EL ESTADO EFICIENTE

 Comentario 09/03/2026

 

EL ESTADO EFICIENTE

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

En 2025, el déficit fiscal de Colombia se ubicó entre el 7,1% y el 7,6% del PIB, uno de los más altos en la historia reciente, mientras que la deuda pública cerró alrededor del 62% del PIB. Para 2026, las proyecciones oficiales y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advierten que el déficit seguirá elevado (cerca del 6-7% del PIB) y la deuda podría mantenerse en una senda insostenible de más del 65% del PIB si no se corrigen los desequilibrios y el exceso de gasto público. Como contraste y comparación, en el año 2015, diez años antes, el déficit fiscal era del 3% del PIB y el endeudamiento público del 45,1% del PIB. La evolución es creciente y dramáticamente preocupante.

Además de la debilidad del Estado colombiano por su déficit fiscal y el alto endeudamiento, Colombia también presenta una gran debilidad en su sector externo. Se refiere al saldo de las relaciones de Colombia con el exterior en su balanza de importaciones y exportaciones de bienes, servicios y capitales que ingresan o salen del país, con un deterioro marcado en 2025 cuando alcanzó su peor nivel en más de medio siglo: un déficit de US$ 16.377 millones.

Concentremos la atención en el Estado colombiano, que se encuentra en una gran encrucijada fiscal como fruto del alto endeudamiento externo, del déficit presupuestal y del compromiso de las vigencias futuras que hemos heredado de gobiernos anteriores y del actual gobierno.

Los cálculos más recientes indican que el presupuesto nacional está desfinanciado en más de 40 a 50 billones de pesos; o sea, cerca de 4 a 5 reformas tributarias. Nos estamos quedando no solo con la olla raspada, financiada con más endeudamiento —lo que nos conducirá a la olla quebrada—, a todo lo cual ha contribuido una corrupción rampante y voraz de alguna parte de la clase política, de funcionarios del Gobierno, de las Cortes y de aun el sector empresarial en connivencia con los funcionarios públicos.

En Colombia, el resultado del sector privado es positivo y el del sector externo es un poco negativo, pero el del sector público es fuertemente negativo por su déficit fiscal y su endeudamiento público. Es decir, el sector público colombiano es como un remolino que se traga lo que pase por sus vecindades, conduciendo a un bajo crecimiento económico y, en ocasiones, a un negativo crecimiento en toda la economía como conjunto. Como consecuencia, si queremos realmente crecer en forma sostenible, es necesario solventar el sector público.

¿Cómo se hace esto? No es solo a punta de tributos; es con mayor eficiencia y productividad en el gasto público del Estado, sin derroches ni excesos, con un buen sistema tributario y con una muy buena asignación del gasto estatal en sectores prioritarios de carácter social o de desarrollo económico que impacten de manera sensible al crecimiento económico, tales como la infraestructura, la ciencia y la tecnología, la educación, el apoyo a sectores productivos estratégicos y generadores de inversión, de tal manera que mejoren la competitividad y que se fomenten las exportaciones y la innovación. Para hacer esto se requiere corregir el rumbo hacia la legalidad, el empresariado y la equidad, de tal manera que, al apoyar el crecimiento económico, se generen oportunidades para todos.

Para que haya desarrollo social debe haber crecimiento económico. No es posible tener buenas soluciones sociales si no se genera una dinámica económica significativa, tal que se traduzca en oportunidades reales para la ejecución de actividades productivas y la generación de bienestar para más personas cada vez. O sea, que hay que apostarle al crecimiento para generar más ocupación productiva (no necesariamente empleo formal, pero sí alternativas de actividad económica), y con ello más desarrollo y más progreso.

Sin embargo, se vuelve prioritario sanear el problema fiscal o, de lo contrario, no habrá crecimiento económico, para lo cual hay que combatir el despilfarro y la corrupción, que son, sin lugar a dudas, los mayores cánceres de la economía colombiana. Ahora, la contraprestación a las reformas tributarias es la mayor eficiencia del Estado. Es muy claro que el país debe repensar la estructura del Estado. Es increíble la cantidad de agencias, ministerios, departamentos y órganos del poder público que existen en Colombia por el lado del Gobierno Nacional. Pero, por el lado de la justicia, hoy tenemos, por ejemplo, un costoso y variado surtido de organismos nacionales de justicia (sin mencionar los municipales): la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y, a pesar de todo, hay impunidad y corrupción por todas partes.

Necesitamos un Estado eficiente —es decir, el que haga las cosas bien— y un Estado eficaz —es decir, el que las haga en el tiempo y con los costos menores posibles—. ¿Podremos pensar en desligar del gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) el imperativo de imponer su ideología política y más bien lograr gobiernos comprometidos con el progreso y desarrollo del país, ¿independientemente de su ideología?