LOS RIESGOS PAÍS Y LA ECONOMÍA COLOMBIANA

 Comentario 22/07/2024

 

LOS RIESGOS PAÍS Y LA ECONOMÍA COLOMBIANA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Todos los negocios y países tienen riesgos, es decir, circunstancias en las cuales pueden haber periodos de malos resultados o evolución negativa por muchas y diferentes razones. Veamos: Los riesgos son situaciones o eventos, generalmente inesperados, que pueden tener consecuencias negativas para las personas, las organizaciones, los proyectos o los propios países y sus regiones. Existen diferentes tipos y niveles de riesgos, y es importante identificarlos y evaluarlos para poder prevenirlos o mitigarlos. El análisis de riesgos es una herramienta que sirve para estimar la probabilidad y el impacto de los riesgos previsibles, y para desarrollar los planes de acción adecuados para suavizar sus impactos. No es posible, por el contrario, prevenir los casos fortuitos, como un terremoto, por ejemplo; en ese caso, solo queda afrontar sus consecuencias, reparar los daños y continuar, si es posible.

En este comentario nos referiremos a los riesgos país, dado que en los últimos meses la respuesta de los empresarios frente a sus inversiones para el crecimiento, el desarrollo, la expansión o los nuevos negocios se ha frenado y hasta ha habido decrecimientos sustantivos, como ha ocurrido en el año 2023 y en lo que va corrido del 2024, en relación con los años prepandemia.

Hay riesgos generales debido al ambiente político, económico y financiero inestable y riesgos específicos, debido a fallas en las decisiones tomadas en el propio país. Cuando un país aumenta sus riesgos, es muy difícil pensar que se debe solo a riesgos fortuitos o imprevistos; suelen estar precedidos por decisiones de gobierno, empresariales o de movimientos sociales o políticos que afectan el riesgo general. Por supuesto, los casos imprevisibles o fortuitos, como terremotos, inundaciones, huracanes, incendios, etc., son también causas evidentes de riesgos generales.

Los riesgos generales pueden ser sectoriales, macroeconómicos o políticos, y afectan a la gran mayoría de la geografía o, en algunos casos, a toda la economía. Generalmente no son controlables por ningún agente económico en particular, y son tales como:

• Los sectoriales, como los relacionados con un tipo de industria o actividad particular, los cuales pueden provenir de problemas de abastecimiento, de tecnología, de competencia, logísticos, de demanda, de sustitutos tecnológicos, de modificaciones legales o de cambios de conducta de los consumidores, entre otros.
• Hay situaciones macroeconómicas no controlables por las empresas que pueden influir en sus resultados, tales como: alta inflación, situaciones de recesión con baja demanda general, altas tasas de interés, fenómenos de iliquidez o devaluación, riesgo por fronteras, es decir, importado de otros países por su situación, por su vecindad o su comercio con el propio país, etc.
• Otro tipo de riesgo general surge de fenómenos de tipo político donde la confrontación social (o bélica) es tan aguda que afecta el desenvolvimiento de los negocios. Diferencias marcadas en los enfoques de gobierno, de relaciones internacionales o al interior del país, sobre temas tales como la incidencia del Estado en la economía, los derechos humanos y de la propiedad privada. Por su parte, las desigualdades, la falta de oportunidades, el acceso a la tierra, el narcotráfico y la minería ilegal, entre muchos otros, conducen a situaciones de confrontación, las cuales, en ocasiones, se convierten en un riesgo de tipo general que puede afectar diferentes regiones y aún países enteros.

Por su parte, los riesgos específicos son propios de cada Estado, cada empresa, región o agente particular, su administración, sus políticas y programas. Hay sectores o regiones más riesgosos que otros; sin embargo, el perfil del riesgo no evoluciona por azar, es producto de las decisiones propias de los entes llamados a tomarlas, sea el Estado o los particulares, las cuales pueden ser conservadoras o agresivas, o una mezcla de ambas.

La impresión de los inversionistas privados, según las opiniones recibidas recientemente frente al riesgo país de Colombia, es que no hay condiciones favorables para nuevas inversiones (nuevos riesgos), salvo para soportar y capotear los riesgos de las inversiones ya incurridas, por razones como las siguientes:

• Inestabilidad política: hay una fuerte desconfianza en el gobierno de Petro y, por esta razón, los niveles de incertidumbre se han exacerbado y la favorabilidad del presidente se ha ido al piso. El discurso del presidente suena a radicalización y amenaza.
• Inestabilidad jurídica: por el sinnúmero de reformas en marcha, sin horizonte claro, destruyendo lo construido y buscando estatizar los servicios sensibles como la salud y las pensiones, con un Estado sujeto a corrupción y politiquería, como se ha demostrado a través de la historia.
• Reformas inoportunas como la laboral, que incrementan los costos laborales, disminuyen las jornadas de trabajo y aumentan los privilegios de los sectores sindicales, en un momento de una muy probable recesión económica.
• Pérdida del grado de inversión: que aún no se recupera y está amenazado para los próximos años por incumplimiento de la regla fiscal. ¿Cuándo volveremos a tenerlo? Se ve lejano.
• Escenario macroeconómico de bajo crecimiento o de recesión, lo cual no ayuda a las metas sociales, económicas y fiscales. No hay política anticíclica por parte del Estado.
• Los impactos del cambio climático.
• La política energética y las fuentes alternativas renovables y no renovables, y el tema de la explotación de los hidrocarburos.
• Continúan y continuarán los problemas de desigualdad y falta de oportunidades, si bien los enormes avances del país en la mitigación de la pobreza y la vulnerabilidad en las últimas décadas.
• La seguridad y la paz en las regiones sigue siendo un serio problema del país.
• Etc.

Hay suficientes razones para ser precavidos con el riesgo país ante nuevas inversiones; sin embargo, siempre habrá oportunidades. Si el gobierno de Petro no cambia la “partitura”, será cada vez mayor la desconfianza y la incertidumbre, y estos son los grandes enemigos de la inversión, de la continuidad y de la permanencia de las inversiones y de los inversionistas.

 

LA DESCONFIANZA

 Comentario 09/10/2023

 

LA DESCONFIANZA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Por donde uno “camina” se siente, cada vez con mayor fuerza, un ánimo de desconfianza sobre el estado presente y el futuro inmediato de la evolución del país, en materia económica, política, social y de seguridad. Las inquietudes e insatisfacciones afloran tanto del lado de las personas como del de las empresas y de muchos organismos sociales o comunitarios que avizoran cómo el panorama se está ennegreciendo y los correctivos y soluciones no se están ejecutando, para aminorar los impactos negativos de la desaceleración económica nacional e internacional que ya se siente y que puede profundizarse, prolongarse y agravarse con el correr de los acontecimientos y el pesimismo que cada vez acompaña las decisiones de compra o inversión de los negocios y las familias.

Vamos por partes y veamos cada caso:

El 2023 será un año de muy bajo crecimiento económico, medido por la evolución del producto interno bruto (PIB), el cual se espera que se ubique en un rango entre el 1% y el 1.3%. Históricamente Colombia ha tenido un crecimiento moderado alrededor del 3% al 5% promedio entre los años, así que un descenso, hasta el rango esperado al cierre del año, habla con fuerza de la pérdida de dinámica económica en los sectores especialmente de: industria, comercio, construcción, y agropecuario, que son los de mayor contribución al empleo y al crecimiento económico. Sólo se destaca con algún crecimiento el Gobierno (quien ejecuta un presupuesto elevado), y los sectores de tecnología y de servicios, especialmente. Muchos nubarrones en el sector energético y en la exploración y explotación de hidrocarburos, por restricciones regulatorias y de consultas populares, sin solución a la vista. En otros sectores la evolución habla de un muy bajo crecimiento y aún estancamiento. Especialmente grave es el caso del sector de vivienda que presenta decrecimientos en el 2023 versus el 2022 superiores al 50%, particularmente uno de los sectores que más dinamiza la economía y el empleo.

Si no hay un repunte en la demanda de todo tipo de bienes en el cierre del año, octubre-diciembre, el crecimiento del año será aún más bajo y afectará con severidad la expectativa del 2024. Lo malo es que, a la altura del año, la inversión y el consumo se muestran de “capa caída”, prácticamente paralizados.

En materia política el escenario está lleno de nubarrones por la inestabilidad y falta de gobernabilidad del ejecutivo, ante las persistentes acusaciones de violación a las normas y topes electorales en la campaña de Petro del 2022, bien por recibir dinero de partes non sanctas o bien por exceder los topes de ingreso u ocultar algunos de los gastos, con violaciones que podrían conducirlo a la inhabilidad política. A esto se suma el pobre respaldo en el Congreso pues el Pacto Histórico, movimiento político que acompaña al presidente Petro, cada vez está más sólo, si no es a punta de “mermelada”, los proyectos del gobierno no caminan. Las elecciones departamentales y municipales del 29 de octubre muestran a los candidatos y relacionados con el petrismo en bajos niveles de aceptación y popularidad, en general, según las encuestas de opinión de diferentes medios de comunicación de diversa tendencia editorial o política.

Las reformas planteadas por el gobierno Petro, laboral, pensional, salud, educación, entre ellas, recorren un camino tortuoso y lleno de sobresaltos en el Congreso, la razón fundamental es el cambio abrupto en temas que hoy funcionan bien, pues no se corrige lo necesario para mejorar, sino que se establece un nuevo ordenamiento, lleno de incertidumbre, falta de claridad en su funcionamiento y poca o ninguna viabilidad económica, de hecho las encuestas de opinión demuestran que cerca del 70-80% de los ciudadanos no aprueban las reformas. Si bien hay temas por mejorar, hay que construir sobre lo construido y no usar una política de borrón y cuenta nueva. Demasiada ideología de extrema izquierda por parte del gobierno nacional les impone un tinte político grave a las reformas, lo cual las aleja de la evaluación y discusión técnica y funcional durante su aprobación, como debería ser.

El hecho más inquietante es el desplazamiento de los servicios que hoy presta el sector privado en cada campo de atención, con una razonable calificación de calidad y oportunidad, para fortalecer los servicios del Estado, quien no ha sido, hasta ahora, un modelo de virtudes en los servicios a su cargo, más cuando la complejidad, el número de beneficiarios, la demanda por servicios y por recursos se concentre sólo en el Estado y en sus agencias. Hay enormes peligros de politización, sindicalización, corrupción y clientelismo en este tipo de concentración de servicios y recursos en el Estado.

En materia de seguridad, ni hablar, los esfuerzos de paz total, de desmantelamiento de bandas criminales y de narcotráfico, no han producido resultados reales y apreciables, los territorios son más vulnerables a la acción guerrillera (ataques, secuestro y extorsión) y delincuencial, la producción de estupefacientes aumenta y la delincuencia común se enseñorea en cada rincón del país, los ciudadanos ya tenemos verdadero temor de salir a las calles. Además, hay una fuerte tendencia, estimulada de alguna forma con el discurso populista y oportunista del gobierno a que se fomente la invasión de tierras productivas en diferentes regiones del país. La acción de las autoridades o poco se ve o no se tiene por la propia voluntad del presidente Petro. De otro lado, la polarización política cada vez es más pugnaz y desafiante, es una “chispa” por explotar.

En el campo social urbano y rural los desafíos son enormes y los logros pocos, el desempleo, especialmente en el campo, la pobreza, los retos en educación, salud e inclusión, los problemas con el crecimiento de la población de niños y de adultos mayores para poder atenderlos adecuadamente, los servicios públicos, el encarecimiento de las tarifas y de la gasolina, la inflación persistentemente alta, las tasas de interés elevadas y la nula o muy baja generación de nuevas oportunidades se vuelven poco esperanzadoras.

Los empresarios se encuentran solos, sin el acompañamiento del gobierno, quien ha sido reacio a un trabajo mancomunado con el sector privado o a escuchar sus argumentos y planteamientos, más bien hay una acción de menosprecio y aún de desprecio por parte del Ejecutivo, los problemas del país son causados por ellos, según muchas e inopinadas declaraciones dadas por los funcionarios públicos. Los empresarios sienten inseguridad jurídica, condiciones de negocios poco propicias para su crecimiento y desarrollo y sólo le “juegan” al mantenimiento y a la sostenibilidad, en un entorno que consideran adverso, amenazador y con tendencia cada vez a mayor deterioro.

El año 2023, en consecuencia, será un mal año económico, político, social y de seguridad, lo malo es que el 2024 se avizora también con muchas amenazas en la economía nacional e internacional, lo cual se suma al estado de desconfianza que hoy tenemos en la economía y en el gobierno. Y viene el fenómeno del niño, con mayor fuerza hacia los meses de febrero a junio del próximo año, éste puede tener, según su severidad, consecuencias complejas en materia de alimentos y suministro de energía, con todos sus costos e implicaciones.

Lo anterior, sumado a los temores individuales que cada quien siente, por la inestabilidad y falta de condiciones favorables que su situación particular puede tener, está generando un elevamiento sin par en la incertidumbre de las personas, las familias, las empresas y las organizaciones sociales y comunitarias. Esta sensación se traduce en parálisis de decisión y acción, menor dinámica pues los “riesgos son mayores que los beneficios”, en ese caso buscamos sólo dejar pasar el momento, con lo cual afectamos nuestras decisiones de compra o inversión, lo que retroalimenta el ciclo de bajo crecimiento o desaceleración y aún nos puede conducir a una recesión, que en el caso de Colombia sería una estanflación, pues tendríamos muy bajo, ningún o negativo crecimiento con una inflación elevada y persistente.

Si no se restablece la confianza, la incertidumbre se afianzará y todos los ciudadanos la sentirán como menor calidad de vida, de oportunidades o de bienestar.

 

RESISTE VENEZUELA

 Comentario 10/07/2023

 

RESISTE VENEZUELA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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En la ya por más de un año invasión y agresión rusa a Ucrania han sucedido muchas manifestaciones de apoyo al valiente pueblo ucraniano quienes, con una inferioridad en capacidad bélica, han resistido con la firme voluntad de su pueblo para preservar sus territorios, costumbres, derechos, democracia y libertades, contando con el apoyo decidido de potencias aliadas en la OTAN. Ucrania es una democracia parlamentaria con tres poderes separados: ejecutivo, legislativo y judicial, en este modelo, el presidente del país presenta un candidato a primer ministro, que debe ser confirmado por el Parlamento.

De hecho, Ucrania espera formar parte de este bloque de defensa internacional y coaligado de países de Europa y Norteamérica que constituye un enlace único entre estos dos continentes, lo que les permite consultar y cooperar en el campo de la defensa y de la seguridad y realizar juntos operaciones multinacionales de gestión de crisis. Lo que atraviesa Ucrania es precisamente una severa crisis por el ataque injustificado de Rusia, bajo el supuesto de que va a ser atacada por los países de la OTAN. La expresión más utilizada en el mundo que apoya a ese país es “resiste ucrania”, tal como lo ha hecho hasta ahora, sin que nadie pueda estar seguro de cuál, cuándo y cómo va a ser el desenlace de tan infausta situación.

Pues, en el otro extremo de la geografía, tenemos una situación de “agresión” de otra naturaleza en otra democracia, la cual no cesa desde la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela y su sucesor Nicolás Maduro. El primero llegó al poder en Venezuela el 6 de diciembre de 1998 después de ganar las elecciones presidenciales con la promesa de reformar la Constitución y liderar procesos de cambio en ese país. Este proyecto político se terminó llamando “el socialismo del siglo XXI”

Por su parte el primer gobierno de Nicolás Maduro comenzó el 8 de marzo de 2013, de forma interina, debido a la muerte del presidente Hugo Chávez, pero fue ratificado el 19 de abril de 2013 como presidente constitucional tras la celebración de unas elecciones presidenciales, las cuales Nicolás Maduro ganó estrecha y dudosamente. La oposición acusó, de hecho, dicho proceso electoral como fraudulento. Este periodo termina el 10 de enero de 2019 con la toma de posesión para un segundo mandato después de unas nuevas controversiales elecciones presidenciales en 2018.

Todos somos conscientes de lo que ha sucedido en el vecino Venezuela como fruto de esos dos gobiernos: pérdida de libertades, de la propiedad privada, agresión y expropiación al empresariado, camarillas de gobierno, comandos chavistas y persecución política a los opositores, muchos de ellos encarcelados injustamente. Todo lo cual ha conducido a la devaluación extrema de su moneda (ya casi no tiene valor) y a un empobrecimiento feroz del pueblo venezolano quienes a duras penas con el equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales alcanzan a comprar una canasta familiar de consumo. Un país petrolero que hoy no tiene cómo abastecer el tanque de sus vehículos por el deterioro al que han conducido a PETROVEN (Petróleos de Venezuela) y por la corrupción rampante sobre todos los recursos públicos. No es meramente gratuito que cerca de 7.1 millones de venezolanos (según Naciones Unidas, EL Colombiano 5 julio 2023) caminen por el mundo buscando mejor vida, en países de Centroamérica y Suramérica, en los Estados Unidos y en Europa.

Especial significación ha tenido Colombia en ese éxodo venezolano, por la vecindad, tradición y familiaridad de ambos pueblos. De hecho, se estima en cerca de 2.5 millones de ciudadanos de esa nación aproximadamente (Portafolio 6 julio 2023) hoy están viviendo y laborando en Colombia y que de ellos el 81.7% tiene intenciones de permanecer en el país, lo último que piensan es regresar a su Venezuela en las condiciones actuales. Con satisfacción los vemos progresar en muchos lugares, en actividades diversas del comercio, el turismo, la industria y los servicios. Pero, también, y lamentablemente, muchos de ellos aún están buscando monedas haciendo de saltimbanquis en los semáforos de las calles en todas las ciudades.

La solución de Venezuela es la democracia, el camino de las sanciones y las restricciones políticas y económicas que se le han impuesto por diversos países, sólo ha conducido a atornillar más en el poder la esquiva y truculenta dictadura de Maduro, y a refugiarse en Irán, Rusia y China como fuentes de financiamiento, quienes condicionan su gobierno para ser más radical y comprometen los recursos del país a futuro para su abastecimiento. Hoy, en ese país no hay un régimen democrático con libertades a la oposición y a los ciudadanos, con respeto por las instituciones y por la constitución. Las instituciones, por cierto, han sido cooptadas por el gobierno. El último sinsabor es el nombramiento de la esposa de Nicolás Maduro como presidente del Consejo Nacional Electoral, ¿habrase visto más descaro y más pérdida de derechos políticos para la oposición? La esposa de Nicolás Maduro es Cilia Flores, quien es una política y abogada venezolana, además, es diputada al Parlamento Nacional y es la mujer más poderosa del chavismo.

Pero, la gota que rebosa la copa es la inhabilitación de los candidatos de la oposición a las presidenciales del 2024, los cuales se postulan para elecciones primarias con el fin de unificar fuerzas y acertar en las propuestas al pueblo venezolano, para cesar el nefasto gobierno de Maduro, recuperar su país, su economía, sus libertades, sus instituciones y su democracia.

Ya van tres candidatos inhabilitados por el régimen de Maduro, encausados sin causa, como efectivamente lo aseguran distintos medios de comunicación, es sólo represión para sacar del paso a potenciales opositores de buen talante electoral. La más notoria de estas arbitrarias descalificaciones fue la recientemente aplicada a Maria Corina Machado, líder indiscutible de la oposición y con alto reconocimiento entre la población. De hecho, según las encuestas recientes hechas por agencias independientes de ese país, la favorabilidad de los sectores opositores llega al 68% y la de Maduro sólo al 10% (EL Tiempo 2 julio 2023).

Es evidente la causa de la radicalización de Maduro contra los comicios y los opositores. Lo único que nos queda por decir, como demócratas en Colombia y ojalá desde muchos lugares del mundo, es: Resiste Venezuela, como dice el refranero español “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo soporte”.

LEGITIMIDAD Y BUEN GOBIERNO

 Comentario 19/06/2023

 

LEGITIMIDAD Y BUEN GOBIERNO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Nota: Los hechos históricos de este comentario son tomados de diferentes páginas web.

 

Por supuesto que cada gobernante tiene o debe tener su ideología política la cual guiará su obra de gobierno, pero una cosa es la ideología y otra, muy distinta, es el buen gobierno. Hagamos primero una pequeña discusión sobre los partidos políticos tradicionales en Colombia, los cuales, después de la violencia política entre liberales y conservadores en los años 50, finalmente acordaron y firmaron el frente nacional que permitió la pacificación del país por la alternancia entre gobiernos de corte liberal y de corte conservador, respectivamente, en los períodos que a cada partido correspondían. El Frente Nacional fue un pacto o acuerdo político entre esos partidos, vigente en Colombia entre 1958 y 1974. Las principales características de este período fueron la alternancia de la presidencia durante cuatro períodos constitucionales de gobierno de coalición, la distribución de los ministerios y de la burocracia en las tres ramas del poder público (ejecutiva, legislativa y judicial). En este período, el candidato presidencial era elegido por acuerdo bipartidista, y la distribución igualitaria de las curules parlamentarias se mantuvo vigente hasta 1968. El principal objetivo de este acuerdo político fue acabar de consolidar la pacificación y contribuir a la reorganización del país luego del régimen de Gustavo Rojas Pinilla, quien quería perpetuarse en el poder y formar una dictadura. Ese acuerdo de partidos funcionó bastante bien pues sus gobiernos tuvieron ideologías partidistas, pero con legitimidad democrática, sin dejar de afirmar que ese período político del país dejó algunas inquietudes.

El problema, es este caso, no estuvo en la bienvenida pacificación del país frente a la violencia partidista, sino en la exclusión de terceras ideologías que no participaron en ese acuerdo político y que representaban otras tendencias ideológicas diferentes, especialmente de izquierda, lo cual derivó en intensas confrontaciones políticas en las votaciones y campañas que se sucedieron luego de la terminación del frente nacional y en acusaciones sucesivas de unos gobiernos hacia otros, alimentando una intensa polarización entre los ciudadanos. Sin embargo, hoy el país tiene, por primera vez en sus más de 200 años de historia republicana, un gobernante de la izquierda radical que se autodenomina como progresista, con una visión estatista, autoritaria, populista y autocrática.

Tras el asesinato de Luis Carlos Galán, en 1989, se dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para las elecciones de 1990. Las desmovilizaciones de los grupos guerrilleros, del Movimiento 19 de abril (M-19) en 1990, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame en 1991, contribuyeron a crear un ambiente social en el que la transformación del país por la vía política y jurídica se veía como el camino más promisorio. El movimiento estudiantil promocionó la Séptima papeleta para las elecciones legislativas de 1990. La Corte Suprema de Justicia reconoció la mayoritaria voluntad popular validando esos votos. En diciembre de 1990 se convocaron a comicios para elegir los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó la nueva constitución el 4 de julio de 1991. Los presidentes de la constituyente fueron una mezcla variopinta de pensamientos, tales como: Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional de origen conservador, Horacio Serpa por el Partido Liberal y Antonio Navarro Wolff por la Alianza Democrática M-19. De esta forma, la historia de Colombia tuvo un giro sin precedentes al considerar el espectro completo de ideologías en el nuevo acuerdo social, la Constitución de 1991, ya que no solo se logró un cambio constitucional sino también que el grupo guerrillero M-19 entregó las armas y se integró a la vida política nacional y a las comunidades indígenas se les garantizó representación en el Congreso de la República. Esto demuestra que puede haber colaboración armónica entre diferentes ideologías, por el bien del país, pero siempre que haya legitimidad.

Ahora, durante los últimos años, las diferencias ideológicas de los partidos políticos en Colombia y el reconocimiento e importancia de esos partidos o grupos políticos opositores se ha ido desdibujando, desde las convicciones de “tuerca y tornillo”, en personas que por tradición y aún sin entender cuáles eran esas diferencias, al final terminaban blandiendo el trapo rojo, el verde, el amarillo o el azul, colores emblemáticos de los individuos de la izquierda, de centro o las de derecha, respectivamente. De hecho, el desprestigio de los partidos políticos por problemas de corrupción y clientelismo, así como la pérdida de legitimidad de algunos de sus representantes en el Congreso de la República como órgano legislativo, es evidente. Según las diferentes encuestas de opinión, la credibilidad de la clase política es muy baja y su escaso liderazgo es consecuencia no de sus ideas sino por sus conductas clientelistas, corruptas, politiqueras, burocráticas y demagógicas. En sentido contrario y para no generalizar, algunas personas de la clase política tienen reconocimiento y aceptación como dirigentes con ideas y realizaciones serias, pero no por el partido al cual pertenecen, sino por sus calidades individuales como dirigentes.

Según los estudios y análisis realizados sobre los innumerables partidos que hay en Colombia (como 30 actualmente, que horror, verdaderas maquinarias de avales), se demuestra que, en la práctica, las diferencias surgen de la aceptación de las personas que los lideran más que del ideario que representan. El transfuguismo, es decir el cambio frecuente de partido o de grupo político, por intereses meramente electorales, burocráticos o por beneficios económicos, demuestra que la ideología les destiñe a esas figuras, a veces luminarias de la política, quienes, al final, no “saben” a nada, sus arraigadas convicciones son ninguna. Son “máquinas” tramitadoras de temas políticos al servicio de quien más beneficios les ofrezca. De ideología, prácticamente muy poco contenido, aunque vociferen en sus discursos de plaza pública en la búsqueda de incautos seguidores.

Pero, en el marco de la Constitución de un país, una vez aprobada, deben caber las diferentes tendencias políticas y sus distintos enfoques sobre el Estado, la sociedad, el libre mercado, la propiedad privada, el régimen de libertades y las normas sobre equidad e igualdad, como se hizo con la Constitución de 1991 en Colombia. En consecuencia, con la pérdida en la significación de los partidos políticos y sus ideologías, los representantes de dichas instituciones deberían tener un compromiso mayor por el buen gobierno, el crecimiento y el desarrollo del país para generarle a los colombianos oportunidades diversas y en toda la geografía, tales que, efectivamente, los ciudadanos, sin distingo alguno, dispongan de más progreso y bienestar.

El mismo gobierno de Petro, respetando su ideología, debería ser una fuente de legitimidad y buen gobierno, pero, hasta ahora, sólo exhibe un discurso con ideología radical y confrontación total con los ciudadanos que no comparten sus reflexiones políticas, su credibilidad está sometida a juicio por un sinnúmero de escándalos y sus realizaciones prácticamente son muy pocas. Más buen gobierno, legítimo, creíble y serio y menos consignas políticas, es lo que necesitamos: Acciones y ejecuciones de desarrollo y crecimiento, no discursos y proclamas de tinte político radical.

EL DESMADRE

 Comentario 21/03/2023

 

EL DESMADRE

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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La victoria de Gustavo Petro en las presidenciales de Colombia ha supuesto un hito histórico para el país y para los políticos de la izquierda, ya que estas corrientes ideológicas nunca habían conseguido ganar unas elecciones de esta naturaleza en los más de 210 años de esta nación andina. "Lo que viene es un cambio de verdad", anticipó el economista y ex guerrillero de 62 años en su primer discurso público luego de ser electo, donde insistió en la reconciliación y la construcción de la paz. Gustavo Petro es el caso más reciente de un izquierdista de América Latina que llega al poder en una ola de descontento social con la clase política, la desigualdad y el estancamiento económico.

A menos de un año de su posesión, la situación del país es un verdadero desmadre. La palabra desmadre tiene varios usos y significados, sin embargo, emplearemos el más común de ellos, es decir, el de caos, confusión y falta de orden[1], si bien también adquiere el significado complementario como un exceso incontrolado y el de pérdida de la moderación en el comportamiento, no por acción de las condiciones del entorno sino por sus propias decisiones erráticas, improvisadas, con problemas de legalidad o de aplicación, entre muchas otras consecuencias.

Veamos algunos de estos hechos (son muchos):

• Durante su campaña “corrió las líneas éticas” para superar a sus contrincantes, según la recomendación de su asesor político Sebastián Guanumen, actual embajador en Chile.
• En dicha campaña hubo de todo y con exceso de “agua sucia” en redes sociales para sus contrarios y ahora con violación de topes y normas electorales según los testimonios recientes de la exesposa de su hijo Nicolás, aún por confirmarse, con las investigaciones de la Fiscalía y del Consejo nacional Electoral.
• Su gobierno es proclive a pasar por alto la constitución, las instituciones y las leyes en la relación con los delincuentes de todo tipo, frente a lo cual la Procuraduría, la Contraloría, las Cortes y la propia Fiscalía, le han tratado de poner el “tatequieto”.
• Ha desarrollado una tesis de pequeños productores para explicar su permisividad con las drogas y narcotráfico.
• La Paz Total está basada en el sometimiento del Estado en favor de los delincuentes y no de los delincuentes al Estado. Demasiada “zanahoria” y ningún “garrote”, no convienen ni funcionan.
• Marcado sesgo hacia el Estatismo y el Dirigismo según el cual es el Estado el promotor y gestor de la economía, con menosprecio por el sector privado.
• Su estilo es de intervencionismo en muchos temas que no le corresponden, como lo es en la fijación de tarifas de los servicios públicos.
• Su tendencia hacia tener injerencia en los asuntos internos de otros países ya le vale el calificativo de persona “Non grata” en algunos de ellos (Salvador, Guatemala, Perú).
• Su asociación con una coalición de gobierno basada en la “mermelada”, no es un programa de cambio, es más de lo mismo, que él rechazó durante su campaña.
• Su actitud de “ferrocarrilear” en el Congreso con “pupitrazos”, mensajes de urgencia y calificación de ordinarias a leyes estatutarias, acompañada de la astuta conducta “tranfuguista” de Roy Barreras, en todo lo cual hay manguala y clientelismo.
• Presionar las manifestaciones de la oposición con otras marchas, para ver quién es más fuerte. Y con el “balconazo”, invitando a ganar en las calles lo que no se apruebe en el Congreso, es una incitación a la violencia, a la polarización y a la desinstitucionalización del país. El país hoy está más polarizado que nunca.
• Su sancocho de reformas, con alto contenido de estatismo, de populismo y de oportunismo, más ideológicas que políticas de buen gobierno, no consultan las realidades nacionales. No más ver el final que va a tener su reforma a la salud, frente a la cual, para su trámite en el Congreso, ya hay tres proyectos alternativos opositores y diametralmente diferentes, frente a pérdida de apoyo político, ahora sí, la búsqueda de consensos que no eran del agrado y estilo de su ministra de salud Carolina Corcho. Todas las reformas, hasta ahora conocidas o enunciadas, como la pensional y la laboral, como han sido enfocadas, son un “palo en la rueda” para el buen funcionamiento del país, sus empresas y su economía.
• Su invitación para decrecer la economía o para dejar de explotar los recursos naturales mineros y petroleros que dispone Colombia, por el prurito del cuidado al medio ambiente, frente al cual somos un país de baja contaminación y con acciones concretas para combatirlo a través de planes de energías renovables, son un “tiro en el pie” para la evolución, el progreso y el crecimiento del país y generan suspicacia e inseguridad jurídica en los inversionistas nacionales y extranjeros.
• La inacción de la fuerza pública frente a los grupos armados organizados, de origen guerrillero, delincuentes comunes o narcotraficantes y la descalificación de generales con reconocida experiencia, lo único que han logrado es más delitos con más violencia y desánimo en las fuerzas armadas y de policía, y aún el retiro de muchos de sus miembros contrarios a las directrices que reciben del ministro de Defensa y del Comisionado de Paz. De ser guardianes de la ley, la vida, la honra y los bienes de los colombianos, pasaron a ser como “ciudadanos de segunda o tercera clase”.
• El entorno macroeconómico (inflación, tasas de interés, desempleo, crecimiento PIB e inestabilidad de la tasa de cambio) en vez de mejorar, cada día se ve más “negro”, si bien hay que reconocer que el año 2023 se avizora difícil por condiciones internas y externas regresivas. Sin embargo, hay pares que están mejorando y Colombia no.
• Los ministros y el Consejo de ministros son inestables y con profundas contradicciones internas, que saltan al escenario público día por día, generando una sensación de inseguridad e improvisación y gran incertidumbre en los demás ciudadanos.
• Y, para no ahondar más en lo que está sucediendo, en realidad, es poco lo que ha salido bien en este gobierno de Petro, salvo una reforma tributaria tramitada en un momento inoportuno.

El expresidente Álvaro Uribe, con un sentido patriótico, invitaba al país a “dejen gobernar a la izquierda”, para no entorpecer las soluciones que pudieran planear los nuevos funcionarios de la Casa de Nariño, sin embargo, lo que hemos visto es un verdadero desmadre. La oposición apenas va a empezar con las nuevas reuniones del Congreso ordinarias y extraordinarias, es el propio gobierno quien se ha hecho zancadilla y el país, viendo las cosas cada vez de peor color, con el horizonte muy oscuro, así como la popularidad y la favorabilidad del gobierno caer y caer. Ya hay muchos arrepentidos por haber elegido a Gustavo Petro como presidente, si bien sus antecedentes como alcalde de Bogotá ya demostraban su arrevesado estilo.

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[1] https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/desmadre.php

EL INSONDABLE GOBIERNO DE GUSTAVO PETRO

 Comentario 16/01/2023

 

EL INSONDABLE GOBIERNO DE GUSTAVO PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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La conducta del presidente Petro y sus ministros, de acuerdo con la evidencia de lo ocurrido durante su campaña y los primeros meses de su gobierno, podríamos calificarla como insondable (poco se entiende) e inestable (cambia continuamente). Veamos:

Aún no tiene un plan de desarrollo que oriente el curso de su acción presente y futura, de hecho, según afirma, lo está supuestamente preparando a través de unas asambleas populares vinculantes, donde cualquier mezcla de demandas de la ciudadanía puede surgir, entre sueños, aspiraciones, necesidades y prioridades locales, las cuales pueden entrar a competir frente a otras demandas locales o regionales diferentes, frente al hecho incontestable de recursos esencialmente escasos. Con ello, no hay unas líneas estratégicas de país, es decir, de largo plazo, que le den un verdadero norte a la nación como un todo y a sus regiones, a sus comunidades e instituciones sobre lo que se debe lograr en forma prioritaria. Tratar de complacerlos a todos es imposible y populista, por el hecho de prometer y no cumplir. Son demasiadas las promesas hechas hasta ahora, en muchos frentes y con muchos subsidios. Vamos a tener un Estado proveedor de subsidios, no de ejecuciones.

Los países que, dentro de un modelo de libre mercado y propiedad privada, han logrado mayor desarrollo, a partir de condiciones de subdesarrollo como las nuestra, tales como los llamados tigres asiáticos, trazaron unas prioridades y dedicaron su mayores y mejores esfuerzos a construirlas. Citemos no más a un Corea del Sur con su avance actual en campos como el tecnológico, el automotriz, el naviero, el agrícola y su comercio exterior abierto al mundo. Allí participamos los colombianos como combatientes en la guerra entre las dos Coreas (1951-1954) y en ese país nos recuerdan con cariño, pero se extrañan de cómo a ellos les ha “rendido” la labor del crecimiento y el desarrollo y a nosotros no. La politiquería, el populismo, la corrupción y la ausencia de prioridades nacionales son buena parte de la explicación de lo que nos sucede.

La reforma tributaria que recaudará 20 billones de pesos adicionales, aún no se sabe, a ciencia cierta, en qué y cómo se va a aplicar, fue defendida en la sustentación en el congreso, como urgente y necesaria para apalancar el gasto social y el déficit fiscal, pero su aplicación no está determinada todavía. Al parecer su utilización es a punta de casuística. A última hora apareció, con cargo a esos recursos, el subsidio al SOAT, que era un “incendio con gasolina” que estaba oculto detrás de la falta de amparos con SOAT por los conductores del país en su gran mayoría, y ante los continuos incidentes de tránsito, principalmente de las motos, como vehículos de alto peligro y poco control, con ausencia de educación para su correcto y prudente uso. Está en ciernes, también, la congelación de las tarifas de peajes y la moderación de precios de energéticos y de combustibles. Ya aparece la tragedia en el Cauca (Rosas) que también demandará ingentes recursos y no se sabe cuántas más urgencias irán surgiendo por necesidades o por prioridades políticas.

El programa del cambio del gobierno Petro es un bulto de anzuelos, difíciles de desenmarañar, porque, primero, según el gobierno, todo hay que cambiarlo, lo cual no es una buena idea por aglomeración de prioridades y escasez de recursos humanos, técnicos y presupuestales, todos terminarán jalando para su lado y nada tendrá cabal ejecución en el año 2023 que se espera sea especialmente difícil en lo económico y lo social. Segundo, cada ministro trae su reforma y para cada uno de ellos es natural que la suya sea la más importante y necesaria, y todas van a tramitarse conjuntamente: las reformas, rural, la política, la de pensiones, la de salud, la de minas y energía, la de educación, las laborales, las regionales, las del nuevo ministerio de la igualdad, la reestructuración de las fuerzas militares y de policía, las de la justicia, las de combate al narcotráfico y la no extradición, y muchas otras, etc., etc.

Aún no conocemos muchos detalles sobre el texto de esas reformas, lo conocido, hasta ahora, como intención de cambio en todas esas materias, es una transformación radical y traumática para el país, tiene mucho de ideología social, pero no consulta otros criterios de viabilidad, financiación, oportunidad y conveniencia. Son una verdadera contravía con el statu quo en cada una de esas actividades sensibles. Como en cualquier decisión política y legal que produce profundas modificaciones y que implica nuevos riesgos, la aplicación debería ser muy moderada y paulatina. Pero baste ver las afirmaciones y declaraciones de los funcionarios del gobierno relacionados con cada uno de los temas, están llenas de “ires y venires”, controversias y contradicciones, imposiciones (verdad revelada), lo cual, en vez de orientar, confunde, genera incertidumbre y, en algunos casos, miedo a lo que sigue y lo que va a pasar.

La paz total, con “negociaciones, sometimientos y acogimientos” con delincuentes de muchos tipos, con narcotraficantes, con disidencias y con quienes dicen tener convicciones políticas contrarias al Estado de derecho, si bien tenemos un gobierno de izquierda cercano a ellas y el supuesto “acuerdo” de cese al fuego bilateral con cinco grupos delincuenciales, cada uno de ellos con las más disímiles conductas y motivaciones, es un potencial fracaso y va a terminar por ralentizar la anhelada paz; la cual, en esos términos, como concepto es loable, pero como ejecución, es compleja, de difícil financiación, verificación y aplicación, y en forma simultánea todos esos “sabores” juntos, peor, como dijera el propio Roy Barreras, presidente del Senado y miembro notable del partido de gobierno, es un “salpicón” difícil de “tragar”.

Frente al nuevo ministerio de la igualdad, ¿se requiere un nuevo y costoso ministerio para garantizar el cumplimiento de la ley, cuando existe todo un aparato estatal para hacerla cumplir. El derecho de igualdad y equidad es parte de nuestra constitución nacional y debe ser respetado y acatado por todo tipo de organismos, instituciones y personas, como rezan los artículos de la constitución que se mencionan, así:

Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Todo eso y mucho más forma parte del insondable e inestable gobierno de Gustavo Petro.

¿COGOBERNAR CON EL ELN?

 Comentario 28/11/2022

 

¿COGOBERNAR CON EL ELN?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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El Ejército de Liberación Nacional (ELN), es una organización guerrillera insurgente, narcotraficante y terrorista colombiana, de extrema izquierda, que opera en Colombia y Venezuela. Se define como de orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana. Desde su conformación en 1964 es un actor del conflicto armado interno en Colombia. El ELN es considerado un grupo terrorista por Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Los gobiernos de algunos países como Nicaragua, Argentina y hasta antes del 2018, el gobierno de Ecuador, no lo consideran ni terrorista ni beligerante. Brasil y Chile no le aplican esta calificación. En 2008 el presidente venezolano Hugo Chávez solicitó a los países de Latinoamérica y de Europa que se le otorgará estatus de grupo beligerante al ELN, beligerancia que no es reconocida pero sí tenida en cuenta por la ONU y el Parlamento Latinoamericano.

Desde el rompimiento de los diálogos de paz con el ELN, producto del atentado contra la escuela de policía General Santander el 17 de enero de 2019, donde murieron 23 cadetes, el gobierno de Iván Duque declaró esta guerrilla como Grupo Armado Organizado (GAO), cuyos integrantes se deben desmovilizar para ser juzgados por delitos políticos y criminales, ya no en la justicia transicional sino en la ordinaria. Sin embargo, el presidente Petro ahora les concede una nueva oportunidad de paz, con condiciones restaurativas favorables, la sexta negociación, si las cuentas no me fallan, pues muchos gobiernos de diferentes “colores” políticos han tratado de llegar a un acuerdo de desmovilización y cese al fuego, para a lograr una paz estable y duradera en el país. Lo que en todos los casos se ha solicitado es la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y la no repetición, con efectiva dejación de las armas. Pero esto nunca se ha logrado con el grupo guerrillero ELN, son huidizos y escurridizos, la razón es que en la negociación no han logrado lo que quieren lograr.

Escuchando a Pablo Beltrán (Israel Ramírez Pineda), uno de los avejentados líderes del ELN, es claro lo que esperan lograr: Cogobernar en el país, sin pasar por las urnas, ni por el Congreso como los de las FARC, así dicen, pero ganas no les faltan. Ellos se sienten la solución para los problemas de desigualdad, desarrollo, bienestar y crecimiento del país, si se remueven las causas que las impiden, según afirman, lo que, inevitablemente, los lleva a señalar a otros como culpables, tales como a las instituciones, el llamado establecimiento, la clase política y las oligarquías, especialmente estas últimas, en su opinión.  

La solución es que ellos estén en el cogobierno del país y puedan implementar las reformas salvadoras, por encima de las demás instituciones y sin consultar la voluntad de 50 millones de ciudadanos, lo que quieren es no pasar por las urnas, después de ver lo mal que le fue a las FARC en las elecciones, hoy partido Comunes, donde sacaron menos de 55.000 votos en todo el país. No hay una descripción sesuda de las reformas que plantea el ELN, simplemente todo se fundamenta en el intervencionismo del Estado, como ser todopoderoso, para dirigir la economía, la sociedad, la propiedad privada, sus instituciones y sus ideales.

No son buenos los antecedentes de esta revolucionaria guerrilla, dadas las condiciones de afectación que han causado en 50 años de existencia, en ciudades y campos, infraestructura energética y de oleoductos, extorsiones y secuestros (llamados retenciones) de ciudadanos y miembros de la fuerza pública, asalto con lanzamiento de explosivos a poblaciones inermes, narcotráfico, lavado de activos y un sin número de atentados por todo el país. Recordar el Club el Nogal en Bogotá, por ejemplo. La pregunta es si es justo con Colombia, sus ciudadanos e instituciones, su constitución y sus tradiciones, concederles nuevas y ventajosas oportunidades de paz a estos desalmados guerrilleros, ¿hasta cuándo y hasta dónde?, ¿por siempre y para siempre la sociedad colombiana estará sometida a sus caprichos y sus delitos?

La experiencia del país con los acuerdos FARC-Santos del 2016, los cuales no han reportado verdad, justicia, reparación y no repetición. Justicia aún no tienen y sólo tendrán penas restaurativas, que no significan cárcel sino trabajo comunitario, con limitación de desplazamiento y quien va a reparar es el Estado (los colombianos asumiremos la indemnización de las víctimas por los delitos cometidos por los guerrilleros), no ellos. En cuanto a la no repetición, existen las llamadas disidencias con Iván Márquez a la cabeza. Los dirigentes de las FARC se han llenado de beneficios y privilegios, sin reparación alguna, para ellos curules y privilegios en el Congreso y una justicia con poca sanción, si se puede llamar justicia. Con el ELN de nuevo tendremos largas y nutridas comisiones negociadoras, países garantes, tribunales especiales, con justicia independiente, y otra parafernalia de organismos y personas buscando la llamada paz total del gobierno de Petro.  Más de lo mismo, en síntesis.

Nadie discute el concepto de la paz, como necesidad, conveniencia y mandato constitucional para todos los ciudadanos, lo que se plantea es que ya no debe haber soluciones favorables para el ELN, o se someten a la justicia, como todos los ciudadanos, o se les debe derrotar militarmente. No puede ser que esta guerrilla, amparada en el territorio y el gobierno venezolano, con el tufillo cubano, merezca nuevos procesos de paz, el sexto, según las cuentas.

En mi opinión el ELN no tiene voluntad de paz, utiliza el nombre de la paz para favorecer los intereses de sus aprovechados dirigentes, para que les den una justicia favorable y se les ofrezcan condiciones de re-vinculación a la sociedad ventajosas y mucha publicidad por todos los medio de comunicación, en los cuales van a ser nuevos profetas de las buenas conductas, de la pacificación del país y la defensa del medio ambiente, este último, su favorito para la destrucción en miles de atentados como el minado de oleoductos, por ejemplo. Ya Petro anunció que en estos procesos se les concederá permanecer con hasta el 10% de su riqueza para favorecer la entrega de sus demás activos, supuestamente para las víctimas. A propósito de estas últimas, las víctimas, siempre se dice que estarán en el centro de los acuerdos, pero nunca, en realidad, son beneficiarios reales de la tal reparación o restitución de los bienes de la guerrilla. Basta ver la triste experiencia de las FARC que al final salieron con que ellos no tenían recursos, que eso no era verdad, y apenas entregaron bienes no significativos y poco valorados. El país debe pensar de nuevo en la conveniencia de más procesos de paz con estos delincuentes reincidentes, quienes dicen abrazar ideales políticos de noble significado social y comunitario, los cuales nunca han aplicado en realidad.

 

Nota: algunas de las memorias históricas de este documento son tomadas de Wikipedia.

LOS DESAFIOS

 Comentario 14/11/2022

 

LOS DESAFIOS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Aparte de lo descoordinado y fuertemente desalineado discurso del presidente Petro y sus ministros, los cuales se contradicen frecuentemente o afirman sí pero luego dicen no, pero más tarde tal vez, todo lo cual crea una sensación de ausencia de una clara orientación sobre cuáles son sus prioridades y sus criterios de gobierno, su direccionamiento del país y el verdadero propósito de futuro que lo acompaña. Lo planteado, hasta ahora, es un verdadero desafío a la estabilidad macroeconómica y al progreso de sus empresas y ciudadanos.

El país atraviesa por un escenario macroeconómico complejo, al igual que las muchas de las economías mundiales, debido a la crisis de abastecimiento alimentaria y de materias primas, al encarecimiento de los diversos energéticos, la alta inflación, la depreciación de las monedas frente al dólar y las altas tasas de interés, combinado con las confrontaciones geopolíticas, todo lo cual en Colombia se suma a la incertidumbre que está creando el nuevo gobierno con su estilo de administración, desordenado y errático, desconectado de las realidades macroeconómicas del mundo y del propio país. Hasta el presidente del Congreso, Roy Barreras, férreo defensor del programa de gobierno de Petro, ha tenido que llamar la atención a los ministros para que ordenen sus ideas y moderen su comunicación pública. Para el efecto, el ministro del interior, Alfonso Prada, ha sido nombrado “comunicador” del equipo de gobierno, para ver si de esa manera meten menos la pata.

Sin embargo, el daño está hecho y ya no habrá forma de enderezarlo, salvo un drástico cambio de decisiones y acciones del gobierno, no previsible en su estilo autocrático. Veamos varias de sus posturas, promesas y anuncios:

• Su marcado acento social en el interés de apoyar a los pobres, lo ha llevado a plantear una lucha de clases de los ricos versus los pobres: “los ricos deben pagar para poder apoyar a los pobres”, con lo cual crea el concepto que los pobres están en su situación económica vulnerable como consecuencia de los ricos. Se ha olvidado además de la clase media, Colombia tiene cerca de 23 millones de habitantes considerados clase media, para los cuales parece no gobernar. El presidente lo es para todos los colombianos, no sólo para los de sus afectos.
• Las 3.000.000 de hectáreas, que negoció con Fedegan, ofrecidas a los campesinos, son una promesa para endulzar el oído, ya que no puede cumplir por carencia de recursos financieros y humanos para realizarlo, como lo reconoce su ministra de Agricultura, Cecilia López, difícilmente los recursos del presupuesto del país cumplirán con las metas del gasto social, lleno de subsidios, y lo necesario para el funcionamiento, el pago del servicio de la deuda, la inversión en infraestructura, a más de la calamidad por el invierno, y eso que estamos en un año virtuoso de recaudo de impuestos.
• Ha descalificado sectores económicos como el comercio o la banca de los cuales afirma que no le aportan a la economía. Sin embargo, para el pago de impuestos, al sector financiero le ha asignado una sobretasa del 5%, más el 35% por supuesto, parece que, en su concepto, este sector es para lo único que sirve, para el pago de enormes impuestos.
• Con las entidades gremiales como la ANDI, Fenalco o la Asobancaria, tiene una batalla ideológica permanente, son pensamientos de economías capitalistas con empresa y propiedad privadas y al gobierno sólo le interesa la economía socialista, con estatización de todo tipo de actividad económica. Estos gremios han censurado duramente la reforma tributaria por el momento económico que atraviesa el país y el cual se prevé empeorará en el próximo año, con lo que aseguran, se acrecentará el desempleo. Y nos falta el incremento del salario mínimo, con una gran dosis de populismo, seguramente.
• Ya hizo aprobar el tratado de Escazú, el tratado ambientalista, cuya protección ya estaba en la legislación colombiana, pero sin la injerencia internacional que este tratado promueve, la cual puede condicionar o limitar el desarrollo del país sin consultar sus necesidades y posibilidades.
• Del sector minero energético, es triste hablar, lo quiere acabar por posiciones ambientalistas radicales, para lo cual ha urdido una persecución fiscal y de controles insoportables. Por un lado, ha afirmado que no habrá nuevas exploraciones y explotaciones a futuro o que serán absolutamente limitadas y por el otro, un futuro insostenible de impuestos y contribuciones, permisos y restricciones. Esas empresas pasarán a tener tributos del 80% o más de sus ganancias, lo cual las volverá poco rentables y atractivas para los inversionistas, quienes, por supuesto, se sentirán desprotegidos y sin garantías jurídicas y fiscales en el país, y tocarán la retirada de sus nuevas inversiones o de las actuales. ¿Qué va a pasar en Colombia en 8 a 10 años que se nos acaban las reservas probadas de petróleo y de gas?
• Las empresas verán caer sus ganancias con el mínimo de contribución del 15% establecido en la ley tributaria, independientemente del escenario económico que estén atravesando.
• Las personas naturales de mayores ingresos o patrimonio van a ver una progresiva e incremental tributación por sus niveles de rentas o de activos patrimoniales, por las menores deducciones o con la determinación de las tarifas tributarias según el valor total de sus ingresos por todo concepto, excepto pensiones. Esto afianzará el riesgo fiscal de esos ciudadanos en Colombia, por lo cual buscarán generar rentas o contabilizar sus activos en países con normas tributarias más benignas. En vez de estimularlos a generar empleo, desarrollo o inversión en el país, por la carga fiscal podrán concluir que es mejor hacerlo en el exterior.
• De nuevo, el impuesto al patrimonio, que es un gravamen “antediluviano” se vuelve a establecer como permanente y creciente para ciertos rangos de patrimonio. Esto conduce también a esconder o sacar más que preservar en Colombia ahorros, negocios o inversiones.
• Por el lado de la paz total sólo se ve impunidad y beneficios a todo tipo de delincuentes, disidentes, reincidentes y renuentes. La justicia por ningún lado.
• Nos falta ver el engendro que van a imponer para el sector salud, con médicos itinerantes dependientes del gobierno nacional, lo cual afectará la estabilidad de las empresas del sector en el país, reconocido como uno de los mejores sistemas de salud por su cobertura y su calidad médica, por propios y ajenos. Puede volverse, además, un elemento de influencia política, como los famosos médicos cubanos que obran en varios países de Latinoamérica.
• El estilo del “pupitrazo” autoritario en el Congreso o en la aplicación imperativa de las decisiones del gobierno tampoco ayuda al interés de una Colombia democrática y pluralista. Habla más de totalitarismo, autocracia y estatismo.

En fin, basten estos comentarios para decir que el daño está hecho, será un verdadero desafío lograr un progreso económico creciente y generador de oportunidades para todos, cuando quienes pueden crearlo son afectados o perseguidos de esa manera. Con sólo las promesas del gobierno y mayores impuestos y contribuciones el país no progresará.

Y viene el 2023 cargado de negros nubarrones. Y nos falta ver también, cómo sigue el dólar y su impacto en la canasta familiar…