LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

 Comentario 24/04/2023

 

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

En las economías abiertas y democráticas, con libertad en la iniciativa y en la propiedad privada, existe un papel regulatorio por parte del Estado, que puede atravesar una línea muy fina entre un criterio sano para evitar excesos, abusos, monopolios o posiciones dominantes privadas, y un papel mucho más interventor, agresivo e injerencista de gobiernos con tendencias autocráticas o aún totalitarias, en economías que dicen tener un marco democrático y de separación de poderes. No estamos hablando de la intervención del Estado en temas de carácter social o prioritario, se trata de la intrusión en iniciativas empresariales privadas diversas, quienes, en ocasiones, se ven constreñidas en su desenvolvimiento por la intervención de sus gobiernos.

De acuerdo con el Doctor José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia, en un excelente artículo publicado en La República de 1/03/2023, afirma:

“El Estado, dice la Constitución, debe intervenir en la economía, por mandato de la ley, para lograr, entre otros fines, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, y la garantía, a todas las personas –en particular las de menores ingresos–, de tener acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. No se trata de intervenir por intervenir, sino de usar las atribuciones correspondientes, para alcanzar los fines primordiales del Estado, entre ellos la justicia social, la igualdad real y efectiva, además del verdadero respeto a los derechos fundamentales.

(...). La Constitución establece cláusulas expresas que limitan el ejercicio de la libertad económica al interés general y la responsabilidad social, de forma que lo haga compatible con la protección de los bienes y valores constitucionales cuyo desarrollo confiere la Carta a las operaciones de mercado.

La sentencia C-331 de 2020 agregó: “El Estado moderno cumple un papel preponderante en la intervención de la economía (...). En este escenario, el Estado orienta su actividad para obtener resultados afines con el interés general y con los objetivos y propósitos propios de la organización estatal. Un Estado intervencionista tiene como función garantizar que la economía funcione adecuadamente, combatiendo fenómenos negativos como la colusión empresarial, las prácticas restrictivas de la libre competencia y los abusos de la posición dominante, tratándose de una economía de mercado.

Garantizada como está la libertad de empresa –razonable y proporcionada–, prevista y asegurada la iniciativa privada, y establecido el papel activo, directivo e interventor del Estado en la economía, se ha de buscar el equilibrio entre tales postulados, bajo la conducción del Gobierno, con miras a la procura del interés colectivo y la cristalización del Estado social de derecho”.

La gran pregunta es: ¿cuáles son los límites de ese Estado interventor, para que, sin dejar de serlo según su mandato constitucional, no se vuelva injerencista en la iniciativa privada?

La línea divisoria parece muy delgada, por momentos borrosa o poco nítida, y particularmente en el gobierno de Gustavo Petro, cuya tendencia es a la estatización de muchos servicios y al direccionamiento de sectores económicos completos, prueba de lo cual son las reformas a la salud, la laboral o a las pensiones recientemente presentadas donde se busca que dichos servicios sean administrados y dirigidos por el Estado bajo su directa intervención con una limitada y restrictiva participación del sector privado. Como también la influencia gubernamental en la determinación de los dirigentes o las políticas que deben conducir determinados gremios u organizaciones de regulación y control (caso Camacol, Fedecafé, la Creg, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, la Aerocivil, la Superindustria y Comercio, para mencionar sólo algunas).

Este es un asunto crucial en el buen desempeño de la economía de mercado y de la voluntad inversionista, quienes buscan, no solamente un entorno económico adecuado y un mercado creciente y diversificado, sino, como lo más importante, seguridad jurídica para sus inversiones. Si el Estado es propenso a intervenir en los asuntos de la economía privada para ajustarlos a sus intereses políticos, le resta muchos grados de libertad al empresario y a sus decisiones de permanecer, crecer, expandirse y diversificarse.

Los ejemplos están muy cercanos en economías latinoamericanas que se han acercado al populismo, la demagogia, el intervencionismo de Estado y en algunas ocasiones a la expropiación y la nacionalización de los negocios o aún de las propiedades privadas. Fatalmente esas economías decrecen y se envuelven en un marasmo económico del cual difícilmente se reponen.

Tanto como la seguridad jurídica, los ciudadanos y los empresarios necesitan tener confianza en los gobiernos nacionales o regionales que ocupan dichas dignidades. Cuando se pierde la confianza y el sentimiento es de temor o rechazo, la incertidumbre es el rey y, como es bien sabido y probado, los negocios con condiciones adversas por injerencia gubernamental no prosperan ni se desarrollan.