LA PAZ GRANDE

Comentario 08/08/2022

 

LA PAZ GRANDE

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Bajo el concepto del llamado perdón social propuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y su propósito de dar cumplimiento total al acuerdo de paz del 2016 suscrito por el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, los cuales son parte muy sustantiva del plan de gobierno del nuevo mandatario, para el logro de la denominada paz grande o paz total, se presentan una serie de inquietudes que vale la pena comentar. Precisamente, ¿qué significa y cuál es el contenido y alcance de esa paz grande o paz total? Muchas inquietudes surgen después de ver el disfuncional, inequitativo y poco favorable para el país proceso de paz de Juan Manuel Santos, fundamentado, supuestamente, en el rescate de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición y centrado en las víctimas. ¡Qué bonito suena, pero que incumplido está!

Desde el 2016 el país está a la espera de que esas promesas se cumplan, pero nada. La verdad muy escasa, muy esquiva e incompleta, de un sólo lado en lo fundamental. Según esa verdad, revelada por la Comisión de la verdad presidida por el padre Francisco de Roux, los culpables esenciales de las situaciones de violencia que ha atravesado el país frente a las guerrillas y la población son el Estado y sus instituciones, especialmente el ejército y la policía. Parece que algo tienen que ver las guerrillas y los otros narcotraficantes, pero sólo algo, o sea que los secuestros, las violaciones, lo asaltos, los bombardeos a poblaciones, las tomas guerrilleras, las guerrillas urbanas, las extorsiones, el abigeato, el reclutamiento de niños, la matanza de policías, etc., etc., poco cuentan. Y, también, todo el tema del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y de personas, etc., etc., parece que tampoco tiene mucho que ver.

Lo que se ha hecho de justicia transicional por la JEP o la ordinaria por los organismos tradicionales frente a la guerrilla es nada o muy poco, la JEP lleva casi 6 años, sin fallos condenatorios y, al final, para poner penas alternativas, simbólicas o restaurativas, tiempo sobra, ya veremos que la justicia no obra. El nuevo gobierno está hablando de una nueva y extraña palabra, “acogimiento”, para preparar el terreno para beneficiar los participantes de todo tipo de violencias en los nuevos procesos de la paz grande. Lo que veremos es que el apaciguamiento de ellos se traduce en el sometimiento del Estado de derecho, de la justicia, de las instituciones y del código penal, o sea del pueblo colombiano.

El otro tema que se pregona, la reparación, es como el gran ausente, ¿dónde están las grandes fortunas de las FARC para la reparación de las víctimas?, apenas migajas. Ahora resulta que después de todos los lucrativos delitos que cometían y siguen cometiendo, son unas “pobres viejecitas, sin nadita que comer”, vaya cuento tan mal contado para engañar al país, donde, en la práctica, se les han legalizado sus bienes y diestramente se les ha hecho un lavado camuflado de esos activos, ya que impuestos tampoco han pagado. Las víctimas, además, por ningún lado.

De la no repetición es mejor no hablar, porque la repetición es el “pan nuestro de cada día”, dirán que son las disidencias, “chicos díscolos y desobedientes”, ¿puede creer el país que unos y otros, desmovilizados y activos, no están conectados?

En contrario sentido, el Estado ha hecho ingentes esfuerzos por el cumplimento de los acuerdos y por otorgar las mejores condiciones posibles a los desmovilizados en educación, salud, vivienda, territorios de cultivos lícitos, etc. Además de las famosas curules de paz para los “soberanos” del secretariado, ahora pontífices de la paz, la concordia y la moral. Mucho se les ha dado, pero poco se ha recibido de parte de ellos, apenas unas breves y apesadumbradas declaraciones, pero no se les ve el arrepentimiento por ningún lado, felices con lo que han logrado a su favor. Sin embargo, se quejan de que no se ha cumplido el punto 1 del acuerdo y que este es vital para lograr la paz grande, la paz total, especialmente en el campo. Efectivamente, el meollo del llamado incumplimiento del Estado del acuerdo FARC-Santos, radica en el punto 1 del mismo, recomendado también por la Comisión de la Verdad, en el cual se pactó la llamada reforma rural integral, bajo los siguientes principios:

El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. Ya que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social.

¿Será esto mismo lo que han pregonado Petro, su Vice y su ministra de agricultura?, cuando afirman que cumplirán a cabalidad el acuerdo de paz. Parece ser que sí, pero ¿de dónde saldrán los recursos para apropiar esa tierra que quieren distribuir? Ante un déficit fiscal significativo, un sobre endeudamiento del Estado y otras necesidades apremiantes, en pobreza, salud, educación, vivienda, bienestar, infraestructura y desarrollo, ¿cómo priorizar? Todos los alcaldes municipales están con la “coquita” lista para recibir los beneficios tangibles del nuevo gobierno, ¿entonces?

La amenaza, hasta ahora, según la ministra de Agricultura, es solucionar la redistribución rural prometida con nuevos impuestos a las propiedades agrícolas, bajo el concepto de baja productividad, con una fórmula de compra (“expropiadora”), si no los paga el propietario actual. En anticipación de todo esto ya hay colonos invadiendo en varias propiedades de predios productores de caña de azúcar en el norte del Cauca y el sur del Valle, porque se va a estimular la formalización, restitución y distribución equitativa y el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo. Esto no es una reforma agraria, es una expropiación agraria, por encima de los derechos de las familias propietarias, legítimas tenedoras y productivas cultivadoras, de esos campos agrícolas. Así empezaron las expropiaciones de Chávez en Venezuela, al principio con algunos bienes y luego con todo tipo de activos, propiedades y derechos.

Si la condición de la paz grande es de nuevo “perdonar” los delitos (no verdad, no justicia, no repetición y no reparación), prometer la no extradición, no combatir el narcotráfico y por otro lado hacer una reforma rural integral como la sugerida, el país va a pasar momentos de extrema tensión social y su Constitución e Instituciones y los derechos de muchos ciudadanos serán arrollados por la Paz Grande. Ser pillo sí pagará. ¿Será que en esta ocasión nos llamarán también enemigos de la paz, por pensar de esta manera?