¿COGOBERNAR CON EL ELN?

 Comentario 28/11/2022

 

¿COGOBERNAR CON EL ELN?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), es una organización guerrillera insurgente, narcotraficante y terrorista colombiana, de extrema izquierda, que opera en Colombia y Venezuela. Se define como de orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana. Desde su conformación en 1964 es un actor del conflicto armado interno en Colombia. El ELN es considerado un grupo terrorista por Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Los gobiernos de algunos países como Nicaragua, Argentina y hasta antes del 2018, el gobierno de Ecuador, no lo consideran ni terrorista ni beligerante. Brasil y Chile no le aplican esta calificación. En 2008 el presidente venezolano Hugo Chávez solicitó a los países de Latinoamérica y de Europa que se le otorgará estatus de grupo beligerante al ELN, beligerancia que no es reconocida pero sí tenida en cuenta por la ONU y el Parlamento Latinoamericano.

Desde el rompimiento de los diálogos de paz con el ELN, producto del atentado contra la escuela de policía General Santander el 17 de enero de 2019, donde murieron 23 cadetes, el gobierno de Iván Duque declaró esta guerrilla como Grupo Armado Organizado (GAO), cuyos integrantes se deben desmovilizar para ser juzgados por delitos políticos y criminales, ya no en la justicia transicional sino en la ordinaria. Sin embargo, el presidente Petro ahora les concede una nueva oportunidad de paz, con condiciones restaurativas favorables, la sexta negociación, si las cuentas no me fallan, pues muchos gobiernos de diferentes “colores” políticos han tratado de llegar a un acuerdo de desmovilización y cese al fuego, para a lograr una paz estable y duradera en el país. Lo que en todos los casos se ha solicitado es la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y la no repetición, con efectiva dejación de las armas. Pero esto nunca se ha logrado con el grupo guerrillero ELN, son huidizos y escurridizos, la razón es que en la negociación no han logrado lo que quieren lograr.

Escuchando a Pablo Beltrán (Israel Ramírez Pineda), uno de los avejentados líderes del ELN, es claro lo que esperan lograr: Cogobernar en el país, sin pasar por las urnas, ni por el Congreso como los de las FARC, así dicen, pero ganas no les faltan. Ellos se sienten la solución para los problemas de desigualdad, desarrollo, bienestar y crecimiento del país, si se remueven las causas que las impiden, según afirman, lo que, inevitablemente, los lleva a señalar a otros como culpables, tales como a las instituciones, el llamado establecimiento, la clase política y las oligarquías, especialmente estas últimas, en su opinión.  

La solución es que ellos estén en el cogobierno del país y puedan implementar las reformas salvadoras, por encima de las demás instituciones y sin consultar la voluntad de 50 millones de ciudadanos, lo que quieren es no pasar por las urnas, después de ver lo mal que le fue a las FARC en las elecciones, hoy partido Comunes, donde sacaron menos de 55.000 votos en todo el país. No hay una descripción sesuda de las reformas que plantea el ELN, simplemente todo se fundamenta en el intervencionismo del Estado, como ser todopoderoso, para dirigir la economía, la sociedad, la propiedad privada, sus instituciones y sus ideales.

No son buenos los antecedentes de esta revolucionaria guerrilla, dadas las condiciones de afectación que han causado en 50 años de existencia, en ciudades y campos, infraestructura energética y de oleoductos, extorsiones y secuestros (llamados retenciones) de ciudadanos y miembros de la fuerza pública, asalto con lanzamiento de explosivos a poblaciones inermes, narcotráfico, lavado de activos y un sin número de atentados por todo el país. Recordar el Club el Nogal en Bogotá, por ejemplo. La pregunta es si es justo con Colombia, sus ciudadanos e instituciones, su constitución y sus tradiciones, concederles nuevas y ventajosas oportunidades de paz a estos desalmados guerrilleros, ¿hasta cuándo y hasta dónde?, ¿por siempre y para siempre la sociedad colombiana estará sometida a sus caprichos y sus delitos?

La experiencia del país con los acuerdos FARC-Santos del 2016, los cuales no han reportado verdad, justicia, reparación y no repetición. Justicia aún no tienen y sólo tendrán penas restaurativas, que no significan cárcel sino trabajo comunitario, con limitación de desplazamiento y quien va a reparar es el Estado (los colombianos asumiremos la indemnización de las víctimas por los delitos cometidos por los guerrilleros), no ellos. En cuanto a la no repetición, existen las llamadas disidencias con Iván Márquez a la cabeza. Los dirigentes de las FARC se han llenado de beneficios y privilegios, sin reparación alguna, para ellos curules y privilegios en el Congreso y una justicia con poca sanción, si se puede llamar justicia. Con el ELN de nuevo tendremos largas y nutridas comisiones negociadoras, países garantes, tribunales especiales, con justicia independiente, y otra parafernalia de organismos y personas buscando la llamada paz total del gobierno de Petro.  Más de lo mismo, en síntesis.

Nadie discute el concepto de la paz, como necesidad, conveniencia y mandato constitucional para todos los ciudadanos, lo que se plantea es que ya no debe haber soluciones favorables para el ELN, o se someten a la justicia, como todos los ciudadanos, o se les debe derrotar militarmente. No puede ser que esta guerrilla, amparada en el territorio y el gobierno venezolano, con el tufillo cubano, merezca nuevos procesos de paz, el sexto, según las cuentas.

En mi opinión el ELN no tiene voluntad de paz, utiliza el nombre de la paz para favorecer los intereses de sus aprovechados dirigentes, para que les den una justicia favorable y se les ofrezcan condiciones de re-vinculación a la sociedad ventajosas y mucha publicidad por todos los medio de comunicación, en los cuales van a ser nuevos profetas de las buenas conductas, de la pacificación del país y la defensa del medio ambiente, este último, su favorito para la destrucción en miles de atentados como el minado de oleoductos, por ejemplo. Ya Petro anunció que en estos procesos se les concederá permanecer con hasta el 10% de su riqueza para favorecer la entrega de sus demás activos, supuestamente para las víctimas. A propósito de estas últimas, las víctimas, siempre se dice que estarán en el centro de los acuerdos, pero nunca, en realidad, son beneficiarios reales de la tal reparación o restitución de los bienes de la guerrilla. Basta ver la triste experiencia de las FARC que al final salieron con que ellos no tenían recursos, que eso no era verdad, y apenas entregaron bienes no significativos y poco valorados. El país debe pensar de nuevo en la conveniencia de más procesos de paz con estos delincuentes reincidentes, quienes dicen abrazar ideales políticos de noble significado social y comunitario, los cuales nunca han aplicado en realidad.

 

Nota: algunas de las memorias históricas de este documento son tomadas de Wikipedia.

LA VIOLENCIA ARMADA Y LA PAZ TOTAL

 Comentario 19/09/2022

 

LA VIOLENCIA ARMADA Y LA PAZ TOTAL

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Ciertamente no podemos decir que estamos en paz, al menos no en lo relacionado con la violencia de naturaleza política y guerrillera, lo cual dio origen al proceso de paz FARC-Santos (2016), donde se obligó al Estado y a todas sus instituciones y, por consiguiente, a todos los colombianos, a cumplir unos acuerdos, según los cuales las partes se comprometían con lo firmado.

Por parte de la guerrilla de las FARC se establecía la dejación de las armas, la cesación de acciones violentas (secuestro, chantaje, extorsión, violación, etc.), la devolución de bienes en favor de las víctimas, el desminado, el combate a los cultivos ilícitos, que ellos mismos ayudarían a erradicar, la entrega de rutas, la concentración en territorios para su paulatina reincorporación a la sociedad con la realización de proyectos productivos, la transformación como partido político (hoy también llamado Comunes, fuerzas alternativas del común), su integración al parlamento a través de 10 curules, entre otros temas. Se les aceptó el narcotráfico como delito político y el lavado de activos, como consecuencia del mismo tráfico de drogas, no se sancionó.

En materia de justicia se les concedió un sistema de Justicia Transicional (JEP), de carácter transitorio, pero paralelo y sustitutivo de la justicia ordinaria, el cual tendría como finalidad juzgar a todas las partes involucradas en el conflicto (FARC, miembros del ejército, funcionarios públicos y ciudadanos) a partir de su autoinculpación verosímil en los delitos cometidos, para otorgarles penas alternativas o sustitutivas (“restaurativas”, es decir, no cárcel) de las contempladas en la justicia ordinaria, aplicables a todos los demás ciudadanos que sean delincuentes en los mismos delitos. Se concedió amnistía e indulto a las bases guerrilleras, pero no a sus cabecillas “El Secretariado de las FARC”, pero nada que se juzgan realmente, aún no entendemos claramente el porqué.

Por parte del Estado, se establecieron las zonas de rehabilitación de la “guerrillerada”, donde se les proporcionó apoyo económico para su sustento y sus proyectos productivos, se constituyeron los organismos del acuerdo como la JEP, la Comisión de la Verdad y la llamada Comisión de Seguimiento y Verificación, se encargó de su protección a la Unidad Nacional de Protección en los casos sensibles. El Estado se comprometió, además, a la llamada Reforma rural integral, esfuerzo que apenas se ha ejecutado con limitado avance, por las erogaciones y la complejidad que significa y porque no hay cómo financiarlo en breve tiempo, lo que implica en la práctica que este será un cumplimiento diferido para varios gobiernos. El objetivo de este punto es transformar el campo en forma integral y estructural, a partir de la inclusión y la formalización de los campesinos con la entrega de tierras, la integración de las regiones y la seguridad alimentaria. Aunque la evidencia actual es que algunos ciudadanos ya se están tomando las tierras por medio de invasiones violentas.

En síntesis, el acuerdo se suponía que era la gran solución para la pacificación de todo el país, para restablecer el progreso, la aplicación de la justicia transicional, la revelación de verdad, la no repetición y la reparación de las víctimas por los victimarios. Así se planteó, sin embargo, y sin entrar en muchos detalles, el acuerdo sólo se ha cumplido parcialmente en algunas cosas, pero no en lo fundamental, el retomar la paz en el campo y en la ciudad. Hoy lo vemos en forma cada vez más angustiosa:

• Movimientos armados de todo tipo azotando el campo y las ciudades más desprotegidas, sean guerrilleros disidentes de las FARC, pertenecientes a otros grupos guerrilleros o delincuencia común que se camufla con el supuesto de tener principios políticos.
• Se ve claramente, que no entregaron todas las armas, algunas caletas debieron dejar, así como dinero y capacidades logísticas.
• Ataques leves a la infraestructura del país con un alto costo económico, social y ambiental y grandes perjuicios a las regiones para su desarrollo. Hoy tenemos zonas de amplio conflicto armado, paros armados y territorios sin la presencia del Estado y con el control de la guerrilla o los grupos de delincuencia organizados.
• Continúan los cultivos de coca, sin la colaboración de los ex FARC para su erradicación. Ahí están 250.000 hectáreas de coca cultivadas en Colombia y creciendo, listas para enriquecer a los carteles colombianos y extranjeros y a los guerrilleros en armas y, además, para dañar las democracias, las economías, las instituciones con su corrupción y poder económico y militar y para acabar con las mentes de los consumidores, generando un grave problema de salud pública y de familias afectadas por sus graves secuelas.
• La efectividad de la JEP, como cuerpo de justicia, aún no se ve como algo real y verdaderamente restaurativo y llevan varios años, desde el 2016.
• Los bienes de las FARC aún pendientes de su entrega para la reparación de las víctimas, muy poco han entregado en realidad.
• La actuación de los congresistas de las FARC (Comunes) en el congreso, ni fu ni fa, según los medios de comunicación. Más bien pasaron a vivir bueno y a dejar acumular sus años con comodidad.
• En las ciudades se ha dejado sentir una ola de violencia y de violentos en cada movimiento social o manifestación que se presenta, con la evidencia que estos vándalos han sido entrenados y pagados por miembros de las guerrillas, según revelan las propias autoridades.
• Para muchos ciudadanos las condiciones de la negociación con el Gobierno Santos (quien se ganó su premio nobel con el acuerdo), las concesiones, la permisividad, la pasividad frente a sus delitos y las reincidencias, los hace sentir que les “metieron las manos a la boca” en materia de justicia.
• Los nexos de la “guerrillerada” en las disidencias con los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el lavado de activos, el control de las regiones, sus enormes recursos y las armas que todavía poseen los vuelven una guerrilla de mucho riesgo. El apoyo que encuentran en las autoridades y el territorio venezolano los convierte en más peligrosos aún.

¿Será que estas experiencias le sirven al país para no cometer los mismos errores en el llamado proceso de paz total del presidente Petro?, según el cual todos los violentos caben para hacer una nueva paz. No sabemos todavía cómo lo van a hacer y qué van a ceder y lograr, ¿más impunidad?, sólo hemos visto su acercamiento con los antiguos y avejentados líderes del ELN en Cuba, para retomar su proceso de desmovilización y paz. Veremos qué sigue, pero nos acompaña la preocupación de demasiada zanahoria y nada de lo demás.

¿PARA DÓNDE VA LA SEGURIDAD NACIONAL?

 Comentario 05/09/2022

 

¿PARA DÓNDE VA LA SEGURIDAD NACIONAL?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Las funciones de la fuerza pública están claramente definidas en la constitución de la república de 1991, en su capítulo 7, y en los artículos 216 al 219, como sigue:

Artículo 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.

Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Artículo 219. La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley.

Sin embargo, y ante esta meridiana claridad de las funciones y el ámbito de actuación de la fuerza pública, el presidente Petro, como comandante supremo de las fuerzas militares, está dando órdenes que apuntan en direcciones bien diferentes, aunque aparenten ser con buena intención. Veamos algunos de estos hechos y situaciones, los cuales, aunque parezcan desconectados, están profundamente relacionados y obedecen a los mismos fines transparentes u ocultos:

• Nueva doctrina para la fuerza pública: la seguridad humana.
• Cerca de 70 experimentados generales de las fuerzas militares y de policía retirados del servicio.
• La policía con funciones de colaboración cívica y ciudadana.
• Separación de la policía del ministerio de defensa para pasar, probablemente, al ministerio del interior. Con mala experiencia en el pasado dónde la policía se politizó, y empleo su poder e inteligencia con fines políticos, no de seguridad. Petro los invita a deliberar, pero no participar (¿?).
• La paz total con todos los grupos guerrilleros y el sometimiento o acogimiento de los grupos delincuenciales organizados y narcotraficantes con beneficios y penas restaurativas, no necesariamente de cárcel.
• Cárceles sin delincuentes: No se construirán más cárceles y se facilitará la salida de los inculpados por agilización de las penas.
• Traslada a los alcaldes la responsabilidad total por la seguridad: “El puesto de mando unificado tiene como sentido proteger la vida y esa es la responsabilidad del alcalde, según el presidente Petro”. Puestos de mando unificado bajo la dirección de las alcaldías.
• Diálogos de paz regionales: ¿Muchos y diferentes procesos y diálogos de paz?
• Los inculpados y detenidos de las situaciones de paro y de la parálisis de los dos años anteriores (la primera línea) no los considera delincuentes, simples jóvenes que ejercían el derecho a la protesta, a pesar de ver la forma violenta y salvaje como destruían medios de transporte, infraestructura urbana, de policía, empresarial y de cómo afectaron el abastecimiento y lesionaron gravemente la economía del país y las familias.
• Habrá separación o transformación (o terminación) del ESMAD. Y ahora la primera línea será parte determinante en las modificaciones y las reformas que se le introduzcan.
• El narcotráfico como delito conexo a la guerrilla de las FARC y no han hecho nada por desmontar los cultivos. En materia de justicia a las mismas FARC se les concedió un sistema de Justicia Transicional (JEP), de carácter transitorio, pero paralelo y sustitutivo de la justicia ordinaria, el cual tendría como finalidad juzgar a todas las partes involucradas en el conflicto, pero seis años después de su creación aún sin resultados y se espera que se extienda esta experiencia a los nuevos procesos de paz.
• No órdenes de captura ni extradición a los negociadores de los procesos de paz.
• No erradicación de cultivos ilícitos ni uso de glifosato. No policía ni ejército en labores de erradicación.
• No bombardeos a grupos armados si hay niños (¿?).
• No servicio militar obligatorio y opcional un servicio social relacionado con la paz.
• Delitos menores sin sanción penal, recordar el ejemplo de la devolución del celular y pagar su servicio durante 6 meses, del ministro Osuna.
• Extradición condicionada de los narcotraficantes si se someten a la justicia colombiana, delatan, entregan bienes y rutas y no delinquen hacia el futuro, con penas restaurativas.
• Combate a bandas de narcotraficantes, pero no a campesinos cocaleros. No es específico cómo es el combate, aparentemente sólo interdicción de naves y aeronaves.
• Muchos cargos públicos sensibles (inteligencia, control, vigilancia y seguridad del Estado) en poder de exguerrilleros, con un marcado acento político de izquierda radical.
• Propuesta de Asamblea de cocaleros en El Tarra, Norte de Santander (¿?).

Nos vamos a quedar sin seguridad urbana y rural, no habrá un real combate al delito y a los delincuentes, que son verdaderos facinerosos, violentos, desalmados o malintencionados. Además, se profundizará la economía, la política, la vocación social e institucional de carácter socialista, totalitaria y autocrática. Y mientras tanto el socialismo de todo el mundo acecha para tomarse el país, y Venezuela nos provoca con su poder militar y su guerrerismo, asesorado por Rusia, China e Irán, aunque se muestran como mansos corderos con la reapertura de la frontera y las relaciones consulares y comerciales.

Petro prometió cambiar el país y de verdad lo está haciendo en el campo de la seguridad ciudadana, pero en muchos otros campos económicos, sociales, y empresariales, también. ¿Con cuáles consecuencias?, en mi opinión, se está desmontado la seguridad y la defensa del país, de su ciudadanía y de sus instituciones. ¿Este si es el mandato de Petro como presidente con el 50% de los votos a su favor, afectando al 100% de los colombianos? ¿Es esto constitucional o un abuso de poder del nuevo gobierno?, dominante, además, porque vinculó a su programa a los partidos políticos tradicionales, todos los cuales lo acompañan hoy en el Congreso, por la famosa mermelada, con la honrosa excepción del Centro Democrático en oposición y Cambio radical en independencia.

LA PAZ GRANDE

Comentario 08/08/2022

 

LA PAZ GRANDE

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Bajo el concepto del llamado perdón social propuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y su propósito de dar cumplimiento total al acuerdo de paz del 2016 suscrito por el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, los cuales son parte muy sustantiva del plan de gobierno del nuevo mandatario, para el logro de la denominada paz grande o paz total, se presentan una serie de inquietudes que vale la pena comentar. Precisamente, ¿qué significa y cuál es el contenido y alcance de esa paz grande o paz total? Muchas inquietudes surgen después de ver el disfuncional, inequitativo y poco favorable para el país proceso de paz de Juan Manuel Santos, fundamentado, supuestamente, en el rescate de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición y centrado en las víctimas. ¡Qué bonito suena, pero que incumplido está!

Desde el 2016 el país está a la espera de que esas promesas se cumplan, pero nada. La verdad muy escasa, muy esquiva e incompleta, de un sólo lado en lo fundamental. Según esa verdad, revelada por la Comisión de la verdad presidida por el padre Francisco de Roux, los culpables esenciales de las situaciones de violencia que ha atravesado el país frente a las guerrillas y la población son el Estado y sus instituciones, especialmente el ejército y la policía. Parece que algo tienen que ver las guerrillas y los otros narcotraficantes, pero sólo algo, o sea que los secuestros, las violaciones, lo asaltos, los bombardeos a poblaciones, las tomas guerrilleras, las guerrillas urbanas, las extorsiones, el abigeato, el reclutamiento de niños, la matanza de policías, etc., etc., poco cuentan. Y, también, todo el tema del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y de personas, etc., etc., parece que tampoco tiene mucho que ver.

Lo que se ha hecho de justicia transicional por la JEP o la ordinaria por los organismos tradicionales frente a la guerrilla es nada o muy poco, la JEP lleva casi 6 años, sin fallos condenatorios y, al final, para poner penas alternativas, simbólicas o restaurativas, tiempo sobra, ya veremos que la justicia no obra. El nuevo gobierno está hablando de una nueva y extraña palabra, “acogimiento”, para preparar el terreno para beneficiar los participantes de todo tipo de violencias en los nuevos procesos de la paz grande. Lo que veremos es que el apaciguamiento de ellos se traduce en el sometimiento del Estado de derecho, de la justicia, de las instituciones y del código penal, o sea del pueblo colombiano.

El otro tema que se pregona, la reparación, es como el gran ausente, ¿dónde están las grandes fortunas de las FARC para la reparación de las víctimas?, apenas migajas. Ahora resulta que después de todos los lucrativos delitos que cometían y siguen cometiendo, son unas “pobres viejecitas, sin nadita que comer”, vaya cuento tan mal contado para engañar al país, donde, en la práctica, se les han legalizado sus bienes y diestramente se les ha hecho un lavado camuflado de esos activos, ya que impuestos tampoco han pagado. Las víctimas, además, por ningún lado.

De la no repetición es mejor no hablar, porque la repetición es el “pan nuestro de cada día”, dirán que son las disidencias, “chicos díscolos y desobedientes”, ¿puede creer el país que unos y otros, desmovilizados y activos, no están conectados?

En contrario sentido, el Estado ha hecho ingentes esfuerzos por el cumplimento de los acuerdos y por otorgar las mejores condiciones posibles a los desmovilizados en educación, salud, vivienda, territorios de cultivos lícitos, etc. Además de las famosas curules de paz para los “soberanos” del secretariado, ahora pontífices de la paz, la concordia y la moral. Mucho se les ha dado, pero poco se ha recibido de parte de ellos, apenas unas breves y apesadumbradas declaraciones, pero no se les ve el arrepentimiento por ningún lado, felices con lo que han logrado a su favor. Sin embargo, se quejan de que no se ha cumplido el punto 1 del acuerdo y que este es vital para lograr la paz grande, la paz total, especialmente en el campo. Efectivamente, el meollo del llamado incumplimiento del Estado del acuerdo FARC-Santos, radica en el punto 1 del mismo, recomendado también por la Comisión de la Verdad, en el cual se pactó la llamada reforma rural integral, bajo los siguientes principios:

El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. Ya que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social.

¿Será esto mismo lo que han pregonado Petro, su Vice y su ministra de agricultura?, cuando afirman que cumplirán a cabalidad el acuerdo de paz. Parece ser que sí, pero ¿de dónde saldrán los recursos para apropiar esa tierra que quieren distribuir? Ante un déficit fiscal significativo, un sobre endeudamiento del Estado y otras necesidades apremiantes, en pobreza, salud, educación, vivienda, bienestar, infraestructura y desarrollo, ¿cómo priorizar? Todos los alcaldes municipales están con la “coquita” lista para recibir los beneficios tangibles del nuevo gobierno, ¿entonces?

La amenaza, hasta ahora, según la ministra de Agricultura, es solucionar la redistribución rural prometida con nuevos impuestos a las propiedades agrícolas, bajo el concepto de baja productividad, con una fórmula de compra (“expropiadora”), si no los paga el propietario actual. En anticipación de todo esto ya hay colonos invadiendo en varias propiedades de predios productores de caña de azúcar en el norte del Cauca y el sur del Valle, porque se va a estimular la formalización, restitución y distribución equitativa y el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo. Esto no es una reforma agraria, es una expropiación agraria, por encima de los derechos de las familias propietarias, legítimas tenedoras y productivas cultivadoras, de esos campos agrícolas. Así empezaron las expropiaciones de Chávez en Venezuela, al principio con algunos bienes y luego con todo tipo de activos, propiedades y derechos.

Si la condición de la paz grande es de nuevo “perdonar” los delitos (no verdad, no justicia, no repetición y no reparación), prometer la no extradición, no combatir el narcotráfico y por otro lado hacer una reforma rural integral como la sugerida, el país va a pasar momentos de extrema tensión social y su Constitución e Instituciones y los derechos de muchos ciudadanos serán arrollados por la Paz Grande. Ser pillo sí pagará. ¿Será que en esta ocasión nos llamarán también enemigos de la paz, por pensar de esta manera?