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lunes, 9 de junio de 2025

EN CONTRAVÍA

 Comentario 09/06/2025

 

EN CONTRAVÍA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Como si fuera un conductor díscolo y descarriado, que contraviene todo tipo de normas de tránsito, Gustavo Petro quiere romper con los marcos legales y constitucionales, buscando alterar el concierto de las fuerzas políticas, económicas y sociales con sus ideas sobre la regla fiscal y la consulta popular. Estas acciones se presentan en contra de la Constitución y de las instituciones que tan celosamente velan por el cumplimiento de las leyes en el país, como lo son el Congreso de la República, y las Cortes Constitucional o el Consejo de Estado. Veamos:

La Regla Fiscal

Fue establecida por la Ley 1473 de 2011 (reformada en 2021) con el objeto de fijar parámetros que garanticen la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Es una especie de disciplina autoimpuesta para evitar los excesos, y se refiere al tamaño del déficit fiscal (no mayor a 5.1%) y del endeudamiento público (no superior al 55%, con un máximo del 71%). Estos límites permitidos en el país deben ser observados por el respectivo gobierno de turno, independientemente de su ideología política o de su plan de gobierno.

Estas normas se usan en más de un centenar de economías actualmente y su cumplimiento conduce a fortalecer la credibilidad institucional del respectivo país a nivel nacional e internacional. Son particularmente sensibles en los mercados financieros y frente a las calificadoras de riesgo, ya que su incumplimiento eleva el riesgo país y, por lo tanto, encarece el endeudamiento; es decir, hay que pagar más intereses por la deuda que tenga el respectivo gobierno, lo cual afectará de rebote el déficit fiscal. Esto es como un círculo vicioso que se prolonga en el largo tiempo de recuperación de los estándares de normalidad. El cumplimiento de la regla fiscal abre puertas como el acceso a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, y, lo contrario, su incumplimiento, las cierra.

Colombia incumplió la regla fiscal como efecto de la pandemia del Covid-19 y luego se esforzó en volver a los niveles de normalidad. De hecho, al cierre de 2023, el saldo en rojo de las finanzas del gobierno era de 4.3% del PIB en su déficit fiscal y de 53.8% de la misma referencia en el endeudamiento. Sin embargo, y tal como están las cosas en el gobierno Petro, los analistas independientes proyectan para el 2025 un déficit fiscal del 7% o 7.8% y el endeudamiento al 63%, dos abultadas cifras que nos dejan en una posición muy endeble frente a la regla fiscal y a la capacidad de maniobra de las finanzas públicas. La insuficiencia de recaudos y el alto tren de gastos del gobierno explican este desfase.

La lógica indica que lo prudente es recortar el gasto para ajustarse al menor recaudo. Sin embargo, ante la posibilidad de incumplimiento de la regla fiscal y debido a la caída en los ingresos y a los retos económicos actuales, el Gobierno está considerando activar la cláusula de escape, lo que permitiría que el déficit fiscal supere el 7% del PIB. Este es el gobierno de Gustavo Petro en contravía de lo que se recomienda por las calificadoras de riesgo y los entes autónomos que siguen las finanzas públicas, lo cual elevará el riesgo país y el costo del endeudamiento público. Con tal de gastar, Petro pasa por alto las normas y la sindéresis requerida en el tema del buen manejo de las finanzas públicas.

La consulta popular sobre la reforma laboral y la de la salud

La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución del 91, que tiene unas normas para su cumplimiento, entre ellas que debe ser aprobada por el Congreso antes de ponerse en marcha. Petro quiere consultar vía voto popular los temas de ambas reformas, los cuales ya tienen un nivel de avance significativo en el Congreso:

La reforma laboral en Colombia está en su último debate en el Senado, después de haber sido aprobada en la Comisión Cuarta. La ponencia final fue radicada el 4 de junio de 2025, y se espera que la discusión en la plenaria del Senado la apruebe con algunas modificaciones frente a lo que aprobó la Cámara. Su aprobación se prevé que quede lista y entre a regir inmediatamente, lo cual deja sin piso la consulta popular de Petro en lo laboral.

La reforma a la salud en Colombia ha tenido un proceso legislativo complejo. Fue aprobada en la Cámara de Representantes y ahora está en trámite en el Senado. Sin embargo, enfrenta obstáculos debido a preocupaciones sobre su sostenibilidad financiera y el impacto en el sistema de salud. Sin permitir que el Congreso haga su tarea, ahora Petro quiere consultar los temas de la salud en su consulta popular, a la cual todo el mundo responderá sí por ser temas aspiracionales, sin consideración de su concreta y financiada aplicación.

Ahora, la consulta popular fue negada en el Congreso en su sesión del 14 de mayo, decisión que el gobierno Petro también desconoce, otra contravía frente a las facultades del Congreso. La lógica sería demandar esa votación ante los organismos competentes, pero no; en la lógica de Petro, tiene que consultarse al pueblo, porque no es, en su opinión, válida la votación de los congresistas. Una nueva contravía en las actuaciones de Gustavo Petro frente al Congreso y las Cortes.

Todas estas contravías lo único que demuestran es el desespero de Petro por su baja ejecución y porque no le aprueban las cosas como él quiere. Él ha insistido en que le están dando un golpe blando y que no lo dejan gobernar. No concibe que la opinión del Congreso y de las Cortes formen parte de las decisiones en forma armónica y constitucional. El talante autoritario y autocrático de Petro quiere imponerse en forma inconstitucional sobre los demás poderes públicos. Ese es Petro: lo que busca es hacer agitación política desde ahora para las elecciones del 2026 para el Congreso y para la Presidencia.

martes, 21 de febrero de 2023

LA REFORMA A LA SALUD DE PETRO

 Comentario 23/02/2023

 

LA REFORMA A LA SALUD DE PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Con el mismo corte de la reforma tributaria en cuanto a la intención de la búsqueda de mayor justicia, equidad y acceso a los servicios, ahora el presidente Petro nos presenta la reforma a la salud, la cual de reforma no tiene nada porque en sí misma es una refundación del modelo de salud y sus instituciones, quienes han venido funcionado con relativo éxito durante los últimos 30 años, superada la etapa del fatídico Instituto de los Seguros Sociales, de propiedad y manejo del Estado, y su pobre experiencia de una cobertura de sólo el 23% de la población y con severos problemas de calidad, atención y oportunidad, la más descarada corrupción, la politiquería y el despilfarro.

Precisamente, por eso se cambió el modelo Estatal por el modelo de las EPS, donde se invirtió el esquema para pasar esencialmente al sector privado esta responsabilidad mediante las Empresas Promotoras de Salud (EPS), como las que conocemos actualmente, como aseguradoras del riesgo en salud, incluida la Nueva EPS que es del Estado y a las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con las clínicas, hospitales, centros médicos, laboratorios, farmacéuticas, médicos y paramédicos. En este esquema, la ADRES, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que es una entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, recauda y paga por persona a las EPS, para que estas administren el riesgo y paguen la prestación de servicios a los pacientes en las IPS.

Este modelo ha sido esencialmente exitoso por varias razones:

  • Se ha logrado una cobertura del 97% de la población, siendo evidente la insuficiencia de esa cobertura en sitios alejados de los centros urbanos.
  • La calidad de la medicina y la atención se han considerado por revistas especializadas como las sextas en el mundo.
  • La esperanza de vida de los colombianos ha mejorado notablemente, para 1960 era de 57 años aproximada y actualmente se estima en cerca de 78 años. Es evidente que la mejor calidad de vida y la cobertura médica han influido decididamente para esta favorable e importante evolución.
  • Aunque existe un régimen contributivo (con aporte del beneficiario) y otro subsidiado (con contribución del Estado), las protecciones, las coberturas, los tratamientos, los accesos y los medicamentos son exactamente los mismos, lo cual constituye la mejor prueba de equidad e igualdad.
  • Es cierto sí, que esta experiencia tampoco ha estado exenta de problemas: son muchas las EPS quebradas, con liquidación forzosa, con chanchullos y coimas, etc. Prácticamente, hoy existen la mitad de las que algún día se crearon, son de carácter privado, público y mixto. Y entre las que quedan, también hay enormes diferencias en su solvencia, solidez y calidad en la atención. Hay un reguero de cifras grandes (billones) de deudas que van de la ADRES a las EPS y de éstas a las IPS, todo lo cual ha creado inestabilidad financiera y continuidad en la atención y aún afectación a la supervivencia del sistema. Como actividad económica ser EPS es un negocio complejo y riesgoso, las pérdidas sobrevinientes pueden ser cuantiosas si no se administra muy bien el concepto riesgo y la relación ingresos/costos, como de hecho lo han sido en muchos casos.
  • Más del 80% de los colombianos según las últimas encuestas de opinión favorecen con su calificación el servicio de las EPS y lo prefieren, sin lugar a dudas, al antiguo Seguro Social.
  • Es conveniente saber que las EPS en su condición de aseguradoras de la seguridad social en salud cumplen tres grandes funciones, a saber:

    1. Gestión financiera; reciben pagos de ADRES y los emplean para el funcionamiento del sistema de salud, en especial el pago a las IPS.
    2. Gestión de los riesgos en salud: estudian la morbilidad, la mortalidad, las causas y tratamientos de las enfermedades, pandemias y endemias, medicinas y ayudas diagnósticas, así como los patrones poblacionales y etarios de las enfermedades, en sí mismo hacen una labor científica y de investigación en estas materias.
    3. Gestión de la red de prestadores de servicios: establecen los contratos, negocian las tarifas, los servicios y los tratamientos de la red de IPS.

En nuestra opinión, la experiencia de las EPS es buena, se debe mejorar, superando sus limitaciones y dificultades, pero no sustituirlas, “si funciona, no lo cambies” dice el refranero popular.

Pues bien, la opinión del presidente y su equipo del ministerio de salud, el sistema de salud colombiano es el peor del mundo y lo quiere cambiar en su totalidad por un nuevo modelo con pretensiones denominadas de salud primaria, preventiva y predictiva. Pero ¿qué es lo que propone?[1] , veamos:

  • Quiere crear unos centros de atención primaria (CAP), de propiedad privada, pública o mixta, a nivel territorial, con cobertura de servicios para 20.000 a 25.000 personas en cada centro, de paso obligado para todos los ciudadanos, que deben empadronarse en ellos según su lugar de vivienda, sin posibilidad de libre elección. Estos centros, atendidos por personal de medicina general, no especializada, son de trámite forzoso para llegar a niveles superiores de atención médica, si las Juntas Médicas del respectivo centro, lo consideran y lo direccionan a la IPS de su escogencia, sea pública o privada. Probablemente por esta vía, y dado que las tarifas a pagar a las IPS serán determinadas por el Estado y serán únicas en su valores y condiciones para todas las IPS, favorecerán las de carácter público para fortalecerlas, mientras las privadas tendrán dificultad para recibir los servicios si las tarifas no consultan sus costos, calidad, instalaciones y modelos de atención. Estos centros tendrán un sistema de información sobre los pacientes único y universal.
  • Si las tarifas que fije el Estado no son remunerativas para el sector privado de IPS o centros de atención (CAP), se verán abocadas a no prestar servicios, con lo cual podemos terminar con un sistema de precarios servicios en los centros de atención y en las IPS públicas. Las personas de mayores ingresos buscarán refugiarse en sistemas de medicina prepagada o pólizas de salud para protegerse del mal servicio, si llegare a ocurrir o si quedan definitivamente abolidos los planes complementarios que hoy existen en los servicios de las EPS.
  • La ADRES seguirá actuando como recaudadora y pagadora del sistema de salud, pero sus pagos se harán directamente a las IPS, a través de una coordinación con seccionales municipales o departamentales que se crearán. Pero, adicionalmente, será responsable de las funciones que antes cumplían las EPS (financiera, riesgo y red), no se sabe cómo, porque no lo define la reforma. Y alguien lo debe hacer especialmente con los Centros de Atención Primaria y con los pacientes y así mismo, con los contratos y administración del personal médico en dichos centros, cuando le corresponda. Se pretende que además sean contratos formales con todas las garantías laborales.
  • Las EPS, quedan prácticamente por fuera del sistema de salud pues todas sus funciones actuales quedan relegadas, las obligan a vender su infraestructura de IPS si la tienen, y sólo les permiten transformarse en centros de atención primaria si lo desean o algunas funciones administrativas menores. Probablemente, no siempre les interesará cumplir estas precarias funciones frente a las que tenían.
  • Para los médicos se les creó el aliciente de contratos estables y no precarios, por lo cual su reacción puede ser de aprobación a lo que corresponde a sus intereses, lo que no significa que apoyen el cambio radical del sistema de salud.

No escapa al lector que estamos al frente de la estatización del sistema de salud actual, para pasar al control y administración estatal, es decir, a los gobiernos de turno, las injerencias de los intereses de clase política, la burocratización, el clientelismo y la corrupción que es proverbial en los entes gubernamentales, sin la garantía de un buen sistema de salud, quien conserve, al menos, lo que nos han proporcionado las EPS en cobertura, calidad y avance de los tratamientos médicos, como ya se describió. Afortunadamente, la constitución prevé en estos servicios que todo cambio debe ser para progresar y no puede haber regresividad, o sería inconstitucional.

Además, queda su paso por el Congreso, y esperemos que nuestros senadores y representantes depongan sus intereses partidistas y piensen en el país y en los ciudadanos colombianos, de lo contrario podemos ver un desastre en el sistema de salud colombiano en los próximos años. Lanzamos un S.O.S para la salud en Colombia como es hoy, porque con el antiguo Seguro Social tenemos el más claro ejemplo de la pésima experiencia con la administración del Estado del sistema de salud.



[1] La propuesta de la reforma a la salud es un tema complejo, extenso, diverso y técnico, por lo cual sólo nos limitaremos a algunos comentarios sobre su funcionamiento esencial.

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