Comentario 05/04/2021
EL
INCUMPLIMIENTO DE LOS COMUNES
Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/
Con
bastante alborozo algunos sectores del país celebraron el “Acuerdo para la
Terminación Definitiva del Conflicto”, celebrado en Bogotá el 24 de noviembre
de 2016, el cual fue presentado por el presidente Santos como la solución a los
problemas de violencia y el subsecuente proceso de verdad, justicia, reparación
y no repetición.
5
años después tenemos que reconocer que el Gobierno Duque ha hecho un gran
esfuerzo por darle “cumplimiento con legalidad”, dentro de las más severas
restricciones de tipo presupuestal y, en el último año, además en medio de la
pandemia. Se han hecho acciones de reinserción de combatientes, apoyo a su
resocialización y fomento a su actividad productiva, concesión de importantes
subsidios directos, inversión en territorios de especial sensibilidad en el
conflicto armado (programa PDET)[1], y se conducen nuevos
esfuerzos en materia de entrega de tierras baldías, recuperadas del
narcotráfico o de propiedad del Estado y su adjudicación legal, así como en la
recuperación de territorios y su pacificación. Se constituyeron elementos de
justicia transicional y de reconstrucción de la memoria histórica y se les ha
cumplido con aspectos del acuerdo como las curules en el congreso, la
regularización de su partido político y su inserción en las comunidades. El
esfuerzo del Estado en realidad ha sido muy grande, aunque para algunos parezca
insuficiente o pequeño. Inopinadamente, en nuestro criterio, se pactaron
compromisos por más de $130 billones de pesos, los cuales desbordan las
finanzas y capacidades del Estado, parece que pudo más el lograr un Nobel de
paz, que el hacer un acuerdo equilibrado en términos de justicia y factible
financieramente.
Pues
bien, ¿qué hemos recogido?: Algún nivel de desmovilización de combatientes en
regiones y menores hechos de violencia desbordada contra las comunidades
inermes o contra el ejército, o los secuestros de personas diversas, pero los
problemas tales como el narcotráfico, el reclutamiento de niños, las “vacunas”
y las llamadas disidencias combatientes, comandadas por Márquez y Santrich,
continúan atacando a poblaciones, infraestructura y objetivos militares, aunque
eran también compromisarios del acuerdo. Además, se ha recrudecido el asesinato
de líderes sociales. La verdad, la justicia, la reparación y la no repetición
aún están en la “mente de sus creadores”, quienes negociaron una paz llena de
concesiones del Estado sin ninguna garantía de la contraparte en el
cumplimiento estricto, oportuno y sin dilaciones de lo acordado.
Específicamente, las Farc, hoy los Comunes, se habían comprometido a temas
tales (menciono sólo algunos de los más importantes) como:
- Reparación: en dinero se han recibido menos de $50.000 millones de pesos para reparar a las víctimas, lo cual es una cifra, por un lado, lejos de la acumulación de riqueza que las FARC atesoraron con sus delitos, especialmente con el narcotráfico y los secuestros, y, por el otro, lejísimos de la verdadera reparación de los cerca de 8 millones de víctimas que el conflicto le dejó al país. De hecho, este sería el mayor lavado de dinero, la mayor evasión fiscal y la mayor fuente de divisas de dudoso origen, que haya ocurrido en muchos años en el país. Además, según el acuerdo de paz, lo que no reparan las FARC le toca al Estado, o sea que todos los colombianos vamos a pagar por los delitos de las FARC y ellos, “mondos y lirondos”.
- Plazos: la entrega material de los bienes en reparación no se cumplió, si bien se prolongaron los plazos y los términos.
- Rutas: Las llamadas rutas para acabar con el narcotráfico no se revelaron, dicen que ellos no son “sapos”. Como sus delitos por narcotráfico son políticos según el acuerdo, que les importa. Y los contactos internacionales también, por ningún lado.
- Eliminación de cultivos: se daba por compromiso obligado la participación de las FARC en la eliminación de cultivos ilícitos, pero “la dicha es flor de un día”, desde el día en que se firmó el acuerdo, tampoco han hecho nada.
- Verdad: hasta ahora ni en la JEP, que es el tribunal de justicia especial y transicional para la paz, creado con el acuerdo de paz para defender a las víctimas, no ha hecho nada por ellas, pues sólo les ha dado beneficios a los de las FARC como los de no extradición y de penas reducidas, no de cárcel sino “alternativas y restaurativas”, ni tampoco en la Comisión de la Verdad se han reconocido los hechos que conforman la verdad verdadera. Las FARC han salido con “verdades” tan absurdas como que el asesinato de Alvaro Gómez Hurtado, fue por cuenta de las FARC, ¿a quién le están ayudando?, ¿a su amigo defensor el expresidente Samper? De la JEP mucho por esperar porque apenas ahora se refieren a los falsos positivos de las fuerzas armadas de Colombia y a los secuestros de las FARC, pero sin ninguna reparación ni condena.
- Retenciones versus secuestros: los secuestros de las FARC han sido denominadas retenciones, lo cual los aleja de las penas reales y de la Corte Penal Internacional, afortunados, ¿no cierto? Solo unos valientes combatientes de las FARC han revelado la verdad de sus torturas psicológicas y físicas que cometieron en sus campamentos con sus “retenidos”.
- Desmovilización de los miembros de las FARC: en realidad ni todos se desmovilizaron, ni todas las armas se entregaron, ni todas las caletas de dinero se revelaron, lo que tenemos es una disidencia mejor armada que nunca. Así mismo, el no reclutamiento de menores sigue por todo el país, por las disidencias de las FARC o por formaciones delictuales de todos los pelambres.
- Los delitos sexuales: Tampoco han sido sancionados, las niñas de la Corporación Rosa Blanca, que fueron víctimas de esos atroces vejámenes, tampoco han sido acogidas por la JEP, y, para colmo de males, el Covid se llevó al gran Herbin Hoyos, quien era el valiente periodista que las lideraba y mantenía presente ante el país su condición de mujeres obligadas a servirles sexualmente a los miembros de las FARC y a abortar posteriormente.
Ahora
los dirigentes políticos de las FARC son los Comunes, pero su cambio de nombre
no los exime de su responsabilidad y de sus obligaciones como firmantes del
acuerdo de paz frente al país y la comunidad internacional. Ah, pero lo extraño
es que ésta última, sabiendo todo lo anterior, no dice una sola palabra sobre
la verdadera conducta de estos bandidos.
[1] El PDET se construye en 170 municipios
que fueron priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto
armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y
debilidad institucional.
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