LA VERDAD VERDADERA

 Comentario 25/10/2021

 

LA VERDAD VERDADERA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

En el marco del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC-EP, mediante el Acto Legislativo 01 y el Decreto 588 de 2017, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial, para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y, de esta manera, ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición está compuesto por los siguientes mecanismos y medidas: la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado; las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.

Específicamente al hablar de la Comisión de la Verdad se establece la naturaleza de la Comisión como un ente autónomo e independiente del orden nacional, de rango constitucional, con personería jurídica, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeto a un régimen legal propio, por un período de tres (3) años de duración y con un período adicional previo de seis meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento.

Además, se establece también que la Comisión de la Verdad, será un mecanismo extrajudicial, por tanto, sus actividades no tendrán carácter judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional. La información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela.

Pero, por otro lado, existe en Colombia El Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento para la Prosperidad Social , que tiene como objeto la recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de todo el material documental, testimonios orales y los que se obtengan por cualquier otro medio, relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano, a través de la realización de investigaciones, actividades museísticas, pedagógicas, entre otras, que contribuyan a establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos, conocer la verdad y contribuir a evitar su repetición en el futuro.

Estamos al frente de tres organismos encargados de la verdad sobre el tema del conflicto armado y el acuerdo de paz: la JEP para buscar la verdad jurídica de los procesados por delitos en el conflicto, la Comisión de la Verdad con el testimonial de las personas que vincule a su proceso y el Centro Nacional de Memoria Histórica para reflejar la verdad documental para la historia del país. ¿En la práctica, cuál y cómo sabremos los colombianos cuál es la verdad verdadera?

Los requisitos de la paz han sido verdad, justicia, reparación y no repetición, todos los cuales quedarán en posición inestable si no hay una verdad verdadera. Con el agravante, ahora, que la Comisión de la verdad quiere perpetuar su influencia en el país mediante la creación de un comité de vigilancia por 7 años, para velar por cumplimiento de sus recomendaciones, como indica en el artículo publicado en El Colombiano el 8 de octubre de 2021, así:

“Después de que la Comisión de la Verdad termine su mandato en agosto del próximo año, se establecerá un Comité de Seguimiento y Monitoreo que velará por el cumplimiento de las recomendaciones que se hagan en el informe final sobre el conflicto armado.

Sin dar más detalles sobre quiénes lo integrarían o cómo operaría, la entidad advirtió que el pleno de los comisionados estuvo de acuerdo con su creación y que, de igual manera, coincidieron con que deberá extenderse por un período mínimo de siete años para “dar seguimiento y llamar la atención a la sociedad para trabajar alrededor de esas recomendaciones”.

No teníamos conocimiento de que la Comisión de la Verdad tuviera dichas facultades, sin tomar partido en este comentario de si su revelación de la verdad sí contribuirá a la tan cacareada” verdad, justicia, reparación y no repetición”. ¿No era esta la facultad del Centro de memoria histórica?, cuando proclama en su misión:

“Contribuir a la reparación integral y al derecho a la verdad, a través de la recuperación, conservación y divulgación de las memorias plurales de las víctimas, así como del deber de memoria del Estado y de todos los victimarios con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, sin ánimo de venganza y en una atmósfera de justicia, reparación y no repetición”.

Al final, ¿los colombianos nos quedaremos con cuál verdad, la jurídica (JEP), la testimonial (Comisión de la Verdad) o la documental (Centro de memoria histórica)? Cada vez que se escucha a los representantes de estos organismos están hablando de verdades distintas y de contenido e implicaciones diferentes, así, lo que es verdad para unos no lo es para otros, o en la verdad misma, o en los hechos que la caracterizaron o en los participantes y sus circunstancias. La historia de Colombia, de nuevo, quedará en el vacío dejado por 60 años de conflicto armado, que aún continúa, a pesar del acuerdo de paz. ¿Cuál irá a ser la verdad verdadera que quede registrada en la memoria histórica del país?

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMUNES

Comentario 05/04/2021

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMUNES

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Con bastante alborozo algunos sectores del país celebraron el “Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto”, celebrado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016, el cual fue presentado por el presidente Santos como la solución a los problemas de violencia y el subsecuente proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición.

5 años después tenemos que reconocer que el Gobierno Duque ha hecho un gran esfuerzo por darle “cumplimiento con legalidad”, dentro de las más severas restricciones de tipo presupuestal y, en el último año, además en medio de la pandemia. Se han hecho acciones de reinserción de combatientes, apoyo a su resocialización y fomento a su actividad productiva, concesión de importantes subsidios directos, inversión en territorios de especial sensibilidad en el conflicto armado (programa PDET)[1], y se conducen nuevos esfuerzos en materia de entrega de tierras baldías, recuperadas del narcotráfico o de propiedad del Estado y su adjudicación legal, así como en la recuperación de territorios y su pacificación. Se constituyeron elementos de justicia transicional y de reconstrucción de la memoria histórica y se les ha cumplido con aspectos del acuerdo como las curules en el congreso, la regularización de su partido político y su inserción en las comunidades. El esfuerzo del Estado en realidad ha sido muy grande, aunque para algunos parezca insuficiente o pequeño. Inopinadamente, en nuestro criterio, se pactaron compromisos por más de $130 billones de pesos, los cuales desbordan las finanzas y capacidades del Estado, parece que pudo más el lograr un Nobel de paz, que el hacer un acuerdo equilibrado en términos de justicia y factible financieramente.

Pues bien, ¿qué hemos recogido?: Algún nivel de desmovilización de combatientes en regiones y menores hechos de violencia desbordada contra las comunidades inermes o contra el ejército, o los secuestros de personas diversas, pero los problemas tales como el narcotráfico, el reclutamiento de niños, las “vacunas” y las llamadas disidencias combatientes, comandadas por Márquez y Santrich, continúan atacando a poblaciones, infraestructura y objetivos militares, aunque eran también compromisarios del acuerdo. Además, se ha recrudecido el asesinato de líderes sociales. La verdad, la justicia, la reparación y la no repetición aún están en la “mente de sus creadores”, quienes negociaron una paz llena de concesiones del Estado sin ninguna garantía de la contraparte en el cumplimiento estricto, oportuno y sin dilaciones de lo acordado. Específicamente, las Farc, hoy los Comunes, se habían comprometido a temas tales (menciono sólo algunos de los más importantes) como:

• Reparación: en dinero se han recibido menos de $50.000 millones de pesos para reparar a las víctimas, lo cual es una cifra, por un lado, lejos de la acumulación de riqueza que las FARC atesoraron con sus delitos, especialmente con el narcotráfico y los secuestros, y, por el otro, lejísimos de la verdadera reparación de los cerca de 8 millones de víctimas que el conflicto le dejó al país. De hecho, este sería el mayor lavado de dinero, la mayor evasión fiscal y la mayor fuente de divisas de dudoso origen, que haya ocurrido en muchos años en el país. Además, según el acuerdo de paz, lo que no reparan las FARC le toca al Estado, o sea que todos los colombianos vamos a pagar por los delitos de las FARC y ellos, “mondos y lirondos”.
• Plazos: la entrega material de los bienes en reparación no se cumplió, si bien se prolongaron los plazos y los términos.
• Rutas:  Las llamadas rutas para acabar con el narcotráfico no se revelaron, dicen que ellos no son “sapos”. Como sus delitos por narcotráfico son políticos según el acuerdo, que les importa. Y los contactos internacionales también, por ningún lado.
• Eliminación de cultivos: se daba por compromiso obligado la participación de las FARC en la eliminación de cultivos ilícitos, pero “la dicha es flor de un día”, desde el día en que se firmó el acuerdo, tampoco han hecho nada.
• Verdad: hasta ahora ni en la JEP, que es el tribunal de justicia especial y transicional para la paz, creado con el acuerdo de paz para defender a las víctimas, no ha hecho nada por ellas, pues sólo les ha dado beneficios a los de las FARC como los de no extradición y de penas reducidas, no de cárcel sino “alternativas y restaurativas”, ni tampoco en la Comisión de la Verdad se han reconocido los hechos que conforman la verdad verdadera. Las FARC han salido con “verdades” tan absurdas como que el asesinato de Alvaro Gómez Hurtado, fue por cuenta de las FARC, ¿a quién le están ayudando?, ¿a su amigo defensor el expresidente Samper? De la JEP mucho por esperar porque apenas ahora se refieren a los falsos positivos de las fuerzas armadas de Colombia y a los secuestros de las FARC, pero sin ninguna reparación ni condena.
• Retenciones versus secuestros: los secuestros de las FARC han sido denominadas retenciones, lo cual los aleja de las penas reales y de la Corte Penal Internacional, afortunados, ¿no cierto? Solo unos valientes combatientes de las FARC han revelado la verdad de sus torturas psicológicas y físicas que cometieron en sus campamentos con sus “retenidos”.
• Desmovilización de los miembros de las FARC:  en realidad ni todos se desmovilizaron, ni todas las armas se entregaron, ni todas las caletas de dinero se revelaron, lo que tenemos es una disidencia mejor armada que nunca. Así mismo, el no reclutamiento de menores sigue por todo el país, por las disidencias de las FARC o por formaciones delictuales de todos los pelambres.
• Los delitos sexuales:  Tampoco han sido sancionados, las niñas de la Corporación Rosa Blanca, que fueron víctimas de esos atroces vejámenes, tampoco han sido acogidas por la JEP, y, para colmo de males, el Covid se llevó al gran Herbin Hoyos, quien era el valiente periodista que las lideraba y mantenía presente ante el país su condición de mujeres obligadas a servirles sexualmente a los miembros de las FARC y a abortar posteriormente.

Ahora los dirigentes políticos de las FARC son los Comunes, pero su cambio de nombre no los exime de su responsabilidad y de sus obligaciones como firmantes del acuerdo de paz frente al país y la comunidad internacional. Ah, pero lo extraño es que ésta última, sabiendo todo lo anterior, no dice una sola palabra sobre la verdadera conducta de estos bandidos.

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[1] El PDET se construye en 170 municipios que fueron priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional.

LA IMPUNIJEP

Comentario 08/02/2021

LA IMPUNIJEP

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

Desde el momento en que Juan Manuel Santos, su equipo de gobierno y sus aliados en el congreso le impusieron al país el llamado acuerdo de paz, pasando por alto la votación del plebiscito y mediante las más estrambóticas maromas, como las aprobaciones Fast track en el Congreso y con la venia de la Corte que las avaló, por fuera de toda norma, resultó claro que el contenido del acuerdo era sesgado y tendencioso para favorecer por todos los medios la impunidad de las FARC y para concederles a sus dirigentes la condición de Congresistas.

No importa que no hayan cumplido en nada de lo que prometieron con la revelación de la verdad, el cumplimiento con la justicia, la reparación a las víctimas (dicen que no tienen con qué reparar, a pesar de ingentes sumas que obtuvieron con las extorsiones y el narcotráfico) y la no repetición de las acciones violentas. ¿Qué acción será más violenta que narcotraficar, realizar procesos de lavado de activos, minería ilegal, reclutamiento de menores, secuestros, etc. que se continúan ejerciendo en todo el país, por ellos o por sus aliados? Paz en realidad no hemos tenido.

Desde allí surgieron todas las críticas, bien fundamentadas, sobre la inconveniencia de crear una justicia transicional benévola y permisiva para los delincuentes de las guerrillas que se acogieran al acuerdo, revelaran la verdad y asumieran supuestas penas reducidas alternativas, no de cárcel, llamadas eufemísticamente restaurativas, sin consideración a la gravedad de sus crímenes o delitos, todos los cuales han sido considerados atroces y de lesa humanidad.

El instrumento ideal para esos excepcionales y generosos tratamientos se llamó la Justicia Especial para la Paz, conocida por todos como la JEP, supuestamente encargada de examinar los delitos, configurar la verdad verdadera y juzgarlos a la luz del derecho transicional, alternativamente ser sometidos al derecho ordinario y por último al derecho penal internacional, si fuere del caso. Durante la existencia de la JEP (3 años) su conducta ha sido sinuosa y vaga, con artimañas como en el caso de Santrich, donde se crearon las condiciones para no extraditarlo y para volarse de país a continuar ejerciendo sus “pasatiempos favoritos”, tales como secuestrar, violar, matar, asaltar, extorsionar y narco traficar, etc., con sus colegas de las llamadas disidencias.

Desde su creación la JEP mostró el “cobre” con quienes fueron sus nominadores, tres extranjeros comunistas, acompañados por otros dos colombianos correligionarios de los anteriores, en un claro acto que acompañó el sesgo ideológico de la justicia transicional. El primer fallo de la JEP en contra de la dirigencia de las FARC calificó los secuestros de las FARC, a miles de víctimas no combatientes y combatientes, como privaciones de la libertad y toma rehenes, supuestamente para respetar las denominaciones internacionales de esos delitos. Sin embargo, tuvo que reconocer que fueron hechos con violencia y maltrato y los catalogó como crímenes de guerra y de lesa humanidad, ante la incontrovertible evidencia.

Recordemos que el Derecho Internacional Humanitario está integrado por el conjunto de normas que pretenden evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. A su vez, pretenden limitar o prohibir el uso de ciertos métodos de guerra.  Estas normas son de obligatorio cumplimiento tanto por los gobiernos y los ejércitos participantes en el conflicto, como por los distintos grupos armados de oposición o cualquier participante en el conflicto. Entendamos a qué se refieren también las otras definiciones:

Un crimen de guerra es una violación por infracciones graves de las protecciones establecidas por las leyes del Derecho Internacional Humanitario cometidas en un conflicto armado.  Los vejámenes como el abuso sexual o los tratos ominosos a prisioneros de guerra, sembrar minas antipersona o cometer actos de genocidio, por ejemplo, son considerados crímenes de guerra. A su vez, se considera crímenes de lesa humanidad —o contra la humanidad— a aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano, que forman parte de una agresión sistemática contra una población civil, como por ejemplo en el caso de las FARC con los secuestros, o con las violaciones de niños y niñas, o con los hechos de alevoso de asesinato masivo como en Bojayá. Los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, si no son sancionados por el respectivo país, pueden ser valorados y juzgados por la Corte penal Internacional.

Miremos el concepto universalmente entendido y aceptado: Secuestro es la acción de retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate o para otros fines, según la real academia de la lengua española RAE. Esto fue lo que hicieron las FARC, fueron secuestros violentos, que se hicieron en condiciones de indefensión, para cobrar rescates económicos, con un tratamiento para las víctimas y sus familias lleno de vejámenes, maltratos y humillaciones, que no respetaron en ninguna forma la dignidad humana. Fueron tratados peor que animales, como los mismos afectados lo han declarado y demostrado ante la propia JEP, no cabe duda de que si son delitos de guerra y de lesa humanidad.

Las FARC, quienes ahora se presentan como adalides de la moral y el cumplimiento de la ley, con segundas intenciones de tipo político electoral, hoy están “brillando” curul y recibiendo altos salarios y grandes beneficios, pagados por el pueblo colombiano, por la concesión del acuerdo con Juan Manuel Santos. Vamos a ver cómo se auto incriminan los miembros de la cúpula de las FARC ante la JEP con la calificación de delitos de guerra y de lesa humanidad. Para ellos será benéfico pues las sanciones de la JEP son llamadas “restaurativas”, no de cárcel, o sea, totalmente benignas y favorables, en contrario de las penas de la ley ordinaria colombiana o de las que aplica la Corte Penal Internacional.

Por esta vía veremos más adelante que la JEP o las propias FARC, por ejemplo, llamarán el secuestro de niños y niñas como “reclutamiento”, a las violaciones “simples actos de tocamiento”, a los abortos forzados, “fallos de la naturaleza”, al narcotráfico, “financiación legitima del movimiento libertario de las FARC”, a los asesinatos, “limpiezas necesarias”, a las tomas de poblaciones, “oportunas advertencias” y así sucesivamente. Qué horror que ésta sea la herencia del proceso de paz. Paz sin justicia nunca habrá, se creará más odio y rencor. Lo malo es que, con esto, además, el país se polarizó y quedó dividido, situación perjudicial en todo sentido, no se favorecerá la concordia y la integración como nación que busca el progreso a través del esfuerzo mancomunado de sus pobladores. Quedamos en manos de la “INPUNIJEP”, la cual nos recordará por muchos años que el FARC-acuerdo significa impunidad, polarización y división.