizan aún más mientras menos democráticos y más totalitarios son los países. Sepamos ejercer nuestro voto con conciencia de la defensa de la democracia para las próximas elecciones de 2026 en Colombia, exaltando con nuestro voto a los buenos gobernantes y sancionando a los que consideramos que no le permiten florecer.

EL ESTADO EFICIENTE

 Comentario 09/03/2026

 

EL ESTADO EFICIENTE

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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En 2025, el déficit fiscal de Colombia se ubicó entre el 7,1% y el 7,6% del PIB, uno de los más altos en la historia reciente, mientras que la deuda pública cerró alrededor del 62% del PIB. Para 2026, las proyecciones oficiales y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advierten que el déficit seguirá elevado (cerca del 6-7% del PIB) y la deuda podría mantenerse en una senda insostenible de más del 65% del PIB si no se corrigen los desequilibrios y el exceso de gasto público. Como contraste y comparación, en el año 2015, diez años antes, el déficit fiscal era del 3% del PIB y el endeudamiento público del 45,1% del PIB. La evolución es creciente y dramáticamente preocupante.

Además de la debilidad del Estado colombiano por su déficit fiscal y el alto endeudamiento, Colombia también presenta una gran debilidad en su sector externo. Se refiere al saldo de las relaciones de Colombia con el exterior en su balanza de importaciones y exportaciones de bienes, servicios y capitales que ingresan o salen del país, con un deterioro marcado en 2025 cuando alcanzó su peor nivel en más de medio siglo: un déficit de US$ 16.377 millones.

Concentremos la atención en el Estado colombiano, que se encuentra en una gran encrucijada fiscal como fruto del alto endeudamiento externo, del déficit presupuestal y del compromiso de las vigencias futuras que hemos heredado de gobiernos anteriores y del actual gobierno.

Los cálculos más recientes indican que el presupuesto nacional está desfinanciado en más de 40 a 50 billones de pesos; o sea, cerca de 4 a 5 reformas tributarias. Nos estamos quedando no solo con la olla raspada, financiada con más endeudamiento —lo que nos conducirá a la olla quebrada—, a todo lo cual ha contribuido una corrupción rampante y voraz de alguna parte de la clase política, de funcionarios del Gobierno, de las Cortes y de aun el sector empresarial en connivencia con los funcionarios públicos.

En Colombia, el resultado del sector privado es positivo y el del sector externo es un poco negativo, pero el del sector público es fuertemente negativo por su déficit fiscal y su endeudamiento público. Es decir, el sector público colombiano es como un remolino que se traga lo que pase por sus vecindades, conduciendo a un bajo crecimiento económico y, en ocasiones, a un negativo crecimiento en toda la economía como conjunto. Como consecuencia, si queremos realmente crecer en forma sostenible, es necesario solventar el sector público.

¿Cómo se hace esto? No es solo a punta de tributos; es con mayor eficiencia y productividad en el gasto público del Estado, sin derroches ni excesos, con un buen sistema tributario y con una muy buena asignación del gasto estatal en sectores prioritarios de carácter social o de desarrollo económico que impacten de manera sensible al crecimiento económico, tales como la infraestructura, la ciencia y la tecnología, la educación, el apoyo a sectores productivos estratégicos y generadores de inversión, de tal manera que mejoren la competitividad y que se fomenten las exportaciones y la innovación. Para hacer esto se requiere corregir el rumbo hacia la legalidad, el empresariado y la equidad, de tal manera que, al apoyar el crecimiento económico, se generen oportunidades para todos.

Para que haya desarrollo social debe haber crecimiento económico. No es posible tener buenas soluciones sociales si no se genera una dinámica económica significativa, tal que se traduzca en oportunidades reales para la ejecución de actividades productivas y la generación de bienestar para más personas cada vez. O sea, que hay que apostarle al crecimiento para generar más ocupación productiva (no necesariamente empleo formal, pero sí alternativas de actividad económica), y con ello más desarrollo y más progreso.

Sin embargo, se vuelve prioritario sanear el problema fiscal o, de lo contrario, no habrá crecimiento económico, para lo cual hay que combatir el despilfarro y la corrupción, que son, sin lugar a dudas, los mayores cánceres de la economía colombiana. Ahora, la contraprestación a las reformas tributarias es la mayor eficiencia del Estado. Es muy claro que el país debe repensar la estructura del Estado. Es increíble la cantidad de agencias, ministerios, departamentos y órganos del poder público que existen en Colombia por el lado del Gobierno Nacional. Pero, por el lado de la justicia, hoy tenemos, por ejemplo, un costoso y variado surtido de organismos nacionales de justicia (sin mencionar los municipales): la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y, a pesar de todo, hay impunidad y corrupción por todas partes.

Necesitamos un Estado eficiente —es decir, el que haga las cosas bien— y un Estado eficaz —es decir, el que las haga en el tiempo y con los costos menores posibles—. ¿Podremos pensar en desligar del gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) el imperativo de imponer su ideología política y más bien lograr gobiernos comprometidos con el progreso y desarrollo del país, ¿independientemente de su ideología?

CORRUPCIÓN, POPULISMO Y DEMAGOGIA

 Comentario 03/03/2026

 

CORRUPCIÓN, POPULISMO Y DEMAGOGIA

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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A propósito de las elecciones para el Congreso y la Presidencia a realizarse en los próximos meses, va este comentario sobre los temas de corrupción, populismo y demagogia, tres males que destruyen las democracias. En los estados democráticos que las padecen, el populismo y la demagogia, frecuentemente, son como “hermanas siamesas”, lideradas por gobiernos que se apoyan en estas prácticas y tácticas para convencer, especialmente a las clases populares, y buscar su favorecimiento y su voto. Un ejemplo de populismo sería proponer medidas que beneficien a la mayoría de la población, aunque sean inviables o perjudiciales a largo plazo, con el fin de ganar su apoyo. Un ejemplo de demagogia sería ocultar o distorsionar los hechos, o apelar a los prejuicios o a los miedos de la gente, para convencerlos de que se afilien a una causa o voten por una determinada opción.

El populismo puede generar polarización, división y resentimiento entre diferentes grupos sociales, mientras que la demagogia puede conducir a la corrupción, el autoritarismo y la pérdida de confianza en las instituciones. El populismo, que se arraiga en muchos gobiernos, es una forma de apelar a los deseos y las emociones del pueblo, usando una retórica que lo exalta y lo enfrenta a las llamadas élites. Asimismo, la demagogia es una práctica política, muy afincada, que busca engañar al pueblo con falsas promesas, mentiras, manipulación de la información y argumentos falaces. En Colombia hemos padecido mucho de estos dos fenómenos, especialmente en este gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego.

Pero, por otro lado, también se tiene el cáncer de la corrupción que carcome las finanzas públicas, fenómeno que también acompaña a muchos gobiernos, afectando los intereses no solo de la institución que la padece, sino de toda la comunidad que deja de beneficiarse de servicios y beneficios del Estado al no disponer de los recursos suficientes por los desfalcos de la corrupción. Desafortunadamente, también esta es una manifestación no solo de los miembros del Ejecutivo, sino, además, y en muchos casos, de los del Congreso y de las Cortes, quienes pueden entrar a participar en la corrupción como se ha visto en Colombia recientemente con los casos del gobierno de Petro (UNGRD), por ejemplo, pero en tantos otros casos que, con razón, algunos han denominado como el gobierno más corrupto que ha visto el país en su historia. Pero también los casos del Congreso (congresistas vendiendo su voto) y las Cortes (Francisco Ricaurte y José Leónidas Bustos).

En los gobiernos que se mueven en esos contextos de populismo, demagogia y corrupción, la verdad de los hechos se distorsiona, ocultando sus auténticas intenciones y consecuencias y la insostenibilidad en su ejecución, con promesas vacías, ofertas sin fundamento ni sustento, programas insostenibles, acompañados de chanchullos, déficit, coimas, prevaricatos, desfalcos, etc.; todo lo cual conforma el más variado menú que entona los “cantos de sirena”. Todo suena aparentemente muy bien, pero luego: frustración, vacío, desconcierto y la pérdida de credibilidad y confianza. No es casual, entonces, ver cómo los porcentajes de votantes en los procesos electorales, del total de votantes habilitados, sean tan bajos, alrededor de un 50%, lo cual significa que entre el 45% y el 60% del censo electoral no vota en la mayoría de los comicios. Falta de credibilidad y desconfianza, evidentemente.

Puesto que las promesas fallidas de los candidatos demagogos y populistas son vacías, muchos ciudadanos esperan ingenuamente y con fe que sí estén llenas de realizaciones y soluciones eficaces. Como consecuencia, además de la pérdida de credibilidad y la desconfianza, también afloran los sentimientos de incertidumbre, rechazo y rencor por el engaño.

Lo malo de la historia es que desenmascarar un gobierno populista, corrupto y demagógico también puede tardar, puesto que algunas victorias tempranas con sus realizaciones ayudan a ocultar los fracasos lejanos y, muchas veces, cuando se reacciona, ya el daño está hecho: los perjuicios en materia económica, política, social y fiscal ya hacen su aparición con todo su esplendor y con pronóstico reservado para su total corrección y recuperación, las cuales a veces tardan años y, en muchas ocasiones, generaciones enteras.

Venezuela, por ejemplo, tardará varias generaciones en recuperar su estabilidad macroeconómica, política y social una vez que los gobiernos del "socialismo del siglo XXI" sean superados democráticamente. Estos gobiernos del socialismo del siglo XXI han sido campeones de la corrupción, del populismo, de la demagogia y, en su caso, con males adicionales: la autocracia (autoritarismo despótico) y la persecución política a sus opositores. ¿Cómo explicar que Nicolás Maduro y su familia dispongan de más de 800 millones de dólares en cuentas en Suiza, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades norteamericanas?

A propósito de las elecciones próximas, en entrevista realizada por el periódico La República de Colombia al premio nobel de economía Eric Maskin, recomendaba elegir gobernantes que concentren sus esfuerzos en:

1. La defensa de la democracia y sus instituciones.
2. Superar los problemas de desigualdad, cualquiera que sea el origen o sus causas, de donde surgen muchos programas sociales, de infraestructura, de educación, salud y bienestar.
3. La transición hacia energías limpias y renovables, esfuerzo complejo, costoso y de largo alcance.
4. El cuidado del medio ambiente, con todas sus implicaciones, especialmente la deforestación y la reforestación.
5. Los problemas originados en el cambio climático.
6. El uso de tecnologías amigables con el medio ambiente y con el ser humano.
7. Hace un llamado especial a considerar las consecuencias de la aplicación de la inteligencia artificial, para su máximo aprovechamiento en condiciones favorables para los seres humanos, como complemento, no como competidor, para elevar la productividad de la labor humana, como ha sucedido con otras tecnologías.

En consecuencia, en las elecciones de marzo, mayo y junio de 2026, para consultas partidarias, Congreso y Presidencia, es importante identificar los candidatos electorales que defiendan estos conceptos del profesor Maskin para apoyarlos y elegirlos, según sus preferencias.

EL PAÍS DIVIDIDO POR LA POLÍTICA

 Comentario 23/02/2026

 

EL PAÍS DIVIDIDO POR LA POLÍTICA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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A medida que nos acercamos a las consultas de los partidos y a las elecciones congresionales y presidenciales, que se realizarán en marzo y en mayo (primera vuelta) y en junio (segunda vuelta), se siente con mayor intensidad la polarización en que se encuentra el país, con tanto ímpetu como pocas veces visto en la historia contemporánea. Esta polarización está afectando por igual a las instituciones y a las familias, a los amigos y compañeros, y a todo tipo de personas, sin consideración de sus niveles socioeconómicos ni de educación, pero con mayor intensidad en los grupos poblacionales o los grupos con arraigada ideología que tienen mejor acercamiento y comprensión de los problemas del país.

La polarización proviene de diversas temáticas, independientes o complementarias y, en ocasiones, interdependientes, siendo las de mayor peso las de origen político. Veamos algunos de los temas frecuentes de polarización y división:

Temática política:

• Las visiones políticas, es decir: la derecha defiende el orden social, la propiedad privada, la libertad empresarial, la iniciativa privada y un Estado limitado; la izquierda busca la igualdad y la equidad mediante un Estado intervencionista en todas las actividades económicas y redistributivo en favor de las poblaciones vulnerables; el centro, por su parte, procura consensos, equilibrio y una economía mixta, privada y pública.
• Posiciones diversas sobre los acuerdos de paz, sus beneficios, sus alcances y, particularmente, el grado de justicia e impunidad a la que conducen.
• Sobre la justicia transicional (o JEP) en su orientación ideológica y en la independencia de criterio de sus magistrados.
• También es un motivo de gran controversia aún en nuestros días el famoso “partidarios del SÍ y del NO en el plebiscito”, que algunos interpretan como que, aunque ganó el NO, se aplicó el SÍ con todas sus consecuencias.
• La apreciación sobre el gobierno de Gustavo Petro y sus ministros, con una gran inconformidad por la obra de gobierno y su baja ejecución: mucho “tilín tilín y nada de paletas”.
• La corrupción: la percepción es que poco se ha hecho y que los culpables están parapetados en el Gobierno, en el Congreso o en las Cortes.
• El gasto público: desbordado, ineficiente y corrupto, y con aumento del endeudamiento del Estado a niveles jamás vistos y sin el cumplimiento de la regla fiscal. El riesgo país se ha elevado considerablemente.
• Los partidos políticos: han perdido toda credibilidad y se consideran, en general, poco representativos; hoy prima el culto a personas más que a ideologías.
• Las instituciones del Ejecutivo y el Legislativo se consideran de muy baja credibilidad.
• La división radical entre los partidarios de las ideologías y políticas de la izquierda, del centro y de la derecha, entre los grupos políticos y entre los grupos de opinión, tan enconada que no permite el logro de consensos.

Temática de paz:

• El proceso de paz: costoso, ineficiente, demasiadas concesiones y pocos logros.
• No todos los guerrilleros se desmovilizaron; siguen actuando en forma sanguinaria y alevosa.
• Las curules de paz, con impunidad, para los miembros de las FARC.
• Se establecieron compromisos que el país no tiene capacidad de afrontar (los seis puntos del acuerdo de paz) por falta de presupuesto y capacidad de respuesta del Estado.

Temática económica:

• El gobierno actual ha desbordado el déficit fiscal y el endeudamiento externo.
• Ha conducido al país al menor crecimiento económico (PIB) en los últimos años, exceptuando la pandemia.
• Ha permitido la corrupción a través del presupuesto, con los desfalcos que son empleados para beneficio de los funcionarios públicos y los congresistas, como en el caso de la UNGRD.
• No hay sectores verdaderamente líderes y la competitividad del país no ha mejorado; esto es una responsabilidad dual del Gobierno y del propio sector privado, por supuesto.
• El desempleo, aunque ha descendido, está acompañado por una profunda y tradicional economía informal.
• No tenemos una base exportadora amplia y diversificada.
• El recaudo tributario por rentas se concentra en unos pocos y por IVA afecta a las clases menos favorecidas.
• La desconfianza ha minado la inversión nacional y extranjera, las cuales están creciendo muy poco para impulsar el verdadero crecimiento y desarrollo del país.
• El crecimiento de la economía, impulsado por el alto gasto público y por el consumo de los hogares, es insostenible como fuente de crecimiento de largo plazo.

Temática de seguridad:

• La inseguridad es creciente y, por lo tanto, la confianza inversionista no se restablece.
• Los grupos criminales no se combaten apropiadamente y con contundencia: “demasiada zanahoria y poco garrote”.
• El microtráfico se tomó las ciudades.
• Los cultivos de coca invadieron el país.
• Las bandas criminales actúan a sus anchas.
• El secuestro y la extorsión continúan.
• El asesinato de líderes sociales es permanente.

¿Cómo salir de esta polarización y cómo restablecer la armonía entre los ciudadanos? Aunque tengamos visiones diferentes, ¿cómo lograr que haya acuerdos sobre el país que queremos y sobre cómo construirlo?, todos remando para el mismo lado, con verdaderas

 

LAS JUGADAS

Comentario 29/09/2025

 

LAS JUGADAS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
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Ante la carencia de realizaciones eficientes y eficaces que demuestren las bondades de su gobierno, Gustavo Petro, durante su mandato, ha urdido varias jugadas perversas a través de múltiples decretos y decisiones. Vamos por partes:

• Aunque el presidente no debe participar en política, lo primero que hay que anotar es la agitación política preelectoral de las votaciones presidenciales del 2026 en favor del Pacto Histórico, so pretexto de defender sus iniciativas. Petro ya está en campaña electoral con toda la propaganda (medios escritos, discursos e intervenciones en TV) con gastos del presupuesto público. Vamos a tener propaganda a manos llenas y agravios y amenazas sin ton ni son para los opositores. ¿Podrá la Procuraduría o la Comisión de Acusaciones del Congreso tomar cartas en el asunto?
• El gobierno de Petro ya enfiló todas sus baterías para amedrentar al Congreso y a sus congresistas diciéndoles que si votan negativamente a sus iniciativas estarán de espaldas al pueblo y que no serán reelegidos en unas futuras votaciones, que serán “revocados” porque nadie votará por ellos. Se refiere a las elecciones congresionales del 2026. La intimidación al Congreso y a las Cortes es un hecho frecuente en el gobierno de Gustavo Petro, ya que, si actúan en forma contraria a sus intereses, le están dando un “golpe blando”.
• Cualquiera sea la decisión del Congreso a favor o en contra de sus iniciativas, el gobierno tendrá argumentos para, si el voto es negativo, atacar a la oligarquía, la clase política y el Congreso de oponerse a los derechos del pueblo trabajador. Si el voto es positivo, tendrá toda la argumentación para decir que su gobierno, como defensor del pueblo, es quien “pelea” por sus derechos frente a los ricos, que el Congreso hizo un simple trámite y que no podía estar de espaldas al pueblo. Los méritos, en todo caso, serán para el gobierno de Gustavo Petro y así está planeado.
• El manejo del presupuesto público está desfinanciado para acelerar el gasto con mayor endeudamiento en favor de sus intereses políticos. Ni el plan de desarrollo ni los distintos presupuestos están balanceados. Los analistas autorizados coinciden en que el desfase del presupuesto es de aproximadamente 50 billones o más.
• Un enconado rechazo del presidente Petro por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha caracterizado la relación entre la institución electoral y el primer mandatario, quien afirma rotundamente que el Consejo no tiene facultad de investigarlo a él ni mucho menos acusarlo formalmente por las irregularidades que presuntamente se presentaron en su campaña contra las normas electorales, si las hubiere, lo cual es, precisamente, la materia de investigación actual de ese órgano electoral, con ponencia favorable para la acusación. Se está investigando su campaña a la presidencia, no a él; a él lo debe investigar la Comisión de Acusaciones y el Congreso.
• Las implicaciones, que Petro desconoce, de su campaña electoral con Nicolás Petro, su hijo, y de Juan Fernando Petro, su hermano, con el pacto de la Picota, son de extrema gravedad, pero él ha puesto toda su maquinaria para desconocerlas.
• El rechazo al sector privado por todos los medios, desconociendo su aporte al desarrollo y al crecimiento del país, es evidente. Su visión de país es estatizar todas las actividades que le convengan a sus intereses como la salud y las pensiones, por ejemplo. La enorme carga ideológica de izquierda radical contra el sector privado ha sido una constante en su gobierno.
• El ataque a sectores como la minería (petróleo y carbón) o a la construcción, como también a los sectores de manufactura, automotriz, educación y movilidad, por citar los principales. La incertidumbre legal, las cargas impositivas y las contribuciones por determinados conceptos han sido los mecanismos favoritos de castigo a estos sectores. Y han servido también para ahuyentar la inversión nacional y extranjera.
• El acercamiento y la defensa de Petro con Venezuela, donde actúa el Cártel de los Soles liderado por Maduro, que ha sido calificado por los jueces norteamericanos como terrorista y narcotraficante, es inconveniente a todas luces para Colombia. Baste mencionar que Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $US 50.000.000 de dólares por Maduro y ha situado una importante flota armada cerca de las costas de Venezuela para perseguir el narcotráfico.
• El lío de la Paz Total en que comprometió Petro al país ha sido un rotundo fracaso y solo ha servido para fortalecer los grupos armados, expandir el cultivo de cocaína y favorecer a los movimientos insurgentes, quienes han distribuido sus acciones y atentados por todas las regiones del país.
• La no atención oportuna de los problemas como el eléctrico en la Costa Norte del país ha conducido al agravamiento de las crisis y a un estado de apagón para el próximo año, con consecuencias incalculables.
• Sus continuos intentos de sacar por decreto lo que no le aprueba el Congreso han conducido al deterioro de las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo.
• El incesante cambio de ministros y asesores no le da estabilidad al país y conduce a nuevos factores de incertidumbre, la cual es el pensamiento fundamental de los ciudadanos.

Como estos, son muchos los temas que podríamos endilgar como jugadas de Gustavo Petro.

DE NUEVO PETRO Y EL CNE

 Comentario 01/09/2025

 

DE NUEVO PETRO Y EL CNE

Por: Carlos Alberto Mejía C.
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Un enconado rechazo del presidente Petro hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha caracterizado la relación entre la institución electoral y el primer mandatario, quien afirma rotundamente que el Consejo no tiene facultad de investigarlo a él ni mucho menos acusarlo formalmente por las irregularidades que presuntamente se presentaron en su campaña contra las normas electorales, si las hubiere, lo cual es, precisamente, la materia de investigación actual de ese órgano electoral, con ponencia favorable para la acusación.

Efectivamente, y con base en la ponencia presentada por dos de los magistrados de esa organización, Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal), quienes hallaron evidencia de cerca de $3.500 millones que no tienen explicación clara en las cuentas de la campaña, así como en el origen y/o el destino de determinados dineros de la misma, todo lo cual conduce a violar los topes electorales y las normas sobre este tipo de eventos democráticos, que requieren la transparencia y el más riguroso cumplimiento de las reglas por parte de los partidos y los participantes elegibles en las justas electorales.

Veamos cuáles son las facultades de este órgano electoral:

En la Constitución de 1991 se estipuló la creación de la Organización Electoral, que está conformada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por otras dependencias de esta última.

Según lo consignado en el artículo 120 de la Carta Magna, la Organización Electoral “tiene a su cargo las elecciones, su dirección y vigilancia”.

Así las cosas, el CNE es el ente encargado de hacer los escrutinios oficiales tras una elección, así como de vigilar e imponer sanciones sobre irregularidades en procesos electorales.

El CNE está conformado por nueve magistrados que son elegidos por el Congreso para un periodo de cuatro años y que solo podrán ser reelegidos por una sola vez. Esa elección se hace mediante el sistema de cifra repartidora, es decir, en proporción a los votos de los distintos partidos. Valga decir, entonces, que en el CNE hay magistrados provenientes de todos los partidos que participaron en los procesos electorales.

“Los miembros del CNE serán servidores públicos de dedicación exclusiva y tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, se explica en el artículo 264 de la Constitución. Es decir, cumplen requisitos ciertos de experiencia e idoneidad para ser elegidos, no solo por pertenecer a un partido político determinado. Quien los elige es el Congreso de la República de candidatos sugeridos por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

Estamos, pues, en el CNE al frente de un organismo autónomo, independiente, con vida jurídica propia, con funciones precisas y con magistrados calificados, no solo políticos que han llegado a ese organismo como refugio por no haber accedido a otras dignidades y representaciones, como algunos dicen para descalificarlos en el cumplimiento de su función.

Además, su facultad de velar por el cumplimiento de las normas electorales, que están definidas en la Constitución, es precisa, explícita y bien acotada, así como la facultad de imponer sanciones, en este caso de tipo administrativo y pecuniario, ya que no cumplen funciones judiciales. Pero es claro que sí pueden investigar y sancionar dentro de sus competencias y con el lleno de sus procedimientos. La investigación es legal, no política, aunque tenga consecuencias políticas.

Petro insiste en que no lo pueden investigar, una clara muestra de su reticencia al reconocimiento de los problemas legales por violación de las normas electorales, sobre las cuales hay grandes evidencias, aunque explícitamente lo desconozca. Su temor va mucho más allá del propio CNE; para él, qué más da una sanción administrativa y una multa. El problema está en el artículo 109 de la Constitución que indica que la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura y del cargo. Petro indica que lo están tumbando, que le están dando un golpe blando, pero es la propia Constitución de la República la que explícitamente lo descalifica y lo lleva a la condición de indignidad y pérdida de la investidura.

Tampoco puede indicar que lo están persiguiendo políticamente en el CNE cuya composición de magistrados es diversa y está debidamente estructurada; de hecho, hay dos de los nueve magistrados que pertenecen al Pacto Histórico. Es cierto, sí, que el CNE no lo acusará a él, pero sí pondrá en evidencia las contravenciones de su campaña con las normas electorales. En realidad, quien tendrá el deber de acusar al presidente Petro es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y después de esto el Congreso en pleno. La Comisión, de acuerdo con el artículo 178 de la Constitución y el artículo 329 de la Ley Quinta de 1992 —que reglamenta el actuar del Congreso—, también está conformada por 18 representantes de todos los partidos, que son elegidos según el coeficiente electoral.

Ni en el CNE ni en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es sustentable hablar de golpes blandos o persecuciones políticas para el presidente Petro; son las competencias propias de cada uno de estos organismos y sus funciones legales y constitucionales las que los obligan a evaluar la campaña del Pacto Histórico, por un lado, y la actuación del presidente Petro, por el otro. Es el tiempo, las pruebas y los argumentos los que dirán la verdad de lo que sucedió y las consecuencias para el país y para cada uno de los interesados. De nuevo, y como siempre, Petro con sus triquiñuelas para evadir la justicia.

LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

 Comentario 17/02/2025

 

LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Las instituciones de un país son fundamentales para su funcionamiento y gobernabilidad. Estas instituciones pueden variar de un país a otro, pero en general, incluyen:

1. Instituciones de Gobierno: Como el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Estas instituciones son responsables de la administración del país, la creación de leyes, su cumplimiento y la aplicación de la justicia.

2. Educativas: Escuelas, colegios, universidades e institutos de formación técnica, que son esenciales para la educación y formación de los ciudadanos.

3. Instituciones de Salud: Hospitales, clínicas y centros de salud que proporcionan servicios médicos y de bienestar a la población.

4. Instituciones Económicas y Financieras: Bancos centrales, bancos comerciales, bolsas de valores y otras entidades que gestionan y regulan la economía y las finanzas del país.

5. Instituciones de Seguridad y Defensa: Policía, fuerzas armadas y agencias de inteligencia, encargadas de proteger a los ciudadanos y la soberanía del país.

6. Instituciones Culturales y Deportivas: Museos, bibliotecas, teatros, asociaciones deportivas y otros espacios que promueven la cultura y el deporte.

7. Instituciones Sociales y de Bienestar: Organismos y programas que brindan apoyo y servicios a los ciudadanos en áreas como la vivienda, el empleo y la asistencia social.

Estas instituciones, trabajando en conjunto, ayudan a mantener el orden, la prosperidad y el bienestar de un país. Para su buen desempeño, además de ser eficientes y eficaces en el ejercicio de sus labores misionales o funcionales, deben gozar de una reconocida credibilidad y confianza de los ciudadanos y de las demás instituciones. Confianza porque de alguna manera actúan en nombre de la comunidad y credibilidad porque necesitan aceptación en sus actuaciones y resultados. Tal como las propias instituciones, los funcionarios que las dirigen también deben reflejar la majestad de la propia institución, generando a su vez, credibilidad y confianza.

¿Pero qué sucede cuando se pierden la confianza y la credibilidad en las instituciones o en sus representantes?

Primero, digamos que hay muchas causas por las cuales las instituciones pueden perder su respetabilidad, como son: la corrupción, la burocracia, la politiquería, el mal servicio, el alto costo, la ineficiencia, la tardanza o la normatividad no aplicada.

Si una institución, o varias de ellas, pierden su credibilidad y confianza, la majestad de sus funciones se desdibuja y en ocasiones se pierde, y toda la sociedad siente las consecuencias. La disfunción se traduce en falta de oportunidad, mayor costo y mal servicio y, por supuesto, normalmente rechazo y animadversión con la institución y sus representantes.

Pero preguntemos de nuevo, ¿qué ocurre si quien pierde su majestad como institución es el Gobierno, especialmente el ejecutivo?

Todas las instituciones del Gobierno nacional están diseñadas para prestar servicios a los ciudadanos y a las comunidades, por lo tanto, su credibilidad y confianza son indispensables para el buen ejercicio de su función y para la correcta relación con las comunidades a las cuales están sirviendo. Si esto no es así, si la respetabilidad de una institución del gobierno nacional, regional o local, pierde su vigencia por cualquier causa o causas, la que recibe el impacto negativo es la sociedad. El desprestigio, por supuesto, acompañará a la institución, pero la carga negativa de lo que debería haberse hecho bien y no se hizo es una frustración para el ciudadano, quien padecerá el rigor de lo no logrado y sus consecuencias.

Los índices de favorabilidad que acompañan al presidente Petro y su gobierno, menores al 30%, no hablan bien del reconocimiento, la credibilidad y la confianza de la cual goza su estructura, estilo y esquema de gobierno. En nuestra opinión, buena parte de las causas de pérdida de respetabilidad, ya descritas, son aplicables a este gobierno. Especialmente notorias son las acusaciones de corrupción en su campaña electoral, actualmente en investigación en el Consejo Nacional Electoral y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y los reveses en distintos frentes de su administración, especialmente la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), con las revelaciones de Sneyder Pinilla y Olmedo López.

Durante la campaña está claro que se violaron los topes electorales y que algunas de las fuentes de financiación son non sanctas. Sin hablar, además, de las actuaciones de los miembros de su familia con relación a la búsqueda de apoyos en las cárceles, a cambio de beneficios en la extradición de narcotraficantes o en otros casos, con los recursos recibidos también de contratistas del Estado cercanos a la campaña de Petro. En el caso de la UNGRD, las investigaciones avanzan, pero ya han salido ministros y funcionarios del gobierno, acusados de corrupción y de favorecer a congresistas a cambio de otorgar favorabilidad con los proyectos del gobierno en el Congreso. Aquí se consumaron todo tipo de delitos. ¡Qué horror! ¡Qué pérdida de confianza, credibilidad y respetabilidad!

MÁS SOLUCIONES, MENOS IDEOLOGÍA

 Comentario 28/01/2025

 

MÁS SOLUCIONES, MENOS IDEOLOGÍA

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Estamos al frente de un gobierno estatista y totalitario, es decir, un régimen que pretende que el Estado direccione, intervenga y decida sobre todo tipo de asuntos de la comunidad a nivel nacional, regional y local. Además, con su ideología de corte socialista y autocrático, alardea con tener la opinión correcta y única para cada uno de los temas del país.

Son pocas en realidad las soluciones y realizaciones del gobierno de Gustavo Petro en los más de dos años de su mandato. Por andar en polémicas y amenazas a sus contradictores, se enfrasca en la discusión y no en la solución. Demasiados intentos y proyectos de reformas en todos los campos, tales como la pensional, la laboral, los servicios públicos, la salud, la composición de órganos técnicos, sindicatos y juntas en muchos organismos y cámaras de comercio, la educación, el sistema general de participaciones, etc., son el día a día de sus planteamientos. Su injerencia en partidos políticos, grupos sociales y comunitarios es una constante; quiere tener presencia, mando y decisión sobre todo y sobre todos.

Pero las realizaciones en cuanto a la salud, la educación, la pacificación del país, su progreso, su desarrollo, su crecimiento, el saneamiento de las cuentas fiscales del gobierno, los ingentes problemas de desempleo e informalidad, el avance de la infraestructura rural y urbana, el apoyo a sectores productivos, a empresas agrícolas, agroindustriales, industriales, mineras y de servicios, entre muchos otros temas, no se ven por ningún lado. Demasiada ideología y poco gobierno con soluciones reales. Si complementando su discurso se vieran sus realizaciones, el asunto sería diferente, pero “mucho tilín, tilín y nada de paletas”.

En realidad, el problema no es solo con su ideología, es querer imponerla por encima del pensamiento de los demás y apuntarse como suyas realizaciones que no lo son. Independientemente de su ideología, un gobierno que sea proactivo, que ejecute y transforme y en el que se vea el progreso y el mejoramiento en distintos campos de la actividad del país, sería ampliamente respetado y aún acatado, pero la sola imposición de su ideología y de su injerencismo desbordado no deja espacio para la concordia y la armonía con los diferentes estamentos de la sociedad.

Por imponer su ideología a rajatabla, está creando problemas complejos en temas tan sensibles como el sector energético (carbón, petróleo, gas, energías eólicas, hidráulicas y solares), algunos por poner trabas para su desarrollo y otros por no avanzar y ser fuente de verdaderas soluciones. Ni hablar del caos en que tiene el sector salud y la controversial unidad de pago por capitación (UPC), la cual es insuficiente a todas luces para sufragar la operación del sistema de salud. Y como estos, hay otros sectores de la actividad nacional que experimentan obstáculos, pocos avances o verdaderos retrocesos. Por cierto, está ahuyentando la inversión extranjera, quienes no ven con buenos ojos la orientación de su gobierno y, por el contrario, observan cómo se eleva el riesgo país.

Los problemas de las cuentas de gobierno, como el déficit fiscal, el presupuesto público, el endeudamiento interno y externo, cada vez tienen un peor “color” y más lejana solución. También están contagiados por un manejo ideológico y no de prudencia fiscal.

Si se suman a la poca acción y ejecución eficiente y eficaz de su gobierno en todos los campos, los problemas de corrupción o fraude que acusan su campaña y algunas de sus dependencias de gobierno, como la Unidad de Riesgo de Desastres, en realidad estamos en un escenario complicado.

Gustavo Petro, cuando no está peleando o imponiendo a otros su ideología y sus criterios, está defendiéndose del supuesto “golpe blando” que le quieren dar, según su opinión, y como respuesta a las actuaciones de organismos de decisión y control del Estado colombiano. No hay tal persecución ni golpe blando como afirma el presidente y, por el llamado fuero integral que lo inviste, no puede pretender estar exento de investigaciones y acusaciones de hechos ocurridos durante su campaña electoral o durante su gobierno del “cambio”, como lo han corroborado organismos de justicia nacionales e internacionales.

Compartimos con el expresidente César Gaviria Trujillo, en entrevista para la Revista Semana, su comentario (domingo 3 de noviembre de 2024): “Gaviria fue enfático en afirmar que Petro, más allá de haber salido electo como presidente de Colombia, piensa que “fue elegido una especie de rey”, ya que quiere darle instrucciones y órdenes a la Fiscal, a las Cortes, al Consejo de Estado, al Consejo Nacional Electoral, a las Cámaras de Comercio, a las Comisiones Reguladoras, etc.

Se necesitan más soluciones con menos ideología y, por supuesto, con el cumplimiento de la ley que es para todos los colombianos. De hecho, coincidimos también con el expresidente César Gaviria Trujillo, actual director del Partido Liberal Colombiano, cuando afirma, al hablar del presidente que necesita Colombia para el 2026:

“Uno que trabaje por todos los colombianos todos los días, que erradique la pobreza, que construya la paz, que no venga a imponer, sino a concertar, a construir sobre lo construido, no a arrasar lo que por años se ha construido con tanto esfuerzo, que trabaje todos los días, que genere confianza, que tenga ideas claras y modernas, que ayude a la gente. A la gente hay que devolverle la esperanza de vivir en Colombia, y, entre otras, que no se crea un mesías” (EL TIEMPO, 3 de noviembre de 2024).

LA CORRUPCIÓN

 Comentario 31/10/2022

 

LA CORRUPCIÓN

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Cuando la Procuraduría habla de más de $50 billones como el estimativo del dinero que mueve anualmente la corrupción en Colombia, estamos, sin duda, al frente de un monstruo de mil cabezas. No pasa un día sin que veamos o escuchemos sobre hechos de corrupción en las noticias que divulgan los medios de comunicación. La ambición del dinero fácil se ha vuelto el modo de vida de personas codiciosas, sin sentido de comunidad o sin valores éticos o morales acendrados.

Lo grave en Colombia es que ya no hay en quien creer, prácticamente todos los organismos del Estado (ejecutivo, legislativo, judicial, organismos de investigación y de control, Fuerzas Militares y de Policía, etc.) y los partidos políticos, han sido señalados en algún momento por hechos de corrupción. Funcionarios venales parece ser una “producción” de lo más frondosa en Colombia. Sin embargo, el problema no es en el sector público solamente, en el sector privado hay empresas y personas que están fuertemente comprometidas también en la corrupción. No importa dónde se origine, es corrupción, aquí vale el dicho de “¿quién peca más?, ¿el que peca por la paga o el que paga por pecar?”, tanto los funcionarios públicos como los privados, en connivencia unos con otros, que son proclives a estos delitos, todos son corruptos, no unos menos y otros más.

Ni hablar, como complemento, de lo que sucede en muchas de las campañas políticas de los últimos años y en las diversas elecciones para cargos públicos, acompañadas, varias de ellas, de verdaderas maquinarias de corrupción, de coimas en dinero o en especie y de lavado de activos. ¿Qué tal el caso de Odebrecht hace algunos años?, con muy pocos sancionados, donde también se salpicaba al presidente Santos, para citar un solo ejemplo ¿Otro elefante que no se vio, como en el proceso 8.000 de Samper?

Parte del pesimismo que ha acompañado el país en los últimos meses no se origina sólo en el escepticismo frente al gobierno de Petro, a la evolución económica desfavorable en su mandato y a su proceso de paz total que estará lleno de más impunidad con beneficios, también está fuertemente influenciado por el rechazo a la corrupción rampante y descarada y a la falta de credibilidad en la Justicia, llamada a ser el faro moral de la Nación, pero también comprometida en corrupción, como fue el caso, por ejemplo, del “cartel de la toga”, donde los magistrados vendían sentencias por el pago de suculentas coimas, ¡qué horror!, y estos son nuestros máximos jueces.

Valga resaltar, por el contrario, las valerosas campañas que han emprendido recientemente algunos organismos como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para atacar estos males, las cuales, en forma lenta pero progresiva, están produciendo denuncias y detenidos.

Como consecuencia de la corrupción, hay una cultura truculenta en el país por la afectación al patrimonio público, ya son famosos los carteles de corruptos en temas tales como: alimentos para los niños, las pensiones, la salud, la contratación de obras públicas, los impuestos, las regalías, etc. Además, el fenómeno de corrupción se ha replicado en todo tipo de regiones y ciudades, no importando su tamaño.

Ahora, ¿cómo combatir la corrupción?, ¿existe algún antídoto?, por supuesto que sí y es el reencuentro con los valores morales, éticos y ciudadanos, donde lo público debe ser sagrado, por el bienestar de toda la comunidad. Quien atente contra los recursos de la comunidad, por acción u omisión, debería merecer las máximas sanciones penales y el mayor rechazo social, dándole al corrupto el trato de “paria” de la comunidad.

Si los valores de honestidad e integridad fueran una norma de conducta para los funcionarios, los políticos, los empresarios y la comunidad en general, el problema de la corrupción se minimizaría, aunque, lamentablemente, siempre existirán corruptos, pero cada vez más censurados, combatidos y condenados por las autoridades y la propia sociedad.

Subrayemos esto último, si la comunidad acepta como “líderes de acción y de opinión” a los grandes corruptos, y los trata como notables y dignos de ser imitados, habrá más razones para seguir el ejemplo de los que ya lo hicieron, esta es parte de la cultura de lo ajeno como el camino fácil, socialmente no siempre la censuramos, pareciera ser que en algunos sectores se aplaudiera el “éxito” de la corrupción como uno de los grandes logros a seguir.

Además, tan dañina es la corrupción en los contratos como en el manejo del propio gobierno. Cuando el gobierno de turno hace componendas burocráticas o presupuestales para favorecer sus proyectos en el Congreso, de alguna manera también hay corrupción y lesión a la ética y la transparencia públicas. Con ello, se violan los principios políticos y los idearios de gobernantes y partidos que han sido presentados a la comunidad como modelos para ser elegidos como dignatarios del gobierno, como congresistas, como miembros del sector judicial o como funcionarios de organismos de control. Hace algunos años en el país se acuñó el término de untar la “mermelada en toda la tostada”, para significar la corrupción rampante en todo tipo de organismos del Estado y de éstos con algunos miembros del sector privado o con expertos en corrupción y contratos, como Emilio Tapia y su combo, quienes han figurado en los hechos de corrupción más notables de país por muchos años, y siguen apareciendo.

¿Cómo van a ser las relaciones entre el ejecutivo y el Congreso sin que medie la “mermelada? Las primeras de cambio del Gobierno Petro demuestran que habrá más tostada y más mermelada, con algunos partidos de gobierno que han vendido su ideario por beneficios, contratos, cargos y prebendas.

Esta no es una experiencia nueva para el país, se ha vivido antes, y por lo tanto debemos desconfiar en esa clase política, en esos funcionarios públicos y judiciales y en los congresistas que acepten y comprometan su actuación, su inteligencia y su voluntad en el cumplimiento fiel de sus funciones, pero bajo la expectativa de mermelada y no por el bien del país, para superar sus problemas y mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos. No en vano el Congreso y la clase política gozan, hasta ahora, de la peor calificación en términos de favorabilidad, credibilidad y aceptación por parte de la comunidad, como lo evidencian todas las encuestas. Señores miembros del Estado y de los partidos políticos es hora de cambiar esta percepción, con grandeza y con nobleza.

Como afirmaba el exprocurador Fernando Carrillo “La ética renace o el país se derrumba”. Es claro que el antídoto para la corrupción es la honestidad y la integridad, ¿será mucho pedir a nuestros empresarios, a los dirigentes políticos, a los funcionarios públicos, a los judiciales y a los ciudadanos esta conducta? Veremos…… y, con ello sabremos, si el país está cambiando o seguimos en “más de lo mismo” en términos de corrupción.