¿Y AHORA QUÉ SIGUE?

 Comentario 04/05/2026

 

¿Y AHORA QUÉ SIGUE?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

En el gobierno de Gustavo Petro, para 2026, las proyecciones oficiales y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advierten que el déficit fiscal será de cerca del 6-7 % del PIB y la deuda podría mantenerse en una senda insostenible de más del 65 % del PIB si no se corrigen los desequilibrios y el exceso de gasto público. Como contraste y comparación, en el año 2015 —diez años antes— el déficit fiscal era del 3 % del PIB y el endeudamiento público del 45,1 % del PIB. La evolución es creciente y dramáticamente preocupante.

El duro camino que enfrenta la administración que suceda al malhadado gobierno de Gustavo Petro pasa por la asignación de recursos escasos ante necesidades diversas que exceden con mucho las disponibilidades, donde la determinación de prioridades y destinaciones es, en esencia, un asunto complejo. De antemano, puede afirmarse que ninguna necesidad podrá ser satisfecha completamente y que todas son importantes, convenientes y, en algunos casos, inaplazables. Examinemos los porqués para entender las razones y motivaciones que deben acompañar, en nuestra opinión, este proceso de decisión.

La realidad financiera y presupuestal de Colombia está muy apretada y, en la mayoría de los casos, atada a compromisos inflexibles e inmodificables. Típicamente, el presupuesto del Estado colombiano se aplica en los siguientes rubros:

Categoría	Descripción	Participación típica (Funcionamiento)
Gasto social (transferencias)	Salud (UPC), educación (SGP), pensiones, subsidios y programas sociales.	70 % – 80 %
Nómina estatal	Salarios de empleados públicos, prestaciones y aportes patronales.	12 % – 18 %
Gastos administrativos	Bienes y servicios, arrendamientos y operación de entidades.	8 % – 12 %

En consecuencia, entre el 70 % y 80 % del gasto de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) es gasto social y transferencias, mientras que entre el 20 % y 30 % corresponde a nómina estatal y gastos administrativos, que es de donde se puede recortar más, sin perjuicio de volver más eficientes los gastos sociales actuales y evitar la corrupción. Por supuesto, hay sectores estratégicos que requieren más apoyo del Estado, como la salud, la educación, la ciencia, el sector agropecuario para la suficiencia alimentaria, el combate al narcotráfico y la seguridad.

En términos de financiación, estamos ante un desfinanciamiento que el CARF ha estimado en cerca de $45$-$50$ billones de pesos, lo cual nos deja un gran dilema: ¿cómo financiamos el faltante o dónde recortamos para adaptarnos a los recursos disponibles? Profundizar el gasto público y aumentar el déficit fiscal no es una buena idea por sus efectos negativos en la inflación y en la solvencia de las finanzas públicas, salvo que los precios del petróleo ayuden. Además, mientras más nos endeudemos, más fuerte será el cargo por el servicio de la deuda, que dentro del PGN ya representa alrededor del 22 % del total. Como consecuencia, la calificación crediticia de Colombia ha disminuido hasta el grado especulativo; perdimos el grado de inversión, lo cual encarece el financiamiento externo y aleja la inversión.

También debe considerarse que las turbulencias globales influyen en la deuda: las guerras comerciales (USA-China), la debilidad de países emergentes, la inestabilidad política, las amenazas bélicas, las fluctuaciones de materias primas y el cambio climático. Por desgracia, enfrentamos también una preocupante invasión de cultivos de coca y la inestabilidad en un proceso de paz que no muestra las ventajas pretendidas y deja nubarrones de preocupación por la impunidad de los actores.

Colombia tiene el reto de simplificar los gastos del Estado, que representan cerca del 30 % del PIB. En medio de esto, hay una confrontación ideológica: la izquierda busca profundizar el gasto y la estatización, mientras que la derecha propende por un Estado pequeño pero eficiente para dar espacio al sector privado. Lo recomendable, por supuesto, es lo segundo.

¿POR QUÉ TANTA CORRUPCIÓN Y POR QUÉ SU ACEPTACIÓN?

 Comentario 24/03/2026

 

¿POR QUÉ TANTA CORRUPCIÓN Y POR QUÉ SU ACEPTACIÓN?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Sin duda alguna, la corrupción es uno de los males más extendidos en el mundo entero, tanto en el sector público como en el privado, el social y aun el religioso o en la relación entre ellos. Existe y hay registros de este fenómeno en todo tipo de sociedades y en todas las civilizaciones; endémicamente, es un mal que casi podría decirse que forma parte de la naturaleza humana y de las costumbres del hombre desde los inicios de su historia.

Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el patrocinio indebido, los sobornos, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, el nepotismo, la impunidad y la autocracia.

La corrupción puede ser en el gobierno o en la clase política y se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. Todos los tipos de gobierno son susceptibles de corrupción política. Una situación de corrupción política sin restricciones se conoce como cleptocracia, término que significa literalmente "gobierno de ladrones" (el Carrusel de la Contratación en Bogotá, por ejemplo). Pero también puede ser privada, donde se presentan, en menor grado, pero con singular importancia, los mismos males descritos (Interbolsa, para citar un solo caso muy conocido).

El análisis periodístico citado por El Nuevo Siglo señala que algunas estimaciones elevan el costo total de la corrupción en Colombia a cerca de $50 billones de pesos anuales; es decir, un 10% aproximadamente del presupuesto público del año 2026. Estas cifras incluyen no solo pérdidas directas, sino también pérdidas originadas en:

• Sobrecostos en contratación.
• Ineficiencias estructurales de los órganos de gobierno.
• Proyectos inconclusos.
• Captura institucional: actores poderosos que controlan instituciones o personas para sacar beneficios.
• Impactos que condicionan los programas de bienestar social.

La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero y la prostitución, aunque no se restringe a estos crímenes organizados. El término opuesto a la corrupción es la transparencia. Por esta razón, se puede hablar del nivel de corrupción o del de transparencia de un Estado, de una empresa o, en general, de un conjunto de organizaciones del sector estatal, privado, social o religioso.

Pero ¿puede pensarse que la corrupción simplemente existe y por ello hay que aceptarla y convivir con ella? ¿Y que, por ende, estamos sometidos a ella por siempre y para siempre?

En muchas sociedades (regiones, ciudades, estados o naciones), al reconocer los perniciosos efectos de la corrupción, se han creado todo tipo de mecanismos anticorrupción; entre otros, mencionaremos los siguientes: autoridades para combatirla, códigos para sancionarla, penas para castigarla y sanciones políticas o sociales para rechazarla. Sin embargo, parece ser que nada de esto funciona cabalmente; son paliativos que no curan de raíz el mal y sus secuelas. Por momentos parece ganarse la batalla, pero el germen está ahí, listo para desarrollarse de nuevo en los lugares y con los hechos más inesperados.

A nuestro juicio, el problema, más que de controles y sanciones y sin perjuicio de disponer de ellas, es un problema sociológico, cultural y de formación. Decimos sociológico porque parece ser parte ya de nuestra conducta el aceptar, permitir o participar en la corrupción como un hecho tolerado, tolerable y cotidiano, donde “todos participan”. Hablamos de cultura porque la corrupción se ha incorporado a la manera de ser y de pensar, considerándose socialmente aceptada y hasta casi necesaria. Y nos referimos a que es un problema de formación porque no recibimos durante nuestra educación una ilustración sobre el problema, su génesis, sus consecuencias, sus soluciones y la necesaria participación de todos en su terminación.

No me cabe duda decir que más formación sobre la corrupción, sus males y consecuencias, el cómo combatirla y cómo volverla socialmente censurable (no solo penalmente) harían mucho en favor de ir, paulatinamente, modificando la cultura y las costumbres, de tal manera que, finalmente, tendríamos lo que sociológicamente sería una conducta rechazada en todas las capas sociales y en todos los sectores de la actividad humana.

Esta formación empieza en el hogar, pero pasa por fomentarse también en nuestros colegios y universidades y debe continuar, además, con las organizaciones sociales y comunitarias, las empresas y las municipalidades, así como con los gobiernos y las entidades que ejercen labores de liderazgo y dirección en cada ciudad y región.

¿Será posible pensar en un mundo sin corrupción? ¡Qué bueno fuera, al menos para las nuevas generaciones, darles esa oportunidad!

 

EL ESTADO EFICIENTE

 Comentario 09/03/2026

 

EL ESTADO EFICIENTE

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

En 2025, el déficit fiscal de Colombia se ubicó entre el 7,1% y el 7,6% del PIB, uno de los más altos en la historia reciente, mientras que la deuda pública cerró alrededor del 62% del PIB. Para 2026, las proyecciones oficiales y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advierten que el déficit seguirá elevado (cerca del 6-7% del PIB) y la deuda podría mantenerse en una senda insostenible de más del 65% del PIB si no se corrigen los desequilibrios y el exceso de gasto público. Como contraste y comparación, en el año 2015, diez años antes, el déficit fiscal era del 3% del PIB y el endeudamiento público del 45,1% del PIB. La evolución es creciente y dramáticamente preocupante.

Además de la debilidad del Estado colombiano por su déficit fiscal y el alto endeudamiento, Colombia también presenta una gran debilidad en su sector externo. Se refiere al saldo de las relaciones de Colombia con el exterior en su balanza de importaciones y exportaciones de bienes, servicios y capitales que ingresan o salen del país, con un deterioro marcado en 2025 cuando alcanzó su peor nivel en más de medio siglo: un déficit de US$ 16.377 millones.

Concentremos la atención en el Estado colombiano, que se encuentra en una gran encrucijada fiscal como fruto del alto endeudamiento externo, del déficit presupuestal y del compromiso de las vigencias futuras que hemos heredado de gobiernos anteriores y del actual gobierno.

Los cálculos más recientes indican que el presupuesto nacional está desfinanciado en más de 40 a 50 billones de pesos; o sea, cerca de 4 a 5 reformas tributarias. Nos estamos quedando no solo con la olla raspada, financiada con más endeudamiento —lo que nos conducirá a la olla quebrada—, a todo lo cual ha contribuido una corrupción rampante y voraz de alguna parte de la clase política, de funcionarios del Gobierno, de las Cortes y de aun el sector empresarial en connivencia con los funcionarios públicos.

En Colombia, el resultado del sector privado es positivo y el del sector externo es un poco negativo, pero el del sector público es fuertemente negativo por su déficit fiscal y su endeudamiento público. Es decir, el sector público colombiano es como un remolino que se traga lo que pase por sus vecindades, conduciendo a un bajo crecimiento económico y, en ocasiones, a un negativo crecimiento en toda la economía como conjunto. Como consecuencia, si queremos realmente crecer en forma sostenible, es necesario solventar el sector público.

¿Cómo se hace esto? No es solo a punta de tributos; es con mayor eficiencia y productividad en el gasto público del Estado, sin derroches ni excesos, con un buen sistema tributario y con una muy buena asignación del gasto estatal en sectores prioritarios de carácter social o de desarrollo económico que impacten de manera sensible al crecimiento económico, tales como la infraestructura, la ciencia y la tecnología, la educación, el apoyo a sectores productivos estratégicos y generadores de inversión, de tal manera que mejoren la competitividad y que se fomenten las exportaciones y la innovación. Para hacer esto se requiere corregir el rumbo hacia la legalidad, el empresariado y la equidad, de tal manera que, al apoyar el crecimiento económico, se generen oportunidades para todos.

Para que haya desarrollo social debe haber crecimiento económico. No es posible tener buenas soluciones sociales si no se genera una dinámica económica significativa, tal que se traduzca en oportunidades reales para la ejecución de actividades productivas y la generación de bienestar para más personas cada vez. O sea, que hay que apostarle al crecimiento para generar más ocupación productiva (no necesariamente empleo formal, pero sí alternativas de actividad económica), y con ello más desarrollo y más progreso.

Sin embargo, se vuelve prioritario sanear el problema fiscal o, de lo contrario, no habrá crecimiento económico, para lo cual hay que combatir el despilfarro y la corrupción, que son, sin lugar a dudas, los mayores cánceres de la economía colombiana. Ahora, la contraprestación a las reformas tributarias es la mayor eficiencia del Estado. Es muy claro que el país debe repensar la estructura del Estado. Es increíble la cantidad de agencias, ministerios, departamentos y órganos del poder público que existen en Colombia por el lado del Gobierno Nacional. Pero, por el lado de la justicia, hoy tenemos, por ejemplo, un costoso y variado surtido de organismos nacionales de justicia (sin mencionar los municipales): la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y, a pesar de todo, hay impunidad y corrupción por todas partes.

Necesitamos un Estado eficiente —es decir, el que haga las cosas bien— y un Estado eficaz —es decir, el que las haga en el tiempo y con los costos menores posibles—. ¿Podremos pensar en desligar del gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) el imperativo de imponer su ideología política y más bien lograr gobiernos comprometidos con el progreso y desarrollo del país, ¿independientemente de su ideología?

LOS CAMBIOS SOCIALES Y POLÍTICOS

 Comentario 04/11/2025

 

LOS CAMBIOS SOCIALES Y POLÍTICOS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

La política mundial parece un reverbero: de un momento a otro centellea y hay llamas por algún lado, con todo tipo de conflictos de poder, políticos, religiosos, militares, territoriales, étnicos, de corrupción, de delincuencia, de ideologías contrarias, de presiones económicas, de desplazamientos humanos, de conflictos regionales, e incluso de cambios climáticos y sus consecuencias.

Incluida en todo esto está la distorsión o el refuerzo de la verdad y la objetividad que las redes sociales y las avanzadas tecnologías crean como oportunidad o como desafío.

Lo mismo está sucediendo en Latinoamérica. De hecho, en Latinoamérica, estamos afrontando tres tipos de cambios, los cuales son diferentes en su contenido y orientación, veamos:

Cambios con alto contenido social:

Se trata de verdaderas reivindicaciones de carácter social en materia de soluciones básicas de vivienda, salud, educación, pensiones y bienestar. Dependiendo de las características de cada país, la gravedad y complejidad de los problemas es diferente. Por ejemplo, en Colombia se ha logrado una razonable cobertura y calidad en la salud y la educación, pero una muy pobre cobertura en las pensiones. En Chile la cobertura en pensiones es notable, pero el porcentaje de restitución, es decir, lo que recibe quien se jubila, es tan bajo que no ofrece respaldo para una vida digna.

Así podrían mencionarse caso a caso todos los países y tendrían, unos más y otros menos, pero todos por igual, significativas necesidades en materia social. Aquí las protestas son argumentadas y deberían merecer todo el respaldo de la comunidad, siempre que se hagan por los cauces legales y por las vías pacíficas. El límite en cada país está en su voluntad política, en su capacidad económica, su menor o mayor corrupción y la eficiencia de su gasto público.

Cambios con alto contenido político:

Otro tipo de demandas son las de cambios políticos de gobierno o cambios constitucionales, los cuales, en los últimos años, por las vías electorales y según las propias constituciones y reglamentos, se han hecho para elegir nuevos gobernantes democráticamente o para modificar aspectos relacionados con la constitución política del respectivo país. Se ha acudido a referendos, plebiscitos o asambleas constituyentes como fórmulas de cambio, todas las cuales se enmarcan en el marco institucional y en forma democrática, civilizada y pacífica. Cada país es dueño de decidir su destino en términos de la constitución que lo rija y el gobierno que lo represente. Estos cambios, por supuesto, deberían ser respetados y acatados en forma pacífica.

Cambios con contenido subversivo y anárquico:

Lo que no puede ser, y se ha vuelto un hecho frecuente, es presionar cambios de tipo político, social, constitucional o institucional a partir de la violencia y el anarquismo. Los grupos de encapuchados que en forma arbitraria atentan contra los intereses de la comunidad, como: los comerciantes, los empleados, los estudiantes, los servicios de transporte, los bancarios, los de salud, los de recreación; es decir, atentan contra el funcionamiento de la comunidad y los derechos de los demás. Son simplemente un anarquismo de carácter subversivo y totalitario, que vulnera la constitución, las leyes y los intereses de los demás ciudadanos, imponiendo, bajo agendas ocultas (nacionalismo o populismos), lo que les viene en gana, con grandes costos económicos, políticos y sociales. Se afecta la estabilidad, la credibilidad, la confianza y el prestigio de una nación. Estos movimientos deben ser rechazados y sancionados por todos los ciudadanos y con toda la fuerza de la ley.