LIBERALISMO Y NEOLIBERALISMO

 Comentario 14/10/2025

 

LIBERALISMO Y NEOLIBERALISMO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político que surge en el siglo XX. Se basa en la defensa del sistema capitalista. Dicha corriente trata de resurgir las ideas del liberalismo económico clásico. El neoliberalismo fue acuñado por primera vez en 1938, por el economista alemán Alexander Rüstow. Así, a través del liberalismo, dicho economista buscaba el hallazgo de una estrategia que permitiese encontrar nuevas vías entre el liberalismo y la planificación económicos por parte del Estado.

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Características del Liberalismo

El liberalismo se basa, como su propio nombre indica, en la libertad y en la tolerancia. De esta forma, también considera pilares fundamentales otra serie de elementos como la protección de la propiedad privada y la libertad de asociación entre empresas. Principios como el sistema de precios libre, el emprendimiento, la libertad de asociación y contractual, así como un Estado fuerte pero imparcial frente al sector privado.

Así, el liberalismo buscaba eliminar aspectos tan destacables como la monarquía absoluta, la nobleza, la confesionalidad del Estado y el derecho de los reyes. Para ello, los liberales promovían la democracia representativa y el Estado de derecho.

Entre las principales características del liberalismo podríamos destacar las siguientes:

• La defensa de la libertad individual sobre todas las cosas.
• Principio de igualdad ante la ley.
• Defensa de la propiedad privada.
• Libertad de culto.
• División total de poderes.
• Limitación del poder del Estado.
• Defensa de la tolerancia.
• Establecimiento de códigos civiles.

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Tipos de Liberalismo

Aunque al hacerse referencia a liberalismo se trate de hacer alusión al movimiento como una doctrina general, existen diferentes tipos de liberalismo que cabría destacar.

Estos tipos de liberalismo se clasifican en base al aspecto en el que dicho liberalismo trata de influir; es decir, si estos tratan de centrarse en lo económico o en lo político.

De esta forma, los tipos de liberalismo que cabría destacar son:

• Liberalismo económico: Basado en la limitación del Estado en participar o influir en las relaciones económicas que mantienen los agentes económicos.
• Liberalismo social: Fundamentado en la defensa de la libertad en las relaciones sociales.
• Liberalismo político: Basado en la soberanía del pueblo para elegir a sus representantes. Por lo tanto, los representantes que son elegidos por el pueblo, en base a una democracia.

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Principios del Neoliberalismo

Entre los principios del neoliberalismo destacan varios del ideario liberal; es decir, existe una gran similitud entre el ideario neoliberal y el liberal, pues ambos presentan los mismos principios. En este sentido, cabría destacar los siguientes principios del neoliberalismo:

• Libertad absoluta.
• Defensa de la propiedad privada.
• Predominio pleno del mercado.
• Individualismo.
• Libre mercado.
• Orden político democrático.
• Peso mínimo del Estado.

Por tanto, el liberalismo y el neoliberalismo son doctrinas que promueven las libertades civiles y que tratan de oponerse al despotismo, al absolutismo, así como a otro tipo de corrientes en las que la figura del individuo no goza de plenas libertades. En este sentido, muchos sistemas como la democracia representativa o los principios republicanos están basados en las doctrinas liberales.

Como se aprecia, no hay diferencias significativas, en la práctica, entre el liberalismo y el neoliberalismo, es más una distinción de la evolución del pensamiento y de la época.

 

UN SALUDABLE “FRESQUITO”

 Comentario 24/06/2024

 

UN SALUDABLE “FRESQUITO”

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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La transición entre los Ministros de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, quien fue un excelente, moderado y centrado funcionario, y el nuevo ministro, Luis Carlos Reyes, introdujo un saludable “fresquito” a las ideas estatizadoras del gobierno, por un lado, y de enfoque frente al sector privado, por el otro, sector que, hasta ahora, ha sido menospreciado como el más importante y eficaz agente de desarrollo, progreso y bienestar para la comunidad.

En una entrevista concedida a EL TIEMPO el domingo 16 de junio de 2024, el doctor Reyes afirmó sobre su misión y visión de lo que hacer y lograr: "Lo más importante será fortalecer la relación entre el Gobierno y el sector privado".

Teniendo esto como punto de partida, expuso sus ideas, las cuales resumimos a continuación para poder comentarlas:

¿Cómo enfocará la relación entre gobierno y sector privado?

Luis Carlos Reyes hace un llamado a los inversionistas para dialogar y trabajar conjuntamente. Entre sus prioridades está fortalecer la relación entre el Gobierno Nacional y el sector privado, además de trabajar con los gremios en medidas que contribuyan a aumentar la certeza jurídica.

También revela las medidas que implementará para cumplir con las tareas que le puso el presidente Gustavo Petro el día de su posesión. Dos de ellas son fortalecer la política industrial y promover a Colombia como destino turístico en todo el mundo.

Desde hace mucho tiempo, Colombia no ha intentado políticas industriales de la magnitud que consideramos necesarias. Si bien ha existido una serie de programas de apoyo a la industria, tenemos que hacer cosas 10 o 20 veces más grandes que las que se han venido haciendo. Hay que hacer grandes apuestas y lo más importante es que sean concertadas con el sector privado.

Queremos que el sector privado sepa que el Gobierno lo ve como un aliado clave en el fortalecimiento de la economía, y que vamos a trabajar de la mano.

Este ministerio, según sus palabras, está para escuchar al sector privado, para plantear apuestas productivas más grandes que lo que se ha hecho en los últimos 30 años y conjuntamente sacar adelante el crecimiento económico del país.

Otra de las apuestas fundamentales del Gobierno es el turismo. Algo que aún hace falta es una promoción del turismo colombiano que llegue a cada rincón del planeta. Necesitamos una campaña de publicidad masiva de Colombia en todo el mundo.

Además, la economía colombiana tiene que descarbonizarse porque es la única manera para que la especie se salve. La descarbonización no es solo un imperativo ético al que estamos yendo, así nos cueste dinero, sino que es una inversión en el futuro económico del país y para eso el turismo nos ayudará.

¿Están dadas las condiciones para invertir en Colombia?

No dudo de que los gremios estén diciendo la verdad respecto a que ellos sienten incertidumbre. Se habla mucho de incertidumbre para los inversionistas, pero yo los invito a venir al ministerio para que hablemos de qué se trata exactamente esa incertidumbre y cómo está afectando sus planes de negocios. Queremos hablar con ellos para transmitirles la certeza que necesitan.

Estamos viendo una mayor inversión extranjera directa en Colombia y eso nos dice que desde afuera nos están viendo como un país que tiene condiciones para invertir. Hay que revisar qué les está pasando a los inversionistas colombianos para que no nos vean de la misma manera.

No dudo de que los gremios estén diciendo la verdad respecto a que ellos sienten incertidumbre. La invitación es a hablar acerca de esa incertidumbre y revisar qué ajustes normativos podemos hacer desde el Ejecutivo y en qué medidas legislativas podemos trabajar conjuntamente para aumentar la certeza jurídica.

Lo que nos interesa es que inviertan, hagan dinero y generen empleo. La discusión sobre la política social puede ir en paralelo sin frenar el crecimiento económico.

Aunque del “dicho al hecho hay mucho trecho”, como dice el refranero popular, la sola intención del ministro Reyes, si es ejecutada por todos los miembros del gabinete y por el presidente, sería un cambio de proporciones gigantescas para el progreso y desarrollo del país. La experiencia con este gobierno nos lleva a ponerlo en duda, pero seamos optimistas y concedámosle una oportunidad.

EL INTERVENCIONISMO DE ESTADO

 Comentario 26/02/2024

 

EL INTERVENCIONISMO DE ESTADO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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El intervencionismo de Estado es la acción del gobierno para regular o dirigir la actividad económica, política y social de una nación. El grado y la forma de intervención pueden variar según el sistema socioeconómico y los objetivos del Estado. Algunas de las razones que se suelen argumentar para justificar el intervencionismo positivo son: proveer bienes públicos, garantizar la seguridad nacional, promover la equidad social, corregir fallas de mercado, evitar la especulación, estimular el crecimiento económico, entre otras.

Sin embargo, el intervencionismo también puede tener efectos negativos, como distorsionar los precios, generar ineficiencias, fomentar el clientelismo, limitar las libertades individuales, control o injerencia en determinados sectores de la economía, etc.  El debate sobre el papel del Estado en la economía y la sociedad es uno de los más antiguos y complejos de la historia. Existen diferentes teorías y modelos que defienden o critican el intervencionismo, desde el liberalismo hasta el socialismo, pasando por el keynesianismo, el nacionalismo económico, el neoliberalismo, etc.

El presidente Gustavo Petro y sus ministros nos han llevado a un intervencionismo extremo con el discurso del “gobierno del cambio”. Mencionemos algunos de los principales actos de intervencionismo en diversas formas y grados de intensidad:

 

• En el sistema de servicios públicos del país y sus tarifas.
• Intervención en el direccionamiento de las inversiones que surgen del presupuesto nacional.
• En las rutas de los metros urbanos.
• En el sistema de salud y el de pensiones que quieren estatizarse.
• En el de caminos vecinales que quiere, también, estatizarse.
• En las juntas o directorios de las cámaras de comercio y de los gremios.
• En el sector energético.
• El sector de hidrocarburos y las cargas tributarias impuestas o las limitaciones de exploración y explotación.
• La intención de influir en las decisiones de las cortes.
• Quiere influir en los organismos de control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Comisión de Acusaciones, Consejo Electoral, etc.).
• La connivencia con algunos sindicatos, especialmente Fecode.
• Las influencias en el juzgamiento de miembros de su familia.
• Las fuertes presiones en el Congreso en el trámite de sus reformas.
• Los subsidios otorgados en materia de pobreza, transporte, servicios públicos, a los jóvenes por no matar, etc., de corte asistencialista y populista.
• La reforma tributaria actualmente en plena ejecución, con impactos inconvenientes por el momento económico recesivo que atravesamos.
• Las otras reformas tales como las educativas, las de la rama judicial y penitenciaria, etc. que tienen un corte injerencista de carácter estatizante.
• En Ecopetrol con la violación de la visión técnica de la empresa y con el cambio a su antojo de los miembros de Junta, lo mismo que en ISA.
• Con la reforma laboral con fuertes incrementos de costos y grandes ventajas para el sector sindical.
• El continuo sesgo negativo en contra del sector privado, sin reconocer su importancia y su contribución al progreso, desarrollo y crecimiento del país.
• Para no alargar, etc.

 

No escapa al lector que estamos en frente de un gobierno que es totalitario, estatista y autocrático y decididamente injerencista en el sector privado, en la clase política, en las instituciones o en los particulares, sin reconocer que sólo ganó su elección con unos pocos votos de diferencia y que por tanto en el país hay distintas corrientes de opinión. Si se suma a esta actitud desafiante el hecho de que hay dudas razonables sobre delitos frente a las normas electorales en el proceso de su elección, menos se comprende este impulso continuo por imponer su criterio, en vez de asumir un papel conciliador, necesario para la armonía en el pueblo colombiano. En la práctica, demasiado discurso de izquierda radical, poco consenso y muy baja realización en su obra de gobierno.

Ni hablar de sus ministros, no aciertan ni una, son improvisados, inexpertos y faltos de criterio, en general, además, totalmente descoordinados. Los ministros con experiencia y autoridad que tuvo, como José Antonio Ocampo, Cecilia López, Alejandro Gaviria y Jorge Iván González, no tuvieron acceso a su propia opinión, el injerencismo de Petro los descalificó y los botó. Ahora quiere más ministros llenos de ideología de izquierda radical y sin criterio de gestión gerencial, que es lo que requiere un ministro que por definición va a administrar recursos escasos de todo tipo, frente a las inmensas necesidades nacionales.

Petro obra como si fuera un rey con capacidad de intervenir en todos los asuntos del país, con su filosofía estatizante e intervencionista quiere influir en los más diversos ámbitos de la vida nacional. En este sentido, y siendo tan radical ideológicamente, la tarea de los ciudadanos conscientes es el continuo advertir a familiares y amigos de lo que está sucediendo. El papel de los partidos opositores, a su vez, es el de alerta y pronta alarma para revelar las verdaderas intenciones totalitarias de este nefasto gobierno y evitar con el voto, la opinión y la actuación que este atentado contra los ideales democráticos se realice y se perpetúe.

Nota: algunas de las definiciones de este documento son tomadas de diferentes páginas web.

LOS ROLES DE LOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS

 Comentario 29/05/2023

 

LOS ROLES DE LOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Aunque no existe una definición única, en general se acepta que el Estado es una forma de organización política de una comunidad (los ciudadanos de una nación) que viven en un territorio determinado (su geografía), y están sometidos a una constitución (las leyes que los rigen), a unos los órganos de gobierno (el poder público), y a unas instituciones que ejercen poder para organizar la población y el territorio.

Normalmente, en los Estados modernos, existen tres poderes diferenciados: legislativo, ejecutivo y judicial, así: Poder legislativo: Encargado de elaborar las leyes que rigen el Estado; Poder ejecutivo: Es el encargado de administrar el Estado. En un régimen presidencialista este poder lo ejerce el presidente, quien es elegido democráticamente a través del voto popular. En un régimen parlamentario, lo ejerce un primer ministro que preside el gobierno, el cual se forma según los acuerdos entre los partidos; y finalmente, el Poder judicial: Encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley.

Estos tres poderes deben ser independientes entre sí. De esta forma, un poder no controla a los otros, aunque sí puede vigilarlos e interactuar con ellos en forma armónica para el beneficio de toda la comunidad. Asimismo, se les puede diferenciar por los distintos encargos que deben cumplir, pues el Estado tiene la función de legislar (elaborar leyes), ejecutar (llevar a cabo la administración estatal) y enjuiciar (a través del poder judicial).

Ahora, lo más importante de un Estado es su relación con la sociedad, la cual está imbuida de las conductas políticas de los gobernantes de turno, es decir, no todos los gobiernos se relacionan de igual manera con los ciudadanos, su propiedad privada, sus derechos y deberes y sus actividades económicas. Además, el concepto de propiedad y el de la libertad para ejercer iniciativas privadas son determinantes para entender el tipo de sociedad de cada nación.

También, la función del Estado, como un todo, puede, en sí misma, tener una orientación, desde un Estado plenamente liberal hacia un Estado social de derecho, como es Colombia actualmente, y luego de la constitución de 1991. El rol del Estado Social de Derecho en Colombia propende no sólo por la igualdad de derechos y deberes para todos, sino, además, por suprimir la desigualdad social. Con el término ‘social’ se señala que la acción del Estado debe dirigirse a garantizar a los ciudadanos condiciones de vida dignas, en todo lo posible. Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad de la Constituyente de 1991 en torno al Estado no se reduce a exigir que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se proponga contrarrestar las desigualdades sociales existentes y a ofrecerle a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales. Sus propósitos poseen mayor alcance y tienen en cuenta, entre otros, fomentar la prosperidad general, asegurar la eficacia de las normas, derechos y deberes estipulados en la Constitución, permitir la intervención de todos en las determinaciones que repercuten en ellos a través de la opinión y el voto, e incidir, por lo tanto, en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, para garantizar el ejercicio de un orden justo.

Para esto, el Estado Social de Derecho en Colombia dispone de facultades de participación en la economía, las cuales deben estar enfocadas a conseguir los propósitos generales del Estado y los objetivos específicos de la intervención económica enunciados fundamentalmente en el artículo 334 de la Constitución de “asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos” (art. 334 de la C.P., inc. 2°).

El alcance del principio de Estado Social de Derecho en Colombia respecto de la relación entre las autoridades y las personas individualmente consideradas es bastante amplio, y se ve reforzado por los principios fundamentales de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad (art. 1° de la C.P.) y la igualdad (art. 13 de la C.P.). De hecho, los rubros de mayor peso en el presupuesto público de Colombia son salud, educación, la protección y el bienestar social, los cuales representan un poco más del 60% de las erogaciones. Si se excluye el servicio de la deuda, este porcentaje sería de cerca del 80%. Entendido el concepto de Estado social de derecho, como promotor del bienestar para todos los ciudadanos, sin embargo, la profundidad de su intervención en los intereses privados varía de grado y orientación en dos ámbitos diferentes:

Por un lado, en materia de propiedad, desde una propiedad individual hasta una propiedad que busca ser colectiva. Por supuesto, y por definición, la propiedad colectiva busca ser más social, solidaria y más igualitaria, que la propiedad exclusivamente individual. Si bien la constitución colombiana proclama que, de todas maneras, la propiedad privada, siendo privada, tiene una función social y por eso está sometida a gravámenes de diferente tipo y a regímenes de aprobación o licencia previas para su uso y disfrute, en muchos casos. Además, en situaciones en las cuales razones de utilidad pública o interés social resulten en conflicto, el interés privado deberá ceder al interés público o social. Este límite de la propiedad privada presupone que exista una ley previa que defina los motivos de utilidad pública o de interés social. De allí, que ciertos proyectos privados tengan que consultar un rasero público social, económico, ambiental o comunitario, para poderse ejecutar.

Por otro lado, la participación del Estado en el desenvolvimiento económico del país puede ser de una característica muy interventora y ejecutora, por sí misma, o de una condición más supervisora de la actividad privada para evitar los exceso y abusos de las empresas e intereses monopólicos, oligopólicos o dominantes. La orientación, entonces, de los Estados democráticos según su inclinación constitucional o la específica intención política de sus gobernantes variará desde una orientación social-democrática hasta una orientación capitalista-democrática.

No hablamos de Estados comunistas donde hay restricción a las libertades civiles ni de los Estados exclusivamente neoliberales, ni tampoco de corrientes políticas tales como: liberalismo, conservatismo, progresismo, anarquismo, fascismo o comunismo, entre otros grados y matices que puedan existir. Estos últimos son ideologías que los gobernantes llevan a su estilo de gobierno, aún dentro de una misma constitución.

En general, el intervencionismo de Estado, con gobiernos que tratan de ser injerencistas, limita la iniciativa privada y termina por anular la competencia y la competitividad empresarial, al concentrar muchas actividades en cabeza del Estado, con los problemas de corrupción, ineficiencia y politiquería que los suele acompañar, restándole oportunidad a los particulares para realizar su labor de progreso y bienestar.

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

 Comentario 24/04/2023

 

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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En las economías abiertas y democráticas, con libertad en la iniciativa y en la propiedad privada, existe un papel regulatorio por parte del Estado, que puede atravesar una línea muy fina entre un criterio sano para evitar excesos, abusos, monopolios o posiciones dominantes privadas, y un papel mucho más interventor, agresivo e injerencista de gobiernos con tendencias autocráticas o aún totalitarias, en economías que dicen tener un marco democrático y de separación de poderes. No estamos hablando de la intervención del Estado en temas de carácter social o prioritario, se trata de la intrusión en iniciativas empresariales privadas diversas, quienes, en ocasiones, se ven constreñidas en su desenvolvimiento por la intervención de sus gobiernos.

De acuerdo con el Doctor José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia, en un excelente artículo publicado en La República de 1/03/2023, afirma:

“El Estado, dice la Constitución, debe intervenir en la economía, por mandato de la ley, para lograr, entre otros fines, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, y la garantía, a todas las personas –en particular las de menores ingresos–, de tener acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. No se trata de intervenir por intervenir, sino de usar las atribuciones correspondientes, para alcanzar los fines primordiales del Estado, entre ellos la justicia social, la igualdad real y efectiva, además del verdadero respeto a los derechos fundamentales.

(...). La Constitución establece cláusulas expresas que limitan el ejercicio de la libertad económica al interés general y la responsabilidad social, de forma que lo haga compatible con la protección de los bienes y valores constitucionales cuyo desarrollo confiere la Carta a las operaciones de mercado.

La sentencia C-331 de 2020 agregó: “El Estado moderno cumple un papel preponderante en la intervención de la economía (...). En este escenario, el Estado orienta su actividad para obtener resultados afines con el interés general y con los objetivos y propósitos propios de la organización estatal. Un Estado intervencionista tiene como función garantizar que la economía funcione adecuadamente, combatiendo fenómenos negativos como la colusión empresarial, las prácticas restrictivas de la libre competencia y los abusos de la posición dominante, tratándose de una economía de mercado.

Garantizada como está la libertad de empresa –razonable y proporcionada–, prevista y asegurada la iniciativa privada, y establecido el papel activo, directivo e interventor del Estado en la economía, se ha de buscar el equilibrio entre tales postulados, bajo la conducción del Gobierno, con miras a la procura del interés colectivo y la cristalización del Estado social de derecho”.

La gran pregunta es: ¿cuáles son los límites de ese Estado interventor, para que, sin dejar de serlo según su mandato constitucional, no se vuelva injerencista en la iniciativa privada?

La línea divisoria parece muy delgada, por momentos borrosa o poco nítida, y particularmente en el gobierno de Gustavo Petro, cuya tendencia es a la estatización de muchos servicios y al direccionamiento de sectores económicos completos, prueba de lo cual son las reformas a la salud, la laboral o a las pensiones recientemente presentadas donde se busca que dichos servicios sean administrados y dirigidos por el Estado bajo su directa intervención con una limitada y restrictiva participación del sector privado. Como también la influencia gubernamental en la determinación de los dirigentes o las políticas que deben conducir determinados gremios u organizaciones de regulación y control (caso Camacol, Fedecafé, la Creg, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, la Aerocivil, la Superindustria y Comercio, para mencionar sólo algunas).

Este es un asunto crucial en el buen desempeño de la economía de mercado y de la voluntad inversionista, quienes buscan, no solamente un entorno económico adecuado y un mercado creciente y diversificado, sino, como lo más importante, seguridad jurídica para sus inversiones. Si el Estado es propenso a intervenir en los asuntos de la economía privada para ajustarlos a sus intereses políticos, le resta muchos grados de libertad al empresario y a sus decisiones de permanecer, crecer, expandirse y diversificarse.

Los ejemplos están muy cercanos en economías latinoamericanas que se han acercado al populismo, la demagogia, el intervencionismo de Estado y en algunas ocasiones a la expropiación y la nacionalización de los negocios o aún de las propiedades privadas. Fatalmente esas economías decrecen y se envuelven en un marasmo económico del cual difícilmente se reponen.

Tanto como la seguridad jurídica, los ciudadanos y los empresarios necesitan tener confianza en los gobiernos nacionales o regionales que ocupan dichas dignidades. Cuando se pierde la confianza y el sentimiento es de temor o rechazo, la incertidumbre es el rey y, como es bien sabido y probado, los negocios con condiciones adversas por injerencia gubernamental no prosperan ni se desarrollan.

EL INSONDABLE GOBIERNO DE GUSTAVO PETRO

 Comentario 16/01/2023

 

EL INSONDABLE GOBIERNO DE GUSTAVO PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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La conducta del presidente Petro y sus ministros, de acuerdo con la evidencia de lo ocurrido durante su campaña y los primeros meses de su gobierno, podríamos calificarla como insondable (poco se entiende) e inestable (cambia continuamente). Veamos:

Aún no tiene un plan de desarrollo que oriente el curso de su acción presente y futura, de hecho, según afirma, lo está supuestamente preparando a través de unas asambleas populares vinculantes, donde cualquier mezcla de demandas de la ciudadanía puede surgir, entre sueños, aspiraciones, necesidades y prioridades locales, las cuales pueden entrar a competir frente a otras demandas locales o regionales diferentes, frente al hecho incontestable de recursos esencialmente escasos. Con ello, no hay unas líneas estratégicas de país, es decir, de largo plazo, que le den un verdadero norte a la nación como un todo y a sus regiones, a sus comunidades e instituciones sobre lo que se debe lograr en forma prioritaria. Tratar de complacerlos a todos es imposible y populista, por el hecho de prometer y no cumplir. Son demasiadas las promesas hechas hasta ahora, en muchos frentes y con muchos subsidios. Vamos a tener un Estado proveedor de subsidios, no de ejecuciones.

Los países que, dentro de un modelo de libre mercado y propiedad privada, han logrado mayor desarrollo, a partir de condiciones de subdesarrollo como las nuestra, tales como los llamados tigres asiáticos, trazaron unas prioridades y dedicaron su mayores y mejores esfuerzos a construirlas. Citemos no más a un Corea del Sur con su avance actual en campos como el tecnológico, el automotriz, el naviero, el agrícola y su comercio exterior abierto al mundo. Allí participamos los colombianos como combatientes en la guerra entre las dos Coreas (1951-1954) y en ese país nos recuerdan con cariño, pero se extrañan de cómo a ellos les ha “rendido” la labor del crecimiento y el desarrollo y a nosotros no. La politiquería, el populismo, la corrupción y la ausencia de prioridades nacionales son buena parte de la explicación de lo que nos sucede.

La reforma tributaria que recaudará 20 billones de pesos adicionales, aún no se sabe, a ciencia cierta, en qué y cómo se va a aplicar, fue defendida en la sustentación en el congreso, como urgente y necesaria para apalancar el gasto social y el déficit fiscal, pero su aplicación no está determinada todavía. Al parecer su utilización es a punta de casuística. A última hora apareció, con cargo a esos recursos, el subsidio al SOAT, que era un “incendio con gasolina” que estaba oculto detrás de la falta de amparos con SOAT por los conductores del país en su gran mayoría, y ante los continuos incidentes de tránsito, principalmente de las motos, como vehículos de alto peligro y poco control, con ausencia de educación para su correcto y prudente uso. Está en ciernes, también, la congelación de las tarifas de peajes y la moderación de precios de energéticos y de combustibles. Ya aparece la tragedia en el Cauca (Rosas) que también demandará ingentes recursos y no se sabe cuántas más urgencias irán surgiendo por necesidades o por prioridades políticas.

El programa del cambio del gobierno Petro es un bulto de anzuelos, difíciles de desenmarañar, porque, primero, según el gobierno, todo hay que cambiarlo, lo cual no es una buena idea por aglomeración de prioridades y escasez de recursos humanos, técnicos y presupuestales, todos terminarán jalando para su lado y nada tendrá cabal ejecución en el año 2023 que se espera sea especialmente difícil en lo económico y lo social. Segundo, cada ministro trae su reforma y para cada uno de ellos es natural que la suya sea la más importante y necesaria, y todas van a tramitarse conjuntamente: las reformas, rural, la política, la de pensiones, la de salud, la de minas y energía, la de educación, las laborales, las regionales, las del nuevo ministerio de la igualdad, la reestructuración de las fuerzas militares y de policía, las de la justicia, las de combate al narcotráfico y la no extradición, y muchas otras, etc., etc.

Aún no conocemos muchos detalles sobre el texto de esas reformas, lo conocido, hasta ahora, como intención de cambio en todas esas materias, es una transformación radical y traumática para el país, tiene mucho de ideología social, pero no consulta otros criterios de viabilidad, financiación, oportunidad y conveniencia. Son una verdadera contravía con el statu quo en cada una de esas actividades sensibles. Como en cualquier decisión política y legal que produce profundas modificaciones y que implica nuevos riesgos, la aplicación debería ser muy moderada y paulatina. Pero baste ver las afirmaciones y declaraciones de los funcionarios del gobierno relacionados con cada uno de los temas, están llenas de “ires y venires”, controversias y contradicciones, imposiciones (verdad revelada), lo cual, en vez de orientar, confunde, genera incertidumbre y, en algunos casos, miedo a lo que sigue y lo que va a pasar.

La paz total, con “negociaciones, sometimientos y acogimientos” con delincuentes de muchos tipos, con narcotraficantes, con disidencias y con quienes dicen tener convicciones políticas contrarias al Estado de derecho, si bien tenemos un gobierno de izquierda cercano a ellas y el supuesto “acuerdo” de cese al fuego bilateral con cinco grupos delincuenciales, cada uno de ellos con las más disímiles conductas y motivaciones, es un potencial fracaso y va a terminar por ralentizar la anhelada paz; la cual, en esos términos, como concepto es loable, pero como ejecución, es compleja, de difícil financiación, verificación y aplicación, y en forma simultánea todos esos “sabores” juntos, peor, como dijera el propio Roy Barreras, presidente del Senado y miembro notable del partido de gobierno, es un “salpicón” difícil de “tragar”.

Frente al nuevo ministerio de la igualdad, ¿se requiere un nuevo y costoso ministerio para garantizar el cumplimiento de la ley, cuando existe todo un aparato estatal para hacerla cumplir. El derecho de igualdad y equidad es parte de nuestra constitución nacional y debe ser respetado y acatado por todo tipo de organismos, instituciones y personas, como rezan los artículos de la constitución que se mencionan, así:

Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Todo eso y mucho más forma parte del insondable e inestable gobierno de Gustavo Petro.

MÁS ESTADO, MENOS PRIVADO

 Comentario 18/07/2022

 

MÁS ESTADO, MENOS PRIVADO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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En la mente de los ciudadanos del común y de los empresarios, así como en la de los líderes y dirigentes de diferentes actividades económicas, políticas y sociales “gira”, con altas revoluciones, el pensamiento sobre cómo será el gobierno de Gustavo Petro, pues significa un cambio de enfoque en el modelo de país, desde un pensamiento de centro-derecha, fundamentado en la gestión económica privada como líder de su desenvolvimiento, hacia un enfoque basado en la iniciativa pública (el Estado en su conjunto) como motor esencial, promotor o gestor, del dinamismo económico y, por supuesto, del político y del social.

El nuevo gobierno no se ha posesionado, pero ya se conoce el enfoque en su dirección y en su acción fundamental: más Estado, menos privado. ¿Qué significa esta expresión?, aparentemente desprovista de algo amenazante o desestabilizante. Sin embargo, la disposición del gobierno con el “No me reten”, al referirse Petro a su contrariedad con la extensión del período de la junta de Ecopetrol, modificado en marzo, antes de las elecciones, es muy significativa de su talante y estilo de decisión: las decisiones son del Estado y de él, en primera persona, como presidente. Veamos algunos ejemplos:

Existen temas como la modificación estructural del sistema de salud, con la eventual separación de las EPS de su fin primario en la administración del riesgo de salud, como entidades aseguradoras, que en el fondo son, cuando administran reservas técnicas y matemáticas para organizar y coordinar la atención, el pago y la calidad de los servicios, con la contratación y giro directo a los prestadores de los servicios de salud (médicos, clínicas, laboratorios, farmacéuticas, etc.). La pretensión del Estado de administrar directamente los recursos para pagarlos a los prestadores a través de organismos municipales es, en síntesis, la estatización del flujo de caja de la salud y el traslado del riesgo desde las EPS hacia el Estado, pero minimizando el papel de liderazgo y gestión que han tenido estas organizaciones en mantener un nivel de atención en salud con buena calidad para más del 97% de la población. Esto es más Estado, menos privado.

La amenaza, ya no velada, sino directa de la ministra de agricultura de imponer cargas tributarias que obliguen a la venta de tierras insuficientemente explotadas según el criterio del gobierno, ¿a qué precios?, nadie lo sabe, pero en favor del Estado para hacer una reforma rural integral, esto es un nuevo acto de intervencionismo. Los tributos son fijados por el Estado tanto como las definiciones de política sobre la improductividad, los precios de compra y los términos de pago. Frecuentemente el Estado paga con TIDIS que son títulos emitidos por el ministerio de hacienda a largo plazo, o sea, nada de caja, hay que vender los títulos con descuento para poder tener el dinero. Otro implícito menor valor de la venta. Podemos pensar en elementos de redistribución de la propiedad privada y en la optimización de su producción, y considerarlos convenientes, pero en condiciones comerciales normales, o por la vía de la generación de oportunidades y del crecimiento económico, traducidas en mayores impuestos progresivos y de amplia cobertura para los contribuyentes, pero esta vía de la amenaza a los propietarios, el impuesto lesivo, la compra con TIDIS, etc. es, de nuevo, más Estado y menos privado. Si se generaliza a otros bienes…

Basten estas menciones para colegir que el talante del nuevo gobierno será dirigista, intervencionista, imperioso e impositivo, con más Estado (Petro) y menos privado, donde pueda “estar” el Estado, lo estará.

No nos debe extrañar esta conducta, es propia de las personas con pensamiento socialista, según el cual todos somos iguales y los bienes productivos son de todos, y el Estado debe dirigir e intervenir la economía, en favor de los más necesitados, si bien quienes suelen beneficiarse de estos manejos son las camarillas de los gobiernos socialistas, como ha sucedido, por mencionar los más cercanos, en Argentina, Venezuela o Nicaragua, verdaderas cleptocracias, o como la sociedad cubana a la que le han “robado” su economía para favorecer la camarilla de los hermanos Castro. Con estos ejemplos podemos ver que los experimentos socialistas no auguran nada bueno.

Y no hemos hablado de las instituciones, la democracia participativa, la constitución, las leyes, las normas y los procedimientos que terminarán volviéndose “del amaño” de los intereses del Estado socialista. Todo lo quieren reformar, a su imagen y semejanza. Ya se anuncian un cúmulo de reformas como las: tributaria, rural, la política, la de salud, la de pensiones, la de estructura del Estado, la de importaciones, la de relaciones exteriores, la de los TLCs, etc., etc. Además, con un cierto tufillo de reivindicación de clases. De esa forma no reconoceremos el país que somos hoy, en el país que nos deje este nuevo gobierno, como ha ocurrido ya en los países de corte socialista.

En condiciones normales, esto sería un tema delicado y de gran preocupación, pero en condiciones de recesión mundial, inflación disparada, dólar por las nubes, déficit fiscal, déficit comercial, problemas en la cadena de abastecimientos, amenaza de confrontaciones políticas y militares en el mundo, etc., es una riesgosa aventura que no se sabe dónde puede terminar.

Si a lo anterior se suman los problemas de vieja data en Colombia, como la informalidad, la polarización política, las desigualdades, la violencia guerrillera, narcotraficante y de las bandas criminales, lo problemas migratorios, etc. y la carencia de oportunidades para todos, que quien las genera es esencial y primordialmente el sector privado, el panorama se ve más inquietante.

Es cierto sí, contundentemente sí, que el país necesita superar los problemas de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades, especialmente en las mujeres y los jóvenes, en forma prioritaria, pero no entendemos cómo el programa de gobierno y las transformaciones de Petro, en un momento de tanta incertidumbre, van a solucionarlos o al menos a mitigarlos, con más Estado y menos privado, así parece y con más impuestos, gravámenes y restricciones, y un mar de subsidios, también.

EL CASO CHILENO

 Comentario 23/05/2022

 

EL CASO CHILENO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

La respuesta del pueblo chileno a las protestas sociales acontecidas en el 2019, demandando más equidad, más dignidad y mejores condiciones de vida, fue la citación de una asamblea constituyente quien sería la responsable de redactar una nueva carta política que cumpliera con dichos objetivos.

A la carta magna anterior, redactada durante la dictadura del General Augusto Pinochet, se le tildaba de neoliberal, favorecedora de los empresarios privados y con poco contenido social en favor del pueblo chileno. Ya se conoce el borrador de este nuevo acuerdo social, el cual debe ser refrendado el 4 de septiembre próximo en un plebiscito citado para tal fin. De no aprobarse esta nueva carta quedaría en vigencia la anterior.

El postulado central de la nueva carta es volver a Chile un “Estado social de Derecho” donde se reconozcan, a cargo del Estado, la ampliación de los derechos sociales fundamentales. La nueva constitución consagra, además, a Chile como un Estado plurinacional -no unitario, como indica, por ejemplo, la Constitución Colombiana-, para volverlo un país con fuertes autonomías regionales, en la práctica un esquema de regiones, en consideración a las diferencias étnicas y culturales singulares, de varios de sus territorios.

El borrador también pone fin a la privatización de los servicios básicos para que sea el Estado quien los atienda, dice acabar con el “mercado” del agua, disponer de un sistema universal de salud, y fortalecer la educación pública, laica y gratuita en todos los niveles. Se habla también de la corresponsabilidad de género, la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Además, se modifica el Senado de la República por una discutida, cuestionada y llena de interrogantes Cámara de Regiones, la independencia del banco central, entre otros temas. Todo lo cual parecería, a simple vista, un conveniente nuevo acuerdo social para el contexto actual.

Estos esquemas, de contundente corte social y estatización radical, mediante la reversa de la privatización que la constitución anterior había consagrado ampliando la influencia del Estado en la economía, significan un cambio profundo del modelo económico, político y social imperante en Chile, país que había demostrado al mundo un gran progreso económico, cultural, de inserción en la economía mundial mediante los tratados de libre comercio y con gran apertura a la inversión extranjera, todo lo cual produjo un enorme desarrollo económico y social, los cuales, si bien no solucionaron la desigualdad, son considerado como de primer orden en Latinoamérica. De hecho, es modelo era admirado como digno de seguir por sus logros y realizaciones.

La realidad de Chile hoy es bien diferente, con la elección de Gabriel Boric, de convicciones estatistas y totalitarias, después de haber sido promotor de los desórdenes sociales del año 2019 en primera línea, a poco andar en su gobierno, ya tiene un marcado descontento social (sólo 24% de favorabilidad) y ahora se enfrenta a un fuerte rechazo de la nueva constitución por la ciudadanía chilena, según las recientes encuestas de opinión.

En efecto, según la encuesta Pulso Ciudadano, se concluyó que el 42.7% de la población votará en contra de la nueva carta magna y que sólo el 27.8% votará a favor. Para citar una evidencia de este rechazo, el partido Republicano ha afirmado, al expresar su inconformidad: “El texto es una mala propuesta de Constitución y sus disposiciones le harán un daño irreparable al país. La Convención fracasó en su misión de redactar una nueva constitución que represente a los chilenos y que establezca las bases del desarrollo”. (EL TIEMPO, miércoles 18 de mayo de 2022).

Es grave lo que está pasando en Chile, pues llena de incertidumbre su futuro, máxime al ver que han salido del país fuertes sumas de dinero, estimadas en cerca  de US 20.000 millones de dólares, para buscar protección ante las embestidas totalitarias y estatistas de la nueva constitución y el ataque a la iniciativa privada, como sucede hoy con los fondos de pensiones privados, sometido a retiros anticipados ( que se volvieran consumo e inflación) y con un fuerte cuestionamiento, lo cual dejará a los ciudadanos chilenos en más precaria situación frente al horizonte pensional. Así mismo, la reacción desde el exterior, por parte de banqueros, inversionistas y comerciantes que tienen relaciones con Chile es de tremenda expectativa y con mirada de desconfianza sobre su futuro. De hecho, hay fuertes indicios de un deterioro marcado en la economía de ese país y con tendencia a empeorar. Todo lo contrario de lo que se buscaba.

Las lecciones para Colombia son muchas y diversas, máxime al considerar el programa de gobierno de Gustavo Petro, el cual acompaña los mismos principios de lo que está ocurriendo en Chile, e inclusive quiere establecer un “eje progresista”, según sus propias palabras, con los presidentes Gabriel Boric de Chile, el que se supone futuro presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula, y él desde Colombia.

Es suficiente la experiencia chilena como para pensar que, con la elección eventual de Gustavo Petro, estamos al borde de un cambio de modelo económico, político y social, con graves consecuencias y con reversa de difícil realización. Las experiencias estatistas y socialistas en Latinoamérica tienden a perpetuarse en el poder y a ser verdaderamente autocráticas, ni hablar de lo que ha ocurrido en otros países vecinos, dignos de verdadera lástima por el destino y el camino que han tenido que tomar sus pueblos, con éxodos masivos en busca de oportunidades y con sus democracias e instituciones verdaderamente rotas. ¿Hasta cuándo?, nadie lo sabe.

HABLEMOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

 

Comentario 31/05/2021

 

HABLEMOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

El desconcertante paro nacional que todos los ciudadanos de Colombia estamos padeciendo, inesperado, inopinado e inconsciente, contrario a lo que se proponía de buscar mejores condiciones de vida para la población, es todo lo contrario, está causando graves consecuencias a la economía, ha radicalizado más la polarización que desde el proceso de paz padece el país, así como también la profundización en los niveles de desconfianza en las instituciones, en la desigualdad, en la desesperanza y en la pobreza.

En efecto, absurdamente, el paro se acumula a las difíciles consecuencias de la pandemia y del debilitamiento de las finanzas públicas y privadas por la parálisis de las actividades productivas, para traer como resultado desabastecimiento, acaparamiento, carestía, más desempleo, saqueos y violencia vandálica o terrorista y, por supuesto, más pobreza por falta de oportunidades. Si los negocios, las vías de comunicación, los medios de transporte, lo sitios de acopio y distribución y las ciudades en general no pueden operar, ¿de dónde creen los líderes del paro que van a salir nuevas, mejores o mayores oportunidades de empleo, de empresarismo, de educación, de desarrollo de competencias o de decisiones de inversión, expansión, crecimiento o desarrollo? Lo que tendremos es un mar de desilusión, destrucción y menor confianza con el país y sus instituciones.

Además, es curioso cómo los marchantes y/o los líderes de esas manifestaciones le reclaman y esperan que el Gobierno subsane todas las carencias, necesidades, anhelos o promesas incumplidas históricamente o las no ejecutadas por la abrumadora corrupción que se ha encargado de “desviar y desaparecer” los recursos. El Estado, como toda institución, tiene unas capacidades limitadas y más allá de ellas, por falta de dinero o de ejecución, no podrá extender su mano bondadosa a todos los “necesitados”. Además, los recursos públicos dependen de los impuestos recaudados y si no los hay en forma correlativa a los gastos, simplemente no puede haber más gastos. Nadie da lo que no tiene, así de simple.

Bien ha hecho el gobierno actual en crear una serie de subsidios, beneficios, exoneraciones transitorias, y programas para favorecer las poblaciones vulnerables, la educación, la salud, incluida la pandemia, y el bienestar de algunas zonas y sectores prioritarios. Asimismo, bien han hecho los empresarios en proponerle al Gobierno el desmonte de deducciones y exoneraciones tributarias para que se pueden recaudar más impuestos, a falta de otras reformas tributarias necesarias y prudentes, las cuales tardarán en su trámite y en su oportunidad.

Ahora, lo que no puede hacer carrera en el país es el cantar de voces irresponsables que declaran que lo que hay que hacer es una distribución de los ingresos mediante la exacción a los más pudientes para repartirlo a los más pobres, como si los primeros tuvieran la obligación de entregar lo suyo más allá de los impuestos racionales aprobados por ley, y los segundos, el derecho a recibir lo de los demás, por el sólo hecho de ser pobres o no estar ocupados. Este es el pensamiento socialista llano y simple, con el cual se han destruido sociedades y economías en nombre de los pobres, para generar riqueza en los gobernantes de una camarilla privilegiada (Ver no más algunos países de la región como ejemplo) y más pobreza en las clases menos favorecidas. La propiedad privada es, por definición, privada y no de todos o de algunos que consideran que también es de ellos, por el hecho de ser ciudadanos también. Muy grave el mensaje que se presenta en la foto siguiente del paro, remarcado en cuadrícula roja: “Si la clase obrera todo lo produce, a ella todo le pertenece”, con este pensamiento socializamos la propiedad privada.

Además, una sociedad no puede funcionar en forma adecuada, justa y equilibrada, si los ciudadanos tienen que pensar en que el fruto de su trabajo se debe repartir también con los que no trabajen y que estos últimos pueden reclamar como suyo, lo que no es fruto de su esfuerzo. Los impuestos son el elemento institucional de distribución de la riqueza desde los que contribuyen con sus rentas, hacia los que necesitan por ser vulnerables, por un lado, o hacia toda la comunidad como beneficio para su progreso y bienestar, por el otro, para lo cual el gobierno hace sus realizaciones en desarrollo y bienestar, las cuales están determinadas en la constitución. Por supuesto, hay que combatir en forma radical la cultura de la evasión, de la elusión de los impuestos y de la corrupción que es como el “deporte nacional”. En Colombia muy pocos pagamos impuestos.

Transitoriamente y debido a un estado de catástrofe sobreviniente o de circunstancias de adversidad económica y social intempestivas e insoslayables, se acude a la solidaridad de quienes más pueden para elevar moderadamente sus contribuciones impositivas con el fin de apoyar la recuperación de otros que han caído en desgracia, pero no para hacerse cargo de su vida y su manutención por siempre y para siempre. Conceptos como el de la renta básica solicitada por los marchantes del paro nacional, son inaceptables por ser imposibles de financiar por su monto y características, de una parte, y, además, de otra parte, si son recurrentes, es decir, permanentes, fomentan la holgazanería de quienes esperan el beneficio de la renta frente a los que salen a trabajar para proveérselo a ellos y a sus familias. ¿Qué pensaría quien trabaje todo el día, 48 horas por semana, para recibir un salario mínimo, si otras personas, sin ningún esfuerzo, simplemente también reciban del Gobierno el mismo salario mínimo? Hay que crear más oportunidades para todos, pero no bajo el expediente de repartir el ingreso de los demás. Este, de nuevo, es un concepto socialista: unos deben trabajar para que otros puedan vivir sin trabajar, dado que los primeros tienen que velar por los segundos.

Otro concepto que no puede hacer carrera con motivo de la situación de pobreza derivada de la pandemia, el paro y sus consecuencias, es que también hay que distribuir la riqueza, es decir el patrimonio acumulado por las personas a partir de su esfuerzo y su trabajo. De nuevo, es inaceptable el concepto socialista de que unos ganan y ahorran para que otros lo gasten. Creamos más oportunidades a partir de la educación, la inversión pública y privada, el empresarismo, el desarrollo de habilidades, la aplicación de tecnologías y la cultura del trabajo duro para poder progresar y tener bienestar, con el apoyo de todos en la sociedad, pero alejados de la idea de que unos tienen que hacer lo que los demás no hacen, para que todos puedan vivir.

¿OCUPACIÓN O SUBSIDIOS?

 

Comentario 15/03/2021

 

¿OCUPACIÓN O SUBSIDIOS?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

“Dale un pez a un hombre y comerá hoy, dale una caña y enséñale a pescar y comerá el resto de su vida”. Jesucristo

Todos los países han visto deterioradas sus economías, tanto a nivel del sector oficial como del privado, en medio de la recesión global que estamos atravesando por el cierre o por la ralentización de su actividad económica, con, por supuesto, enormes consecuencias de deterioro social y parálisis de sus proyectos de desarrollo y crecimiento, así como la inversión extranjera directa que en buena medida se ha visto suspendida.

Como resultado de todo ello, los gobiernos han volcado buena parte sus presupuestos de gastos e inversión hacia la concesión de subsidios a las personas y a las empresas más afectadas o débiles para evitar mayor destrucción económica y propender por la reactivación de los negocios o las ocupaciones independientes. Evidentemente esto es necesario y se justifica, especialmente en situaciones de mayor dificultad a las cuales se suman fenómenos de violencia, narcotráfico y catástrofes naturales, como ocurre en varias de nuestras regiones.

Sin embargo, la finalidad del Estado no es ser un proveedor de subsidios, sin perjuicio que hay casos donde es imperioso y urgente que lo haga, como en la educación, la salud, las pensiones y el bienestar de comunidades o personas vulnerables. Salvo condiciones de esa naturaleza, los subsidios tienen la vocación de ser temporales y completamente focalizados a quienes verdaderamente los requieren y los necesitan, sin más alternativa para tenerlos que acudir al Estado. Precisamente, el diccionario de la lengua española RAE, define los subsidios del Estado como: “Prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada”, es decir, tiene su origen, su justificación, su existencia y su terminación.

Desafortunadamente, buena parte de los ciudadanos piensan que una vez concedido el subsidio debe perdurar y mejorarse a través de su existencia, sin importar cuál es su costo, el origen de los recursos y quién realmente lo está pagando, porque el Estado somos todos. La política de subsidios la convierten en un verdadero asistencialismo, el cual, como lo demuestra la experiencia vuelve a las personas verdaderos “zánganos” o “chupa sangres”, que esperan que el Estado les resuelva su vida económica, lo cual es una responsabilidad individual frente a sí mismos y frente a la sociedad.

Los movimientos políticos de izquierda son ampliamente afectos a esta tesis y la defienden con fuerza, sin justificar la proveniencia de los recursos y la real capacidad del Estado o de los demás ciudadanos de conceder subsidios eternos por causas que son eminentemente transitorias. Mucho se habla de rentas básicas, de educación y salud gratuitas, de pensión mínima y de toda una gama de auxilios, beneficios y subvenciones en los más diversos frentes de la actividad humana. Además, con la curiosidad implícita de que todo aquel sector, persona o grupo de personas que tienen dificultades, sienten, esperan y demandan que el Estado se las soluciones a cualquier costo y sin ninguna justificación de carácter social o comunitario o contraprestación en beneficios para otros ciudadanos con dificultades sociales realmente apremiantes y de verdadera pobreza.

Nos preocupa que la política de subsidios tienda a perpetuarse en el tiempo, se vuelva un “derecho adquirido”, como suelen denominarlos y que por esta vía se transforme la capacidad fundamental del Estado de crear condiciones e invertir en el desarrollo económico y de infraestructura del país. De esta manera se abre el espacio a los sectores privados para generar más inversión, ocupación, producción, rentas, impuestos y oportunidades de inversión y crecimiento que beneficien a sus comunidades.

Aquí se impone la reflexión de “dar el pez o enseñar a pescar”, ¿el Estado debe crear condiciones para que los particulares puedan desarrollar sus actividades privadas o, por el contrario, el Estado debe ser un proveedor de subsidios en todo tipo de necesidades o iniciativas individuales o de colectivos de interés particular? No estamos hablando de subsidios temporales necesarios en medio de una pandemia o de una catástrofe o también a poblaciones pobres y vulnerables, hablamos de solucionarle los problemas a sectores o personas individuales para su propio beneficio y sin contraprestación con la comunidad.

Son muchas las obras que puede desarrollar el Estado, tales como las de infraestructura de transporte que acerquen al país con el resto del mundo, de centros de investigación y desarrollo, de dotación urbana de comunicaciones, de seguridad y, por supuesto también de bienestar y recreación, todos los cuales requieren de su inversión directa, o la participación en proyectos de inversión conjunta o asociaciones con el sector privado para ciertos desarrollos. Una solución de ferrocarril, por ejemplo, para el transporte de mercancías y personas como existe en los países más avanzados o una vía fluvial bien dotada a través del río Magdalena, serían multiplicadores de bienestar, ahora y siempre, para muchas comunidades y para todo el país. Además, serían grandes generadores de ocupación para muchos sectores productivos y generadores de diversidad de trabajos directos e indirectos.

EL FASCISMO

Comentario 01/03/2021

 

EL FASCISMO[1]

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Para hablar desde su origen, el fascismo es un movimiento político y social el cual nació en Italia de la mano de Benito Mussolini tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. Se trata de un movimiento totalitario y nacionalista, cuya doctrina, y las similares que se desarrollaron en otros países, reciben el nombre de fascistas.

Desde 1922 hasta 1943 el citado dictador italiano se convirtió en el primer ministro de su país. Fecha aquella última en la que fue depuesto y posteriormente encarcelado, aunque en prisión estuvo muy poco tiempo pues recibió la ayuda de la Alemania nazi para escapar de dicho lugar. No obstante, dos años después, en 1945, finalmente moriría tras ser ejecutado. Además del régimen de Mussolini en Italia, se califican como fascistas de esa misma época a la Alemania de Adolf Hitler y a la España de Francisco Franco.

El fascismo se basa en un Estado todopoderoso que dice encarnar el espíritu del pueblo. La población no debe, por lo tanto, buscar nada fuera del Estado, que está en manos de un partido único. El Estado fascista ejerce su autoridad veladamente con dádivas y halagos, pero frecuentemente, en condiciones de mayor represión, a través de la violencia, la coacción, el miedo y la propaganda, principalmente pero no únicamente a través de la manipulación del sistema educativo.

El líder fascista es un caudillo que aparece por encima de los hombres comunes. Mussolini, por ejemplo, se autodenominaba como “il Duce”, que deriva del latín Dux («General»). Se trata de liderazgos mesiánicos y autoritarios, con un poder que se ejerce de manera unilateral y sin ningún tipo de consulta popular previa. Además de todo ello hay que resaltar el hecho de que el Fascismo en Italia y en otros países condujo a que se desarrollaran y promulgaran las que se dieran en llamar “leyes raciales”. Estas eran un compendio de medidas de discriminación y de persecución hacia todas aquellas personas que fueran contradictoras del gobierno fascista o tuvieran relación con el pueblo judío de cualquier origen. Dicha legislación dio lugar no sólo a que se llegara a hablar de una raza italiana o alemana “puras”, por ejemplo, sino también a que se abrieran campos de concentración donde los judíos eran recluidos, sometidos a trabajos forzados, objetivos de todo tipo de torturas y abusos, e incluso millones de ellos fueron también asesinados.

En Alemania el fascismo estaba asociado al nazismo. Este movimiento tuvo un fuerte componente racial, que promulgaba la superioridad de la raza aria y buscaba el exterminio de otras colectividades, como los judíos ya mencionados, o los gitanos y los negros. En este sentido, hay que subrayar que el nazismo propagó en el año 1935 las conocidas Leyes de Nuremberg mediante las cuales no sólo se les privaba a los judíos de sus derechos como ciudadanos, sino que también se les obligaba a portar una identificación como tal y a evitar relacionarse con los llamados ciudadanos arios. Pero ese sólo fue el punto de partida de una persecución indiscriminada y atroz contra las personas de origen judío que fueron víctimas de torturas y asesinatos por parte de la conocida como SS, policía nazi.

Pues quién lo creyera que esas filosofías autocráticas, autoritarias, discriminatorias, sectarias y segregacionistas, con gran culto por la personalidad de su líder, también existen hoy, encarnadas en filosofías de socialismo de estado o comunismo, pero con una conducta de verdadero fascismo. Baste mirar en el vecindario en los años contemporáneos, en cuanto lo que han representado los hermanos Castro en Cuba, Chaves y Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, por citar sólo algunos casos y, lo que fueron en los años del siglo anterior, las dictaduras de todo tipo y los gobiernos militares de algunos países.

En realidad, son lobos con piel de oveja, que se aprovechan de condiciones de debilidad en las democracias o abusos de poder de algunos de sus gobernantes, para ser sustituidas por otros líderes que son aún más radicales. Sus argumentos exaltan el nacionalismo, la autenticidad de los valores y rasgos de un pueblo y los subliman para utilizar esos sentimientos en su propio beneficio, por supuesto, con todo tipo de incautos que “compran” tan singulares propuestas y las sienten como las grandes soluciones para sus problemas y/o la cristalización de algunos de sus “sueños”, pasando por encima de toda la comunidad y desatando corrientes de odio y persecución, contra otros conciudadanos, a quienes señalan como la causa de sus dificultades, con un marcado odio de clases.

En los tiempos modernos aparecen en ciertos países y épocas movimientos del tipo neofascismo y del neonazismo, los cuales repiten actitudes de los movimientos originarios (violencia, autoritarismo y discriminación), mientras ocultan o minimizan los crímenes cometidos por esos grupos a lo largo del siglo XX, con un negacionismo a ultranza. En Colombia se avecina un nuevo período electoral y, duele decirlo, algunos pre-candidatos exhiben rasgos y tendencias de corte fuertemente populista y en algunas formas, también fascistas.

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[1] Algunas de las explicaciones de este texto se han tomado de diferentes fuentes históricas.