Comentario
29/04/2019
LA MALA HORA DE LA IZQUIERDA
Por: Carlos Alberto
Mejía Cañas
Ingeniero Industrial y
Administrativo
http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com
En Latinoamérica, durante
los últimos 20 años “el péndulo regresó”, ya quedan pocos de los gobiernos que se
fueron caracterizando por personajes reconocidos dentro de los movimientos
políticos de la izquierda radical, quienes pregonaron la primacía del Estado
sobre el sector privado, la centralización del poder, desarrollaron discursos populistas
y/o de nacionalismo extremo, con conductas, en la mayoría de los casos,
fuertemente autocráticas y, en otros, de verdadero corte fascista.
Nos referimos a
gobiernos como, por citar sólo los más representativos, los de: Cuba (los
hermanos Castro y su camarilla comunista), en Venezuela (Chaves y Maduro), en
Brasil (Lula da Silva y Dilma Rousseff), en Argentina (los Kirtchner), en
Nicaragua (Ortega), en Bolivia (Morales), en Ecuador (Correa) y en Colombia
(Juan Manuel Santos y su proceso de paz, favorecedor de la impunidad para las
FARC).
En los últimos años, en
este tipo de casos, como en muchos otros, los gobiernos trasformaron su gestión
política y administrativa en modelos cada vez más radicales, con matices desde
el centro-izquierda en muchos casos, hasta la izquierda pura en algunos otros.
Su inicio, como modelo de gobierno, parecía salvador y trasformador para las
comunidades, con un claro discurso económico y social en favor de las clases
menos favorecidas, y con modelos de gobierno rodeados de supuesta legalidad,
transparencia y equidad.
Desafortunadamente, el
tiempo demostró la inconveniencia de esos Gobiernos por una de tres causas:
ineficacia en la obra de gobierno (no cumplieron lo que prometieron), en
segundo lugar, se volvieron gobiernos autocráticos y, en muchos casos
cleptocráticos (gobierno de ladrones) con todo tipo de delitos por corrupción,
en connivencia con sus partidos políticos y con empresarios privados o con
mafias internacionales, y en tercer lugar, con la comisión de graves delitos de
lesa humanidad como torturas, encarcelamiento forzado, persecución política,
restricción de libertades políticas y de movilidad, etc.
Las dos situaciones en
extremo dramáticas son las de Cuba y Venezuela, cuyos gobiernos totalitarios y sus
camarillas han destruido la iniciativa privada y han restringido todo tipo de
libertades ciudadanas. Ambos gobiernos comparten, además, acusaciones de
favorecimiento al narcotráfico o al lavado de activos, para su beneficio.
También con la usurpación y concentración de todos los poderes públicos en
cabeza de los respectivos mandatarios, la “destrucción o persecución” total de
los partidos políticos opositores, la desaparición de las legítimas
instituciones y la interpretación a su amaño de la Constitución y las leyes.
Brasil y Argentina
comparten sendas acusaciones de grave corrupción en sus últimos gobiernos. El
de Lula, por ejemplo, quien paga una condena de doce años con acusaciones de
corrupción y favorecimiento, como en los casos de Odebrecht y Lava Jato. Por su
parte la señora Cristina de Kirtchner está acusada de corrupción y saqueo de los
recursos del Estado, tiene siete investigaciones en su contra, además de abuso
de poder, pero no se le puede detener por su condición de senadora, pero algún
día tendrá que pagar la sanción penal, social y moral por sus delitos.
En Nicaragua, Ortega,
se ha convertido en un dictador, con fuerte represión a la oposición política y
gran saqueo al Estado. El y su familia han transformado ese país como en un
“predio privado”, donde ellos toman y ejecutan todas sus decisiones sin respeto
por la constitución, las leyes o los derechos humanos más elementales.
Otro tanto sucede en
Bolivia, donde Morales, con miles de argucias políticas quiere reelegirse
eternamente, si bien ya hubo un plebiscito que votó ampliamente para prohibirlo,
y además, concentra en él las decisiones de todas las instituciones del Estado.
En este caso no ha sido acusado directamente de corrupción, aunque sí de la
explotación de la coca y del lavado de activos que se produce en su país. El
régimen es considerado como opresor y totalitario por sus opositores.
En Ecuador, el señor
Correa, dejó una estela de división y odio entre partidarios y contrarios
políticos, él está siendo acusado por graves casos de corrupción en contratos
de infraestructura y también por graves violaciones a la Constitución del país.
De hecho está exiliado en Bélgica y tiene orden de captura si ingresa a su
país.
Por su parte, Juan
Manuel Santos en Colombia, quien fue elegido por movimientos de centro y
derecha en su primer gobierno, se hizo elegir por movimientos de izquierda en
su segundo período, contando con la excepcional actuación de Gustavo Petro en
Bogotá, quien fuera prácticamente su elector. No es difícil colegir la
orientación de su gobierno centrado en la negociación de un proceso de paz,
asesorado por miembros de la izquierda mundial, provenientes del Perú, España y
Argentina, proceso que aún no demuestra sus garantías de verdad, justicia,
reparación y no repetición a través de la JEP, a medida que pasan los años.
Pero, además, como gobierno, el de Santos está acusado de graves problemas de
corrupción/mermelada que han conducido al país al mayor déficit fiscal y al
mayor endeudamiento público de toda su historia, sin saberse muy bien todavía
qué se hizo con el dinero, porque en obras pocas se vieron. Aún no se define,
por el fiscal ad hoc nombrado en Colombia, la participación directa de Santos
en el caso Odebretch (como ha sucedido en Perú, Brasil, Panamá, el Salvador, etc.),
aunque ya hay miembros de su gobierno acusados o condenados.
En el caso de Colombia,
además, de acuerdo con los hechos imputados a miembros de la izquierda, por
razones diversas de índole legal, se ha descalificado recientemente: a Petro,
como potencial candidato presidencial, por desafueros o delitos en su alcaldía
en Bogotá y se le ha negado la personería de su partido por el no cumplimiento
de requisitos. A Ángela María Robledo, la Vice de la fórmula de Petro, por haberse
hecho elegir por el movimiento de la Colombia Humana sin renunciar a la Alianza
Verde a la cual pertenecía, como era legalmente necesario para evitar la doble
militancia. EL último desafortunado suceso, para la izquierda colombiana, es la
anulación de la elección de Antanas Mocus como senador, ya que no debió
postularse a ese cargo por estar inhabilitado, por los contratos para promover
la paz suscritos por la Fundación Corpovisionarios con el Estado –su fundación
y dónde él tenía la representación legal.
Los solos casos
mencionados, por notorios se resaltan, pero existen muchos más que están
afectando la credibilidad política, la idoneidad y la transparencia de algunos
de sus miembros de los movimientos de izquierda, donde se ha pasado por alto
las normas legales y éticas para obtener beneficios personales y familiares y/o
para beneficiar a sus correligionarios, partidos favorecedores y relacionados.
Es, por consiguiente, como hemos visto, la mala hora de la
izquierda radical.
