LEGITIMIDAD Y BUEN GOBIERNO

 Comentario 19/06/2023

 

LEGITIMIDAD Y BUEN GOBIERNO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Nota: Los hechos históricos de este comentario son tomados de diferentes páginas web.

 

Por supuesto que cada gobernante tiene o debe tener su ideología política la cual guiará su obra de gobierno, pero una cosa es la ideología y otra, muy distinta, es el buen gobierno. Hagamos primero una pequeña discusión sobre los partidos políticos tradicionales en Colombia, los cuales, después de la violencia política entre liberales y conservadores en los años 50, finalmente acordaron y firmaron el frente nacional que permitió la pacificación del país por la alternancia entre gobiernos de corte liberal y de corte conservador, respectivamente, en los períodos que a cada partido correspondían. El Frente Nacional fue un pacto o acuerdo político entre esos partidos, vigente en Colombia entre 1958 y 1974. Las principales características de este período fueron la alternancia de la presidencia durante cuatro períodos constitucionales de gobierno de coalición, la distribución de los ministerios y de la burocracia en las tres ramas del poder público (ejecutiva, legislativa y judicial). En este período, el candidato presidencial era elegido por acuerdo bipartidista, y la distribución igualitaria de las curules parlamentarias se mantuvo vigente hasta 1968. El principal objetivo de este acuerdo político fue acabar de consolidar la pacificación y contribuir a la reorganización del país luego del régimen de Gustavo Rojas Pinilla, quien quería perpetuarse en el poder y formar una dictadura. Ese acuerdo de partidos funcionó bastante bien pues sus gobiernos tuvieron ideologías partidistas, pero con legitimidad democrática, sin dejar de afirmar que ese período político del país dejó algunas inquietudes.

El problema, es este caso, no estuvo en la bienvenida pacificación del país frente a la violencia partidista, sino en la exclusión de terceras ideologías que no participaron en ese acuerdo político y que representaban otras tendencias ideológicas diferentes, especialmente de izquierda, lo cual derivó en intensas confrontaciones políticas en las votaciones y campañas que se sucedieron luego de la terminación del frente nacional y en acusaciones sucesivas de unos gobiernos hacia otros, alimentando una intensa polarización entre los ciudadanos. Sin embargo, hoy el país tiene, por primera vez en sus más de 200 años de historia republicana, un gobernante de la izquierda radical que se autodenomina como progresista, con una visión estatista, autoritaria, populista y autocrática.

Tras el asesinato de Luis Carlos Galán, en 1989, se dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para las elecciones de 1990. Las desmovilizaciones de los grupos guerrilleros, del Movimiento 19 de abril (M-19) en 1990, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame en 1991, contribuyeron a crear un ambiente social en el que la transformación del país por la vía política y jurídica se veía como el camino más promisorio. El movimiento estudiantil promocionó la Séptima papeleta para las elecciones legislativas de 1990. La Corte Suprema de Justicia reconoció la mayoritaria voluntad popular validando esos votos. En diciembre de 1990 se convocaron a comicios para elegir los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó la nueva constitución el 4 de julio de 1991. Los presidentes de la constituyente fueron una mezcla variopinta de pensamientos, tales como: Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional de origen conservador, Horacio Serpa por el Partido Liberal y Antonio Navarro Wolff por la Alianza Democrática M-19. De esta forma, la historia de Colombia tuvo un giro sin precedentes al considerar el espectro completo de ideologías en el nuevo acuerdo social, la Constitución de 1991, ya que no solo se logró un cambio constitucional sino también que el grupo guerrillero M-19 entregó las armas y se integró a la vida política nacional y a las comunidades indígenas se les garantizó representación en el Congreso de la República. Esto demuestra que puede haber colaboración armónica entre diferentes ideologías, por el bien del país, pero siempre que haya legitimidad.

Ahora, durante los últimos años, las diferencias ideológicas de los partidos políticos en Colombia y el reconocimiento e importancia de esos partidos o grupos políticos opositores se ha ido desdibujando, desde las convicciones de “tuerca y tornillo”, en personas que por tradición y aún sin entender cuáles eran esas diferencias, al final terminaban blandiendo el trapo rojo, el verde, el amarillo o el azul, colores emblemáticos de los individuos de la izquierda, de centro o las de derecha, respectivamente. De hecho, el desprestigio de los partidos políticos por problemas de corrupción y clientelismo, así como la pérdida de legitimidad de algunos de sus representantes en el Congreso de la República como órgano legislativo, es evidente. Según las diferentes encuestas de opinión, la credibilidad de la clase política es muy baja y su escaso liderazgo es consecuencia no de sus ideas sino por sus conductas clientelistas, corruptas, politiqueras, burocráticas y demagógicas. En sentido contrario y para no generalizar, algunas personas de la clase política tienen reconocimiento y aceptación como dirigentes con ideas y realizaciones serias, pero no por el partido al cual pertenecen, sino por sus calidades individuales como dirigentes.

Según los estudios y análisis realizados sobre los innumerables partidos que hay en Colombia (como 30 actualmente, que horror, verdaderas maquinarias de avales), se demuestra que, en la práctica, las diferencias surgen de la aceptación de las personas que los lideran más que del ideario que representan. El transfuguismo, es decir el cambio frecuente de partido o de grupo político, por intereses meramente electorales, burocráticos o por beneficios económicos, demuestra que la ideología les destiñe a esas figuras, a veces luminarias de la política, quienes, al final, no “saben” a nada, sus arraigadas convicciones son ninguna. Son “máquinas” tramitadoras de temas políticos al servicio de quien más beneficios les ofrezca. De ideología, prácticamente muy poco contenido, aunque vociferen en sus discursos de plaza pública en la búsqueda de incautos seguidores.

Pero, en el marco de la Constitución de un país, una vez aprobada, deben caber las diferentes tendencias políticas y sus distintos enfoques sobre el Estado, la sociedad, el libre mercado, la propiedad privada, el régimen de libertades y las normas sobre equidad e igualdad, como se hizo con la Constitución de 1991 en Colombia. En consecuencia, con la pérdida en la significación de los partidos políticos y sus ideologías, los representantes de dichas instituciones deberían tener un compromiso mayor por el buen gobierno, el crecimiento y el desarrollo del país para generarle a los colombianos oportunidades diversas y en toda la geografía, tales que, efectivamente, los ciudadanos, sin distingo alguno, dispongan de más progreso y bienestar.

El mismo gobierno de Petro, respetando su ideología, debería ser una fuente de legitimidad y buen gobierno, pero, hasta ahora, sólo exhibe un discurso con ideología radical y confrontación total con los ciudadanos que no comparten sus reflexiones políticas, su credibilidad está sometida a juicio por un sinnúmero de escándalos y sus realizaciones prácticamente son muy pocas. Más buen gobierno, legítimo, creíble y serio y menos consignas políticas, es lo que necesitamos: Acciones y ejecuciones de desarrollo y crecimiento, no discursos y proclamas de tinte político radical.