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lunes, 8 de septiembre de 2025

Y SI NO PASAN LAS REFORMAS

 Comentario 08/09/2025

 

Y SI NO PASAN LAS REFORMAS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

El gobierno de Gustavo Petro ha intentado, por todos los medios, promover varias reformas estructurales, como las de salud, pensiones, laboral y la nueva tributaria, por citar las más importantes.

La única que hasta ahora ha pasado es la laboral, cuyas modificaciones esenciales son el pago de salario nocturno desde las siete de la noche y el recargo dominical al 100%. Fue un largo y tortuoso camino para su aprobación, en un momento en el cual la jornada laboral está disminuyendo hasta llegar a 42 horas semanales.

La reforma a la salud es otro calvario que no avanza. Esta pretende centralizar los pagos del sistema y cambiar el rol de las EPS para que actúen como gestoras de salud, sin responsabilidad por el aseguramiento de los pacientes y el riesgo del sistema. Todo esto modificando la Ley 100, expedida en Colombia el 23 de diciembre de 1993. Esta norma creó el Sistema de Seguridad Social Integral, que abarca salud, pensiones y riesgos laborales, marcando un cambio estructural en la forma en que se prestan estos servicios en el país. La nueva reforma, en su contexto, no goza de buena aceptación general. El problema no es solo lo que quiere cambiar, sino, y aún más importante, la definición del verdadero valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la cual se ha demostrado ser insuficiente y conlleva la destrucción de la capacidad financiera de las EPS.

La reforma pensional obliga a cotizar en Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos legales, y el excedente podrá cotizarse en el sistema de los Fondos de Pensiones privados. Se dice que esta medida pretende que los servicios de Colpensiones y los Fondos privados sean complementarios y no compitan, pero esto resta a los ciudadanos la libertad de elegir dónde quieren formar su pensión. Esta reforma está manchada por acusaciones sobre el uso de dinero de la UNGRD (Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres) para comprar congresistas que la apoyen.

La otra reforma que en este momento hace su tránsito por el Congreso es la tributaria, que pretende recaudar 26 billones de pesos. No goza de aceptación en esta institución porque se avecina la época preelectoral de 2026 y la carga de nuevos impuestos impactaría la actividad económica, lo que no sería de buen recibo para la comunidad. La reforma obedece a la búsqueda desesperada del Gobierno Nacional de financiar su abultado déficit fiscal.

 

Análisis de los posibles escenarios sin las reformas

Luego de recorrer, con esta síntesis apretada, las diferentes reformas, la pregunta es: ¿Y si no pasan las reformas, ¿qué pasará?

Además de los problemas técnicos y humanos que intentan resolver, las reformas no están exentas de una carga ideológica de extrema izquierda que es confrontada por líderes de opinión de otras corrientes ideológicas. La controversia es enconada y crea fuertes divisiones en el Congreso.

Tengamos en cuenta, además, que el período de gobierno de Gustavo Petro termina el próximo año, y los tiempos no empiezan a cuadrar por la dedicación de los legisladores a sus campañas electorales regionales. En verdad, el tiempo es muy corto para tramitar reformas tan complejas. Es muy probable que las reformas, por tiempos o por contenidos, no sean aprobadas finalmente. En caso de que esto suceda, tendríamos un escenario más o menos de esta naturaleza, dado que la única que se ha aprobado hasta ahora es la laboral, la cual producirá un incremento en los costos laborales, como ya se explicó.

Si la reforma de salud no pasa: Quedaríamos en el régimen de la Ley 100, que ha funcionado durante 32 años, con servicios de salud razonables que han permitido que la esperanza de vida de los colombianos se prolongue hasta 79 años.

Si la reforma a las pensiones no pasa: Ocurrirá lo mismo, los Fondos de Pensiones competirán con Colpensiones con dos tipos de realidad pensional. Los Fondos con el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y Colpensiones con su Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM). El ciudadano tendrá que decidir, luego de la asesoría pensional que reciba, dónde quiere formar su pensión.

Si la reforma tributaria no pasa: No tiene buen futuro, ya que hay demasiada oposición tanto por su contenido y enfoque ideológico como por la oportunidad para las empresas y personas, así como por el escenario electoral que se avecina. Aunque la situación fiscal del país es crítica, se debe acudir a la supresión del gasto y la modificación del presupuesto nacional, lo que aún no se ha hecho, más que a la imposición de nuevos impuestos. Además, se han hecho muchas reformas tributarias en los últimos años, por diferentes gobiernos.

Resumiendo, el país continuaría con los modelos de salud y de pensiones creados por la Ley 100 de 1993, los cuales han demostrado sus bondades, mejorando algunas cosas como la cobertura de la salud en sitios remotos, con la contribución del Estado. El gobierno de Gustavo Petro tendría una plana de ejecuciones muy pobre para mostrar y tendría que resolver su déficit fiscal, como ya se indicó, con el control del gasto y con nuevas fuentes de ingresos. Sin embargo, es necesario indicar que los próximos gobiernos tendrán que enfrentar las cuatro reformas, pero sin la carga ideológica actual.

lunes, 23 de junio de 2025

ENFOQUÉMONOS

 Comentario 24/06/2025

 

ENFOQUÉMONOS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

La presentación de las cifras fiscales del Gobierno nacional en los últimos días confirmó, de manera contundente, las preocupaciones que ya teníamos, a saber:

 

Deterioro Económico

* El déficit fiscal que está acumulando el Gobierno de Gustavo Petro y su Pacto Histórico es el mayor de la historia del país, si se excluye el ocasionado por la pandemia de COVID-19, donde existía una causa clara para explicarlo. Sin embargo, en este gobierno no hay un hecho sobreviniente o extraordinario que justifique el desfase en las cuentas públicas, salvo el desbocado gasto gubernamental. Parte de este gasto parece destinado a favorecer su posición política de cara a las elecciones de 2026, como se evidencia en los contratos de prestación de servicios, donde ya se acumula un gasto extra de 16 billones sin justificación alguna. A esto se suma su visión estatizadora y su actuar en contra del sector privado, bloqueando todo tipo de iniciativas, pues, según Petro, el Estado debe ser "amo y señor".

* Como consecuencia de lo anterior, y del evidente aumento del riesgo país originado por dicha situación fiscal, y ante la insuficiencia de los recaudos —a pesar de contar con la última y generosa reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Petro—, la nación ha tenido que endeudarse, llegando a pagar las tasas más altas por dichos empréstitos, lo cual redunda en un mayor déficit. Su decisión es no cumplir con la regla fiscal que lo limita y, por el contrario, usar una denominada "cláusula de escape", que, sin eufemismos, significa eludir el cumplimiento.

* Por esta vía, ya se perdió el acceso a la línea de crédito del FMI y no está lejano el día en que la crisis fiscal conduzca a los acreedores a decir: “No le presto más al Gobierno colombiano”, ante la previsión de su inevitable incumplimiento o, técnicamente, el llamado default.

* La decisión parece ser gastar más y endeudarse más, y acudir a una nueva reforma tributaria, en lugar de racionalizar el gasto y el endeudamiento, como lo haría todo administrador providente y como lo recomendó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

* Cuando las cifras fiscales se deterioran, las consecuencias se sentirán en toda la economía a través de mayores tasas de interés, más riesgo país, más devaluación y más impuestos. Todo esto afectará la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo de todos los sectores económicos y de todas las familias.

 

Inestabilidad Política

Pero si por el lado económico llueve, por el lado político no escampa. Veamos:

* La iniciativa para la citación a una Consulta Popular, pasando por encima de los requisitos constitucionales, la decisión del Congreso de rechazarla y la opinión que puedan tener la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Registrador Nacional del Estado Civil (quien regula el sistema electoral), todo esto representa una verdadera amenaza para la estabilidad jurídica e institucional del país. El Congreso ya ha rechazado esta consulta dos veces, y el Registrador, en consulta ante el Consejo de Estado, ya ha tomado medidas cautelares para detenerla mientras se estudia a fondo.

* Máxime al considerar que los temas de la Consulta ya están contemplados en la reforma laboral (ya aprobada) o en la reforma a la salud (aún en trámite). ¿Para qué consultas si ya hay reformas? La respuesta es la conveniencia política para el Pacto Histórico y el Gobierno: generar agitación política, financiada con recursos públicos, previa a la campaña electoral de 2026.

* Petro, de nuevo, ha sacado a relucir su iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente que tendría plenas facultades para reformar la Constitución de 1991, so pretexto de que no le aprueben la Consulta Popular. Con su chequera sin límite (por no cumplir la regla fiscal), podrá ofrecer beneficios a manos llenas a diferentes grupos políticos, sociales y de opinión para que le aprueben su Consulta y/o su Asamblea.

* Los temas están concatenados: lo económico para soportar lo político y lo político para soportar la agitación electoral con miras al próximo año y con el fin de posicionar a su grupo del Pacto Histórico para darle continuidad a su pensamiento de izquierda radical en el próximo gobierno.

 

Consecuencias para el País

El país está amenazado por todos los flancos: inestabilidad económica, crisis institucional, choque de competencias interinstitucionales, riesgo país elevado, crisis fiscal autogenerada y un ambiente de pugnacidad y polarización inagotable y cada vez peor, en medio de un escenario de violencia armada grave y presente en muchas zonas de la geografía.

El atentado contra Miguel Uribe es una señal muy poderosa y esperamos que tenga el efecto de unificar muchas candidaturas para tener candidatos a la presidencia fuertes, por un lado, y que, con las debidas seguridades, estos no se amedrenten para su labor política y de difusión de propuestas de solución a los problemas en todo el país, previo a las elecciones. La sociedad civil, por su parte, tiene que ganar conciencia sobre el riesgoso momento político y económico que vivimos y reaccionar frente a ello, pensando en la transformación de este estado de cosas a partir de las elecciones del próximo año.

Lo más grave es que esta situación está llevando al país a perder su enfoque en los temas de progreso, desarrollo, crecimiento, soluciones eficaces y del mejoramiento de nuestras potencialidades y capacidades para construir un futuro mejor para los colombianos. Nos estamos enfrascando en la discusión política y económica del día a día y no estamos fijando la mirada en el futuro.

Ojalá los candidatos que se lancen a conquistar la presidencia y los escaños congresionales, primero se esmeren en reflexionar sobre el futuro del país y contagiar a los ciudadanos de una visión de futuro, llena de esperanzas, pero de forma realista y propositiva. Si la campaña va a ser sobre cómo derrotar o anular al otro con los problemas de hoy, nunca construiremos futuro. Enfoquémonos en construir en Colombia un país de soluciones y de progreso; con eso, ganaremos oportunidades para todos.

 

lunes, 11 de julio de 2022

LAS SEÑALES EQUIVOCADAS

 Comentario 11/07/2022

 

LAS SEÑALES EQUIVOCADAS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Próximo a su posesión el 7 de agosto, el elegido presidente Gustavo Petro, por sí mismo o a través de los miembros de su equipo, continúan lanzando una serie de mensajes en los cuales ratifican muchos de los postulados de su campaña, si bien ya han tenido la sindéresis de corregir otros, bien por su propio criterio o por el de algunos de sus ministros y consejeros recién nombrados. Veamos las señales que, en nuestra opinión, lamentablemente, todavía son erróneas, las cuales traducen inestabilidad a la economía, a los sectores empresariales y a los ciudadanos, en un ambiente internacional turbulento, con riesgos inflacionarios, cambiarios y políticos, como quien dice “a quien no quiere caldo se le dan dos tazas”. Mencionado sólo algunas, en nuestra opinión son equivocadas sus políticas y pretensiones sobre:

 

1.    No permitir la exploración y explotación de nuestras reservas de petróleo, gas o carbón para nuevos contratos. Colombia no es una potencia en estos recursos, pero lo poco que tenemos lo necesitamos o bien para consumirlo y no tener que importarlo o bien para exportarlo y mejorar con ello los ingresos disponibles para resolver los problemas de algunos sectores sociales con carencias marcadas. De hecho, los recursos de las regalías que alimentan los presupuestos regionales surgen en buena medida de estos ingresos.

Este anuncio afecta, además, la estabilidad futura de Ecopetrol, la empresa de mayor contribución al presupuesto público, no sólo en su valoración de mercado actual sino, y lo más grave, en su perspectiva futura. Es simple afirmar que el país debe transitar en un lapso de 10 o 12 años por una senda de transformación energética hacia fuentes consideradas limpias, pero la realidad es que son costosas y no están disponibles ni en forma rápida ni con las cantidades de producción de energía requeridas. También, cancelar los proyectos de fracking experimentales, que el país estaba iniciando y ya había contratado, parece un despropósito, pues justamente estos proyectos demostrarían su inocuidad frente al medio ambiente, si se hacen correctamente, o sea, cuando ya tenemos la solución potencial a la vista, el nuevo presidente la cancela. Esto traerá consecuencias económicas insospechadas por el precio de los energéticos para la economía y compromete el futuro en la estabilidad de las finanzas públicas y de buena parte de la economía nacional. Además, algunas demandas vamos a tener por los 10 contratos ya firmados, autorizados por el Consejo de Estado.

 

2.    Tampoco parece sensato querer modificar la estructura de la salud en Colombia, particularmente las EPS de buena calidad, en su papel de aseguradoras en salud, con modelos de prevención y curación que son reconocidos a nivel mundial. No es casual que tengamos una cobertura superior al 95% de la población con una medicina razonable. Como en todo, mejoras hay por hacer, pero no afectando la estructura y la columna vertebral del sistema. Hemos tenido fenómenos de corrupción en la salud, pero esto no es atribuible al modelo, es ajeno al sistema y su combate corresponde a los organismos de vigilancia y control. No es dable pensar que la causa son las propias EPS y, en sentido contrario, que estos problemas se subsanan trasladando la responsabilidad a las secretarías de salud municipales o departamentales porque no son idóneas para ello, carecen del conocimiento, la experiencia y la infraestructura necesarias. Además, también, y quizás, más susceptibles de corrupción.

 

3.    La reforma tributaria es otro capítulo que llena de incertidumbre a los ciudadanos y la economía en general. Por definición una reforma tributaria consiste en retirar recursos del flujo de dinero privado, en el cual, a nivel empresarial forman parte de la actividad productiva y a nivel personal, son ahorro o consumo, para trasladarlos al fisco nacional, con la orientación de un ambicioso plan de subsidios, bien intencionados sí, como los de carácter social (pobreza, educación, salud, vivienda, infraestructura), pero imposible en su sostenibilidad. En un momento de recuperación económica, los montos esperados de recaudo parecen exorbitantes y tendrán su costo. Restablecer impuestos como los del patrimonio, la renta presuntiva, mantener el 4 por mil, retirar los días sin IVA, si bien se pretende afectar sólo a las personas de mayores ingresos, las cuales son menos del 2% de los ciudadanos, no suena sensato. Aquí surge la eterna pregunta de si la solución de los problemas sociales se realiza por la vía de los impuestos, con corrupción incluida, o por la vía del crecimiento económico, tal que permita mejor generación de oportunidades e incremento en las actividades productivas de independientes y empleados. Creemos que es más lo segundo que lo primero, como está ocurriendo actualmente con producto interno bruto al alza y desempleo a la baja. Otra señal equivocada, más populista que real.

 

4.    Empleo para desocupados y pensiones para quien no las tenga por cuenta del Estado son dos de las promesas más sonadas de su campaña, imposibles de cumplir, por supuesto, ante el delicado momento de las finanzas públicas, fruto de la pandemia. Como decimos popularmente “esas uvas están verdes”. Hasta el reconocido nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien es también de corte progresista, ha manifestado su reserva y reticencia de considerarlas posibles. Otra señal llena de populismo y de poca realidad.

 

5.    La cacareada reforma agraria contemplada en el acuerdo de paz, con la compra de tierras improductivas por parte del Estado para regalarlas a los campesinos, es un sueño que el país ha tenido en su mente por muchos años, pero que a la hora de la verdad no cuenta con las definiciones de política, la infraestructura y los recursos necesarios para realizarse. Algo se ha hecho y algo se hará, pero pregonar a los cuatro vientos que ésta es una decidida política de su gobierno, hará chocar a Petro y a los petristas con una dura realidad. Con este son varios los énfasis prioritarios que debe tener el presupuesto público, según el gobierno de Petro, como también lo son la educación o la pobreza, por ejemplo, pero los recursos presupuestales no son un “elástico” que estira sin reventarse.

 

6.    Medio ambiente, sustitución de cultivos, glifosato y narcotráfico, todos estos son temas que están atados y son de enorme complejidad, por supuesto, todos defendemos las condiciones de un medio ambiente puro y no contaminado en sus tierras, aire o aguas, sin embargo, si no se emplea el glifosato en la erradicación eficaz, la sola sustitución de cultivos será incapaz de producir los resultados necesarios. Es curioso, por decir lo menos, cómo en los demás cultivos si puede utilizarse este herbicida (roundup), pero contra los cultivos de alucinógenos no se puede. En los demás cultivos no es contaminante, en este sí, según las altas Cortes colombianas, de lo cual se deben sentir felices los narcotraficantes, los mayores generadores de la violencia en el campo. Este problema es multinacional en algunos de sus aspectos y merecería una acción de la cancillería en buscar soluciones conjuntas, coordinadas y consensuadas.

 

7.    La iniciativa de cesar la dependencia de la Policía -y específicamente la de transformar o cambiar en su interior el ESMAD- desde el ministerio de defensa para pasarla al ministerio del interior o la de desaparecer la procuraduría y trasladar sus funciones a otros órganos de la justicia, son cambios sobre los cuales el país ya tiene malas experiencias o que requerirían de una asamblea constituyente para modificar su estructura orgánica, una de las veleidades más peligrosas de los gobiernos de izquierda, tipo Chile, un buen espejo de lo mal que les ha ido. Esto no se debe permitir en Colombia, por supuesto. Aunque los seguidores de Petro en el Congreso ya hablan de utilizar un procedimiento “Fast track”, como con el que sacaron adelante el llamado plebiscito por la paz a pesar de haber sido negado, procedimiento que no existe en la constitución.

 

8.    La migración de venezolanos no se solucionará por tener relaciones con Venezuela, este es un problema real de ciudadanos que ven inviable su vida en su país de origen. Deben existir soluciones más de fondo para permitirles la ubicación laboral y la familiar, en Colombia, con el concurso económico del propio Venezuela, por supuesto.

 

9.    Siguen gravitando en el país las palabras “democratización y perdón social”, provenientes de la campaña de Petro, con significados que aún son un enigma, no se sabe a ciencia cierta su definición, alcance y aplicación, lo cual es otra fuente de incertidumbre.

 

10.  La comisión de la verdad ha producido su informe con insuficiente verdad, según muchas corrientes de opinión, se les ha cargado la mano a las instituciones, más que a los verdaderos causantes de la violencia, la guerrilla y los paramilitares, unos, recíprocamente, causa y efecto de los otros. Si Petro acepta sin más sus recomendaciones, va a dejar un nuevo vacío para el país en sus procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición, lo cual era, supuestamente, el propósito del acuerdo de paz, muy rimbombante en su explicación, pero poco eficaz en su real cumplimiento.

 

11.  El pacto de unidad nacional, propuesto por Petro, es una idea de común ocurrencia en los nuevos gobiernos y es loable como planteamiento, simplemente hay que volverlo verdaderos compromisos, factibles, financiados y ejecutables, por parte de todos los participantes, pero, además, dejando el espacio político e institucional necesario para la actividad de los que sean oposición. Gobiernos basados en el unanimismo político, burocrático y no programático, y, además, sin oposición, son un camino ya recorrido en muchos países del mundo, lo cual conducen a la connivencia con malas prácticas antidemocráticas, a más corrupción y mayor ineficiencia en el ejecutivo.

 

La economía colombiana ha demostrado una gran resiliencia y una excelente capacidad de recuperación luego de la pandemia, a pesar de las condiciones de entorno mundial, sin embargo, noticias como las narradas en este documento no son buenas señales para los agentes económicos, con lo cual los indicadores macroeconómicos pueden empezar a resentirse o acabar de deteriorarse, como ya está ocurriendo, muy diciente la volatilidad de los tipos cambiarios, la inflación persistente y el alza pronunciada en las tasa de interés, por ejemplo. La incertidumbre y la desconfianza no son buenas consejeras para los sectores privados nacionales e internacionales. Todo gobierno merece un compás de espera, pero, por ahora, hay señales que dejan grandes inquietudes.

lunes, 19 de abril de 2021

LA CUESTIÓN TRIBUTARIA

 Comentario 19/04/2021

 

LA CUESTIÓN TRIBUTARIA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

La gran mayoría de los países están atravesando dificultades en sus presupuestos públicos, debido al mayor nivel de gasto e inversión social que la pandemia ha demandado. El alistamiento del sector salud, en sus instalaciones y en su personal médico y paramédico, ha requerido de ingentes sumas de dinero. Pero, por otro lado, las ayudas sociales en términos de las subvenciones, los subsidios, las exoneraciones y las contribuciones de diversas naturalezas dirigidas a las familias vulnerables y al sector productivo respectivamente, también han sido billonarias. Si a lo anterior sumamos los costos inherentes al tremendo lío de las vacunas, desde su adquisición y pago, su ubicación en el país, su preservación y almacenamiento, la logística de su distribución y la complejidad de su aplicación, el escenario del gasto público se vuelve realmente complicado, dado, además, que los gastos, los pagos y las inversiones corrientes del Estado no han cesado por la pandemia.

En consecuencia, muchos países atraviesan por escenarios de déficit fiscal y de endeudamiento público realmente difíciles y en algunas situaciones muy delicados. De hecho, las calificadoras de riesgo y los organismos crediticios multilaterales han puesto su “dedo en la llaga” advirtiendo de una eventual crisis de deuda, situación en la cual los países encuentran su acceso al crédito completamente cerrado, como ocurre normalmente también con las personas que se quedan insolventes (sin liquidez) o sin respaldo. En este escenario, las calificaciones de riesgo de los países empeoran y el costo de sus créditos se eleva, complejizando la situación económica. Ahora, todo lo que le suceda al Estado, se transporta al sector privado, pues si el país queda mal calificado, se degrada también la calificación de las empresas que operan en el respectivo territorio, en cuanto su mayor limitación de acceso al crédito externo y el alto costo de este.

Lo primero que ocurre es que la valoración crediticia del país se enrarece, es decir, de buen pagador se pasa a ser dudoso pagador o mal pagador, como ocurrió, por ejemplo, no hace algunos años con Argentina, quien vio seriamente afectada su relación crediticia con todo tipo de deudores, de hecho, casi que ninguna institución ni entidad quería tener relaciones crediticias o de negocios con ese país por su insolvencia e incapacidad de pago. Sólo algunos fondos aventureros estaban dispuestos a prestarle o a comprar su deuda a tasas exorbitantes. En consecuencia, el servicio de la deuda pública, o sea, el costo que paga el gobierno por intereses de sus saldos de endeudamiento se encarece sensiblemente.

Lo segundo que ocurre es que el acceso a nuevos créditos o refinanciaciones se vuelve más difícil y en ocasiones inaccesible. Los Estados tienen que recurrir a liquidar sus activos para poder sobrevivir, como sería en Colombia, por ejemplo, tener que vender la totalidad de la propiedad del Estado en Ecopetrol para poder funcionar como Estado y como Gobierno, y, por supuesto, estos recursos se acabarán rápidamente, sobre todo por la exigencia del gasto social y el de funcionamiento.

Se producirá en seguidilla un mayor déficit fiscal y paulatinamente la incapacidad de extender algunos servicios del Estado y lo peor, el gasto social necesario en educación, salud, pensiones, defensa y bienestar comunitario, así como el apoyo a poblaciones vulnerables. El país perderá su calificación crediticia y el acceso a nuevos recursos y, como consecuencia, lo tercero que ocurrirá es una fuerte devaluación de su moneda, es decir, la moneda pierde valor frente al resto del mundo porque el Estado no es creíble.

A la altura de este comentario nos debemos preguntar si la reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso para su aprobación es oportuna[1]. La respuesta es que el momento es muy inconveniente por la situación general de la economía y la pandemia, sin embargo, no por inconveniente, deja de ser necesaria. Lo peor que nos podría pasar es que el Estado, como un todo, presente una parálisis por insolvencia (falta de liquidez) y falta de acceso a nuevos créditos o refinanciaciones, allí pagarían los “platos rotos” todas las clases sociales y, como siempre, los más los pobres, quienes tienen menos defensas.

Ninguna reforma tributaria gozará jamás del favoritismo del público, cada sector económico, cada segmento de la sociedad, cada organización, cualquiera que sea su actividad, defenderán con vigor su prioridad y su posición para no tener que pagar más o nuevos impuestos. Y más si se trata como la actual de una reforma profunda, que grava consumos sensibles como la gasolina, los servicios públicos, y también a los medianos y altos ingresos, pensiones y patrimonios de las clases superiores. Sin embargo, el momento es tal, que, aunque “el paciente está en estado delicado, con mayor razón hay que operarlo”, así mucho le duela o su mejoramiento tenga un pronóstico de lenta recuperación.

Para entenderlo de una manera simple, el resultado de la economía de un país, gira en la suma de tres componentes que se complementan mutuamente, ellos son los resultados acumulados por: 1. el sector privado, 2. el sector público y 3. el sector externo, entendiendo este último como el intercambio económico del país con el resto del mundo. No importa que el sector privado y el externo vayan bien, el resultado negativo del sector público anulará el buen desempeño de los otros dos. La situación en Colombia se hace más difícil dado que tanto el sector público como el sector externo tienen dificultades, más en el primero que en el segundo, pero al fin resultados negativos.

Es, en consecuencia, el momento de mirar con grandeza y altruismo las soluciones que el país requiere y especialmente el sector público, para aceptar la necesidad de pagar nuevos o mayores impuestos y contribuciones, para que a todos nos vaya mejor. En contraprestación, lo que deberíamos exigirle al Estado y sus gobernantes y funcionarios es austeridad, eficiencia y probidad en el manejo de los recursos, evitando la corrupción, por un lado, y aplicando correctamente los gastos en necesidades sociales, por el otro, pero también en crecimiento y desarrollo del país. No sólo subsidios y beneficios que tenderán a perpetuarse en el tiempo, se requiere más inversión si queremos “comprar presente pero también futuro”. Subvenciones sociales sí, pero oportunidades para todos también. Que no se nos vuelva “otra década perdida”.



[1] Existe una enorme controversia en el país debido a la oportunidad de la reforma, por el mismo hecho del deterioro económico ocasionado por los cierres y por el calendario electoral, con elecciones el próximo año. La reforma se presenta como una solución de tipo social (subsidios para evitar pobreza) y fiscal (déficit y endeudamiento público). Sin embargo, también existe controversia sobre la recurrencia de los subsidios, su permanencia y su orientación, como subvención o como generación de trabajo. Es un tema con muchas aristas y posiciones, al Congreso le tocará decidir.

EL SECTOR PRIVADO Y EL DESARROLLO DEL PAÍS

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