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lunes, 9 de junio de 2025

EN CONTRAVÍA

 Comentario 09/06/2025

 

EN CONTRAVÍA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Como si fuera un conductor díscolo y descarriado, que contraviene todo tipo de normas de tránsito, Gustavo Petro quiere romper con los marcos legales y constitucionales, buscando alterar el concierto de las fuerzas políticas, económicas y sociales con sus ideas sobre la regla fiscal y la consulta popular. Estas acciones se presentan en contra de la Constitución y de las instituciones que tan celosamente velan por el cumplimiento de las leyes en el país, como lo son el Congreso de la República, y las Cortes Constitucional o el Consejo de Estado. Veamos:

La Regla Fiscal

Fue establecida por la Ley 1473 de 2011 (reformada en 2021) con el objeto de fijar parámetros que garanticen la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Es una especie de disciplina autoimpuesta para evitar los excesos, y se refiere al tamaño del déficit fiscal (no mayor a 5.1%) y del endeudamiento público (no superior al 55%, con un máximo del 71%). Estos límites permitidos en el país deben ser observados por el respectivo gobierno de turno, independientemente de su ideología política o de su plan de gobierno.

Estas normas se usan en más de un centenar de economías actualmente y su cumplimiento conduce a fortalecer la credibilidad institucional del respectivo país a nivel nacional e internacional. Son particularmente sensibles en los mercados financieros y frente a las calificadoras de riesgo, ya que su incumplimiento eleva el riesgo país y, por lo tanto, encarece el endeudamiento; es decir, hay que pagar más intereses por la deuda que tenga el respectivo gobierno, lo cual afectará de rebote el déficit fiscal. Esto es como un círculo vicioso que se prolonga en el largo tiempo de recuperación de los estándares de normalidad. El cumplimiento de la regla fiscal abre puertas como el acceso a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, y, lo contrario, su incumplimiento, las cierra.

Colombia incumplió la regla fiscal como efecto de la pandemia del Covid-19 y luego se esforzó en volver a los niveles de normalidad. De hecho, al cierre de 2023, el saldo en rojo de las finanzas del gobierno era de 4.3% del PIB en su déficit fiscal y de 53.8% de la misma referencia en el endeudamiento. Sin embargo, y tal como están las cosas en el gobierno Petro, los analistas independientes proyectan para el 2025 un déficit fiscal del 7% o 7.8% y el endeudamiento al 63%, dos abultadas cifras que nos dejan en una posición muy endeble frente a la regla fiscal y a la capacidad de maniobra de las finanzas públicas. La insuficiencia de recaudos y el alto tren de gastos del gobierno explican este desfase.

La lógica indica que lo prudente es recortar el gasto para ajustarse al menor recaudo. Sin embargo, ante la posibilidad de incumplimiento de la regla fiscal y debido a la caída en los ingresos y a los retos económicos actuales, el Gobierno está considerando activar la cláusula de escape, lo que permitiría que el déficit fiscal supere el 7% del PIB. Este es el gobierno de Gustavo Petro en contravía de lo que se recomienda por las calificadoras de riesgo y los entes autónomos que siguen las finanzas públicas, lo cual elevará el riesgo país y el costo del endeudamiento público. Con tal de gastar, Petro pasa por alto las normas y la sindéresis requerida en el tema del buen manejo de las finanzas públicas.

La consulta popular sobre la reforma laboral y la de la salud

La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución del 91, que tiene unas normas para su cumplimiento, entre ellas que debe ser aprobada por el Congreso antes de ponerse en marcha. Petro quiere consultar vía voto popular los temas de ambas reformas, los cuales ya tienen un nivel de avance significativo en el Congreso:

La reforma laboral en Colombia está en su último debate en el Senado, después de haber sido aprobada en la Comisión Cuarta. La ponencia final fue radicada el 4 de junio de 2025, y se espera que la discusión en la plenaria del Senado la apruebe con algunas modificaciones frente a lo que aprobó la Cámara. Su aprobación se prevé que quede lista y entre a regir inmediatamente, lo cual deja sin piso la consulta popular de Petro en lo laboral.

La reforma a la salud en Colombia ha tenido un proceso legislativo complejo. Fue aprobada en la Cámara de Representantes y ahora está en trámite en el Senado. Sin embargo, enfrenta obstáculos debido a preocupaciones sobre su sostenibilidad financiera y el impacto en el sistema de salud. Sin permitir que el Congreso haga su tarea, ahora Petro quiere consultar los temas de la salud en su consulta popular, a la cual todo el mundo responderá sí por ser temas aspiracionales, sin consideración de su concreta y financiada aplicación.

Ahora, la consulta popular fue negada en el Congreso en su sesión del 14 de mayo, decisión que el gobierno Petro también desconoce, otra contravía frente a las facultades del Congreso. La lógica sería demandar esa votación ante los organismos competentes, pero no; en la lógica de Petro, tiene que consultarse al pueblo, porque no es, en su opinión, válida la votación de los congresistas. Una nueva contravía en las actuaciones de Gustavo Petro frente al Congreso y las Cortes.

Todas estas contravías lo único que demuestran es el desespero de Petro por su baja ejecución y porque no le aprueban las cosas como él quiere. Él ha insistido en que le están dando un golpe blando y que no lo dejan gobernar. No concibe que la opinión del Congreso y de las Cortes formen parte de las decisiones en forma armónica y constitucional. El talante autoritario y autocrático de Petro quiere imponerse en forma inconstitucional sobre los demás poderes públicos. Ese es Petro: lo que busca es hacer agitación política desde ahora para las elecciones del 2026 para el Congreso y para la Presidencia.

domingo, 26 de marzo de 2023

REFORMA LABORAL FUERA DE CONTEXTO

 Comentario 27/03/2023

 

REFORMA LABORAL FUERA DE CONTEXTO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Como fue anunciado desde la campaña presidencial, el gobierno de Petro ha presentado una reforma adicional, en este caso la laboral, a la consideración del país y por supuesto del Congreso de la república que es el órgano encargado de su revisión, modificación y aprobación, y al posterior control constitucional, cuyas consecuencias vamos a comentar brevemente.

Partamos primero de evidencias tales como que somos un país madrugador, ya que en promedio nos levantamos a las 6:30 am, más temprano que en otros países, pero nos rinde muy poquito, ya que somos el último en producción por hora en el concierto de las economías de la OCDE: hoy tenemos US 19,50 por hora, cuando la media de los países allí asociados es de más o menos US 60 por hora, o sea, producen prácticamente 3 veces más que nosotros por hora. Ni hablar de países muy desarrollados donde la comparación es de 5 o 6 veces más que nosotros en el mismo lapso. Ver informe La República del 20 de marzo de 2023. Por otro lado, sumado al fenómeno de la baja productividad, en Colombia se presenta el hecho de la desocupación cercana al 13% y de la informalidad de cerca del 60% de la población productiva, las cuales son características de larga duración en Colombia y que deberían formar parte del análisis necesario en los planes de gobierno.

Además, afirmemos de entrada que la intención de mejorar las condiciones remuneratorias y de bienestar para las personas que laboran es una deseable aspiración, sin embargo, la intensidad y oportunidad de esos mejoramientos no siempre es la mejor. También, reconozcamos, de antemano, que en el sector laboral en materia remuneratoria siempre existe y existirá una bipolaridad de intereses entre trabajadores y empleadores, la cual no es ajena ni a los sindicatos que obran en favor de la defensa de los trabajadores, ni del gobierno el cual, según su ideología o sus intereses políticos no siempre actúa como fiel de la balanza, y continuamente la inclina hacia el lado de la fuerza laboral y no de la empresarial. El gobierno de Gustavo Petro ha estado caracterizado por su marcado tono socialista, estatizador e interventor y su política ha sido esencialmente la redistribución del ingreso, más que del crecimiento económico. En ese contexto veamos los siguientes comentarios sobre la reforma laboral:

La reforma trae una serie de beneficios sociales en la relación laboral a favor del trabajador y otros en favor de los sindicatos y sus sindicalizados, como son (mencionamos solo algunos porque son muchos temas):

  • Jornada laboral que llegará paulatinamente en varios años a ser de 42 horas a la semana, para este año de 47 horas, que podrá acordarse su cumplimiento en menos días de labor a la semana.
  • Horas extras desde las 6 pm, antes desde las 9 pm.
  • Pago salarial por recargo dominical del 100% del pago, antes del 75%.
  • Estabilidad laboral reforzada: será difícil y costoso prescindir de un trabajador aún por mejoras y avances tecnológicos.
  • Desestimulo o prohibición a la tercerización y los contratos a término o por horas.
  • Garantías a la asociación sindical y preeminencia de los sindicatos.
  • Vinculación laboral de trabajadores de plataformas tecnológicas con prestacionales y parafiscales plenos, tipo Rappi.
  • Otras y diversas normas garantistas de la vinculación laboral o de la tarea sindical.

Pues bien, independientemente de las razones de equidad que pudieran argumentarse, lo que a todas luces sucede, desde el punto de vista empresarial, es un encarecimiento de los costos laborales, vemos algunos conceptos apoyados en los estudios, hechos por FENALCO, publicados por el periódico EL TIEMPO el 19 de marzo:

  • La rebaja paulatina de la semana laboral hasta 42 horas ocasionará un incremento de los pagos laborales, en este año del 2% adicional en el costo laboral.
  • El incremento del salario mínimo fue del 16 % originado en la mayor inflación soportada durante el 2022.
  • Las nuevas cargas laborales consagradas en la reforma tomarán un rango de incremento en los costos laborales del 12% al 17% según el tipo de empresas, especialmente duro para establecimientos que tiene jornadas de actividad comercial o en el tránsito día-noche, desde las 6 pm, y en los dominicales, como son muchos comercios y servicios.
  • En síntesis, una elevación de costos laborales, sin las consideraciones que favorecen a los sindicatos, de 30% como mínimo, con igual productividad y sin un logro significativo en el descenso de la inflación o en la moderación de algunos insumos productivos. Este mayor costo será difícil de trasladar a los precios de venta en un ambiente recesivo y de alta inflación. Es decir, el efecto final será en el margen neto de las empresas, especialmente las de comercio y servicios, que suele ser alrededor del 5%.

Pues bien, concluyamos con decir que la reforma laboral es garantista hacia el trabajador y los sindicatos, poco equilibrada para el empleador, no fomenta la creación de empleo o la formalización de los informales ni crea mecanismos para fomentar el elevamiento de la productividad. De todas las complejas variables que caracterizan nuestra realidad productiva, sólo se le dio importancia a elevar los costos laborales. Ni hablar si la reforma es, además, oportuna, en un entorno nacional e internacional recesivo y volátil, con incertidumbre y desconfianza, como el que hoy tenemos.  Para superar esa desconexión entre horas laboradas y su costo versus la baja productividad mencionada, hay que trabajar en incorporar nuevos conocimientos, mejor tecnología y fortalecer el capital humano y empresarial. Una economía progresa si su productividad mejora, no si sus costos laborales se elevan, sin consideración a los demás factores productivos. Mal camino en mal momento, estamos haciendo populismo y demagogia, no buen gobierno.