LOS DISLATES DE PETRO

 Comentario 26/06/2023

 

LOS DISLATES DE PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Uno de los mayores logros del país en los años 90s, con la apertura económica, y con la constitución del 91, fue el haber avanzado en la concepción amplia de admitir la participación del Estado y también del Sector Privado en la prestación de servicios críticos que se reservaban, frecuentemente, al Estado. Estamos hablando de servicios sensibles y de contenido social como la energía, la educación, la salud, las pensiones, la infraestructura y el bienestar ciudadano, por ejemplo. Nadie duda actualmente del enorme progreso y los beneficios que el país y su ciudadanía han recibido de tan importante regulación, la cual permitió mayor intervención del sector privado en la economía antes circunscrita al Estado y en algunos casos la privatización de tareas que previamente se cumplían en forma ineficiente y corrupta, como, lamentablemente, ocurren en muchas empresas del Estado.

Aunque algunas ideologías políticas le dan primacía al Estado sobre sobre el sector privado y en otras, lo contrario, lo cierto es que en el mundo contemporáneo ambas formas de prestación de servicios y de protección de riesgos sociales deben coexistir, con orientaciones distintas, por supuesto, pero complementarias: el Estado con un fuerte enfoque y énfasis en lo social y en la superación de la pobreza y la desigualdad y el sector privado, en la prestación de servicios eficientes, con avance tecnológico, innovación y niveles de atención con gran calidad y oportunidad, para afrontar su competencia nacional o internacional e inducir la preferencia de sus clientes.

Como es obvio, la motivación del Estado en la prestación de servicios los cuales, con alto contenido social y de subsidios, están dirigidos a poblaciones vulnerables o de bajo nivel de oportunidad y de ingresos, quienes no tendrían mayores facilidades de satisfacer sus necesidades sin los apoyos del Estado. Por el contrario, los servicios particulares van enfocados, generalmente, a un público con nivel de ingresos superiores, demandante de servicios diferenciados y de mayor calidad u oportunidad.

Ambos tipos de servicios, privados y públicos son diferentes, no sólo por su origen, además, por las fuentes de financiación y por sus modelos de gestión. Mal haríamos en tratar de unificarlos, uniformarlos o integrarlos. Son estructuras gerenciales, modelos de operación, aplicaciones científicas, infraestructuras, ubicaciones geográficas y diseño de soluciones de servicios diferentes. No es que una persona de menores ingresos no pueda acceder a servicios de carácter privado, cuando así se requiera. El uso de equipos, insumos, laboratorios, especialistas, infraestructuras, etc., del sector privado también están diseñados para atender, cuando se requiere, a alguien de menor nivel de ingresos, como fruto de subsidios del Estado en el pago de los costos de los respectivos servicios. Es una cuestión de costo no de discriminación de las personas.

Es inevitable pensar y aceptar que en las sociedades hay diferentes niveles de ingresos, igual que hay diferencias individuales entre todos los ciudadanos, en educación, en experiencias y en accesos y facilidades para los individuos. Si bien la política social de los gobiernos debe usar todas sus capacidades para minimizar esas diferencias, y los particulares, a través de sus impuestos, con la generación de empleo y con su desarrollo e inversión, contribuyen eficientemente a que las desigualdades se acerquen, no a que se distancien cada vez más.

Sin embargo, en el gobierno de Petro se quiere echar reversa a los significativos logros que el modelo de la apertura económica ha significado para el país. Ahora, por arte de birlibirloque y de su ideología de izquierda radical, con una severa inclinación anti-sector privado, anti-empresarios y anti-organizaciones privadas, de nuevo quiere estatizar lo que era privado o mixto, como ocurre con la reforma a la salud o la de las pensiones, o el control de las tarifas de energía, o las normas sobre permisos y licencias sobre hidrocarburos, o en minería o energía, por ejemplo. Exploremos los dos principales ejemplos citados, por su impacto inmediato sobre todos los ciudadanos:

La reforma a la salud, tiende a desaparecer, a través de los años, las empresas coordinadoras de las redes de servicios de salud, las EPS, y su fundamental papel de aseguramiento de la salud, al exigir transformarlas forzosamente en gestoras de salud, en la práctica tramitadoras de documentos, porque su rol científico y técnico en salud, así como la administración de los recursos se le traslada a la ADRES, organismo del Estado que canalizará los pagos a los prestadores de los servicios médicos y sanitarios (IPS). Vamos hacia centros de atención primaria esencialmente del Estado, si bien las EPS que se transformen podrían prestar estos servicios, no con completa cobertura nacional, ya que en las regiones remotas es el Estado quien debe prestarlos puesto que no son costeables para el sector privado.

En el caso de las pensiones, vuelve y juega, todas las personas con actividad laboral, dependientes o independientes, van a pasar a cotizar para su pensión obligatoriamente en Colpensiones (empresa del Estado) hasta tres salarios mínimos de ingresos. En la práctica, dado que cerca del 90% de las personas gana hasta tres salarios mínimos, el grueso de los cotizantes pasará a Colpensiones y en el tiempo desaparecerán los Fondos de Pensiones Privados (AFP), por menor número de cotizantes y por agotamiento de los recursos administrados a medida que se paguen las pensiones y no haya un volumen significativo de nuevos cotizantes, lo cual los hará inviables económicamente en el campo de pensiones obligatorias.  

Estos son algunos de los dislates de Petro, pero en la misma dirección van otras de sus las políticas para estatizar lo desestatizado en los inicios de los años 90, es decir, volver a politizar, burocratizar, “clientelizar” organizaciones y servicios eficientes que venía prestando el sector privado para llevarlos a la demagogia Estatal de la izquierda radical. ¡Qué horror! Vamos para organizaciones empresariales estatales de servicios sensibles para los ciudadanos, para volverlas del tipo de los modelos cubano o venezolano, por ejemplo, con políticos a bordo, muchas veces corruptos, y todo controlado por el Estado, como si fuera un “ser” superior, omnímodo, omnipresente y omnisciente.

LEGITIMIDAD Y BUEN GOBIERNO

 Comentario 19/06/2023

 

LEGITIMIDAD Y BUEN GOBIERNO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Nota: Los hechos históricos de este comentario son tomados de diferentes páginas web.

 

Por supuesto que cada gobernante tiene o debe tener su ideología política la cual guiará su obra de gobierno, pero una cosa es la ideología y otra, muy distinta, es el buen gobierno. Hagamos primero una pequeña discusión sobre los partidos políticos tradicionales en Colombia, los cuales, después de la violencia política entre liberales y conservadores en los años 50, finalmente acordaron y firmaron el frente nacional que permitió la pacificación del país por la alternancia entre gobiernos de corte liberal y de corte conservador, respectivamente, en los períodos que a cada partido correspondían. El Frente Nacional fue un pacto o acuerdo político entre esos partidos, vigente en Colombia entre 1958 y 1974. Las principales características de este período fueron la alternancia de la presidencia durante cuatro períodos constitucionales de gobierno de coalición, la distribución de los ministerios y de la burocracia en las tres ramas del poder público (ejecutiva, legislativa y judicial). En este período, el candidato presidencial era elegido por acuerdo bipartidista, y la distribución igualitaria de las curules parlamentarias se mantuvo vigente hasta 1968. El principal objetivo de este acuerdo político fue acabar de consolidar la pacificación y contribuir a la reorganización del país luego del régimen de Gustavo Rojas Pinilla, quien quería perpetuarse en el poder y formar una dictadura. Ese acuerdo de partidos funcionó bastante bien pues sus gobiernos tuvieron ideologías partidistas, pero con legitimidad democrática, sin dejar de afirmar que ese período político del país dejó algunas inquietudes.

El problema, es este caso, no estuvo en la bienvenida pacificación del país frente a la violencia partidista, sino en la exclusión de terceras ideologías que no participaron en ese acuerdo político y que representaban otras tendencias ideológicas diferentes, especialmente de izquierda, lo cual derivó en intensas confrontaciones políticas en las votaciones y campañas que se sucedieron luego de la terminación del frente nacional y en acusaciones sucesivas de unos gobiernos hacia otros, alimentando una intensa polarización entre los ciudadanos. Sin embargo, hoy el país tiene, por primera vez en sus más de 200 años de historia republicana, un gobernante de la izquierda radical que se autodenomina como progresista, con una visión estatista, autoritaria, populista y autocrática.

Tras el asesinato de Luis Carlos Galán, en 1989, se dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para las elecciones de 1990. Las desmovilizaciones de los grupos guerrilleros, del Movimiento 19 de abril (M-19) en 1990, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame en 1991, contribuyeron a crear un ambiente social en el que la transformación del país por la vía política y jurídica se veía como el camino más promisorio. El movimiento estudiantil promocionó la Séptima papeleta para las elecciones legislativas de 1990. La Corte Suprema de Justicia reconoció la mayoritaria voluntad popular validando esos votos. En diciembre de 1990 se convocaron a comicios para elegir los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó la nueva constitución el 4 de julio de 1991. Los presidentes de la constituyente fueron una mezcla variopinta de pensamientos, tales como: Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional de origen conservador, Horacio Serpa por el Partido Liberal y Antonio Navarro Wolff por la Alianza Democrática M-19. De esta forma, la historia de Colombia tuvo un giro sin precedentes al considerar el espectro completo de ideologías en el nuevo acuerdo social, la Constitución de 1991, ya que no solo se logró un cambio constitucional sino también que el grupo guerrillero M-19 entregó las armas y se integró a la vida política nacional y a las comunidades indígenas se les garantizó representación en el Congreso de la República. Esto demuestra que puede haber colaboración armónica entre diferentes ideologías, por el bien del país, pero siempre que haya legitimidad.

Ahora, durante los últimos años, las diferencias ideológicas de los partidos políticos en Colombia y el reconocimiento e importancia de esos partidos o grupos políticos opositores se ha ido desdibujando, desde las convicciones de “tuerca y tornillo”, en personas que por tradición y aún sin entender cuáles eran esas diferencias, al final terminaban blandiendo el trapo rojo, el verde, el amarillo o el azul, colores emblemáticos de los individuos de la izquierda, de centro o las de derecha, respectivamente. De hecho, el desprestigio de los partidos políticos por problemas de corrupción y clientelismo, así como la pérdida de legitimidad de algunos de sus representantes en el Congreso de la República como órgano legislativo, es evidente. Según las diferentes encuestas de opinión, la credibilidad de la clase política es muy baja y su escaso liderazgo es consecuencia no de sus ideas sino por sus conductas clientelistas, corruptas, politiqueras, burocráticas y demagógicas. En sentido contrario y para no generalizar, algunas personas de la clase política tienen reconocimiento y aceptación como dirigentes con ideas y realizaciones serias, pero no por el partido al cual pertenecen, sino por sus calidades individuales como dirigentes.

Según los estudios y análisis realizados sobre los innumerables partidos que hay en Colombia (como 30 actualmente, que horror, verdaderas maquinarias de avales), se demuestra que, en la práctica, las diferencias surgen de la aceptación de las personas que los lideran más que del ideario que representan. El transfuguismo, es decir el cambio frecuente de partido o de grupo político, por intereses meramente electorales, burocráticos o por beneficios económicos, demuestra que la ideología les destiñe a esas figuras, a veces luminarias de la política, quienes, al final, no “saben” a nada, sus arraigadas convicciones son ninguna. Son “máquinas” tramitadoras de temas políticos al servicio de quien más beneficios les ofrezca. De ideología, prácticamente muy poco contenido, aunque vociferen en sus discursos de plaza pública en la búsqueda de incautos seguidores.

Pero, en el marco de la Constitución de un país, una vez aprobada, deben caber las diferentes tendencias políticas y sus distintos enfoques sobre el Estado, la sociedad, el libre mercado, la propiedad privada, el régimen de libertades y las normas sobre equidad e igualdad, como se hizo con la Constitución de 1991 en Colombia. En consecuencia, con la pérdida en la significación de los partidos políticos y sus ideologías, los representantes de dichas instituciones deberían tener un compromiso mayor por el buen gobierno, el crecimiento y el desarrollo del país para generarle a los colombianos oportunidades diversas y en toda la geografía, tales que, efectivamente, los ciudadanos, sin distingo alguno, dispongan de más progreso y bienestar.

El mismo gobierno de Petro, respetando su ideología, debería ser una fuente de legitimidad y buen gobierno, pero, hasta ahora, sólo exhibe un discurso con ideología radical y confrontación total con los ciudadanos que no comparten sus reflexiones políticas, su credibilidad está sometida a juicio por un sinnúmero de escándalos y sus realizaciones prácticamente son muy pocas. Más buen gobierno, legítimo, creíble y serio y menos consignas políticas, es lo que necesitamos: Acciones y ejecuciones de desarrollo y crecimiento, no discursos y proclamas de tinte político radical.

LAS LÍNEAS ÉTICAS

 Comentario 12/06/2023

 

LAS LÍNEAS ÉTICAS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Los “Petrovideos” es el nombre que le dio la Revista Semana a las comunicaciones de la campaña presidencial de 2022 del presidente electo de Colombia Gustavo Petro. En dichos videos se observaban dos personajes reconocidos por el país: Sebastián Guanumen (politólogo de una universidad rusa) y Roy Barreras, quienes eran dos de los asesores de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Guanumen se hizo famoso por su frase de “correr la línea ética”, refiriéndose a las estrategias de campaña de desprestigio de otros candidatos que debían utilizarse en la campaña de Petro. Ambos asesores han sido premiados por el gobierno, Guanumen fue nombrado cónsul en Chile y Barreras (maestro del transfuguismo político entre partidos) llegó a ser presidente del Senado a nombre del pacto histórico y recientemente escogido como embajador de Colombia en el Reino Unido.

Se recordará que en esa campaña se generó una enorme controversia por la publicación de varios de esos videos del Pacto Histórico en sus reuniones, en donde algunos de sus miembros hablan de las estrategias en contra de los adversarios políticos, como Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, quienes estuvieron en carrera a la presidencia. Todo lo cual es un delito.

Sobre Federico Gutiérrez, por ejemplo, claramente se escucha cuando Guanumen dice: “Necesitamos empezar a generar contenido que podamos sacar por distintas redes y distintos canales de WhatsApp atacando a ‘Fico’. ¿Cómo lo vamos a atacar? Por sus relaciones con el narcotráfico, por su mala gerencia en la Alcaldía. Con las redes de poder que tiene detrás. Hay que vender a ‘Fico’ como una marioneta”.

En esa oportunidad también, otro notable asesor de la campaña de Petro, Armando Benedetii (también reconocido transfuguista político), quien actuó como jefe de la campaña a la presidencia del Pacto Histórico y de Petro decía: “Esos “petrovideos” no llegaron a ser graves debido a que Petro nunca habla ahí despectivamente de nadie. Eso es lo chistoso, en los “petrovideos” no hablaba Petro. Los bautizaron mal”. Parece que eso es verdad, Petro no hace, lo hacen sus asesores, pero Petro sí decide, todo lo decide él. Ahora, las revelaciones de Armando Benedetti en las últimas semanas son el más duro golpe a la favorabilidad y a la gobernabilidad de Petro hasta ahora. Según afirmó, prácticamente la campaña electoral de Gustavo Petro fue un mar de fraudes de todo tipo: volarse los topes, compra de votos, publicidad mal intencionada, golpes bajos, intrigas, dineros, non sanctos, aportes mafiosos, arreglo con narcotraficantes para aumentar sus votos, y como siempre en la izquierda, demagogia y falsas promesas, etc., etc.

De toda la vida sabemos que la política es “turbulenta” a veces, “truculenta” otras ocasiones y en otras circunstancias, “torcida”, y esas 3 “t” las practicó y las practica Gustavo Petro. Esto le ha hecho y le hará daño al país y su sistema electoral, sus partidos y su clase política, por muchos años, especialmente al pacto Histórico y a los partidos de la coalición de gobierno. Los ciudadanos hemos perdido la credibilidad y la confianza en este gobierno sinuoso y en sus aliados políticos.

Sin embargo, la campaña es una parte nada más del daño de Petro, su gobierno ha sido aún peor, mencionemos algunos hechos para hacer consciencia de lo que nos está pasando, si bien muchas de las cosas están todavía sometidas a investigaciones por distintos órganos de la justicia, pero “cuando el rio suena, piedras lleva”:

• Las bolsas llenas de dinero que el propio Gustavo Petro recibía y contaba (¿ Por qué será que en diferentes ocasiones tantos líderes políticos de la izquierda latinoamericana han sido vinculados a maletas con billetes?.
• El pacto de la cárcel de la Picota con narcotraficantes para darles beneficios a cambio de votos, donde quedó comprometido su hermano Juan Fernando Petro y otros miembros de su partido político.
• Las acusaciones de dineros non sanctos en la campaña, recibidos por su hijo Nicolás Petro, los cuales, por un lado, no están reflejados en las cuentas de la campaña ni en su origen ni en su monto, y, sobre los cuales, el propio hijo obtuvo beneficios para su patrimonio y disfrute.
• El dinero robado en una maleta (dólares y pesos, ¿por cuánto valor es todavía un misterio?) en la casa de Laura Sarabia su jefe de gabinete. Los polígrafos y las chuzadas a Merelbys y Fabiola, empleadas de Sarabia y acusadas de robo. El señalamiento de estas empleadas como miembros del clan del golfo para poderlas chuzar.
• Y como hemos dicho, en las últimas semanas, las nuevas declaraciones de Armando Benedetti, su entrañable jefe de la campaña, donde la compromete en temas tales como dineros sucios, fuera de topes de campaña, con compra de votos y lavado de activos, entre otros delitos. Hay quienes afirman que ese dinero proviene de Maduro y de clanes de mafiosos en la Costa (¿es así?).
• Quién sabe cuántas ollas más podridas hay por destapar, pero por todos lados en el Gobierno de Petro “huele mal”.

No puede ser para el país, en medio de sus dificultades, y del entorno económico en franco deterioro, que su gobierno sea el de las “líneas éticas corridas”, el cual ha creado un ambiente de confrontación política agudo, de lucha de clases, de menosprecio por la clase empresarial, del “todo vale”, como perfiles de su actuación política. Y ni hablar de su actuación económica, llena de sesgos y prejuicios por supuestas razones de equidad social, defensa del medio ambiente y de la firma de la “paz total”, todo lo cual ha agudizado los problemas de seguridad, por un lado, y de desestimulo a la actividad empresarial por el otro, sin desconocer el sentimiento de frustración, no futuro, angustia, temor, desconfianza y rechazo en buena parte de la ciudadanía, entre ellos, los jóvenes que lo apoyaron, lo cual se refleja en las encuestas de opinión con una desfavorabilidad ya superior al 60%.

Al lado de las líneas éticas corridas, también se encuentran el “valle de los caídos”, quienes han perdido los “favores” de Petro, según afirman algunos, y “el mar de los arrepentidos”, con el talante y la evolución de su gobierno, según consideramos los que no lo votamos y muchos que sí lo apoyaron en su campaña y elección.

 

EL GOLPE BLANDO

 Comentario 05/06/2023

 

EL GOLPE BLANDO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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En razón al estilo de confrontación permanente del presidente Gustavo Petro a través de su Twitter, con mensajes diarios de agresión, rechazo, ataque, desafío o descalificación de las opiniones contrarias, que diferentes medios y líderes de opinión manifiestan sobre su obra de gobierno, de su ideología, de su estilo y/o de su pobre ejecución, se ha establecido un ambiente de agudización en la polarización política entre petristas y antipetristas, cada vez más pugnaz y, en ocasiones, con voces verdaderamente altisonantes. Todo esto es lo más ajeno a la concordia ciudadana y el buen gobierno que debe pregonar una administración elegida para procurar el progreso y bienestar de todos los colombianos, independientemente de su color o convicción política. El estilo de gobierno del presidente Petro no favorece el concierto de las fuerzas políticas, empresariales, sociales y ciudadanas del país, por el contrario, su talante autocrático, autoritario, imperativo y dogmático, lleno además de populismo, se convierte en un constante motivo de confrontación y de pérdida de su popularidad de menos del 35% que unos meses atrás era de cerca del 55%-60%.

Pues bien, y para citar el hecho más reciente, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro manifestó que, según él, se le ha estado quitando poder de voto a los congresistas del Pacto Histórico mediante “decisiones administrativas”, refiriéndose a ello como un 'golpe blando', como es el caso de la perdida de la calidad de congresista del expresidente del Senado, el influyente Roy Barreras y de la controversia en la elección del Contralor, Carlos Hernán Rodríguez, por vicios de procedimiento en su elección, atribuibles al mismo Barreras y al presidente de la Cámara, David Racero. O el caso de Alex Flórez, senador del pacto histórico, suspendido temporalmente por la Procuraduría por hechos bochornosos contra la policía en un hotel en Cartagena. Todos ellos miembros connotados del grupo político del Pacto Histórico y de la entraña del presidente.

Cualquier manifestación de oposición o contradicción con la opinión del presidente es considerada por él, los miembros de su gobierno o sus correligionarios políticas como parte del “golpe blando”, de una persecución no justificada a los miembros de su partido, lo cual, en realidad, es una diferencia de opinión y no una manifestación de “golpe bajo”, entendido este como el deseo de tumbar su gobierno y sustituirlo por otro, sin definir cuál o cómo. Los del pacto histórico controvierten hasta con su propia sombra y continuamente incitan a las “calles” para buscar la aprobación que no encuentran en el Congreso o en las Cortes donde deben tramitar sus iniciativas no en balcones, plazas y calles.

Hay un error fundamental en los miembros del gobierno al considerar que la elección del presidente Petro, habilita como conveniente y aprobado para el país las propuestas de su campaña, las reformas de su gobierno y las iniciativas sociales que trata de poner en marcha, sin consultar las capacidades, necesidades, realidades y conveniencias del propio país o de otros sectores de la opinión.

Igual que cualquier otro gobierno, el de Petro debe tramitar, por los cauces institucionales y dentro de la constitución y las leyes, las iniciativas que quiere volver realidades en el desenvolvimiento del país y contar con las mayorías para su aprobación. Muy tempranamente el propio Petro deshizo la Coalición de Gobierno que había creado con los partidos Liberal, de la U y Conservador, ahora no tiene “maquinaria “ en el Congreso y se siente desesperado para el trámite de sus iniciativas, acudiendo a acciones de “lentejismo” (oferta de beneficios o prebendas individuales a cambio de aprobación de sus iniciativas) con los miembros de los partidos, cuando los directores de los mismos grupos políticos le han dado su opinión de calificarse como partidos independientes y de tener convicciones contrarias a lo que quiere imponer Petro, obrando en comunión con los partidos de Cambio Radical y del Centro Democrático que están firmemente en la oposición al gobierno, como es su derecho constitucional.

Lo mismo ocurre con el visto bueno que la Corte Constitucional o el Consejo de Estado deben impartir a las nuevas leyes o a las acciones de gobierno, respectivamente, así como las posiciones opuestas, constitucionales y legales, de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Para el gobierno Petro estos son requisitos accesorios, que no deberían limitar su ímpetu autoritario y autocrático de gobierno y la aprobación inmediata de sus iniciativas. Tremendo lio para que Petro y sus funcionarios entiendan que la constitución política de Colombia consagra la independencia de poderes y la no injerencia de unas sobre otras ramas del poder, pero con el estricto cumplimiento de lo mandado por la Constitución. Además, la existencia de organismos independientes de investigación y control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tampoco son bien aceptados y acatados por Petro, como se ha dicho.

Es casi inverosímil, por ejemplo, que el presidente afirme que los detenidos de la primera línea por los destrozos ocasionados en bienes públicos, privados, a los empresarios o a la propia ciudadanía en las manifestaciones sociales en los años anteriores, corresponden a una decisión inopinada de la Fiscalía y/o la Procuraduría, cuando han sido condenados por los delitos cometidos y por sentencias de jueces de la república. Él, Petro, se comprometió en campaña a liberarlos y ahora que ve que no lo puede hacer, busca culpables por otros lados, ya que es uno de sus estilos favoritos: o mentir, en unos casos, o desplazar las culpas a terceros dentro o fuera del gobierno, en otros casos, nunca será el directo responsable de nada, aunque todo lo decide en su estilo personal y de gobierno.

La pérdida de popularidad y la falta de aprobación de sus proyectos, está conduciendo al actual gobierno a una situación de desespero que se verá agravada en las elecciones municipales y departamentales que se realizarán en el segundo semestre, en las cuales creo que habrá un verdadero plebiscito con una votación contraria a la corriente de Petro, por su ineptitud, pocas realizaciones y mal gobierno. Este no será un golpe blando. Será un golpe duro para su gobernabilidad y credibilidad. En el pasado el presidente de México no encontró respaldo en un plebiscito para su reafirmación, Chile y España ya le han dado la negativa recientemente a las iniciativas de la izquierda radical, así puede ocurrir en Colombia también.

LOS ROLES DE LOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS

 Comentario 29/05/2023

 

LOS ROLES DE LOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Aunque no existe una definición única, en general se acepta que el Estado es una forma de organización política de una comunidad (los ciudadanos de una nación) que viven en un territorio determinado (su geografía), y están sometidos a una constitución (las leyes que los rigen), a unos los órganos de gobierno (el poder público), y a unas instituciones que ejercen poder para organizar la población y el territorio.

Normalmente, en los Estados modernos, existen tres poderes diferenciados: legislativo, ejecutivo y judicial, así: Poder legislativo: Encargado de elaborar las leyes que rigen el Estado; Poder ejecutivo: Es el encargado de administrar el Estado. En un régimen presidencialista este poder lo ejerce el presidente, quien es elegido democráticamente a través del voto popular. En un régimen parlamentario, lo ejerce un primer ministro que preside el gobierno, el cual se forma según los acuerdos entre los partidos; y finalmente, el Poder judicial: Encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley.

Estos tres poderes deben ser independientes entre sí. De esta forma, un poder no controla a los otros, aunque sí puede vigilarlos e interactuar con ellos en forma armónica para el beneficio de toda la comunidad. Asimismo, se les puede diferenciar por los distintos encargos que deben cumplir, pues el Estado tiene la función de legislar (elaborar leyes), ejecutar (llevar a cabo la administración estatal) y enjuiciar (a través del poder judicial).

Ahora, lo más importante de un Estado es su relación con la sociedad, la cual está imbuida de las conductas políticas de los gobernantes de turno, es decir, no todos los gobiernos se relacionan de igual manera con los ciudadanos, su propiedad privada, sus derechos y deberes y sus actividades económicas. Además, el concepto de propiedad y el de la libertad para ejercer iniciativas privadas son determinantes para entender el tipo de sociedad de cada nación.

También, la función del Estado, como un todo, puede, en sí misma, tener una orientación, desde un Estado plenamente liberal hacia un Estado social de derecho, como es Colombia actualmente, y luego de la constitución de 1991. El rol del Estado Social de Derecho en Colombia propende no sólo por la igualdad de derechos y deberes para todos, sino, además, por suprimir la desigualdad social. Con el término ‘social’ se señala que la acción del Estado debe dirigirse a garantizar a los ciudadanos condiciones de vida dignas, en todo lo posible. Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad de la Constituyente de 1991 en torno al Estado no se reduce a exigir que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se proponga contrarrestar las desigualdades sociales existentes y a ofrecerle a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales. Sus propósitos poseen mayor alcance y tienen en cuenta, entre otros, fomentar la prosperidad general, asegurar la eficacia de las normas, derechos y deberes estipulados en la Constitución, permitir la intervención de todos en las determinaciones que repercuten en ellos a través de la opinión y el voto, e incidir, por lo tanto, en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, para garantizar el ejercicio de un orden justo.

Para esto, el Estado Social de Derecho en Colombia dispone de facultades de participación en la economía, las cuales deben estar enfocadas a conseguir los propósitos generales del Estado y los objetivos específicos de la intervención económica enunciados fundamentalmente en el artículo 334 de la Constitución de “asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos” (art. 334 de la C.P., inc. 2°).

El alcance del principio de Estado Social de Derecho en Colombia respecto de la relación entre las autoridades y las personas individualmente consideradas es bastante amplio, y se ve reforzado por los principios fundamentales de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad (art. 1° de la C.P.) y la igualdad (art. 13 de la C.P.). De hecho, los rubros de mayor peso en el presupuesto público de Colombia son salud, educación, la protección y el bienestar social, los cuales representan un poco más del 60% de las erogaciones. Si se excluye el servicio de la deuda, este porcentaje sería de cerca del 80%. Entendido el concepto de Estado social de derecho, como promotor del bienestar para todos los ciudadanos, sin embargo, la profundidad de su intervención en los intereses privados varía de grado y orientación en dos ámbitos diferentes:

Por un lado, en materia de propiedad, desde una propiedad individual hasta una propiedad que busca ser colectiva. Por supuesto, y por definición, la propiedad colectiva busca ser más social, solidaria y más igualitaria, que la propiedad exclusivamente individual. Si bien la constitución colombiana proclama que, de todas maneras, la propiedad privada, siendo privada, tiene una función social y por eso está sometida a gravámenes de diferente tipo y a regímenes de aprobación o licencia previas para su uso y disfrute, en muchos casos. Además, en situaciones en las cuales razones de utilidad pública o interés social resulten en conflicto, el interés privado deberá ceder al interés público o social. Este límite de la propiedad privada presupone que exista una ley previa que defina los motivos de utilidad pública o de interés social. De allí, que ciertos proyectos privados tengan que consultar un rasero público social, económico, ambiental o comunitario, para poderse ejecutar.

Por otro lado, la participación del Estado en el desenvolvimiento económico del país puede ser de una característica muy interventora y ejecutora, por sí misma, o de una condición más supervisora de la actividad privada para evitar los exceso y abusos de las empresas e intereses monopólicos, oligopólicos o dominantes. La orientación, entonces, de los Estados democráticos según su inclinación constitucional o la específica intención política de sus gobernantes variará desde una orientación social-democrática hasta una orientación capitalista-democrática.

No hablamos de Estados comunistas donde hay restricción a las libertades civiles ni de los Estados exclusivamente neoliberales, ni tampoco de corrientes políticas tales como: liberalismo, conservatismo, progresismo, anarquismo, fascismo o comunismo, entre otros grados y matices que puedan existir. Estos últimos son ideologías que los gobernantes llevan a su estilo de gobierno, aún dentro de una misma constitución.

En general, el intervencionismo de Estado, con gobiernos que tratan de ser injerencistas, limita la iniciativa privada y termina por anular la competencia y la competitividad empresarial, al concentrar muchas actividades en cabeza del Estado, con los problemas de corrupción, ineficiencia y politiquería que los suele acompañar, restándole oportunidad a los particulares para realizar su labor de progreso y bienestar.

¿EXODO USA?

 Comentario 22/05/2023

 

¿EXODO USA?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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En los últimos años hemos visto con horror el éxodo de ciudadanos de diferentes nacionalidades hacia USA, especialmente gentes suramericanas y centroamericanas para buscar un espacio y una oportunidad económica y social diferentes a la de sus países de origen. Lamentablemente, estas migraciones no son legales y no pasan por trámites formales para el ingreso a ese soberano país, quien dispone de unas leyes, normas, trámites y reglamentos para dar regularidad a los miles de ciudadanos que las realizan con la oportunidad y el rigor necesarios, lo cual les permite acceder a facilidades laborales y de bienestar social en dicho país. De hecho, desde su origen como nación, EE UU ha sido considerado como un país de emigrantes, desde muchas geografías del mundo, lo cual le ha dado características de diversidad ciudadana, cultural, social y de habilidades técnicas y científicas, que lo han llevado a ser un país con gran desarrollo y con una constitución política democrática.

Son causas excepcionales para el ingreso a USA las razones de violencia o las de persecución política en los países de origen de los solicitantes de visas y permisos de permanencia y trabajo, pero, aún, en dichos casos, se aprueban con el pleno cumplimiento de los requisitos. La emigración incontrolada de ciudadanos desesperados se origina en la realidad de exclusión, pobreza o persecución de sus países o a veces impulsados por las llamadas bandas de “coyotes” que supuestamente les “facilitan” los caminos y las rutas de traslado, a cambio de jugosos pagos en dólares.

Los colombianos somos testigos, en los últimos años, de dos hechos que enfatizan esta realidad: el éxodo de venezolanos especialmente hacia Colombia, como país alternativo, y el éxodo de sudamericanos y aún africanos y asiáticos a través del Tapón del Darién, así llamado por lo peligroso y cerrado de la selva que comunica a Colombia con Panamá. Es cierto que muchos venezolanos han encontrado refugio en Colombia y en otros países de Suramérica, pero demasiados son los que forman parte de ese éxodo a través del Urabá chocoano. El Tapón del Darién es el punto final en Colombia de una migración que va en aumento. Entre 100 y 200 migrantes atraviesan cada día el mar Caribe, desde Necoclí hasta el corregimiento de Capurganá, para seguir su camino y adentrarse en la selva del Tapón del Darién en la ruta que pasa por Centroamérica y finaliza en Estados Unidos y Canadá.

Los videos que se han filmado de esos “ríos” de migrantes, con composiciones étnicas, de edades y condiciones tan disímiles, son una verdadera ofensa a la humanidad, un despiadado abuso de los traficantes, y una desnuda realidad de lo que han dejado atrás en sus países. No es fácil comprender cómo alguien se atreve a hacer dichas trochas, húmedas, llenas de fango, peligrosos insectos y reptiles, empinados caminos, condiciones inclementes, falta de agua y alimentos, falta de cobijo adecuado y ni siquiera el calzado que llevan les permite un seguro caminar en esas condiciones tan resbalosas y de agreste geografía. Muchos han muerto en esa travesía, de los cuales nadie tiene ni registro ni recuerdo.

¿Por qué sucede todo esto? Cada país tendrá que dar su respuesta; desde mi punto de vista hay dos grandes explicaciones:

• La falta de oportunidades reales en los países de origen de los emigrantes, o sus condiciones de violencia guerrillera armada, la persecución política o la violencia común, no les deja opciones de vida digna a miles de ciudadanos, todos los cuales tienen derecho a construir un futuro de progreso y bienestar. Si los gobernantes de estos países fueran conscientes del daño que hacen a sus conciudadanos con sus actitudes de falta de compromiso con la generación de oportunidades y el combate a las violencias de todo tipo, y que, en lugar de enfrascarse en la polarización, la ineficiencia, la corrupción y la politiquería, lo hicieran en establecer programas y proyectos que potenciarán la economía y el desarrollo de sus países, con lo cual le pondrían un pilar enorme a la solución del éxodo USA.
• Por su parte, el país preferido por los emigrantes es, precisamente, USA, porque ha hecho mucho para desarrollarse como economía moderna, avanzada, productiva y democráticamente gobernada. No se ven corrientes de migrantes para llegar a Cuba, Venezuela, Nicaragua o Argentina, por ejemplo. Además, nunca hemos sabido de corrientes de éxodo de norteamericanos saliendo de su país para buscar refugio en otras economías y naciones.

Dos reflexiones adicionales:

• Si los venezolanos, cerca de 2 millones que hay en el país, están encontrando oportunidades en Colombia, ¿por qué hay colombianos queriendo atravesar el Tapón del Darién y buscar el “sueño” americano en USA?, debería ser posible, para ellos también, que el país fuera una fuente de oportunidades, aunque haya condiciones de informalidad o empleo por cuenta propia, pero mejores condiciones de vida digna.
• Los Estado Unidos, efectivamente, es una nación de gran progreso y desarrollo, pero también tiene su propias carencias, falencias y falta de oportunidades, más aún si se llega a ese país por las vías irregulares. Fenómenos como la alta inflación, la desaceleración económica y de algunos sectores ciudadanos en pobreza, nos deben permitir apreciar, nuestras propias condiciones de desarrollo en Colombia, nunca tan buenas, pero sí permiten que, en una colaboración armónica entre los sectores públicos y privados, se generen cada vez más y mejores oportunidades. Poco nos ayuda la polarización política derivada de la ideologización del gobierno actual, lo cual nos impide sacarle “más brillo” a nuestro crecimiento y desarrollo, para generar mejor bienestar y mayores oportunidades para cada vez más colombianos o residentes. 

¿Y DEL CRECIMIENTO Y DEL DESARROLLO QUE PODEMOS ESPERAR?

 Comentario 15/05/2023

 

¿Y DEL CRECIMIENTO Y DEL DESARROLLO QUE PODEMOS ESPERAR?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Pasados los 9 primeros meses del gobierno de Gustavo Petro, aún no vemos cuáles son sus planes concretos para crecer, desarrollar, diversificar y hacer progresar la economía del país. Hasta ahora, y fuera de la reforma tributaria que se aprobó el año pasado, a través de una coalición de gobierno recién establecida con los partidos liberal, conservador y de la U, no hay otras gestiones que puedan palparse como eficientes y eficaces en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de los colombianos.

Su gobierno se ha enfrascado en una gran cantidad de “luchas” ideológicas a través de sus discursos de plaza pública y de balcón, así como en el lanzamiento y “discusión” de su llamadas reformas sociales (laboral, pensional y salud), las cuales, o bien han sufrido un calvario de contradicciones y de “ires y venires” con los partidos políticos, los miembros del propio gabinete (varios ya retirados por esas contradicciones), las organizaciones sociales, el empresariado y la ciudadanía, o bien han tenido un tortuoso trámite en el Congreso, lleno de impropiedades.

La discusión política ha girado alrededor del papel del Estado y del sector privado en la prestación de algunos servicios sociales, así como en la administración de recursos del Estado por parte de los particulares. Pero también, con un enconado discurso contra las que él denomina las clases privilegiadas, los banqueros y las oligarquías, generando o motivando un odio y una lucha de clases. Además, la argumentación sobre las que considera necesarias reivindicaciones sociales para superar la pobreza y el llamado a la movilización ciudadana para defender las obras de su gobierno y las reformas legales mencionadas. Todo un mar de discusión política, agresiva y desafiante, que aceitará en grado sumo la polarización política que ya existía en el país desde el proceso de paz de Santos en el 2016.

Dichas acciones de gobierno con sus leyes reformadoras, hasta el momento puede afirmarse que no tienen pleno y transparente respaldo y que, en su tránsito por el Congreso, no está garantizada su aprobación, dada la fuerte oposición de los partidos que no acompañan al gobierno y la desintegración de la coalición de gobierno, así como la opinión pública desfavorable que han generado. De hecho, su imagen como presidente ya sólo tiene una favorabilidad del 30% cuando partió de cifras cercanas al 60% al inicio de su mandato.

El proceso de trámite en el Congreso de la República es un atasco monumental, ya que, confiado en sus mayorías ya desintegradas, esperaba la aprobación tipo “fast track” de las mismas y en el mismo momento, sin embargo, serán materia de largos debates, ajustes y conciliaciones para poder ver la luz. Ya su alfil en el Congreso, el senador Roy Barreras, anunció la imposibilidad de tramitarlas todas con la celeridad, con el cumplimiento de los reglamentos y procedimientos necesarios, así como también con su retiro forzoso del Congreso como su presidente, por decisión del Consejo de Estado al declararle doble militancia.

Lo malo es que ni su programa bandero de la paz total parece tener “buen viento y buena mar”, es un sartal de “anzuelos”, enredado, farragoso, sin claras y precisas zonas de logros y de defensa de la constitución, del interés ciudadano, de las fuerzas militares y, especialmente, de las tan cacareadas víctimas. Así mismo, la reforma rural integral, apenas si camina, y la idea de la entrega de los 3 millones de hectáreas a las que se comprometió, de acuerdo con el mismo acuerdo de paz de Santos, se han empantanado en problemas legales, presupuestales, de trámite y de prioridades que no lo dejan avanzar, si bien ha contado con la oferta amplia de tierras disponibles de buena calidad por parte de del sector ganadero a través de José feliz Lafaurie, presidente de Fedegan.

La inestabilidad de los miembros de su gobierno por falta de nombramientos, por un lado, o por su alta rotación, por el otro, con criterios eminentemente políticos hace que haya muy pocos motivos de optimismo, como se dice “cada alcalde trae su cuadrilla y manda su año”, o sea nada comienza, persevera y termina. Tampoco sus relaciones internacionales han atravesado momentos de calma por su estilo confrontacional y desafiante con los que no comparten sus opiniones y su injerencia en otros países.

Y mientras tanto la economía comienza a atravesar un año de grandes dificultades, ya hay sectores que declaran los meses del inicio de año como de plena desaceleración, con fuertes descensos, como lo han manifestado los sectores de comercio, la industria, el inmobiliario y el de vivienda, el transporte, por ejemplo. La inflación, no cede, es demasiado alta, y deteriora todos los sectores económicos y la capacidad de compra, ahorro, pago o inversión de las familias, los precios de muchos artículos siguen por las “nubes” y su proceso de descenso parece que será lento y tortuoso.

Las autoridades tratan de controlar la demanda con medidas monetarias y de elevamiento de las tasas de interés, las cuales, aunque ayudan a desestimular el consumo, también enfrían la economía y detienen la inversión. Muchos empresarios afirman “¿con estas tasas quién invierte?”

Y ¿dónde está el papel contra cíclico del gobierno y del presupuesto público?, con obras, proyectos, desarrollos, programas y beneficios para sectores productivos o para la economía en general, tales que permitan mantener niveles de inversión, producción, empleo, desarrollo y consumo razonables. Definitivamente parece que del gobierno nacional no podemos esperar programas de crecimiento y de desarrollo, solo discursos de ideología de izquierda y discusión política polarizante.