Comentario 19/09/2022
LA
VIOLENCIA ARMADA Y LA PAZ TOTAL
Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/
Ciertamente
no podemos decir que estamos en paz, al menos no en lo relacionado con la
violencia de naturaleza política y guerrillera, lo cual dio origen al proceso
de paz FARC-Santos (2016), donde se obligó al Estado y a todas sus
instituciones y, por consiguiente, a todos los colombianos, a cumplir unos
acuerdos, según los cuales las partes se comprometían con lo firmado.
Por
parte de la guerrilla de las FARC se establecía la dejación de las armas, la
cesación de acciones violentas (secuestro, chantaje, extorsión, violación,
etc.), la devolución de bienes en favor de las víctimas, el desminado, el
combate a los cultivos ilícitos, que ellos mismos ayudarían a erradicar, la
entrega de rutas, la concentración en territorios para su paulatina
reincorporación a la sociedad con la realización de proyectos productivos, la
transformación como partido político (hoy también llamado Comunes, fuerzas
alternativas del común), su integración al parlamento a través de 10 curules,
entre otros temas. Se les aceptó el narcotráfico como delito político y el
lavado de activos, como consecuencia del mismo tráfico de drogas, no se
sancionó.
En
materia de justicia se les concedió un sistema de Justicia Transicional (JEP),
de carácter transitorio, pero paralelo y sustitutivo de la justicia ordinaria,
el cual tendría como finalidad juzgar a todas las partes involucradas en el
conflicto (FARC, miembros del ejército, funcionarios públicos y ciudadanos) a
partir de su autoinculpación verosímil en los delitos cometidos, para
otorgarles penas alternativas o sustitutivas (“restaurativas”, es decir, no
cárcel) de las contempladas en la justicia ordinaria, aplicables a todos los
demás ciudadanos que sean delincuentes en los mismos delitos. Se concedió
amnistía e indulto a las bases guerrilleras, pero no a sus cabecillas “El
Secretariado de las FARC”, pero nada que se juzgan realmente, aún no entendemos
claramente el porqué.
Por
parte del Estado, se establecieron las zonas de rehabilitación de la “guerrillerada”,
donde se les proporcionó apoyo económico para su sustento y sus proyectos
productivos, se constituyeron los organismos del acuerdo como la JEP, la Comisión
de la Verdad y la llamada Comisión de Seguimiento y Verificación, se encargó de
su protección a la Unidad Nacional de Protección en los casos sensibles. El
Estado se comprometió, además, a la llamada Reforma rural integral, esfuerzo
que apenas se ha ejecutado con limitado avance, por las erogaciones y la
complejidad que significa y porque no hay cómo financiarlo en breve tiempo, lo
que implica en la práctica que este será un cumplimiento diferido para varios
gobiernos. El objetivo de este punto es transformar el campo en forma integral
y estructural, a partir de la inclusión y la formalización de los campesinos
con la entrega de tierras, la integración de las regiones y la seguridad
alimentaria. Aunque la evidencia actual es que algunos ciudadanos ya se están
tomando las tierras por medio de invasiones violentas.
En
síntesis, el acuerdo se suponía que era la gran solución para la pacificación
de todo el país, para restablecer el progreso, la aplicación de la justicia
transicional, la revelación de verdad, la no repetición y la reparación de las
víctimas por los victimarios. Así se planteó, sin embargo, y sin entrar en
muchos detalles, el acuerdo sólo se ha cumplido parcialmente en algunas cosas,
pero no en lo fundamental, el retomar la paz en el campo y en la ciudad. Hoy lo
vemos en forma cada vez más angustiosa:
- Movimientos armados de todo tipo azotando el campo y las ciudades más desprotegidas, sean guerrilleros disidentes de las FARC, pertenecientes a otros grupos guerrilleros o delincuencia común que se camufla con el supuesto de tener principios políticos.
- Se ve claramente, que no entregaron todas las armas, algunas caletas debieron dejar, así como dinero y capacidades logísticas.
- Ataques leves a la infraestructura del país con un alto costo económico, social y ambiental y grandes perjuicios a las regiones para su desarrollo. Hoy tenemos zonas de amplio conflicto armado, paros armados y territorios sin la presencia del Estado y con el control de la guerrilla o los grupos de delincuencia organizados.
- Continúan los cultivos de coca, sin la colaboración de los ex FARC para su erradicación. Ahí están 250.000 hectáreas de coca cultivadas en Colombia y creciendo, listas para enriquecer a los carteles colombianos y extranjeros y a los guerrilleros en armas y, además, para dañar las democracias, las economías, las instituciones con su corrupción y poder económico y militar y para acabar con las mentes de los consumidores, generando un grave problema de salud pública y de familias afectadas por sus graves secuelas.
- La efectividad de la JEP, como cuerpo de justicia, aún no se ve como algo real y verdaderamente restaurativo y llevan varios años, desde el 2016.
- Los bienes de las FARC aún pendientes de su entrega para la reparación de las víctimas, muy poco han entregado en realidad.
- La actuación de los congresistas de las FARC (Comunes) en el congreso, ni fu ni fa, según los medios de comunicación. Más bien pasaron a vivir bueno y a dejar acumular sus años con comodidad.
- En las ciudades se ha dejado sentir una ola de violencia y de violentos en cada movimiento social o manifestación que se presenta, con la evidencia que estos vándalos han sido entrenados y pagados por miembros de las guerrillas, según revelan las propias autoridades.
- Para muchos ciudadanos las condiciones de la negociación con el Gobierno Santos (quien se ganó su premio nobel con el acuerdo), las concesiones, la permisividad, la pasividad frente a sus delitos y las reincidencias, los hace sentir que les “metieron las manos a la boca” en materia de justicia.
- Los nexos de la “guerrillerada” en las disidencias con los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el lavado de activos, el control de las regiones, sus enormes recursos y las armas que todavía poseen los vuelven una guerrilla de mucho riesgo. El apoyo que encuentran en las autoridades y el territorio venezolano los convierte en más peligrosos aún.
¿Será
que estas experiencias le sirven al país para no cometer los mismos errores en
el llamado proceso de paz total del presidente Petro?, según el cual todos los
violentos caben para hacer una nueva paz. No sabemos todavía cómo lo van a
hacer y qué van a ceder y lograr, ¿más impunidad?, sólo hemos visto su
acercamiento con los antiguos y avejentados líderes del ELN en Cuba, para
retomar su proceso de desmovilización y paz. Veremos qué sigue, pero nos
acompaña la preocupación de demasiada zanahoria y nada de lo demás.
