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martes, 19 de mayo de 2026

LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y LA GOBERNABILIDAD

 Comentario 19/05/2026

 

LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y LA GOBERNABILIDAD

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

En los últimos años, las conductas políticas del país han cambiado, lo cual ha generado un escenario de polarización, de inestabilidad y de falta de gobernabilidad, debido, principalmente, a la debilidad del ideario político de los partidos tradicionales, la aparición de nuevos intereses de movimientos populistas y la insuficiente coordinación del ejecutivo ante un legislativo y judicial independientes, como consagra la constitución. Sin embargo, el legislativo y el judicial hoy tienen gran participación en los temas políticos, no sólo en el hacer de las leyes y en el juzgar sobre su constitucionalidad, respectivamente.

Por su parte, el gobierno de Petro ha radicalizado sus posiciones de izquierda y ha querido imponerlas con un sinnúmero de decretos y reformas, pero con el uso de estrategias clientelistas a base de mermelada y con un marcado autoritarismo, y con múltiples acusaciones de corrupción alrededor de su gobierno y de sus relacionados. Más allá de los votos de las elecciones parlamentarias y presidenciales para formar acuerdos de gobernabilidad, han podido influir la actitud política independiente de los partidos y el pertinaz ambiente de polarización en el Congreso.

Si, además, analizamos la confrontación política cotidiana (izquierdas, derechas y centros), en medio del supuesto acomodamiento de un proceso de paz, el cual ha dejado como resultados elementos de duda en materia de impunidad e ilegalidad para algunos, todo lo cual atiza aún más la intensa polarización, con sus consecuencias de choque y confrontación en diversos escenarios, generando una muy fuerte rivalidad política, también sobre los temas del día a día. Existen, además, por parte del gobierno de Petro, fuertes ataques al modelo económico, político y social prevaleciente sobre la libertad de mercado y de empresa, la propiedad privada, los intercambios económicos y políticos con otros países, las relaciones del Estado y el sector privado para que sean equilibradas y transparentes, y la intervención ecuánime del Estado para garantizar el bienestar social y la seguridad ciudadana. Petro es esencialmente intervencionista, estatista y autoritario.

A la confrontación, por razones ideológicas o partidistas, se han sumado las tensiones por la demanda de condiciones más justas en materia social y por mayores oportunidades de acceso al crecimiento y al desarrollo económico en toda la geografía del país. Esto, que es un legítimo derecho y aspiración, se debería lograr paulatinamente con mayor y mejor crecimiento de la demanda y de la inversión para favorecer el progreso de toda la economía con beneficio para todos los ciudadanos.

Ahora, la demanda y la inversión no son actos sólo racionales de las personas; en ellos influyen decididamente las percepciones de estabilidad y seguridad sobre la dinámica del país y sobre su modelo económico, político y social. Si los consumidores se sienten ante un escenario que continuamente da señales de inestabilidad, se protegerán aplazando o disminuyendo su consumo. Si los inversionistas, además, dudan sobre la permanencia del modelo económico o de las normas que los rigen, se retraerán poco a poco de sus inversiones y de su avance en proyectos y desarrollos.

El período electoral vuelve más frágiles la estabilidad y la gobernabilidad del país, y, si no se canaliza adecuadamente, las confrontaciones políticas se convertirán en verdaderas rivalidades y la pugnacidad se acrecentará. Por lo cual se requiere un manejo prudente, transparente y ecuánime por parte del gobierno en las relaciones interinstitucionales con los partidos políticos, con los movimientos sociales, con los propios candidatos y con las demás fuerzas vivas, o, de lo contrario, la afectación podría salirse de cauce, con consecuencias mayores. Flaco favor le hace al proceso electoral la intervención en política del gobierno Petro, con favorecimiento a un candidato de su preferencia, para darle continuidad a su plan de gobierno.

Desafortunada y adicionalmente, los movimientos políticos que acompañan al Pacto Histórico, liderado por el presidente Petro, están proponiendo una asamblea nacional constituyente que reforme la Constitución de 1991, que ha sido una fuente equilibrada de concordia nacional, luego del amplio consenso político que se tuvo para aprobarla. El Pacto Histórico ha planteado cambios profundos a la Constitución de 1991, orientados a reforzar el carácter social del Estado, ampliar la participación ciudadana y garantizar derechos colectivos, especialmente en materia de tierra, medio ambiente y justicia social. Pero según su ideario se buscará la configuración de un modelo de estatización de muchas de las actividades económicas y sociales, todo lo cual es francamente inconveniente para el país y su progreso.

Luego de las elecciones, es necesario que el país regrese a una senda de estabilidad política y de gobernabilidad, si no se quiere generar una incertidumbre creciente que anule lo ganado en los diferentes frentes económicos y sociales. Un ambiente de seguridad y de credibilidad en el modelo económico y político del país, en sus reglas de juego y en los que lo gobiernan, como el contenido en la Constitución de 1991, es el mejor escenario para realizar las transformaciones sociales y económicas que el país y sus ciudadanos merecen. Un voto de confianza en Colombia, su Constitución, sus instituciones, su modelo económico, político y social sería una buena señal para el país en estas elecciones.

 

lunes, 29 de septiembre de 2025

LAS JUGADAS

Comentario 29/09/2025

 

LAS JUGADAS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Ante la carencia de realizaciones eficientes y eficaces que demuestren las bondades de su gobierno, Gustavo Petro, durante su mandato, ha urdido varias jugadas perversas a través de múltiples decretos y decisiones. Vamos por partes:

  • Aunque el presidente no debe participar en política, lo primero que hay que anotar es la agitación política preelectoral de las votaciones presidenciales del 2026 en favor del Pacto Histórico, so pretexto de defender sus iniciativas. Petro ya está en campaña electoral con toda la propaganda (medios escritos, discursos e intervenciones en TV) con gastos del presupuesto público. Vamos a tener propaganda a manos llenas y agravios y amenazas sin ton ni son para los opositores. ¿Podrá la Procuraduría o la Comisión de Acusaciones del Congreso tomar cartas en el asunto?
  • El gobierno de Petro ya enfiló todas sus baterías para amedrentar al Congreso y a sus congresistas diciéndoles que si votan negativamente a sus iniciativas estarán de espaldas al pueblo y que no serán reelegidos en unas futuras votaciones, que serán “revocados” porque nadie votará por ellos. Se refiere a las elecciones congresionales del 2026. La intimidación al Congreso y a las Cortes es un hecho frecuente en el gobierno de Gustavo Petro, ya que, si actúan en forma contraria a sus intereses, le están dando un “golpe blando”.
  • Cualquiera sea la decisión del Congreso a favor o en contra de sus iniciativas, el gobierno tendrá argumentos para, si el voto es negativo, atacar a la oligarquía, la clase política y el Congreso de oponerse a los derechos del pueblo trabajador. Si el voto es positivo, tendrá toda la argumentación para decir que su gobierno, como defensor del pueblo, es quien “pelea” por sus derechos frente a los ricos, que el Congreso hizo un simple trámite y que no podía estar de espaldas al pueblo. Los méritos, en todo caso, serán para el gobierno de Gustavo Petro y así está planeado.
  • El manejo del presupuesto público está desfinanciado para acelerar el gasto con mayor endeudamiento en favor de sus intereses políticos. Ni el plan de desarrollo ni los distintos presupuestos están balanceados. Los analistas autorizados coinciden en que el desfase del presupuesto es de aproximadamente 50 billones o más.
  • Un enconado rechazo del presidente Petro por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha caracterizado la relación entre la institución electoral y el primer mandatario, quien afirma rotundamente que el Consejo no tiene facultad de investigarlo a él ni mucho menos acusarlo formalmente por las irregularidades que presuntamente se presentaron en su campaña contra las normas electorales, si las hubiere, lo cual es, precisamente, la materia de investigación actual de ese órgano electoral, con ponencia favorable para la acusación. Se está investigando su campaña a la presidencia, no a él; a él lo debe investigar la Comisión de Acusaciones y el Congreso.
  • Las implicaciones, que Petro desconoce, de su campaña electoral con Nicolás Petro, su hijo, y de Juan Fernando Petro, su hermano, con el pacto de la Picota, son de extrema gravedad, pero él ha puesto toda su maquinaria para desconocerlas.
  • El rechazo al sector privado por todos los medios, desconociendo su aporte al desarrollo y al crecimiento del país, es evidente. Su visión de país es estatizar todas las actividades que le convengan a sus intereses como la salud y las pensiones, por ejemplo. La enorme carga ideológica de izquierda radical contra el sector privado ha sido una constante en su gobierno.
  • El ataque a sectores como la minería (petróleo y carbón) o a la construcción, como también a los sectores de manufactura, automotriz, educación y movilidad, por citar los principales. La incertidumbre legal, las cargas impositivas y las contribuciones por determinados conceptos han sido los mecanismos favoritos de castigo a estos sectores. Y han servido también para ahuyentar la inversión nacional y extranjera.
  • El acercamiento y la defensa de Petro con Venezuela, donde actúa el Cártel de los Soles liderado por Maduro, que ha sido calificado por los jueces norteamericanos como terrorista y narcotraficante, es inconveniente a todas luces para Colombia. Baste mencionar que Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $US 50.000.000 de dólares por Maduro y ha situado una importante flota armada cerca de las costas de Venezuela para perseguir el narcotráfico.
  • El lío de la Paz Total en que comprometió Petro al país ha sido un rotundo fracaso y solo ha servido para fortalecer los grupos armados, expandir el cultivo de cocaína y favorecer a los movimientos insurgentes, quienes han distribuido sus acciones y atentados por todas las regiones del país.
  • La no atención oportuna de los problemas como el eléctrico en la Costa Norte del país ha conducido al agravamiento de las crisis y a un estado de apagón para el próximo año, con consecuencias incalculables.
  • Sus continuos intentos de sacar por decreto lo que no le aprueba el Congreso han conducido al deterioro de las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo.
  • El incesante cambio de ministros y asesores no le da estabilidad al país y conduce a nuevos factores de incertidumbre, la cual es el pensamiento fundamental de los ciudadanos.

Como estos, son muchos los temas que podríamos endilgar como jugadas de Gustavo Petro.


lunes, 5 de julio de 2021

¿DÓNDE ESTÁ LA BOLITA?

 Comentario 05/07/2021

¿DÓNDE ESTÁ LA BOLITA?

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

A través de los años la estructura institucional del país se ha ido desdibujando, desde la división de poderes en las tres ramas, el ejecutivo (Gobierno), el legislativo (Congreso) y el judicial (Cortes), para transformarse en un país fundamentalmente concentrado en la acción de la presidencia. Aclaremos primero algunos términos de conocimiento general:

Los países de todo el mundo tienen sistemas de gobierno; algunos son gobernados por un presidente o un jefe de estado, mientras que otros son gobernados por el parlamento. Además de un buen número de diferencias entre un sistema parlamentario y un gobierno presidencial, la principal diferencia es el hecho de que en un gobierno parlamentario el primer ministro es el que tiene los poderes gobernantes, mientras que un presidente tiene el poder superior en un sistema de gobierno presidencial.

Una forma presidencial es un sistema de gobierno republicano y democrático dirigido por un jefe de gobierno, generalmente llamado presidente. Este jefe de gobierno dirige un poder ejecutivo que es independiente del poder legislativo y del judicial. En un estado democrático, el presidente suele ser un ciudadano electo, el cual, si bien no es responsable del poder legislativo, si puede ser destituido por el Congreso mediante un juicio político. Un estado dirigido por un presidente es la forma de gobierno más popular en la gran mayoría de los países. El presidencialismo o sistema presidencial, en consecuencia, es una forma de gobierno en la cual la Constitución establece una división de poderes entre el poder Ejecutivo, el poder Legislativo y el poder Judicial, como es el caso de Colombia.

El presidente es la cabeza del órgano que ostenta el poder ejecutivo, mientras que el poder legislativo lo suele concentrar el congreso, sin perjuicio de las facultades que en materia legislativa posea el presidente. Un país presidencialista, por lo tanto, es aquel en el cual el presidente actúa como líder de la nación, llevando su iniciativa de gobierno al congreso o a las cortes, según corresponda. Pues bien, en Colombia, país presidencialista por excelencia, pareciera que el Congreso y los partidos políticos que lo integran, no existieran. ¿Ha visto alguien presente el Congreso, o los llamados líderes políticos del mismo, con una actitud de liderazgo, de acción, de opinión, o al menos de contradicción, en los graves hechos y secuelas económicas y sociales para toda la comunidad originados en la pandemia, en el paro nacional, o en la compleja crisis económica que ha conducido al 40% de la población a situaciones de pobreza? Es como si no existieran. ¿Será por eso por lo que su opinión desfavorable es del 87% y la favorable, de sólo el 7%, según las últimas encuestas de opinión?

Los políticos del país, lo único que hacen es exigirle al gobierno nacional presupuestos y obras de su interés regional y electoral, o más subsidios y subvenciones, para repartirlos a diestra y siniestra, sin consideración alguna por la grave crisis del déficit fiscal y endeudamiento público por la que atraviesan las finanzas públicas. Pedir y pedir, parece que es lo que mejor saben hacer, o hacer juicios políticos a los ministros del gobierno, cada vez que les parece que el funcionario no es de su especial agrado.

Según el artículo 114 de la Constitución política, le corresponde al Congreso de la República de Colombia, integrado por el Senado y la Cámara de Representantes, reformar la propia Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. Por lo tanto, el Congreso de la República debería ser el foro, por excelencia, para abocar los grandes temas nacionales en su estudio, sus alternativas de solución, su financiación, su prioridad, y la aprobación o rechazo de las iniciativas de carácter gubernamental o parlamentario que traten de impulsarlas o regularlas.

El Congreso en total está conformado por 108 Senadores y 171 Representantes, con un costo de más de 30 millones por parlamentario al mes, sin contar con el propio funcionamiento del Congreso en sus dos cámaras. Esto no se compadece, por un lado, con la situación económica del país y, por el otro, por la baja “productividad” en términos reales de lo que el Congreso le aporta al país. No es el número de leyes lo que cuenta, es la calidad, la pertinencia, la aplicabilidad, la rigurosa conformidad con la constitución, el impacto real que ocasionan y la vigilancia de la disponibilidad real de recursos para llevarlas a cabo. Es hora de que el Congreso y sus congresistas -pocos se pueden excluir, para no generalizar- le entreguen al país y su ciudadanía la verdadera solución a los problemas, sin más burocracia, ni gasto público desbocado o favorecimientos individuales o para sus áulicos partidistas. Además, que la ciudadanía les exija y les condicione sus votos a sus reales acciones y obras, no a sus discursos y habladurías. Afortunadamente existen algunas veedurías ciudadanas y en particular, actualmente el "Observatorio Legislativo" de la Universidad Nacional de Colombia y el programa "Congreso Visible" de la Universidad de los Andes le hacen seguimiento al Congreso de la República.

La bolita de las responsabilidades públicas es tanto del ejecutivo, como del legislativo y el judicial, pero a veces no vemos la bolita jugando en la cancha del Congreso con la intensidad, decisión, dirección y compromiso con el país como debería ser. (Ni hablar del poder judicial, tampoco, que detiene todos los procesos y toma decisiones con interés político, más que constitucional). ¿Será por eso por lo que, salvo la elección de presidente, las votaciones parlamentarias tienen muy bajo nivel de votos?, es evidente que la gente poco le cree a los congresistas y a la clase política.

Señores congresistas, pongan a jugar la bolita en la cancha de los intereses del país, no de sus intereses personales y electoreros, y propónganse a hacer los goles que el país requiere, manteniendo la solidaridad, la justicia y la equidad para todos los ciudadanos, pero garantizando la sostenibilidad del país. Veamos cómo mueve la bolita el Congreso de la República ahora que los integrantes del paro nacional van a presentar su pliego de peticiones convertido en 9 proyectos de ley en la legislatura que comienza el 20 de julio próximo.

EL SECTOR PRIVADO Y EL DESARROLLO DEL PAÍS

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