¿Y AHORA QUÉ SIGUE?

 Comentario 04/05/2026

 

¿Y AHORA QUÉ SIGUE?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

En el gobierno de Gustavo Petro, para 2026, las proyecciones oficiales y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advierten que el déficit fiscal será de cerca del 6-7 % del PIB y la deuda podría mantenerse en una senda insostenible de más del 65 % del PIB si no se corrigen los desequilibrios y el exceso de gasto público. Como contraste y comparación, en el año 2015 —diez años antes— el déficit fiscal era del 3 % del PIB y el endeudamiento público del 45,1 % del PIB. La evolución es creciente y dramáticamente preocupante.

El duro camino que enfrenta la administración que suceda al malhadado gobierno de Gustavo Petro pasa por la asignación de recursos escasos ante necesidades diversas que exceden con mucho las disponibilidades, donde la determinación de prioridades y destinaciones es, en esencia, un asunto complejo. De antemano, puede afirmarse que ninguna necesidad podrá ser satisfecha completamente y que todas son importantes, convenientes y, en algunos casos, inaplazables. Examinemos los porqués para entender las razones y motivaciones que deben acompañar, en nuestra opinión, este proceso de decisión.

La realidad financiera y presupuestal de Colombia está muy apretada y, en la mayoría de los casos, atada a compromisos inflexibles e inmodificables. Típicamente, el presupuesto del Estado colombiano se aplica en los siguientes rubros:

Categoría	Descripción	Participación típica (Funcionamiento)
Gasto social (transferencias)	Salud (UPC), educación (SGP), pensiones, subsidios y programas sociales.	70 % – 80 %
Nómina estatal	Salarios de empleados públicos, prestaciones y aportes patronales.	12 % – 18 %
Gastos administrativos	Bienes y servicios, arrendamientos y operación de entidades.	8 % – 12 %

En consecuencia, entre el 70 % y 80 % del gasto de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) es gasto social y transferencias, mientras que entre el 20 % y 30 % corresponde a nómina estatal y gastos administrativos, que es de donde se puede recortar más, sin perjuicio de volver más eficientes los gastos sociales actuales y evitar la corrupción. Por supuesto, hay sectores estratégicos que requieren más apoyo del Estado, como la salud, la educación, la ciencia, el sector agropecuario para la suficiencia alimentaria, el combate al narcotráfico y la seguridad.

En términos de financiación, estamos ante un desfinanciamiento que el CARF ha estimado en cerca de $45$-$50$ billones de pesos, lo cual nos deja un gran dilema: ¿cómo financiamos el faltante o dónde recortamos para adaptarnos a los recursos disponibles? Profundizar el gasto público y aumentar el déficit fiscal no es una buena idea por sus efectos negativos en la inflación y en la solvencia de las finanzas públicas, salvo que los precios del petróleo ayuden. Además, mientras más nos endeudemos, más fuerte será el cargo por el servicio de la deuda, que dentro del PGN ya representa alrededor del 22 % del total. Como consecuencia, la calificación crediticia de Colombia ha disminuido hasta el grado especulativo; perdimos el grado de inversión, lo cual encarece el financiamiento externo y aleja la inversión.

También debe considerarse que las turbulencias globales influyen en la deuda: las guerras comerciales (USA-China), la debilidad de países emergentes, la inestabilidad política, las amenazas bélicas, las fluctuaciones de materias primas y el cambio climático. Por desgracia, enfrentamos también una preocupante invasión de cultivos de coca y la inestabilidad en un proceso de paz que no muestra las ventajas pretendidas y deja nubarrones de preocupación por la impunidad de los actores.

Colombia tiene el reto de simplificar los gastos del Estado, que representan cerca del 30 % del PIB. En medio de esto, hay una confrontación ideológica: la izquierda busca profundizar el gasto y la estatización, mientras que la derecha propende por un Estado pequeño pero eficiente para dar espacio al sector privado. Lo recomendable, por supuesto, es lo segundo.