Comentario 19/04/2021
LA
CUESTIÓN TRIBUTARIA
Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/
La
gran mayoría de los países están atravesando dificultades en sus presupuestos
públicos, debido al mayor nivel de gasto e inversión social que la pandemia ha
demandado. El alistamiento del sector salud, en sus instalaciones y en su
personal médico y paramédico, ha requerido de ingentes sumas de dinero. Pero,
por otro lado, las ayudas sociales en términos de las subvenciones, los
subsidios, las exoneraciones y las contribuciones de diversas naturalezas
dirigidas a las familias vulnerables y al sector productivo respectivamente,
también han sido billonarias. Si a lo anterior sumamos los costos inherentes al
tremendo lío de las vacunas, desde su adquisición y pago, su ubicación en el
país, su preservación y almacenamiento, la logística de su distribución y la
complejidad de su aplicación, el escenario del gasto público se vuelve
realmente complicado, dado, además, que los gastos, los pagos y las inversiones
corrientes del Estado no han cesado por la pandemia.
En
consecuencia, muchos países atraviesan por escenarios de déficit fiscal y de
endeudamiento público realmente difíciles y en algunas situaciones muy
delicados. De hecho, las calificadoras de riesgo y los organismos crediticios
multilaterales han puesto su “dedo en la llaga” advirtiendo de una eventual crisis
de deuda, situación en la cual los países encuentran su acceso al crédito
completamente cerrado, como ocurre normalmente también con las personas que se
quedan insolventes (sin liquidez) o sin respaldo. En este escenario, las
calificaciones de riesgo de los países empeoran y el costo de sus créditos se
eleva, complejizando la situación económica. Ahora, todo lo que le suceda al
Estado, se transporta al sector privado, pues si el país queda mal calificado,
se degrada también la calificación de las empresas que operan en el respectivo
territorio, en cuanto su mayor limitación de acceso al crédito externo y el
alto costo de este.
Lo
primero que ocurre es que la valoración crediticia del país se enrarece, es
decir, de buen pagador se pasa a ser dudoso pagador o mal pagador, como
ocurrió, por ejemplo, no hace algunos años con Argentina, quien vio seriamente
afectada su relación crediticia con todo tipo de deudores, de hecho, casi que
ninguna institución ni entidad quería tener relaciones crediticias o de negocios
con ese país por su insolvencia e incapacidad de pago. Sólo algunos fondos
aventureros estaban dispuestos a prestarle o a comprar su deuda a tasas
exorbitantes. En consecuencia, el servicio de la deuda pública, o sea, el costo
que paga el gobierno por intereses de sus saldos de endeudamiento se encarece
sensiblemente.
Lo
segundo que ocurre es que el acceso a nuevos créditos o refinanciaciones se
vuelve más difícil y en ocasiones inaccesible. Los Estados tienen que recurrir
a liquidar sus activos para poder sobrevivir, como sería en Colombia, por
ejemplo, tener que vender la totalidad de la propiedad del Estado en Ecopetrol
para poder funcionar como Estado y como Gobierno, y, por supuesto, estos
recursos se acabarán rápidamente, sobre todo por la exigencia del gasto social
y el de funcionamiento.
Se
producirá en seguidilla un mayor déficit fiscal y paulatinamente la incapacidad
de extender algunos servicios del Estado y lo peor, el gasto social necesario
en educación, salud, pensiones, defensa y bienestar comunitario, así como el
apoyo a poblaciones vulnerables. El país perderá su calificación crediticia y
el acceso a nuevos recursos y, como consecuencia, lo tercero que ocurrirá es
una fuerte devaluación de su moneda, es decir, la moneda pierde valor frente al
resto del mundo porque el Estado no es creíble.
A
la altura de este comentario nos debemos preguntar si la reforma tributaria
presentada por el Gobierno al Congreso para su aprobación es oportuna[1]. La respuesta es que el
momento es muy inconveniente por la situación general de la economía y la
pandemia, sin embargo, no por inconveniente, deja de ser necesaria. Lo peor que
nos podría pasar es que el Estado, como un todo, presente una parálisis por
insolvencia (falta de liquidez) y falta de acceso a nuevos créditos o
refinanciaciones, allí pagarían los “platos rotos” todas las clases sociales y,
como siempre, los más los pobres, quienes tienen menos defensas.
Ninguna
reforma tributaria gozará jamás del favoritismo del público, cada sector económico,
cada segmento de la sociedad, cada organización, cualquiera que sea su
actividad, defenderán con vigor su prioridad y su posición para no tener que
pagar más o nuevos impuestos. Y más si se trata como la actual de una reforma
profunda, que grava consumos sensibles como la gasolina, los servicios
públicos, y también a los medianos y altos ingresos, pensiones y patrimonios de
las clases superiores. Sin embargo, el momento es tal, que, aunque “el paciente
está en estado delicado, con mayor razón hay que operarlo”, así mucho le duela
o su mejoramiento tenga un pronóstico de lenta recuperación.
Para
entenderlo de una manera simple, el resultado de la economía de un país, gira
en la suma de tres componentes que se complementan mutuamente, ellos son los
resultados acumulados por: 1. el sector privado, 2. el sector público y 3. el
sector externo, entendiendo este último como el intercambio económico del país
con el resto del mundo. No importa que el sector privado y el externo vayan
bien, el resultado negativo del sector público anulará el buen desempeño de los
otros dos. La situación en Colombia se hace más difícil dado que tanto el
sector público como el sector externo tienen dificultades, más en el primero
que en el segundo, pero al fin resultados negativos.
Es,
en consecuencia, el momento de mirar con grandeza y altruismo las soluciones
que el país requiere y especialmente el sector público, para aceptar la
necesidad de pagar nuevos o mayores impuestos y contribuciones, para que a
todos nos vaya mejor. En contraprestación, lo que deberíamos exigirle al
Estado y sus gobernantes y funcionarios es austeridad, eficiencia y probidad en
el manejo de los recursos, evitando la corrupción, por un lado, y aplicando
correctamente los gastos en necesidades sociales, por el otro, pero también en
crecimiento y desarrollo del país. No sólo subsidios y beneficios que
tenderán a perpetuarse en el tiempo, se requiere más inversión si queremos
“comprar presente pero también futuro”. Subvenciones sociales sí, pero
oportunidades para todos también. Que no se nos vuelva “otra década perdida”.
[1] Existe una enorme controversia en el
país debido a la oportunidad de la reforma, por el mismo hecho del deterioro
económico ocasionado por los cierres y por el calendario electoral, con
elecciones el próximo año. La reforma se presenta como una solución de tipo
social (subsidios para evitar pobreza) y fiscal (déficit y endeudamiento
público). Sin embargo, también existe controversia sobre la recurrencia de los
subsidios, su permanencia y su orientación, como subvención o como generación
de trabajo. Es un tema con muchas aristas y posiciones, al Congreso le tocará
decidir.
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