LA ECONOMÍA PETRISTA

 Comentario 26/09/2022

 

LA ECONOMÍA PETRISTA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Aunque existe una variada opinión a nivel de los centros de investigación política, social y académica del mundo sobre considerar las labores del Estado como productivas o no productivas, no existe una conclusión única y los criterios son diversos. La teoría de mayor aceptación es que el Estado con sus múltiples servicios hace una contribución, pero no una producción.

Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor, si un productor industrial, compra materia prima, emplea maquinaria y equipos, insumos diversos y labor humana para hacer una transformación y fabricar un producto que luego vende en el mercado y eso le genera una ganancia, su actividad se considera como productiva en las llamadas cuentas nacionales, en las cuales se mide lo producido por el respectivo país en el año correspondiente. Si, por el contrario, en una oficina pública se hace un trámite para un ciudadano, no hay en realidad una producción cuantificable, si bien hay una contribución a un proceso que le genera un beneficio al propio interesado. Este trámite no se contabiliza en esas cuentas nacionales, por lo tanto, no queda incorporado en la medición del producto interno bruto del respectivo país en el año correspondiente.

Hay muchos otros servicios que se consideran una contribución, pero no una producción, desde el punto de vista mencionado. Para citar dos ejemplos, las labores de las amas de casa en el hogar (actividades del cuidado doméstico) o los servicios religiosos de una iglesia (actividades de carácter espiritual), son contribuciones, pero no producciones comparables a las que realizan otras actividades como la producción agropecuaria o la minera, los establecimientos de comercio, los servicios profesionales, los servicios financieros, etc., todos los cuales sí forman parte de la producción nacional.

Pues bien, el programa económico de Gustavo Petro está fundamentado en la redistribución de la riqueza a través del Estado, mediante la generación de un amplio número y valor de subsidios o beneficios a las personas consideradas vulnerables o a las comunidades marginadas, según sus propios criterios. Para ello se han planeado diversas estrategias de recaudo de impuestos y contribuciones tales que permitan financiar dichas erogaciones, sin considerar el mayor recaudo actual, producido por la reforma tributaria anterior hecha en el último año del gobierno de Iván Duque (con un crecimiento estimado para 2022 de cerca del 20% en el recaudo con relación al 2021, más del doble de la inflación esperada del 8.5% aproximadamente al cierre del año), se tramita actualmente una nueva reforma tributaria, la cual ha sido considerada por los sectores productivos como regresiva, dado el impacto que tendrá en las finanzas privadas y en los sectores económicos y especialmente en los mineros, esos sí de carácter productivo. El dinero que por esta vía recauda el Estado, se volverá gasto en subsidios, los cuales, por sí mismos, no son productivos, aunque generen bienestar a sectores de la comunidad.

Otras de las iniciativas del nuevo gobierno para obtener recursos para sus subsidios surgen de canalizar parte sustantiva de las pensiones obligatorias privadas para llevarlas a Colpensiones, la agencia estatal que las administra, cuando hoy son ahorros obligatorios de los ciudadanos en los fondos privados de pensiones para formar su propia pensión. Estos recursos serán empleados, entonces, como fuente de nuevos subsidios para quienes no tienen derecho a la pensión, por no haber cotizado durante su vida laboral o productiva. Aparentemente, una loable labor pero llena de populismo y de problemas, como, por ejemplo, trasladar el costo (deuda + intereses) del nuevo subsidio a las finanzas públicas, ya que los déficit de Colpensiones están a cargo del Estado y también porque no habrá nuevas generaciones de jóvenes para subsidiar con su ahorros pensionales a los viejos, como ocurre con los sistemas de prima media o de reparto estatales como el de Colpensiones, a diferencia de los de ahorro individual de las instrucciones privadas, máxime cuando la esperanza de vida ha crecido sustancialmente y el período de pago de su pensión se extenderá.

El otro frente de recursos surgirá de la salud, ya que la iniciativa del gobierno Petro es que el sistema sea administrado por el ministerio de salud, sin la intervención del aseguramiento y la administración que hacen las EPS. De nuevo un error pensar que la prestación de los servicios de salud de clínicas, hospitales, centros de atención, laboratorios, paramédicos, farmacéuticas, etc., pueden ser contratados y pagados directamente por el ministerio de salud, apoyado en las instancias de los gobiernos municipales, todo lo cual hará que el sistema de salud se vuelva un verdadero caos y una gran fuente de corrupción. Si bien algunas no han estado exentas de problemas de corrupción, la salida de varias EPS, por cancelación de su operación, habla claramente de la complejidad de operar la salud de los colombianos, hoy considerada de buena cobertura y razonable calidad. Si por la vía de la administración directa del pago de los recursos de la salud por el Estado, y no por las EPS, se generan otros subsidios del gobierno, el sistema, quedaría desfinanciado.

Claramente hay que afirmar que los recursos de la salud o de las pensiones que surgen de las cotizaciones de los ciudadanos, no son recursos del Estado, sino de los propios ciudadanos aportantes. Deberían estar en reservas apropiadas para dar cumplimiento a esas y no a otras obligaciones. No puede ser que por el camino de la exacción o apropiación del Estado de más y más impuestos y de más y más recursos de la salud y de las pensiones, el gobierno se vuelva un generador interminable de subsidios, los cuales conducen a una enorme dependencia de los ciudadanos por el fomento al asistencialismo y su no participación en actividades productivas. No más ver el caso de Estados Unidos, donde, existiendo demanda de trabajadores en muchas actividades productivas, no hay oferta de mano de obra, porque los ciudadanos en edad de trabajar se acostumbraron a la vida de los subsidios.

Si como en estos ejemplos la política económica de Petro se convierte en una continua demanda y apropiación de los recursos de las personas y los sectores productivos, para financiar un Estado asistencialista, tendremos la circunstancia de que unos deben trabajar para otros vivir “sabroso”, y eso no puede ser así. Todos somos ciudadanos y todos tenemos derechos, deberes y responsabilidades con nosotros mismos y con toda la comunidad. La solución está en estimular el crecimiento económico para generar mayores fuentes de ingresos privadas y públicas y que, por esta vía, se aminoren poco a poco los problemas sociales. Pero el programa de Petro apenas si habla de industrialización, sin indicar cómo, y de agotamiento por extinción de otros sectores productivos, especialmente los productores de hidrocarburos, bajo el prurito del cuidado del medio ambiente, donde Colombia tiene una mínima participación en la generación de gases de efecto invernadero, más por la deforestación, que por el consumo de energías no renovables.

No es bueno ni sano el camino del Estado asistencialista y populista que el gobierno Petro nos está proponiendo. Por ahora, todos serán elogios, especialmente de sus copartidarios, pero luego vendrán los llantos.