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martes, 1 de septiembre de 2026

¿EN QUÉ CONSISTE LA DEMOCRACIA LIBERAL?

 Comentario 01/09/2026

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA DEMOCRACIA LIBERAL?

 

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

La Democracia Liberal es un sistema político y una forma de gobierno que proviene directamente del pueblo, pero que no puede ejercerse sin límites en el país. Está regulado por las leyes, la constitución y los contrapesos constitucionales (Congreso, órganos de Justicia y organismos de control), los cuales garantizan los derechos de todos los ciudadanos y evitan el abuso de poder.

En consecuencia, la democracia liberal en Colombia surge de la democracia representativa unida a los principios del liberalismo político. Es decir, la participación ciudadana mediante elecciones y los límites estrictos al poder para proteger las libertades individuales.

¿Cuáles son las características centrales de la democracia liberal?

·         Elecciones libres, periódicas y competitivas

·         Separación e independencia de poderes

·         Primacía del Estado de Derecho

·         Protección de derechos y libertades

·         Garantías para las minorías

·         Economía de mercado con propiedad privada

·         La Constitución como marco de facultades y límites

 

Ahora, ¿cómo se diferencia la democracia liberal de otras formas de gobierno? En la Democracia Liberal hay elecciones libres, no se restringen las libertades ni los medios de comunicación, pero se controlan los órganos del poder. Por el contrario, en los modelos autoritarios no hay elecciones competitivas, ni libertad de prensa ni contrapesos. Algunos ejemplos actuales de democracias liberales consolidadas son Canadá, Alemania y Uruguay, y de democracias liberales débiles pueden considerarse el caso de Colombia y los casos de otros países del Sur y Centroamérica.

La democracia liberal en Colombia existe formalmente como mandato en la Constitución de 1991, pero su aplicación real es una mezcla compleja de avances, tensiones y contradicciones. Afectan el buen funcionamiento de la democracia liberal prácticas como la violencia, la corrupción, el autoritarismo, el clientelismo y la intervención extranjera directa en los designios del país.

En términos simples, puede verse cómo Colombia consagró en su Constitución del 91: las elecciones libres y competitivas; la separación de poderes con la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía como contrapesos, y el Congreso como contraparte del Ejecutivo. Sin embargo, en el caso colombiano hay choques frecuentes entre los órganos de poder debido a fenómenos tales como: el autoritarismo, el incumplimiento de la Constitución o las leyes, o las influencias políticas de los partidos que quieren estar por encima del Estado de Derecho.

La Constitución del 91 es uno de los textos constitucionales más garantistas del Estado de Derecho y de la Democracia Liberal, con un amplio catálogo de derechos fundamentales y la acción de tutela como mecanismo ágil de protección de esos mismos derechos. Sin embargo, en Colombia se experimenta una aplicación desigual de la Democracia Liberal en las diferentes regiones del país por la presencia de grupos armados, la impunidad y la corrupción administrativa.

Colombia, afortunadamente, conserva principios y libertades muy importantes para favorecer una prensa robusta e independiente, la protección de la libertad de expresión, asociación y protesta y los sistemas de pesos y contrapesos ya descritos. Para evitar el abuso hay explícitamente reconocimiento de las comunidades indígenas y afrodescendientes y las circunscripciones especiales electorales, y un enfoque diferencial en políticas públicas a nivel regional.

También en Colombia se presenta el esquema de un mercado libre pero regulado y, aunque se dispone de un modelo de economía capitalista centrado en el sector privado, el Estado es el regulador a través de sus ministerios y superintendencias. Colombia tiene un esquema de apertura económica desde los años 90, durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, con un giro explícito hacia la liberalización comercial, el cual ha favorecido la existencia de la Democracia Liberal. Sin embargo, no se ha logrado, a pesar de los avances, superar la alta desigualdad, ya que disponemos de un coeficiente de Gini cercano a 0.53 y una informalidad laboral entre el 55 % y el 60 %.

No le hace bien a la Democracia Liberal en Colombia la centralización de las decisiones en el Estado Central y la baja capacidad de acción y de desarrollo de competencias de las regiones para ser más autónomas. Por desgracia, las encuestas hechas al público muestran una profunda desconfianza en las instituciones, en los partidos políticos y en los funcionarios públicos.

Desafortunadamente, la polarización política y las redes sociales amplifican la desinformación del público alrededor del concepto de la Democracia Liberal en Colombia. Las revistas especializadas como The Economist califican la democracia de Colombia como una democracia defectuosa, dado que las instituciones liberales coexisten con factores que limitan su eficacia. En resumen, Colombia, si bien se postula como una Democracia Liberal y su diseño constitucional ha sido estable, su funcionamiento está condicionado por la violencia, la desigualdad, el centralismo, el clientelismo, la corrupción, la impunidad y la debilidad estatal.

domingo, 14 de septiembre de 2025

LA CORRUPCIÓN

 Comentario 15/09/2025

 

LA CORRUPCIÓN

60 BILLONES AL AÑO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Diversas agencias de investigación han estimado que en Colombia se pueden mover $60 billones de recursos al año en corrupción, especialmente en el Gobierno, aunque este flagelo también afecta al sector privado. Esta suma es enorme, si se compara con los gastos de funcionamiento del Estado, valorados en $330 billones para 2025. Esto significa que la corrupción equivale al 20% del presupuesto de funcionamiento del Estado durante un año.

La corrupción está presente en todas las ramas del poder público (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Es como un pulpo de muchos tentáculos que permea el funcionamiento del Estado colombiano. Esta cifra equivale también a seis reformas tributarias de $10 billones de pesos cada una.

Un escenario fiscal complejo para 2025

Colombia enfrenta en 2025 uno de los escenarios fiscales más complejos de las últimas décadas. El déficit fiscal del Gobierno Nacional Central se proyecta en 7.1% del PIB, lo que equivale a $129.6 billones, y podría incluso superar el 7.5% según estimaciones independientes. Este desbalance se debe a:

  • Aumento del gasto público (24.2% del PIB), especialmente en pensiones, salud y seguridad.
  • Caída en el recaudo tributario, que pasó de 18.7% a 16.5% del PIB.
  • Elevado servicio de la deuda (4.7% del PIB).
  • Baja ejecución de la inversión pública (solo el 57% en 2024).

Deuda pública y sostenibilidad fiscal

La deuda pública bruta cerró 2024 en $1.175 billones, equivalente al 68.9% del PIB de 2024, y podría alcanzar el 63% en 2026, el nivel más alto en la historia reciente. Esto ha generado:

  • Reducción de la calificación crediticia por parte de S&P y Moody’s. No tenemos la calificación de grado de inversión.
  • Presiones sobre la tasa de interés (actualmente entre 9% y 9.25%).
  • Riesgo de liquidez: el saldo del Tesoro Nacional cayó a solo $10.8 billones.

La sostenibilidad fiscal está en entredicho. El país activó la cláusula de escape de la regla fiscal, suspendiéndola por tres años. Además, se prevé una nueva reforma tributaria para recaudar $26 billones adicionales.

El escándalo de la UNGRD: un ejemplo concreto de corrupción

El escándalo de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) se ha convertido en uno de los casos más graves de desfalco en Colombia en los últimos años. Entre 2023 y 2024, altos funcionarios de la UNGRD desviaron recursos públicos destinados a atender emergencias y desastres.

El caso estalló por la compra irregular de 40 carrotanques para La Guajira, con un contrato de $46.800 millones, que tuvo un sobrecosto de más de $14.000 millones. Los hechos revelaron:

  • Contratos direccionados a fundaciones y empresas fachada como Yapurutú y Brands SAS.
  • Sobornos por más de $3.000 millones entregados en efectivo.
  • Desvío de fondos hacia campañas políticas y compra de apoyos legislativos.
  • Una red de clientelismo que involucró a congresistas como Iván Name y Andrés Calle, quienes habrían recibido pagos para apoyar reformas del gobierno.

Hasta el momento, las acciones judiciales incluyen:

  • Aprobación de preacuerdos con varios implicados para recuperar parte del dinero.
  • Imputación de cargos por la Fiscalía, como peculado por apropiación, lavado de activos, concierto para delinquir y falsedad documental.
  • Estimación de que el desfalco total podría superar el billón de pesos.

Este caso ha puesto en evidencia las graves fallas en la supervisión de los recursos públicos y ha generado un fuerte debate sobre la transparencia en la gestión del riesgo de corrupción en Colombia.

Conclusión

Qué distinto sería el funcionamiento del Estado (de sus déficits fiscales) y de la economía nacional si los niveles de corrupción se controlaran y disminuyeran. Esta ha sido la promesa de muchos gobiernos, pero ¿acaso los gobiernos también "comen" de su propia corrupción, como acaba de ocurrir con la UNGRD y la desviación de fondos para la compra de congresistas y políticos.

lunes, 11 de agosto de 2025

LA UNIDAD NACIONAL

 Comentario 11/08/2025

 

LA UNIDAD NACIONAL

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Independientemente de la ideología de los diferentes partidos políticos y grupos de opinión, debería existir un acuerdo sobre lo fundamental para solucionar los problemas del país, respondiendo a lo que sus ciudadanos esperan y necesitan de sus gobernantes. Esta idea fue propuesta por el difunto Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en 1995, un destacado político conservador, periodista y abogado colombiano.

El "Acuerdo sobre lo Fundamental" de Gómez Hurtado era una invitación a construir consensos nacionales en torno a los valores y prioridades esenciales del país. Su idea era dejar de lado las divisiones políticas y enfocarse en temas clave que permitieran superar la violencia y el estancamiento político, económico y social. Este acuerdo buscaba que los debates se centraran en la búsqueda de soluciones, en lugar de disputas ideológicas o la repartición de cargos y presupuestos públicos. Gómez Hurtado creía que este enfoque podría fortalecer la democracia y fomentar un diálogo más constructivo entre los diferentes sectores de la sociedad. Un buen ejemplo de esto es que en la práctica existen temas de importancia, trascendencia y prioridad en los que todos estamos de acuerdo, como la salud o la educación.

Desafortunadamente, este no es el criterio que guía a los políticos. Para ellos, la dominancia ideológica y el tamaño de la cuota burocrática están en el centro de su atención, sin importar la verdadera solución a los problemas.

Identificar estas prioridades nacionales de manera conjunta entre los partidos políticos y grupos de opinión debería ser una misión prioritaria del Gobierno, —independientemente de su color político— y del Congreso, sin dar peso a los frentes de opinión individuales o de colectivos políticos. Si, con independencia del gobierno de turno, existiera en el país un verdadero derrotero de objetivos, planes y programas sobre los temas fundamentales de mutuo consenso, se avanzaría mucho en su solución o, al menos, en su progreso.

Pero si cada gobierno hace borrón y cuenta nueva con lo hecho por sus antecesores, o se dedica a criticar y destruir sus logros, el progreso será de "unos pasitos para adelante y unos pasitos para atrás", como un corcho en un remolino, dando vueltas sin avanzar realmente hacia las soluciones.

Tomemos, por ejemplo, el agua potable como prioridad nacional. Si se han identificado claramente los datos, hechos y fuentes de solución, un programa a largo plazo para superarlo, que podría involucrar varios gobiernos, podría ser acogido por el gobierno de turno, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, como un tema de Unidad Nacional, sin importar la orientación política de los gobernantes del momento. De hecho, temas como este, que deben formar un programa de Unidad Nacional, son temas de nación, no de gobierno.

Se requieren dos decisiones con un gran consenso nacional: 1. ¿cuáles son los temas prioritarios? y 2. ¿cómo se pueden abordar para su solución? Esto exige verdaderos líderes en los grupos políticos, capaces de trascender la realidad del país con sus soluciones, e impedir que primen los intereses y apetitos burocráticos de cada líder y sus grupos de opinión.

Un buen ejemplo de Unidad Nacional surge de la experiencia colombiana de la redacción de la Constitución de 1991, la carta magna que rige actualmente en Colombia. Su aprobación representó un cambio significativo en la estructura política y social del país, marcando el inicio de una nueva era de derechos, democracia participativa y justicia social.

Su redacción y aprobación fue el resultado de un proceso histórico. En los años ochenta y noventa, Colombia enfrentaba una crisis de violencia, narcotráfico y conflictos armados. En este contexto, surgió la necesidad de una transformación profunda. El proceso comenzó con el gobierno de Virgilio Barco y se consolidó durante la presidencia de César Gaviria. En 1990 se convocó una Asamblea Nacional Constituyente, integrada por representantes de diversos sectores políticos y sociales, incluidos partidos, sindicatos y comunidades indígenas.

La Asamblea trabajó intensamente para redactar una nueva Constitución que reflejara los intereses y necesidades de la sociedad colombiana. Finalmente, el 4 de julio de 1991, se promulgó la Constitución, reemplazando la de 1886 y estableciendo un marco jurídico más inclusivo y moderno. La redacción de la Constitución de 1991 en Colombia fue liderada por un grupo diverso de representantes de diferentes partidos y movimientos políticos, con la colaboración de los 70 miembros de la asamblea. Entre los líderes más destacados estuvieron:

·         Horacio Serpa Uribe: representante del Partido Liberal Colombiano, uno de los partidos tradicionales del país.

·         Álvaro Gómez Hurtado: líder del Movimiento de Salvación Nacional, con una visión conservadora y reformista.

·         Antonio Navarro Wolff: proveniente de la Alianza Democrática M-19, un movimiento político de izquierda surgido tras la desmovilización del grupo guerrillero M-19.

Estos tres líderes compartieron la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, reflejando la diversidad política y social.

¿Será posible que el país vuelva a pensar en programas de Unidad Nacional que sean de nación y no de gobierno, y que permanezcan como verdaderas prioridades con una planificación a largo plazo? Esto solo ocurriría si se superan las barreras que la intensa polarización política ha creado en el país, especialmente durante el gobierno de Gustavo Petro, quien ha preferido la radicalización y la confrontación en lugar del consenso.