LA PAZ Y LA JEP

Comentario 25/02/2019
LA PAZ Y LA JEP
Por: Carlos Alberto Mejía Cañas
Ingeniero Industrial y Administrativo

Dentro del acuerdo de paz firmado por el gobierno Santos con las FARC uno de sus instrumentos principales de implementación fue la creación, por la vía del “fast track”, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo encargado de juzgar a los miembros de la guerrilla y a los militares participantes en el conflicto armado que cometieron delitos de lesa humanidad, a condición de que revelen la verdad y en contraprestación con la aplicación de penas alternativas reducidas y “restaurativas” así como otros beneficios (no cárcel), con el fin de garantizar supuestamente la justicia, la verdad, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición.

Si bien la JEP ha estado funcionado, a pesar de las dudas fundadas sobre su inclinación ideológica a favor de la guerrilla, y a ella se han sometido un buen número de militares acusados y algunos guerrilleros (no todos), especialmente los cabecillas, ya que se conservan en la lucha armada las llamadas disidencias de las FARC, donde actúan Iván Márquez y el paisa, por ejemplo. Otro ejemplo, el caso Santrich donde la JEP debía validar sobre la ejecución de su delito por narcotráfico después del acuerdo de paz, no lo han querido calificar como tal para su proceso de extradición.

Sin embargo, la JEP requiere de una reglamentación para su funcionamiento, que fue emitida por el Congreso, a quien el correspondía hacerlo y que  ahora es avalada por la Corte Constitucionalidad en su exequibilidad, es decir, en su apego a la constitución. Sin embargo en su trámite la Corte modificó el texto de lo aprobado por el congreso, en favor de consagrar claros  y nuevos beneficios para las FARC, como afirman el Fiscal Martínez Neira y los abogados Jaime Castro y Jaime Lombana, entre otros conocidos penalistas y constitucionalistas.

El texto de estatuto de funcionamiento de la JEP está sometido a la sanción y promulgación del presidente de la República, quien ha dicho que se tomará el tiempo hasta el 11 de marzo que la ley le permite para emitir una opinión, ya no sobre la legalidad que ya lo hizo la Corte, sino sobre la conveniencia o inconveniencia para el país por razones sociales, económicas o políticas, lo cual es su facultad legal. Se afirma en diferentes medios que el presidente tiende rechazarla en todo en parte por inconveniencia, con lo cual regresaría al Congreso para su revisión, reafirmación o modificación y luego, de nuevo a la Corte para su constitucionalidad en lo que fuere modificado por el Congreso para finalmente llegar al Presidente para su sanción y promulgación.

De nuevo el país se ha visto polarizado con las opiniones a favor o en contra de este estatuto como lo aprobó la corte, y de nuevo se habla de los “amigos” y “enemigos” de la paz, siendo los primeros, autonombrados como tales (Yesid Reyes, Juan Carlos Henao y el magistrado ponente en la corte Antonio José Lizarazo, Timochenko y sus cómplices, etc., entre ellos), los que quieren que se sanciona el estatuto por el Presidente como está y los segundos, los autonombrados por los primeros como enemigos de la paz y, además, como guerreristas, que solicitan que se la objete y se la modifique. El Fiscal ha sido el primero en enviar una comunicación al Presidente y a la opinión pública advirtiéndole de las graves inconveniencias que para la propia paz y para el país tendría el Estatuto como hasta ahora la Corte lo ha aprobado.

Y no es para menos, las objeciones del Fiscal y de muchos grupos de opinión pública centran la atención en los siguientes aspectos aprobados por la Corte:

1.    Para los llamados delitos continuados como el secuestro o el homicidio o los de de ejecución permanente como el narcotráfico cometidos por los guerrilleros después del 1° de Diciembre del 2016, para los cuales se les conservarían los beneficio de la JEP, la no extradición y en el caso de los que nos son máximos dirigentes de las FARC, es decir, la “guerillerada”, aún su no juzgamiento. Con esto quedaría libre Santrich y no sería extraditado.

2.    Se plantea que para los delitos que vayan a ser asumidos por la JEP deben suspenderse las investigaciones, inhibiendo la labor de la fiscalía para encontrar nuevas pruebas o nuevos delitos, como por ejemplo lo mencionados, así como la no entrega de armas, recursos económicos o cultivos ilícitos. Quedarían sin investigación los más de 360 casos de guerrilleros que ya están siendo investigados por delitos de extorsión, secuestro, homicidio y narcotráfico.

3.    Se indica que la JEP sólo juzgará a los máximos responsables, sin definir quiénes son, primero, y segundo, dejando de lado los delitos de lesa humanidad o atroces cometidos por los guerrilleros rasos, como sería el caso del Club el Nogal en Bogotá.

4.    Se pretende además que los delitos sexuales contra menores de edad (niños y niñas) cometidos por miembros de las FARC sean también juzgados por la JEP, cuando lo acordado es que son delitos para la justicia ordinaria y que no pueden ser considerados como delitos de guerra.

Como en el caso del acuerdo de paz, donde se otorgaron enormes concesiones, privilegios, beneficios, penas reducidas y alternativas, exoneraciones y garantías a las FARC a cambio de la llamada paz, el Estatuto de la JEP aprobado por la Corte Constitucional  consagra nuevos beneficios e impunidad para los miembros de las FARC. ¡Qué horror!, de nuevo se entrega el país a la causa de la guerrilla y por los acuerdos, negados en el plebiscito pero impuestos por el gobierno Santos y sus aliados en el Congreso a punta de “mermelada”. La guerrilla en realidad no se ha desmovilizado por completo, no ha entregado todos sus bienes y armas, y en muchos casos a seguido delinquiendo o narco traficando. Según información de El Tiempo, del 21 de febrero de 2019, sólo se han logrado recuperar el 1% de los inmuebles entregados por las FARC, muchos de los cuales se encontró que eran lotes baldíos de propiedad del Estado. La Fiscalía ya ha encontrado nuevos bienes de las FARC no declarados por más de 2 billones de pesos.

De nuevo hay que rodear al presidente Duque cuando afirma que le buscará que los acuerdos de paz y el Estatuto de la JEP conduzcan a una genuina paz, justicia, reparación y garantía de no repetición.

LA DIRECCIÓN APROPIADA SIN LA CONTUNDENCIA NECESARIA

Comentario 19/02/2019

 LA DIRECCIÓN APROPIADA SIN LA CONTUNDENCIA NECESARIA

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

El gobierno de Iván Duque se ha caracterizado por dos cosas singulares: no ha estado fundamentado en la polarización política, por un lado, y, por el otro, ha realizado un cambio profundo en las relaciones del gobierno con los demás estamentos del estado, especialmente con la clase política y el congreso. De hecho, aunque la polarización política está presente en el país, entre las llamadas izquierdas y derechas, especialmente frente al modelo de desarrollo económico y social que el país debe construir y en la aplicación del proceso de paz celebrado por el gobierno Santos con las FARC, Iván Duque se ha mostrado como un gobierno conciliador, sin cabida para el revanchismo o los odios políticos contra sus contradictores u opositores. Pero, por su puesto, con la aplicación de los principios filosóficos que defendió durante su campaña electoral, veamos:

La legalidad ha sido uno de sus pilares, según el cual “el que la hace la paga”, para combatir especialmente la corrupción y los diferentes delitos que se enseñorean por el país sin ninguna sanción. La ejecución de un modelo de desarrollo fundamentado en la iniciativa privada (el empresarismo), con la defensa del mercado, sin intervencionismos ni dirigismos estatales, para afianzar el crecimiento y con esto crear nuevas y diversas oportunidades económicas y sociales. De hecho la reciente reforma tributaria disminuyó los impuestos estatales a las empresas privadas y estimuló la inversión en nuevas capacidades productivas, con impulso a las empresas del conocimiento (economía naranja) como alternativa de diversificación productiva. Su último pilar de gobierno se colige de los anteriores y es la mayor equidad, no a partir de los subsidios sino a partir de las nuevas oportunidades y el mayor crecimiento de la economía.

En las relaciones internacionales se ha caracterizado por una fuerte defensa de las libertades democráticas y la independencia de las ramas del poder público, en oposición, en particular al llamado socialismo del siglo XXI, al estilo Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Cuba, fomentando relaciones con los países de Latinoamérica y con el resto del mundo, especialmente con los Estados Unidos. No le ha temblado la mano para censurar lo que sucede en Venezuela y apoyar a los venezolanos en éxodo, con los limitados recursos que posee el país, dándoles amparo y un trato respetuoso y digno.

Al interior del país ha tenido problemas de gobernabilidad con el Congreso o las Cortes a partir del hecho de no sujetar sus iniciativas de gobierno al reparto de cargos públicos o favorecimientos en los presupuestos de gastos o inversiones del Estado, la llamada mermelada, de allí que iniciativas como la reforma política, la de la justicia o el combate al narcotráfico hayan tenido tropiezos y dificultades. Aún las leyes anticorrupción que fueron avaladas a través de la consulta popular, con cerca de 11 millones de votos, no han encontrado el camino para convertirse en realidad. También cabe anotar la inexperiencia política de sus ministros como un factor incidente.

En el orden público ha hecho notorios esfuerzos por perseguir a las disidencias de las FARC con resultados significativos, como la muerte de Guacho o de Cadete, por ejemplo, pero aún sin la contundencia necesaria. Grupos como el ELN han sido un dolor de cabeza para el país con sus atentados a la infraestructura (oleoductos, especialmente) y recientemente con el vil atentado a LA ESCUELA DE POLICÍA, un acto del más canalla terrorismo explicado como una acción de guerra. Su reacción no se hizo esperar, el Gobierno suspendió cualquier avance en los proceso de paz con esa guerrilla y solicitó su captura a nivel internacional (circular roja), lamentablemente sus cabecillas siguen disfrutando del amparo de Cuba.

En materia económica es evidente el mejoramiento en el ritmo de actividad del país, con un crecimiento del PIB esperado para el 2019 de cerca del 3.3%, una inflación contenida y un nivel de inversión creciente, que paulatinamente arrojará sus frutos.

Sus problemas mayores están en el control de déficit fiscal heredado del anterior gobierno quien se gastó una bonanza petrolera y duplicó el endeudamiento externo del Estado. Si bien la ley de financiamiento favoreció a la empresa privada, después de ocasionar mucho ruido en la opinión pública por la eventual extensión de IVA a más productos de la canasta familiar, debe compensar con un plan de austeridad y reducción del gasto público, así como de formalización de la economía para ampliar la base tributaria, todo lo cual forma parte de su plan de gobierno. Por supuesto, el mayor crecimiento de la economía y el combate a la corrupción y la evasión ayudarán en mucho al saneamiento de las finanzas públicas.

Quedan por resolver los compromiso derivados del acuerdo de paz de Santos-FARC, que significan una problemática de gestión pública altamente compleja y no del todo conveniente para el país, lo cual conduce a un gasto público desbordado, se estima que de este acuerdo se desprenderán gastos por más de 128 billones de pesos en los próximos quince años, los cuales no están en el presupuesto nacional. Este proceso se decía centrado en las víctimas, pero éstas no parecen ser el foco de atención, sí los miembros de las FARC. Parte de estos gastos incluyen los de la JEP (jurisdicción especial para la paz y la justicia transaccional), compromiso que apenas comienza y ya causa traumatismos por su costo, complejidad y principio de aplicación que conduce en unos casos a la impunidad y en otros a penas cortas y sanciones alternativas diferentes de la prisión para los culpables de los delitos más atroces sean guerrilleros o militares. ¿De dónde saldrá ese dinero?, nadie lo sabe todavía.

No en vano el gobierno de Iván Duque está mejorando sus índices de favorabilidad, desde un modesto 28% con el cual inició hasta un 55% que es su registro más reciente. Es claro afirmar que su gobierno va en la dirección correcta pero que aún le falta mayor contundencia en su decisión y acción. Algunos han querido ver en él a un símil del Presidente Uribe, pero es otro momento y otro el estilo, que hay que apreciar y respetar, si bien su pensamiento es coincidente.