LOS DISLATES DE PETRO

 Comentario 26/06/2023

 

LOS DISLATES DE PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Uno de los mayores logros del país en los años 90s, con la apertura económica, y con la constitución del 91, fue el haber avanzado en la concepción amplia de admitir la participación del Estado y también del Sector Privado en la prestación de servicios críticos que se reservaban, frecuentemente, al Estado. Estamos hablando de servicios sensibles y de contenido social como la energía, la educación, la salud, las pensiones, la infraestructura y el bienestar ciudadano, por ejemplo. Nadie duda actualmente del enorme progreso y los beneficios que el país y su ciudadanía han recibido de tan importante regulación, la cual permitió mayor intervención del sector privado en la economía antes circunscrita al Estado y en algunos casos la privatización de tareas que previamente se cumplían en forma ineficiente y corrupta, como, lamentablemente, ocurren en muchas empresas del Estado.

Aunque algunas ideologías políticas le dan primacía al Estado sobre sobre el sector privado y en otras, lo contrario, lo cierto es que en el mundo contemporáneo ambas formas de prestación de servicios y de protección de riesgos sociales deben coexistir, con orientaciones distintas, por supuesto, pero complementarias: el Estado con un fuerte enfoque y énfasis en lo social y en la superación de la pobreza y la desigualdad y el sector privado, en la prestación de servicios eficientes, con avance tecnológico, innovación y niveles de atención con gran calidad y oportunidad, para afrontar su competencia nacional o internacional e inducir la preferencia de sus clientes.

Como es obvio, la motivación del Estado en la prestación de servicios los cuales, con alto contenido social y de subsidios, están dirigidos a poblaciones vulnerables o de bajo nivel de oportunidad y de ingresos, quienes no tendrían mayores facilidades de satisfacer sus necesidades sin los apoyos del Estado. Por el contrario, los servicios particulares van enfocados, generalmente, a un público con nivel de ingresos superiores, demandante de servicios diferenciados y de mayor calidad u oportunidad.

Ambos tipos de servicios, privados y públicos son diferentes, no sólo por su origen, además, por las fuentes de financiación y por sus modelos de gestión. Mal haríamos en tratar de unificarlos, uniformarlos o integrarlos. Son estructuras gerenciales, modelos de operación, aplicaciones científicas, infraestructuras, ubicaciones geográficas y diseño de soluciones de servicios diferentes. No es que una persona de menores ingresos no pueda acceder a servicios de carácter privado, cuando así se requiera. El uso de equipos, insumos, laboratorios, especialistas, infraestructuras, etc., del sector privado también están diseñados para atender, cuando se requiere, a alguien de menor nivel de ingresos, como fruto de subsidios del Estado en el pago de los costos de los respectivos servicios. Es una cuestión de costo no de discriminación de las personas.

Es inevitable pensar y aceptar que en las sociedades hay diferentes niveles de ingresos, igual que hay diferencias individuales entre todos los ciudadanos, en educación, en experiencias y en accesos y facilidades para los individuos. Si bien la política social de los gobiernos debe usar todas sus capacidades para minimizar esas diferencias, y los particulares, a través de sus impuestos, con la generación de empleo y con su desarrollo e inversión, contribuyen eficientemente a que las desigualdades se acerquen, no a que se distancien cada vez más.

Sin embargo, en el gobierno de Petro se quiere echar reversa a los significativos logros que el modelo de la apertura económica ha significado para el país. Ahora, por arte de birlibirloque y de su ideología de izquierda radical, con una severa inclinación anti-sector privado, anti-empresarios y anti-organizaciones privadas, de nuevo quiere estatizar lo que era privado o mixto, como ocurre con la reforma a la salud o la de las pensiones, o el control de las tarifas de energía, o las normas sobre permisos y licencias sobre hidrocarburos, o en minería o energía, por ejemplo. Exploremos los dos principales ejemplos citados, por su impacto inmediato sobre todos los ciudadanos:

La reforma a la salud, tiende a desaparecer, a través de los años, las empresas coordinadoras de las redes de servicios de salud, las EPS, y su fundamental papel de aseguramiento de la salud, al exigir transformarlas forzosamente en gestoras de salud, en la práctica tramitadoras de documentos, porque su rol científico y técnico en salud, así como la administración de los recursos se le traslada a la ADRES, organismo del Estado que canalizará los pagos a los prestadores de los servicios médicos y sanitarios (IPS). Vamos hacia centros de atención primaria esencialmente del Estado, si bien las EPS que se transformen podrían prestar estos servicios, no con completa cobertura nacional, ya que en las regiones remotas es el Estado quien debe prestarlos puesto que no son costeables para el sector privado.

En el caso de las pensiones, vuelve y juega, todas las personas con actividad laboral, dependientes o independientes, van a pasar a cotizar para su pensión obligatoriamente en Colpensiones (empresa del Estado) hasta tres salarios mínimos de ingresos. En la práctica, dado que cerca del 90% de las personas gana hasta tres salarios mínimos, el grueso de los cotizantes pasará a Colpensiones y en el tiempo desaparecerán los Fondos de Pensiones Privados (AFP), por menor número de cotizantes y por agotamiento de los recursos administrados a medida que se paguen las pensiones y no haya un volumen significativo de nuevos cotizantes, lo cual los hará inviables económicamente en el campo de pensiones obligatorias.  

Estos son algunos de los dislates de Petro, pero en la misma dirección van otras de sus las políticas para estatizar lo desestatizado en los inicios de los años 90, es decir, volver a politizar, burocratizar, “clientelizar” organizaciones y servicios eficientes que venía prestando el sector privado para llevarlos a la demagogia Estatal de la izquierda radical. ¡Qué horror! Vamos para organizaciones empresariales estatales de servicios sensibles para los ciudadanos, para volverlas del tipo de los modelos cubano o venezolano, por ejemplo, con políticos a bordo, muchas veces corruptos, y todo controlado por el Estado, como si fuera un “ser” superior, omnímodo, omnipresente y omnisciente.