LA VIOLENCIA ARMADA Y LA PAZ TOTAL

 Comentario 19/09/2022

 

LA VIOLENCIA ARMADA Y LA PAZ TOTAL

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Ciertamente no podemos decir que estamos en paz, al menos no en lo relacionado con la violencia de naturaleza política y guerrillera, lo cual dio origen al proceso de paz FARC-Santos (2016), donde se obligó al Estado y a todas sus instituciones y, por consiguiente, a todos los colombianos, a cumplir unos acuerdos, según los cuales las partes se comprometían con lo firmado.

Por parte de la guerrilla de las FARC se establecía la dejación de las armas, la cesación de acciones violentas (secuestro, chantaje, extorsión, violación, etc.), la devolución de bienes en favor de las víctimas, el desminado, el combate a los cultivos ilícitos, que ellos mismos ayudarían a erradicar, la entrega de rutas, la concentración en territorios para su paulatina reincorporación a la sociedad con la realización de proyectos productivos, la transformación como partido político (hoy también llamado Comunes, fuerzas alternativas del común), su integración al parlamento a través de 10 curules, entre otros temas. Se les aceptó el narcotráfico como delito político y el lavado de activos, como consecuencia del mismo tráfico de drogas, no se sancionó.

En materia de justicia se les concedió un sistema de Justicia Transicional (JEP), de carácter transitorio, pero paralelo y sustitutivo de la justicia ordinaria, el cual tendría como finalidad juzgar a todas las partes involucradas en el conflicto (FARC, miembros del ejército, funcionarios públicos y ciudadanos) a partir de su autoinculpación verosímil en los delitos cometidos, para otorgarles penas alternativas o sustitutivas (“restaurativas”, es decir, no cárcel) de las contempladas en la justicia ordinaria, aplicables a todos los demás ciudadanos que sean delincuentes en los mismos delitos. Se concedió amnistía e indulto a las bases guerrilleras, pero no a sus cabecillas “El Secretariado de las FARC”, pero nada que se juzgan realmente, aún no entendemos claramente el porqué.

Por parte del Estado, se establecieron las zonas de rehabilitación de la “guerrillerada”, donde se les proporcionó apoyo económico para su sustento y sus proyectos productivos, se constituyeron los organismos del acuerdo como la JEP, la Comisión de la Verdad y la llamada Comisión de Seguimiento y Verificación, se encargó de su protección a la Unidad Nacional de Protección en los casos sensibles. El Estado se comprometió, además, a la llamada Reforma rural integral, esfuerzo que apenas se ha ejecutado con limitado avance, por las erogaciones y la complejidad que significa y porque no hay cómo financiarlo en breve tiempo, lo que implica en la práctica que este será un cumplimiento diferido para varios gobiernos. El objetivo de este punto es transformar el campo en forma integral y estructural, a partir de la inclusión y la formalización de los campesinos con la entrega de tierras, la integración de las regiones y la seguridad alimentaria. Aunque la evidencia actual es que algunos ciudadanos ya se están tomando las tierras por medio de invasiones violentas.

En síntesis, el acuerdo se suponía que era la gran solución para la pacificación de todo el país, para restablecer el progreso, la aplicación de la justicia transicional, la revelación de verdad, la no repetición y la reparación de las víctimas por los victimarios. Así se planteó, sin embargo, y sin entrar en muchos detalles, el acuerdo sólo se ha cumplido parcialmente en algunas cosas, pero no en lo fundamental, el retomar la paz en el campo y en la ciudad. Hoy lo vemos en forma cada vez más angustiosa:

• Movimientos armados de todo tipo azotando el campo y las ciudades más desprotegidas, sean guerrilleros disidentes de las FARC, pertenecientes a otros grupos guerrilleros o delincuencia común que se camufla con el supuesto de tener principios políticos.
• Se ve claramente, que no entregaron todas las armas, algunas caletas debieron dejar, así como dinero y capacidades logísticas.
• Ataques leves a la infraestructura del país con un alto costo económico, social y ambiental y grandes perjuicios a las regiones para su desarrollo. Hoy tenemos zonas de amplio conflicto armado, paros armados y territorios sin la presencia del Estado y con el control de la guerrilla o los grupos de delincuencia organizados.
• Continúan los cultivos de coca, sin la colaboración de los ex FARC para su erradicación. Ahí están 250.000 hectáreas de coca cultivadas en Colombia y creciendo, listas para enriquecer a los carteles colombianos y extranjeros y a los guerrilleros en armas y, además, para dañar las democracias, las economías, las instituciones con su corrupción y poder económico y militar y para acabar con las mentes de los consumidores, generando un grave problema de salud pública y de familias afectadas por sus graves secuelas.
• La efectividad de la JEP, como cuerpo de justicia, aún no se ve como algo real y verdaderamente restaurativo y llevan varios años, desde el 2016.
• Los bienes de las FARC aún pendientes de su entrega para la reparación de las víctimas, muy poco han entregado en realidad.
• La actuación de los congresistas de las FARC (Comunes) en el congreso, ni fu ni fa, según los medios de comunicación. Más bien pasaron a vivir bueno y a dejar acumular sus años con comodidad.
• En las ciudades se ha dejado sentir una ola de violencia y de violentos en cada movimiento social o manifestación que se presenta, con la evidencia que estos vándalos han sido entrenados y pagados por miembros de las guerrillas, según revelan las propias autoridades.
• Para muchos ciudadanos las condiciones de la negociación con el Gobierno Santos (quien se ganó su premio nobel con el acuerdo), las concesiones, la permisividad, la pasividad frente a sus delitos y las reincidencias, los hace sentir que les “metieron las manos a la boca” en materia de justicia.
• Los nexos de la “guerrillerada” en las disidencias con los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el lavado de activos, el control de las regiones, sus enormes recursos y las armas que todavía poseen los vuelven una guerrilla de mucho riesgo. El apoyo que encuentran en las autoridades y el territorio venezolano los convierte en más peligrosos aún.

¿Será que estas experiencias le sirven al país para no cometer los mismos errores en el llamado proceso de paz total del presidente Petro?, según el cual todos los violentos caben para hacer una nueva paz. No sabemos todavía cómo lo van a hacer y qué van a ceder y lograr, ¿más impunidad?, sólo hemos visto su acercamiento con los antiguos y avejentados líderes del ELN en Cuba, para retomar su proceso de desmovilización y paz. Veremos qué sigue, pero nos acompaña la preocupación de demasiada zanahoria y nada de lo demás.

LA PAZ GRANDE

Comentario 08/08/2022

 

LA PAZ GRANDE

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Bajo el concepto del llamado perdón social propuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y su propósito de dar cumplimiento total al acuerdo de paz del 2016 suscrito por el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, los cuales son parte muy sustantiva del plan de gobierno del nuevo mandatario, para el logro de la denominada paz grande o paz total, se presentan una serie de inquietudes que vale la pena comentar. Precisamente, ¿qué significa y cuál es el contenido y alcance de esa paz grande o paz total? Muchas inquietudes surgen después de ver el disfuncional, inequitativo y poco favorable para el país proceso de paz de Juan Manuel Santos, fundamentado, supuestamente, en el rescate de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición y centrado en las víctimas. ¡Qué bonito suena, pero que incumplido está!

Desde el 2016 el país está a la espera de que esas promesas se cumplan, pero nada. La verdad muy escasa, muy esquiva e incompleta, de un sólo lado en lo fundamental. Según esa verdad, revelada por la Comisión de la verdad presidida por el padre Francisco de Roux, los culpables esenciales de las situaciones de violencia que ha atravesado el país frente a las guerrillas y la población son el Estado y sus instituciones, especialmente el ejército y la policía. Parece que algo tienen que ver las guerrillas y los otros narcotraficantes, pero sólo algo, o sea que los secuestros, las violaciones, lo asaltos, los bombardeos a poblaciones, las tomas guerrilleras, las guerrillas urbanas, las extorsiones, el abigeato, el reclutamiento de niños, la matanza de policías, etc., etc., poco cuentan. Y, también, todo el tema del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y de personas, etc., etc., parece que tampoco tiene mucho que ver.

Lo que se ha hecho de justicia transicional por la JEP o la ordinaria por los organismos tradicionales frente a la guerrilla es nada o muy poco, la JEP lleva casi 6 años, sin fallos condenatorios y, al final, para poner penas alternativas, simbólicas o restaurativas, tiempo sobra, ya veremos que la justicia no obra. El nuevo gobierno está hablando de una nueva y extraña palabra, “acogimiento”, para preparar el terreno para beneficiar los participantes de todo tipo de violencias en los nuevos procesos de la paz grande. Lo que veremos es que el apaciguamiento de ellos se traduce en el sometimiento del Estado de derecho, de la justicia, de las instituciones y del código penal, o sea del pueblo colombiano.

El otro tema que se pregona, la reparación, es como el gran ausente, ¿dónde están las grandes fortunas de las FARC para la reparación de las víctimas?, apenas migajas. Ahora resulta que después de todos los lucrativos delitos que cometían y siguen cometiendo, son unas “pobres viejecitas, sin nadita que comer”, vaya cuento tan mal contado para engañar al país, donde, en la práctica, se les han legalizado sus bienes y diestramente se les ha hecho un lavado camuflado de esos activos, ya que impuestos tampoco han pagado. Las víctimas, además, por ningún lado.

De la no repetición es mejor no hablar, porque la repetición es el “pan nuestro de cada día”, dirán que son las disidencias, “chicos díscolos y desobedientes”, ¿puede creer el país que unos y otros, desmovilizados y activos, no están conectados?

En contrario sentido, el Estado ha hecho ingentes esfuerzos por el cumplimento de los acuerdos y por otorgar las mejores condiciones posibles a los desmovilizados en educación, salud, vivienda, territorios de cultivos lícitos, etc. Además de las famosas curules de paz para los “soberanos” del secretariado, ahora pontífices de la paz, la concordia y la moral. Mucho se les ha dado, pero poco se ha recibido de parte de ellos, apenas unas breves y apesadumbradas declaraciones, pero no se les ve el arrepentimiento por ningún lado, felices con lo que han logrado a su favor. Sin embargo, se quejan de que no se ha cumplido el punto 1 del acuerdo y que este es vital para lograr la paz grande, la paz total, especialmente en el campo. Efectivamente, el meollo del llamado incumplimiento del Estado del acuerdo FARC-Santos, radica en el punto 1 del mismo, recomendado también por la Comisión de la Verdad, en el cual se pactó la llamada reforma rural integral, bajo los siguientes principios:

El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. Ya que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social.

¿Será esto mismo lo que han pregonado Petro, su Vice y su ministra de agricultura?, cuando afirman que cumplirán a cabalidad el acuerdo de paz. Parece ser que sí, pero ¿de dónde saldrán los recursos para apropiar esa tierra que quieren distribuir? Ante un déficit fiscal significativo, un sobre endeudamiento del Estado y otras necesidades apremiantes, en pobreza, salud, educación, vivienda, bienestar, infraestructura y desarrollo, ¿cómo priorizar? Todos los alcaldes municipales están con la “coquita” lista para recibir los beneficios tangibles del nuevo gobierno, ¿entonces?

La amenaza, hasta ahora, según la ministra de Agricultura, es solucionar la redistribución rural prometida con nuevos impuestos a las propiedades agrícolas, bajo el concepto de baja productividad, con una fórmula de compra (“expropiadora”), si no los paga el propietario actual. En anticipación de todo esto ya hay colonos invadiendo en varias propiedades de predios productores de caña de azúcar en el norte del Cauca y el sur del Valle, porque se va a estimular la formalización, restitución y distribución equitativa y el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo. Esto no es una reforma agraria, es una expropiación agraria, por encima de los derechos de las familias propietarias, legítimas tenedoras y productivas cultivadoras, de esos campos agrícolas. Así empezaron las expropiaciones de Chávez en Venezuela, al principio con algunos bienes y luego con todo tipo de activos, propiedades y derechos.

Si la condición de la paz grande es de nuevo “perdonar” los delitos (no verdad, no justicia, no repetición y no reparación), prometer la no extradición, no combatir el narcotráfico y por otro lado hacer una reforma rural integral como la sugerida, el país va a pasar momentos de extrema tensión social y su Constitución e Instituciones y los derechos de muchos ciudadanos serán arrollados por la Paz Grande. Ser pillo sí pagará. ¿Será que en esta ocasión nos llamarán también enemigos de la paz, por pensar de esta manera?

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMUNES

Comentario 05/04/2021

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMUNES

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Con bastante alborozo algunos sectores del país celebraron el “Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto”, celebrado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016, el cual fue presentado por el presidente Santos como la solución a los problemas de violencia y el subsecuente proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición.

5 años después tenemos que reconocer que el Gobierno Duque ha hecho un gran esfuerzo por darle “cumplimiento con legalidad”, dentro de las más severas restricciones de tipo presupuestal y, en el último año, además en medio de la pandemia. Se han hecho acciones de reinserción de combatientes, apoyo a su resocialización y fomento a su actividad productiva, concesión de importantes subsidios directos, inversión en territorios de especial sensibilidad en el conflicto armado (programa PDET)[1], y se conducen nuevos esfuerzos en materia de entrega de tierras baldías, recuperadas del narcotráfico o de propiedad del Estado y su adjudicación legal, así como en la recuperación de territorios y su pacificación. Se constituyeron elementos de justicia transicional y de reconstrucción de la memoria histórica y se les ha cumplido con aspectos del acuerdo como las curules en el congreso, la regularización de su partido político y su inserción en las comunidades. El esfuerzo del Estado en realidad ha sido muy grande, aunque para algunos parezca insuficiente o pequeño. Inopinadamente, en nuestro criterio, se pactaron compromisos por más de $130 billones de pesos, los cuales desbordan las finanzas y capacidades del Estado, parece que pudo más el lograr un Nobel de paz, que el hacer un acuerdo equilibrado en términos de justicia y factible financieramente.

Pues bien, ¿qué hemos recogido?: Algún nivel de desmovilización de combatientes en regiones y menores hechos de violencia desbordada contra las comunidades inermes o contra el ejército, o los secuestros de personas diversas, pero los problemas tales como el narcotráfico, el reclutamiento de niños, las “vacunas” y las llamadas disidencias combatientes, comandadas por Márquez y Santrich, continúan atacando a poblaciones, infraestructura y objetivos militares, aunque eran también compromisarios del acuerdo. Además, se ha recrudecido el asesinato de líderes sociales. La verdad, la justicia, la reparación y la no repetición aún están en la “mente de sus creadores”, quienes negociaron una paz llena de concesiones del Estado sin ninguna garantía de la contraparte en el cumplimiento estricto, oportuno y sin dilaciones de lo acordado. Específicamente, las Farc, hoy los Comunes, se habían comprometido a temas tales (menciono sólo algunos de los más importantes) como:

• Reparación: en dinero se han recibido menos de $50.000 millones de pesos para reparar a las víctimas, lo cual es una cifra, por un lado, lejos de la acumulación de riqueza que las FARC atesoraron con sus delitos, especialmente con el narcotráfico y los secuestros, y, por el otro, lejísimos de la verdadera reparación de los cerca de 8 millones de víctimas que el conflicto le dejó al país. De hecho, este sería el mayor lavado de dinero, la mayor evasión fiscal y la mayor fuente de divisas de dudoso origen, que haya ocurrido en muchos años en el país. Además, según el acuerdo de paz, lo que no reparan las FARC le toca al Estado, o sea que todos los colombianos vamos a pagar por los delitos de las FARC y ellos, “mondos y lirondos”.
• Plazos: la entrega material de los bienes en reparación no se cumplió, si bien se prolongaron los plazos y los términos.
• Rutas:  Las llamadas rutas para acabar con el narcotráfico no se revelaron, dicen que ellos no son “sapos”. Como sus delitos por narcotráfico son políticos según el acuerdo, que les importa. Y los contactos internacionales también, por ningún lado.
• Eliminación de cultivos: se daba por compromiso obligado la participación de las FARC en la eliminación de cultivos ilícitos, pero “la dicha es flor de un día”, desde el día en que se firmó el acuerdo, tampoco han hecho nada.
• Verdad: hasta ahora ni en la JEP, que es el tribunal de justicia especial y transicional para la paz, creado con el acuerdo de paz para defender a las víctimas, no ha hecho nada por ellas, pues sólo les ha dado beneficios a los de las FARC como los de no extradición y de penas reducidas, no de cárcel sino “alternativas y restaurativas”, ni tampoco en la Comisión de la Verdad se han reconocido los hechos que conforman la verdad verdadera. Las FARC han salido con “verdades” tan absurdas como que el asesinato de Alvaro Gómez Hurtado, fue por cuenta de las FARC, ¿a quién le están ayudando?, ¿a su amigo defensor el expresidente Samper? De la JEP mucho por esperar porque apenas ahora se refieren a los falsos positivos de las fuerzas armadas de Colombia y a los secuestros de las FARC, pero sin ninguna reparación ni condena.
• Retenciones versus secuestros: los secuestros de las FARC han sido denominadas retenciones, lo cual los aleja de las penas reales y de la Corte Penal Internacional, afortunados, ¿no cierto? Solo unos valientes combatientes de las FARC han revelado la verdad de sus torturas psicológicas y físicas que cometieron en sus campamentos con sus “retenidos”.
• Desmovilización de los miembros de las FARC:  en realidad ni todos se desmovilizaron, ni todas las armas se entregaron, ni todas las caletas de dinero se revelaron, lo que tenemos es una disidencia mejor armada que nunca. Así mismo, el no reclutamiento de menores sigue por todo el país, por las disidencias de las FARC o por formaciones delictuales de todos los pelambres.
• Los delitos sexuales:  Tampoco han sido sancionados, las niñas de la Corporación Rosa Blanca, que fueron víctimas de esos atroces vejámenes, tampoco han sido acogidas por la JEP, y, para colmo de males, el Covid se llevó al gran Herbin Hoyos, quien era el valiente periodista que las lideraba y mantenía presente ante el país su condición de mujeres obligadas a servirles sexualmente a los miembros de las FARC y a abortar posteriormente.

Ahora los dirigentes políticos de las FARC son los Comunes, pero su cambio de nombre no los exime de su responsabilidad y de sus obligaciones como firmantes del acuerdo de paz frente al país y la comunidad internacional. Ah, pero lo extraño es que ésta última, sabiendo todo lo anterior, no dice una sola palabra sobre la verdadera conducta de estos bandidos.

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[1] El PDET se construye en 170 municipios que fueron priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional.