LA ÉTICA EN LA VIDA COLOMBIANA

Comentario 27/01/2020

LA ÉTICA EN LA VIDA COLOMBIANA

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

            http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com

En las últimas semanas, y en forma reiterada, aparecen noticias sobre índices de corrupción en diferentes países del mundo, donde Colombia, lamentablemente, ocupa los primeros lugares, inclusive para algún medio de comunicación internacional, ocupa el primer lugar, opinión que no mejora entre los años.

Detrás del fenómeno de la corrupción se mueven los grandes delitos del país, pues tanto hay corrupción al violar la ley para el propio beneficio, como al desviarla en su aplicación para favorecer intereses particulares, afectando en forma simultánea y frecuentemente las finanzas públicas o los intereses económicos y los derechos privados.

La corrupción es tan recurrente que se vuelve una costumbre, la cual, al parecer, forma parte del paisaje, como que ya no importara, mandando el mensaje “si todos son corruptos, entonces yo también”. Lo que explica este fenómeno es nuestra propia posición cultural como colombianos, débil en conducta ética para acatar las leyes y los buenos comportamientos en lo que representan como deberes, derechos u obligaciones y en el respetar el interés colectivo o el interés individual con todo celo, integridad y corrección.

Tanto las personas como las empresas, los órganos del Estado en sus tres ramas de poder y sus organismos de vigilancia y control y otras organizaciones sociales como los partidos políticos, las asociaciones y fundaciones de diferente índole, asumen pensamientos, actitudes y actuaciones que favorecen o bloquean las conductas y los comportamientos éticos. Examinemos el tema, para poder extraer algunas lecciones y conclusiones.

La ética se refiere a las conductas racionales que guían el comportamiento y las relaciones entre los seres humanos, las cuales suelen ser de carácter universal, es decir, aceptadas por todas las sociedades, nos referimos por ejemplo, y para citar sólo algunos casos, a: el cumplimiento de la ley y del deber, la honestidad, la justicia, la rectitud, la integridad, la transparencia, el respeto, entre otros, todos los cuales significan una actuación racional y emocional apropiadas para propiciar las buenas relaciones entre las personas, ya que preservan el interés individual y el general.

Con facilidad puede entenderse que los principios éticos suelen influir en las conductas de las personas. La honestidad, por ejemplo, suele ser un valor en todas las civilizaciones y es sancionable por la ley cuando se contraviene, además es considerada como indispensable para una buena convivencia. Si pensamos con principios y valores éticos, actuamos con formas y conductas correctas para promover el bienestar y la relación armoniosa entre las personas. Lo contrario será una fuente de agresión, rechazo, afectación de los otros, que se convertirá en una fuente multiplicada de falta de convivencia y finalmente fomentará la violencia. No es casual, entonces, que también tengamos uno de los índices de homicidios más altos del mundo por cada cien mil habitantes.

Buena parte de las problemáticas sociales, económicas y políticas que están presentes en las comunidades, en el Estado y en las empresas, surgen de conflictos frente a la ética y a la transposición de los valores, los cuales, al no practicarlos con rigor, conducen a considerar como adecuados comportamientos erróneos tales como: el enriquecimiento fácil, la maledicencia, la corrupción, el fraude, la violencia y la injusticia, como si fueran aceptables en la cotidianidad. Personas que son ventajistas en los negocios, son calificadas como “hábiles para los negocios”, no como tramposos y, por ende, no se sanciona su conducta. Los corruptos, por ejemplo, hasta son socialmente aceptables y destacables en muchos medios sociales, por el resquebrajamiento de los valores y los principios a que hemos llegado.

Desafortunadamente, tanto en la vida personal, como en la laboral o profesional, se presentan desviaciones frente a los principios éticos, a las conductas morales y a los valores culturales, lo que afecta todo el entorno en el que nos desenvolvemos. Lamentablemente, también, estos males que aquejan a las personas, también se presentan en las instituciones de gobierno, las empresas privadas, con o sin ánimo de lucro, y en general en las clases políticas o en la función pública, donde con frecuencia la corrupción campea.

En esas condiciones, no se puede aspirar a ser sociedades de progreso, de prestigio, competitivas, amables y amigables, donde el desarrollo y crecimiento de las personas, sus familias, sus emprendimientos y sus instituciones se puedan desenvolver y avanzar cada vez más.

Bien haríamos todos y cada uno, desde la actividad cotidiana personal, familiar o profesional, en introducir como un valor sustancial para la vida, la dignidad y el progreso, las conductas éticas como valor esencial. Recordemos, además, que, en primer lugar, son la familia y el colegio quienes inculcan en los jóvenes los principios éticos, las conductas morales y los valores culturales.  

CHILE, COLOMBIA Y LA JUSTICIA SOCIAL

Comentario 20/01/2020

CHILE, COLOMBIA Y LA JUSTICIA SOCIAL

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

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Con mucho asombro y sorpresa hemos visto la alteración del orden público y de la tranquilidad ciudadana en Chile, país que es considerado como modelo de progreso, crecimiento, bienestar y calidad de vida de sus habitantes, dado el enorme avance económico, político y social logrado en los últimos años, bajo una estructura democrática, con libre mercado, apertura a la inversión extranjera, tratados de libre comercio amplios y con la superación de los conflictos políticos del pasado, al menos hasta ahora.

Este país se ha caracterizado por un gran avance en su vida económica y en su bienestar social, pues ha elevado su nivel de vida notablemente, especialmente para su clase media quienes conforman el conjunto más importante de la sociedad, con un fuerte énfasis en la educación como el gran promotor del desarrollo individual y colectivo.

Sin embargo, la explosión social de los últimos meses ha sido intensa, violenta y bastante masiva, por una comunidad que ha pedido una sociedad más justa y con mayor equidad, llegando, inclusive, a pactarse un cambio de su constitución, si las consultas populares que van a realizarse por mecanismos democráticos así lo indican.

¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué se pretende ahora? ¿Cómo explicarlo? ¿Qué ocurrió recientemente con los hechos de violencia?

En palabras del presidente de Chile, Sebastián Piñera:

“Son dos fenómenos diferentes, por un lado, nos olvidamos y descuidamos que la igualdad de oportunidades si fuera para todos, que la igualdad ante la ley si sea eficaz para todos y que la igualdad de derechos si cobije a todos los ciudadanos. Esto creó un acumulado de malestar social que ahora explotó.

Pero, por el otro lado, eso es diferente a los actos de violencia destructiva que amenazaron la ciudad, la infraestructura de transporte público, los supermercados, los establecimientos públicos, etc. querían incendiarlos y destruirlos. En todo lo cual se verificó la influencia de Rusia y Venezuela con las fake news, que invitaban al caos y creaban imágenes que incitaban a la violencia y que no eran ciertas.

¿Y qué quiere Chile hacia el futuro?

El mismo Piñera explica: “Chile quiere ser una sociedad más justa, donde todos puedan desarrollar sus competencias, iniciativas y oportunidades, no solamente una sociedad exitosa económicamente”

¿Y cómo puede lograr esto la nueva Constitución?

Así mismo dice Piñera: “La nueva constitución debe contener tres pilares:

1.    Defensa de la democracia, las instituciones, la división de poderes, elecciones libres y votaciones democráticas, respeto por la oposición, libertad personal sin restricción de inclinación política, religiosa, étnica, etc.

2.    Libre mercado, inversión y decisión de los ciudadanos en sus actividades económicas, con amplia relación con el mundo, con relaciones supervisadas por el Estado.

3.    Justicia social: Con igualdad y oportunidad real para todos”.

Veamos ahora el contraste con lo que está ocurriendo en Colombia donde, como concepto general,  las manifestaciones sociales recientes reclaman también mayor justicia y equidad, mejores oportunidades, más empleo, especialmente para los jóvenes y un mayor bienestar social (salud, educación, vivienda, pensiones, recreación y cultura, etc.). El Presidente Duque ha propuesto unas mesas de diálogo con los marchantes para examinar cada uno de los 104 puntos planteados, y preparar propuestas hasta el mes de marzo, las cuales serían sometidas a la aprobación del Congreso. Dado que estas demandas ciudadanas no son protestas contra el Gobierno ni pueden ser entendidas de esta manera, son cambios socioeconómicos, culturales, políticos y legales que comprometen a toda la comunidad, especialmente a su clase política, quien debe obrar en conformidad.

Las peticiones de los marchantes se clasifican en tres tipos de decisiones y acciones:

1. De acción inmediata por parte del gobierno: de este tipo son pocas las peticiones y dependen de las políticas del Gobierno, de las disponibilidades y destinaciones presupuestales y del plan de desarrollo que ya han sido aprobados, lo cual fue el compromisos del Presidente al ganar  las elecciones con más de 10 millones de votos.

2. Las decisiones y acciones que requieren debate, trámite y aprobación por parte del Congreso, que son la gran mayoría de las peticiones, pero frente a las cuales el Congreso aún no se hace parte de su análisis y la discusión.

3. Las que requieren modificación de la Constitución: altamente complejas en su trámite y demoradas en su concepción, aprobación y puesta en marcha.

Conocer más del caso Chileno, como también el Colombiano, en sus conceptos y  sus aplicaciones, pueden ser una guía y una fuente de inspiración para generar nuestras propias soluciones, en condiciones colombianas, para los colombianos. Sin embargo los tres pilares que menciona el Presidente Piñera son los mismos que debemos preservar para la democracia colombiana y su estado social de derecho, con mayor equidad sí, pero sin convertir al Estado Colombiano en una fuente de subsidios en todas las direcciones, pero sí en un generador de oportunidades para todos y que cada cual saque el máximo provecho, según su esfuerzo, dedicación y voluntad.

EL ESTADO VACA LECHERA

Comentario 13/01/2020

EL ESTADO VACA LECHERA

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

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Las 104 peticiones planteadas por el comité del autollamado paro nacional, compuesto por algunos sindicatos, movimientos populares, estudiantes y vinculados a las universidades, dirigentes sindicales, etc., se han convertido en una explosión de peticiones de los más diversos orígenes[1], algunas de carácter social, otras de tipo político, otras más sobre seguridad y varias para la generación de oportunidades y/o de subsidios por parte del Estado.

Intrínsecamente la gran mayoría de las solicitudes son logros deseables para el país, hablar, por ejemplo, de educación gratuita y de calidad, es una aspiración de todas las sociedades y una palanca poderosa para el desarrollo de un país, dado que la educación es el factor que más multiplica el crecimiento, el bienestar, la ocupación, el progreso y el mejoramiento de una comunidad. Sin embargo, del dicho al hecho habrá siempre mucho trecho, dados los ingentes presupuestos que se requieren, los cuales escapan a las capacidades propias del Estado Colombiano, si bien para este año 2020, se ha apropiado el mayor presupuesto de educación en toda la historia. Los maestros, por el contrario, no quieren someterse a planes de evaluación para sus propios mejoramientos, entonces, ¿cómo avanzar en calidad, si no se puede evaluar el mejoramiento cualitativo de los maestros?

Si se habla de la protección de los líderes sociales, como otro elemento de las peticiones planteadas, algunos de los cuales han sido asesinados por fuerzas criminales de diverso origen (grupos criminales organizados, grupos guerrilleros residuales, violencia política y aún venganzas personales), es una aspiración de la mayor urgencia y conveniencia para el país, dado que la paz no se aclimata en los textos firmados sino en los campos donde la gente vive, con la ayuda del Estado. Sin embargo, el tamaño del problema es mayúsculo como para pensar en la presencia de la institucionalidad del Estado Colombianos en todas las regiones del país, con programas y proyectos sociales, de seguridad y productivos. Para estos efectos, las FARC, por ejemplo, estaban obligadas a entregar bienes por cerca de un billón de pesos dentro de los acuerdos de paz, los cuales, o bien no aparecen o bien son de tan pobre monetización que no pueden ser un verdadero apoyo para estos fines.

Solicitudes como lo relacionado con la reforma pensional, la cual pretende lograr  que a futuro un mayor número de personas puedan pensionarse y que no haya pensiones de mayor cuantía subsidiadas por el Estado, de tal manera que éste se concentre en las pensiones y “beneficios periódicos BEPS” para los de menores ingresos o a programas de protección del adulto mayor, todo lo cual es deseable, sin embargo de allí a que las pensiones sean una obligación del Estado únicamente, sin el esfuerzo de los ciudadanos, hay una distancia infinita. Cada ciudadano, en forma responsable, debe preocuparse por la formación de su pensión, desde el inicio de su ocupación productiva, los años viejos son para todos y es mejor preverlos desde ahora y no cuando se tenga la edad de retiro. En Colombia coexisten Colpensiones (régimen de prima media) y los Fondos Privados de Pensiones (régimen de ahorro individual), a pesar de todo, la cultura ciudadana es cotizar poco a pensión o no cotizar (evadir).

En Colombia tenemos unas de las mejores coberturas en salud y la calidad de la atención es, en general, aceptable, sin embargo el sistema de las Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y de las aseguradoras de los servicios de salud (EPS), y los organismos del Gobierno vinculados al sistema de salud, adolecen de grandes fragilidades de todo tipo, comenzando por la corrupción y las instituciones llamadas de “garaje”, es decir, con poca capacidad económica y técnica, con liquidez y solvencia insuficientes y con calidad de la gerencia poco experimentada y comprometida, para ser participantes activos y eficaces de dicho sistema. Las peticiones de los marchantes sobre la salud son bienvenidas, pero las soluciones son complejas y costosas en su aplicación. La ley de punto final que intenta llevar a cabo el gobierno Duque, para conciliar y dar finiquito a las deudas de los participantes del Sistema de Salud, es un excelente camino de solución.

Se solicita también el cumplimiento de los acuerdos de paz, ya que su aplicación eficaz es un compromiso del Estado Colombiano, sin embargo los compromisos derivados de los acuerdos de paz han sido valorados en más de 125 billones de pesos, los cuales, nos preguntamos, ¿de dónde van a salir? Son tan grandes sus magnitudes, frente a un presupuesto nacional ya comprometido, que el proceso de estas nuevas demandas sólo podrá resolverse a través de muchas administraciones, la presente y varias hacia el futuro, en forma paulatina, para no conducir a graves déficits fiscales o endeudamiento público insoportables para las débiles finanzas públicas.

Se solicitaba también retirar la reforma tributaria, llamada también ley de crecimiento económico, ya aprobada por el Congreso, la cual contiene dos grandes capítulos: por una lado establecer el origen de los recursos con que contará el Estado provenientes de los impuestos y, por el otro, los estímulos y beneficios creados al sector privado para la generación de nuevas inversiones, crecimiento y ocupación, preferiblemente en los jóvenes. Además, la consagración de medidas sociales como la devolución del IVA a las clases de menores ingresos o los días sin IVA, por ejemplo. Sin esta ley, la parálisis del Estado sería inevitable y las condiciones para el desenvolvimiento de los servicios del Estado, prestados en forma propia o delegada, como son la salud, la educación, la vivienda social, la infraestructura, la seguridad, las relaciones exteriores, el bienestar social y ciudadano, etc., no podrían funcionar.

Hay una gran contradicción entre lo solicitado por los marchantes, como los breves puntos comentados, así como también el querer más y más subsidios y beneficios del Estado, sin considerar sus capacidades y limitaciones. Además, no se puede concebir el Estado como la “vaca lechera de ubres generosas” dispuesta a prodigar subsidios y beneficios en todas direcciones. Cada sector que tiene problemas acude al Estado para que se los solucione, por esta vía, las ganancias son privadas y las pérdidas son públicas. Aquí el enfoque debe ser cada uno a lo suyo, cada individuo logrando construir su progreso, con el apoyo de los servicios del Estado, sin esperar los ríos de leche y miel de los subsidios del Estado, que ese ente prodigioso y con recursos ilimitados ni existe ni existirá y filosóficamente no debería tampoco existir, para desplazar la responsabilidad individual de la búsqueda del progreso y bienestar propios, y trasportarlo como una obligación colectiva a través del Estado. Además debemos reflexionar que el Estado somos todos.

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[1] A través de internet han llegado al Gobieno más de 11.000 peticiones de estos ciudadanos.