LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA A TRAVÉS DEL TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA PAZ JEP

 Comentario 13/10/2026

 

LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA A TRAVÉS DEL TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA PAZ JEP

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue creada en el marco del Acuerdo Final Gobierno–FARC firmado en el 2016, está operativa desde el 2017 y forma parte del componente judicial llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

¿Para qué fue creada la JEP?

·         Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado.

·         Garantizar los derechos de las víctimas, especialmente su derecho a la justicia, la verdad y la reparación.

·         Ofrecer verdad a la sociedad colombiana sobre los patrones de violencia del conflicto.

·         Contribuir a una paz estable y duradera, cerrando más de medio siglo de guerra.

·         Otorgar seguridad jurídica a quienes participaron en el conflicto, bajo condiciones de reconocimiento de responsabilidad y contribución a la verdad.

La JEP se diseñó como un tribunal transicional que evita tanto la impunidad como la venganza, y que condiciona los beneficios penales al aporte efectivo de verdad y reparación.

 

¿Cuáles son sus logros estructurales?

·         La JEP ha logrado imputar responsabilidad a 170 personas, incluyendo altos mandos militares y comandantes de las FARC, algo sin precedentes en la justicia colombiana.

·         El 91% de reconocimiento de responsabilidad demuestra que el modelo restaurativo puede ser más funcional que la justicia ordinaria en contextos de conflicto.

·         La participación de más de 11.000 víctimas es un indicador de legitimidad y confianza institucional.

¿Opiniones?

Sin embargo, este transitorio tribunal, cuya duración máxima sería de 20 años, ha sido sujeto de grandes críticas por sus precarios resultados, altos costos y pobre contribución a la verdad, la justicia y la no repetición. Así mismo, la reparación a las víctimas brilla por su ausencia y, de acuerdo con sus resultados actuales, se le califica como un tribunal sesgado en favor de los líderes de las FARC y con la “mano cargada” contra los miembros de la fuerza pública.

De hecho, en este momento varios senadores de diferentes partidos y muchos de sus favorecedores anteriores están cuestionando su desempeño e ineficacia; para muchos se ha convertido en un tribunal de impunidad y persecución. Veamos, por ejemplo, las opiniones de la senadora María Clara Posada, para citar un solo ejemplo, quien mantiene una postura abiertamente crítica hacia la JEP, articulada en tres ejes, según afirma, así:

·         Impunidad y falta de resultados judiciales (solo 21 sentencias).

·         Gasto excesivo y administración cuestionable (nómina, viajes, sede).

·         Trato privilegiado a ex-FARC y audiencias indulgentes.

Su narrativa busca demostrar que la JEP es un tribunal costoso, ineficiente y políticamente sesgado. Posada sostiene que la JEP “se ha materializado en una noción de impunidad” y que no ejerce justicia real frente a los crímenes de las FARC. Afirma que el tribunal solo ha emitido 21 sentencias, cifra que considera insuficiente frente al presupuesto asignado, y señala que la JEP “ha hecho absolutamente todo, menos ejercer justicia”.

La JEP ha costado hasta ahora $3,8 billones de pesos y, según ella, cada sentencia emitida “vale $180.000 millones de pesos”. Cuestiona sus gastos en:

·         Nómina de un año: $404.477 millones vs. $52.800 millones del Ministerio de Justicia.

·         Viajes y tiquetes: los denomina “turismo judicial”.

·         Arrendamiento de la sede (Torre Squadra): denuncia costos, inconsistencias y posibles irregularidades.

Con el presupuesto para el próximo año, a diez años de su existencia, estará costando cerca de $4,2 billones de pesos. Como se aprecia, es un tribunal excesivamente gravoso, que, según personas vinculadas a la rama judicial, ha realizado tan poco, como que su labor podría haber sido hecha en el lapso de unos meses por la justicia ordinaria.

¿Qué sigue?

Se tramitan actualmente en el Congreso algunas reformas administrativas o constitucionales que buscan eliminar la prórroga en su funcionamiento. La propuesta central es:

·         Duración improrrogable: 10 años.

·         Sin ninguna posibilidad de prórroga.

·         Fecha de cierre proyectada: marzo de 2028.

·         Transición: los procesos pendientes pasarían a la justicia ordinaria, que deberá aplicar el régimen transicional del Acuerdo de Paz. Evidentemente, se conservan los beneficios judiciales y penales para los beneficiarios de la justicia transicional, pero cuyos procesos continuarían llevándose en la justicia ordinaria. No es mala idea la existencia de la justicia transicional para la paz, pero su aplicación a través de la JEP ha resultado decepcionante y con muy pocos logros frente a sus propósitos misionales, para los cuales fue creada.

En los próximos meses sabremos en qué para todo esto.

LA VIOLENCIA ARMADA Y LA PAZ TOTAL

 Comentario 19/09/2022

 

LA VIOLENCIA ARMADA Y LA PAZ TOTAL

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Ciertamente no podemos decir que estamos en paz, al menos no en lo relacionado con la violencia de naturaleza política y guerrillera, lo cual dio origen al proceso de paz FARC-Santos (2016), donde se obligó al Estado y a todas sus instituciones y, por consiguiente, a todos los colombianos, a cumplir unos acuerdos, según los cuales las partes se comprometían con lo firmado.

Por parte de la guerrilla de las FARC se establecía la dejación de las armas, la cesación de acciones violentas (secuestro, chantaje, extorsión, violación, etc.), la devolución de bienes en favor de las víctimas, el desminado, el combate a los cultivos ilícitos, que ellos mismos ayudarían a erradicar, la entrega de rutas, la concentración en territorios para su paulatina reincorporación a la sociedad con la realización de proyectos productivos, la transformación como partido político (hoy también llamado Comunes, fuerzas alternativas del común), su integración al parlamento a través de 10 curules, entre otros temas. Se les aceptó el narcotráfico como delito político y el lavado de activos, como consecuencia del mismo tráfico de drogas, no se sancionó.

En materia de justicia se les concedió un sistema de Justicia Transicional (JEP), de carácter transitorio, pero paralelo y sustitutivo de la justicia ordinaria, el cual tendría como finalidad juzgar a todas las partes involucradas en el conflicto (FARC, miembros del ejército, funcionarios públicos y ciudadanos) a partir de su autoinculpación verosímil en los delitos cometidos, para otorgarles penas alternativas o sustitutivas (“restaurativas”, es decir, no cárcel) de las contempladas en la justicia ordinaria, aplicables a todos los demás ciudadanos que sean delincuentes en los mismos delitos. Se concedió amnistía e indulto a las bases guerrilleras, pero no a sus cabecillas “El Secretariado de las FARC”, pero nada que se juzgan realmente, aún no entendemos claramente el porqué.

Por parte del Estado, se establecieron las zonas de rehabilitación de la “guerrillerada”, donde se les proporcionó apoyo económico para su sustento y sus proyectos productivos, se constituyeron los organismos del acuerdo como la JEP, la Comisión de la Verdad y la llamada Comisión de Seguimiento y Verificación, se encargó de su protección a la Unidad Nacional de Protección en los casos sensibles. El Estado se comprometió, además, a la llamada Reforma rural integral, esfuerzo que apenas se ha ejecutado con limitado avance, por las erogaciones y la complejidad que significa y porque no hay cómo financiarlo en breve tiempo, lo que implica en la práctica que este será un cumplimiento diferido para varios gobiernos. El objetivo de este punto es transformar el campo en forma integral y estructural, a partir de la inclusión y la formalización de los campesinos con la entrega de tierras, la integración de las regiones y la seguridad alimentaria. Aunque la evidencia actual es que algunos ciudadanos ya se están tomando las tierras por medio de invasiones violentas.

En síntesis, el acuerdo se suponía que era la gran solución para la pacificación de todo el país, para restablecer el progreso, la aplicación de la justicia transicional, la revelación de verdad, la no repetición y la reparación de las víctimas por los victimarios. Así se planteó, sin embargo, y sin entrar en muchos detalles, el acuerdo sólo se ha cumplido parcialmente en algunas cosas, pero no en lo fundamental, el retomar la paz en el campo y en la ciudad. Hoy lo vemos en forma cada vez más angustiosa:

• Movimientos armados de todo tipo azotando el campo y las ciudades más desprotegidas, sean guerrilleros disidentes de las FARC, pertenecientes a otros grupos guerrilleros o delincuencia común que se camufla con el supuesto de tener principios políticos.
• Se ve claramente, que no entregaron todas las armas, algunas caletas debieron dejar, así como dinero y capacidades logísticas.
• Ataques leves a la infraestructura del país con un alto costo económico, social y ambiental y grandes perjuicios a las regiones para su desarrollo. Hoy tenemos zonas de amplio conflicto armado, paros armados y territorios sin la presencia del Estado y con el control de la guerrilla o los grupos de delincuencia organizados.
• Continúan los cultivos de coca, sin la colaboración de los ex FARC para su erradicación. Ahí están 250.000 hectáreas de coca cultivadas en Colombia y creciendo, listas para enriquecer a los carteles colombianos y extranjeros y a los guerrilleros en armas y, además, para dañar las democracias, las economías, las instituciones con su corrupción y poder económico y militar y para acabar con las mentes de los consumidores, generando un grave problema de salud pública y de familias afectadas por sus graves secuelas.
• La efectividad de la JEP, como cuerpo de justicia, aún no se ve como algo real y verdaderamente restaurativo y llevan varios años, desde el 2016.
• Los bienes de las FARC aún pendientes de su entrega para la reparación de las víctimas, muy poco han entregado en realidad.
• La actuación de los congresistas de las FARC (Comunes) en el congreso, ni fu ni fa, según los medios de comunicación. Más bien pasaron a vivir bueno y a dejar acumular sus años con comodidad.
• En las ciudades se ha dejado sentir una ola de violencia y de violentos en cada movimiento social o manifestación que se presenta, con la evidencia que estos vándalos han sido entrenados y pagados por miembros de las guerrillas, según revelan las propias autoridades.
• Para muchos ciudadanos las condiciones de la negociación con el Gobierno Santos (quien se ganó su premio nobel con el acuerdo), las concesiones, la permisividad, la pasividad frente a sus delitos y las reincidencias, los hace sentir que les “metieron las manos a la boca” en materia de justicia.
• Los nexos de la “guerrillerada” en las disidencias con los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el lavado de activos, el control de las regiones, sus enormes recursos y las armas que todavía poseen los vuelven una guerrilla de mucho riesgo. El apoyo que encuentran en las autoridades y el territorio venezolano los convierte en más peligrosos aún.

¿Será que estas experiencias le sirven al país para no cometer los mismos errores en el llamado proceso de paz total del presidente Petro?, según el cual todos los violentos caben para hacer una nueva paz. No sabemos todavía cómo lo van a hacer y qué van a ceder y lograr, ¿más impunidad?, sólo hemos visto su acercamiento con los antiguos y avejentados líderes del ELN en Cuba, para retomar su proceso de desmovilización y paz. Veremos qué sigue, pero nos acompaña la preocupación de demasiada zanahoria y nada de lo demás.