Comentario 23/05/2022
EL
CASO CHILENO
Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/
La
respuesta del pueblo chileno a las protestas sociales acontecidas en el 2019,
demandando más equidad, más dignidad y mejores condiciones de vida, fue la
citación de una asamblea constituyente quien sería la responsable de redactar
una nueva carta política que cumpliera con dichos objetivos.
A
la carta magna anterior, redactada durante la dictadura del General Augusto
Pinochet, se le tildaba de neoliberal, favorecedora de los empresarios privados
y con poco contenido social en favor del pueblo chileno. Ya se conoce el
borrador de este nuevo acuerdo social, el cual debe ser refrendado el 4 de
septiembre próximo en un plebiscito citado para tal fin. De no aprobarse esta
nueva carta quedaría en vigencia la anterior.
El
postulado central de la nueva carta es volver a Chile un “Estado social de Derecho”
donde se reconozcan, a cargo del Estado, la ampliación de los derechos sociales
fundamentales. La nueva constitución consagra, además, a Chile como un Estado
plurinacional -no unitario, como indica, por ejemplo, la Constitución
Colombiana-, para volverlo un país con fuertes autonomías regionales, en la
práctica un esquema de regiones, en consideración a las diferencias étnicas y
culturales singulares, de varios de sus territorios.
El
borrador también pone fin a la privatización de los servicios básicos para que
sea el Estado quien los atienda, dice acabar con el “mercado” del agua,
disponer de un sistema universal de salud, y fortalecer la educación pública,
laica y gratuita en todos los niveles. Se habla también de la
corresponsabilidad de género, la protección del medio ambiente y los derechos
de los pueblos indígenas. Además, se modifica el Senado de la República por una
discutida, cuestionada y llena de interrogantes Cámara de Regiones, la
independencia del banco central, entre otros temas. Todo lo cual parecería, a
simple vista, un conveniente nuevo acuerdo social para el contexto actual.
Estos
esquemas, de contundente corte social y estatización radical, mediante la
reversa de la privatización que la constitución anterior había consagrado
ampliando la influencia del Estado en la economía, significan un cambio
profundo del modelo económico, político y social imperante en Chile, país que
había demostrado al mundo un gran progreso económico, cultural, de inserción en
la economía mundial mediante los tratados de libre comercio y con gran apertura
a la inversión extranjera, todo lo cual produjo un enorme desarrollo económico
y social, los cuales, si bien no solucionaron la desigualdad, son considerado
como de primer orden en Latinoamérica. De hecho, es modelo era admirado como
digno de seguir por sus logros y realizaciones.
La
realidad de Chile hoy es bien diferente, con la elección de Gabriel Boric, de
convicciones estatistas y totalitarias, después de haber sido promotor de los
desórdenes sociales del año 2019 en primera línea, a poco andar en su gobierno,
ya tiene un marcado descontento social (sólo 24% de favorabilidad) y ahora se
enfrenta a un fuerte rechazo de la nueva constitución por la ciudadanía
chilena, según las recientes encuestas de opinión.
En
efecto, según la encuesta Pulso Ciudadano, se concluyó que el 42.7% de la
población votará en contra de la nueva carta magna y que sólo el 27.8% votará a
favor. Para citar una evidencia de este rechazo, el partido Republicano ha
afirmado, al expresar su inconformidad: “El texto es una mala propuesta de
Constitución y sus disposiciones le harán un daño irreparable al país. La
Convención fracasó en su misión de redactar una nueva constitución que
represente a los chilenos y que establezca las bases del desarrollo”. (EL
TIEMPO, miércoles 18 de mayo de 2022).
Es
grave lo que está pasando en Chile, pues llena de incertidumbre su futuro,
máxime al ver que han salido del país fuertes sumas de dinero, estimadas en
cerca de US 20.000 millones de dólares,
para buscar protección ante las embestidas totalitarias y estatistas de la
nueva constitución y el ataque a la iniciativa privada, como sucede hoy con los
fondos de pensiones privados, sometido a retiros anticipados ( que se volvieran
consumo e inflación) y con un fuerte cuestionamiento, lo cual dejará a los
ciudadanos chilenos en más precaria situación frente al horizonte pensional.
Así mismo, la reacción desde el exterior, por parte de banqueros,
inversionistas y comerciantes que tienen relaciones con Chile es de tremenda
expectativa y con mirada de desconfianza sobre su futuro. De hecho, hay fuertes
indicios de un deterioro marcado en la economía de ese país y con tendencia a
empeorar. Todo lo contrario de lo que se buscaba.
Las
lecciones para Colombia son muchas y diversas, máxime al considerar el programa
de gobierno de Gustavo Petro, el cual acompaña los mismos principios de lo que
está ocurriendo en Chile, e inclusive quiere establecer un “eje progresista”,
según sus propias palabras, con los presidentes Gabriel Boric de Chile, el que
se supone futuro presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula, y él desde Colombia.
Es
suficiente la experiencia chilena como para pensar que, con la elección
eventual de Gustavo Petro, estamos al borde de un cambio de modelo económico,
político y social, con graves consecuencias y con reversa de difícil
realización. Las experiencias estatistas y socialistas en Latinoamérica tienden
a perpetuarse en el poder y a ser verdaderamente autocráticas, ni hablar de lo
que ha ocurrido en otros países vecinos, dignos de verdadera lástima por el
destino y el camino que han tenido que tomar sus pueblos, con éxodos masivos en
busca de oportunidades y con sus democracias e instituciones verdaderamente
rotas. ¿Hasta cuándo?, nadie lo sabe.
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