LA CORRUPCIÓN

 Comentario 15/09/2025

 

LA CORRUPCIÓN

60 BILLONES AL AÑO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Diversas agencias de investigación han estimado que en Colombia se pueden mover $60 billones de recursos al año en corrupción, especialmente en el Gobierno, aunque este flagelo también afecta al sector privado. Esta suma es enorme, si se compara con los gastos de funcionamiento del Estado, valorados en $330 billones para 2025. Esto significa que la corrupción equivale al 20% del presupuesto de funcionamiento del Estado durante un año.

La corrupción está presente en todas las ramas del poder público (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Es como un pulpo de muchos tentáculos que permea el funcionamiento del Estado colombiano. Esta cifra equivale también a seis reformas tributarias de $10 billones de pesos cada una.

Un escenario fiscal complejo para 2025

Colombia enfrenta en 2025 uno de los escenarios fiscales más complejos de las últimas décadas. El déficit fiscal del Gobierno Nacional Central se proyecta en 7.1% del PIB, lo que equivale a $129.6 billones, y podría incluso superar el 7.5% según estimaciones independientes. Este desbalance se debe a:

• Aumento del gasto público (24.2% del PIB), especialmente en pensiones, salud y seguridad.
• Caída en el recaudo tributario, que pasó de 18.7% a 16.5% del PIB.
• Elevado servicio de la deuda (4.7% del PIB).
• Baja ejecución de la inversión pública (solo el 57% en 2024).

Deuda pública y sostenibilidad fiscal

La deuda pública bruta cerró 2024 en $1.175 billones, equivalente al 68.9% del PIB de 2024, y podría alcanzar el 63% en 2026, el nivel más alto en la historia reciente. Esto ha generado:

• Reducción de la calificación crediticia por parte de S&P y Moody’s. No tenemos la calificación de grado de inversión.
• Presiones sobre la tasa de interés (actualmente entre 9% y 9.25%).
• Riesgo de liquidez: el saldo del Tesoro Nacional cayó a solo $10.8 billones.

La sostenibilidad fiscal está en entredicho. El país activó la cláusula de escape de la regla fiscal, suspendiéndola por tres años. Además, se prevé una nueva reforma tributaria para recaudar $26 billones adicionales.

El escándalo de la UNGRD: un ejemplo concreto de corrupción

El escándalo de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) se ha convertido en uno de los casos más graves de desfalco en Colombia en los últimos años. Entre 2023 y 2024, altos funcionarios de la UNGRD desviaron recursos públicos destinados a atender emergencias y desastres.

El caso estalló por la compra irregular de 40 carrotanques para La Guajira, con un contrato de $46.800 millones, que tuvo un sobrecosto de más de $14.000 millones. Los hechos revelaron:

• Contratos direccionados a fundaciones y empresas fachada como Yapurutú y Brands SAS.
• Sobornos por más de $3.000 millones entregados en efectivo.
• Desvío de fondos hacia campañas políticas y compra de apoyos legislativos.
• Una red de clientelismo que involucró a congresistas como Iván Name y Andrés Calle, quienes habrían recibido pagos para apoyar reformas del gobierno.

Hasta el momento, las acciones judiciales incluyen:

• Aprobación de preacuerdos con varios implicados para recuperar parte del dinero.
• Imputación de cargos por la Fiscalía, como peculado por apropiación, lavado de activos, concierto para delinquir y falsedad documental.
• Estimación de que el desfalco total podría superar el billón de pesos.

Este caso ha puesto en evidencia las graves fallas en la supervisión de los recursos públicos y ha generado un fuerte debate sobre la transparencia en la gestión del riesgo de corrupción en Colombia.

Conclusión

Qué distinto sería el funcionamiento del Estado (de sus déficits fiscales) y de la economía nacional si los niveles de corrupción se controlaran y disminuyeran. Esta ha sido la promesa de muchos gobiernos, pero ¿acaso los gobiernos también "comen" de su propia corrupción, como acaba de ocurrir con la UNGRD y la desviación de fondos para la compra de congresistas y políticos.

LA REFORMA TRIBUTARIA DE PETRO

 Comentario 13/02/2023

 

LA REFORMA TRIBUTARIA DE PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

El gobierno del presidente Petro y sus políticas tienen un claro corte y enfoque redistributivo, bajo propósitos de equidad e igualdad que nadie en su finalidad podría discutir. Simplemente, su orientación es distribuir la “torta actual” para que todos comamos menos, pero que algunos puedan comer también. A diferencia de otros enfoques como el de crecer la “torta” mucho más, para que surjan oportunidades para un mayor número de personas y comer mejor. Obviamente, en ambos enfoques habrá algunos que forman parte de clases vulnerables que requerirán de subsidios del estado para poder acceder a alguna parte de la torta.

El presidente Petro tramitó e hizo aprobar en el Congreso, con su coalición de gobierno pluripartidista, una reforma tributaria tal que le permita financiar su enfoque de redistribución de la riqueza, su programa de gobierno y sus reformas, valga decir que todas tienen ese enfoque y no el de crecer y desarrollar la economía para generar nuevas oportunidades.

Veamos algunos comentarios sobre dicha reforma, para comprender su alcance y particularidades, no sin antes decir que el enfoque fiscalista del actual gobierno es ampliar cada vez más el número de contribuyentes y de conceptos de contribución para que la “torta“ fiscal sea cada vez mayor. De hecho, esta reforma se enfocó en elevar la tasa efectiva de tributación de los contribuyentes, es decir, que cada vez paguen más de sus ingresos los que están obligados a declarar, casi por todo tipo de concepto de ingreso, excepto por las pensiones que se han considerado un ahorro de las personas para su jubilación, el cual en su momento se derivó de unos ingresos que ya habían sido gravados.

En efecto, se emplearon varios mecanismos en la reforma tributaria para lograr dicho propósito:

• Limitar o suprimir los beneficios que existían a montos inferiores a lo que se tenían, en la práctica a una tercera parte, aproximadamente.
• Incremento en tarifas de ganancias ocasionales.
• Tope máximo a las deducciones en la liquidación final de impuesto, no importando de dónde surja la deducción (costo, renta exenta, ingresos no constitutivos de renta, etc.).
• Unificación de rentas en la liquidación final del impuesto para elevar el pago efectivo.
• Introducción, de nuevo, pero en forma permanente, del impuesto al patrimonio.
• Tasas mínimas de tributación, por debajo de las cuales no se podrá obtener ningún beneficio. En el caso de personas jurídicas, por ejemplo, no podrá ser inferior al 15%.
• Otras normas y reglas tributarias novedosas y más exigentes.

No se debe omitir del análisis, además, que a algunos sectores de la economía se les despojó de importantes conceptos de deducción como en el caso de las regalías para el sector minero o en otros casos se elevaron sus tasas de tributación por diferentes mecanismos. Algunas normas como las de declaración de activos poseídos en el exterior se regularon y otras como los beneficios en impuesto en el caso de compra-venta de vivienda se les puso límite, así como también se gravó en mayor proporción los ingresos por dividendos, o conceptos tales como contribuciones o provisiones empresariales también se verán afectados.

Sin ir más lejos ni con más detalles, se puede comprender fácilmente que efectivamente la carga impositiva se elevó en forma sensible para los contribuyentes personas naturales o jurídicas. Otros proyectos del gobierno de Petro están enderezados a incluir mayor número de contribuyentes, por ahora, serán prácticamente los mismos de antes quienes verán sus impuestos aumentados. Todo tiene consecuencias, veamos:

Competitividad.

Los países son más o menos atractivos para la inversión y el ahorro según sus tasas impositivas, entre otros factores, siendo el de impuestos demasiado sensible. Subir tasas efectivas no siempre es buena idea pues puede alejar la inversión que es la que genera oportunidades.

Crecimiento.

En un entorno con tendencias recesivas o regresivas en el crecimiento económico, como el que se avizora para los años 2023 y 2024, subir impuestos y contribuciones es un contrasentido ya que podría agravar la profundización del decrecimiento económico, puesto que el gasto público es generalmente no productivo, a diferencia del privado que suele ser productivo y busca optimar su rentabilidad.

Evasión y elusión.

La elevación de impuestos suele ser connatural a la evasión y la elusión, por muchas talanqueras que se creen, hay ciudadanos y empresas que buscaran defenderse de esos impuestos que consideran inconvenientes o injustos para sus intereses.

Oportunidad y conveniencia.

Algunas reformas tributarias también tienen enfoques de favorecer sectores, iniciativas, proyectos o geografías del interés nacional, esta nueva reforma lo que hace es poner talanqueras y quitar o limitar beneficios, los cuales, como se dijo, en el escenario, son inoportunos, Por ejemplo, en este momento, subir el IVA a aerolíneas y hoteles es un impacto muy sensible para los consumidores, de cualquier naturaleza.

Consenso

Aunque se habló de buscar consenso, en realidad la reforma tributaria de Petro tuvo más presión política que concurrencia de opiniones. Obvio que esto no es bueno para su aceptación y aplicación y más si en el período de este gobierno se van a tramitar nuevas reformas fiscales.

Con estos razonamientos, la redistribución de la “torta” no se ve tan conveniente ni oportuna.

EL PETRISMO DE PETRO

 Comentario 21/11/2022

 

EL PETRISMO DE PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Centrado en la redistribución del ingreso y el intervencionismo del Estado como las grandes fórmulas orientadoras de su gestión, acompañadas de una fuerte ideología de izquierda, avanzaron los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro. Acciones concretas, hasta ahora, la reforma tributaria que ha quedado en firme, el proyecto de la Paz Total y el acuerdo de Escazú, lo demás, es mucho “tilín tilín y nada de paletas”. De hecho, su favorabilidad ha caído y ya se ven elementos de desespero e impaciencia entre sus áulicos y seguidores por el logro de más resultados de los prometidos durante la campaña. También hay que reconocerle su habilidad política de rodear su gobierno de una coalición alrededor del pacto histórico, su movimiento político, con los muy aceitados y “enmermelados” partido liberal, conservador y de la U. Vamos por partes:

La reforma tributaria es consecuente con su idea obsesiva de que hay que redistribuir el ingreso y beneficiar a los más pobres con subsidios y beneficios pagados por los más ricos, sean estos, empresas, empresarios u otras personas naturales, nacionales o extranjeras, con actividad económica en el país. En su intención todos estamos de acuerdo con los tributos, pero en su contenido y alcance diferimos sustancialmente. Crear o mantener subsidios es generar dependencia de la población por los mismos y preferencia por sus favorecedores, quienes los emplean con el sentido político de buscar adeptos, lo cual, les impide a estos ciudadanos desarrollar sus competencias, sus capacidades, su labor productiva y buscar su propio progreso, a partir, eso sí, del apoyo del Estado en la formación, el fortalecimiento de sus habilidades y en el desarrollo de sus potencialidades. Volvemos a si es mejor darles peces para comer o enseñarles a pescar. Los subsidios, salvo casos extremos, deberían ser ocasionales y transitorios.

Olvida también el petrismo de Petro, el sabio consejo que le dio la importante economista de origen italiano Mariana Mazzucato en su reciente visita al país, indicándole que para poder redistribuir hay que crecer. Quien además entiende la redistribución del ingreso como generación de oportunidades más que de subsidios.

Inoportuna también la reforma tributaria, impuesta a “pupitrazo limpio”, por su coalición de gobierno, por el momento en el cual va a tener incidencia, a partir del primero de enero de 2023, es decir, cuando se espera inicie en Colombia y en el mundo un período de decrecimiento o recesión económica, durante el cual hay que cuidar con esmero las fuentes de producción, empleo y ocupación para que las personas y sus familias no se vean enfrentadas a singulares dificultades y carencias. La reforma se “chupa” los recursos para favorecer el gasto social del gobierno, pero con ello debilita las finanzas privadas y afecta, por esa vía, la desaceleración de la economía. Podríamos decir que el gasto del gobierno obrará como efecto anticíclico, pero no es así, será más consumo, no más inversión o proyectos de desarrollo.

En síntesis, en vez de crear factores de crecimiento, desarrollo, progreso o mitigación de los impactos de los choque externos e internos, como la devaluación y la alta inflación, la reforma lo que hace es desestimular la actividad empresarial y darle un “mazazo” a ciertos sectores económicos como el sector minero energético por una supuesta contaminación ambiental, donde Colombia genera el 0.4% de la contaminación mundial y dispone de una de las mejores matrices de energía limpia y renovable, a partir de la generación hidráulica, la eólica y la solar de las que dispone y puede continuar desarrollando. Estos sectores difícilmente levantarán cabeza hacia el futuro y, además, están amenazados con la no existencia eventual de nuevos contratos de exploración y explotación.

Los empresarios norteamericanos con actividad productiva en Colombia, especialmente minera y petrolera ya han manifestado su inconformidad con dicha reforma y le han pedido al gobierno del presidente Biden rechazarla por ser violatoria de los tratados de libre comercio suscritos entre Colombia y USA.

Por otra parte, la reforma política es sujeta de amores y odios, con temas tales como sus listas cerradas, su transfuguismo autorizado, la financiación de las campañas sin prohibición del efectivo y su intención del voto obligatorio. Y, la paz total aún en ciernes, pero ya se avisa como otro catálogo de beneficios a favor de los delincuentes y reincidentes, sin contraprestación para el país y sus ciudadanos de bien.

También, el acuerdo de Escazú introduce elementos de información, protección a líderes ambientales, zonas de reserva y consultas populares, con injerencia de organismos extranjeros, cuyo efecto es redundante ante la constitución colombiana, pero crea nuevas instancias de intervención extrajera en la solución de problemas ambientales que dependen exclusivamente de las necesidades, capacidades y posibilidades del propio país. Aquí podremos ver un efecto de parálisis en muchos proyectos de desarrollo e infraestructura futuros en el país.

Varios de los anuncios y promesas en el petrismo de Petro, que más parece en campaña que en gobierno, se están volviendo promesas vacías, por imposibilidad de darles cumplimiento, o por hacerse el de las “gafas” en su ejecución, como las 3.000.000 de hectáreas a repartir, la solución de las invasiones, el combate al narcotráfico, la seguridad ciudadana, la reforma a las fuerzas militares y de policía, entre muchas otras.

Se anuncian las reformas a la salud, la reforma rural, al contrato de trabajo, a las pensiones, y muchas otras en trámites, más burocracia y procedimientos, no precisamente austeridad (nuevos ministerios y carrera consular), etc. Desde ahora, ya crean confrontación y choque de opiniones, por efectos que se consideran inconvenientes, como sería, por ejemplo, la supresión eventual del sistema de aseguramiento de la salud a través de las EPS en el país.

Muchos argumentan que son pocos 100 días de mandato, pero otros pensamos que “desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo y la comida”.