Comentario 13/01/2020
EL
ESTADO VACA LECHERA
Por: Carlos Alberto Mejía Cañas
Ingeniero Industrial y Administrativo
http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com
Las 104 peticiones planteadas por el
comité del autollamado paro nacional, compuesto por algunos sindicatos,
movimientos populares, estudiantes y vinculados a las universidades, dirigentes
sindicales, etc., se han convertido en una explosión de peticiones de los más
diversos orígenes[1],
algunas de carácter social, otras de tipo político, otras más sobre seguridad y
varias para la generación de oportunidades y/o de subsidios por parte del
Estado.
Intrínsecamente la gran mayoría de las
solicitudes son logros deseables para el país, hablar, por ejemplo, de
educación gratuita y de calidad, es una aspiración de todas las sociedades y
una palanca poderosa para el desarrollo de un país, dado que la educación es el
factor que más multiplica el crecimiento, el bienestar, la ocupación, el
progreso y el mejoramiento de una comunidad. Sin embargo, del dicho al hecho
habrá siempre mucho trecho, dados los ingentes presupuestos que se requieren,
los cuales escapan a las capacidades propias del Estado Colombiano, si bien
para este año 2020, se ha apropiado el mayor presupuesto de educación en toda
la historia. Los maestros, por el contrario, no quieren someterse a planes de
evaluación para sus propios mejoramientos, entonces, ¿cómo avanzar en calidad, si
no se puede evaluar el mejoramiento cualitativo de los maestros?
Si se habla de la protección de los
líderes sociales, como otro elemento de las peticiones planteadas, algunos de los
cuales han sido asesinados por fuerzas criminales de diverso origen (grupos
criminales organizados, grupos guerrilleros residuales, violencia política y
aún venganzas personales), es una aspiración de la mayor urgencia y
conveniencia para el país, dado que la paz no se aclimata en los textos
firmados sino en los campos donde la gente vive, con la ayuda del Estado. Sin
embargo, el tamaño del problema es mayúsculo como para pensar en la presencia
de la institucionalidad del Estado Colombianos en todas las regiones del país,
con programas y proyectos sociales, de seguridad y productivos. Para estos
efectos, las FARC, por ejemplo, estaban obligadas a entregar bienes por cerca
de un billón de pesos dentro de los acuerdos de paz, los cuales, o bien no
aparecen o bien son de tan pobre monetización que no pueden ser un verdadero
apoyo para estos fines.
Solicitudes como lo relacionado con la
reforma pensional, la cual pretende lograr que a futuro un mayor número de personas
puedan pensionarse y que no haya pensiones de mayor cuantía subsidiadas por el
Estado, de tal manera que éste se concentre en las pensiones y “beneficios
periódicos BEPS” para los de menores ingresos o a programas de protección del
adulto mayor, todo lo cual es deseable, sin embargo de allí a que las pensiones
sean una obligación del Estado únicamente, sin el esfuerzo de los ciudadanos,
hay una distancia infinita. Cada ciudadano, en forma responsable, debe preocuparse
por la formación de su pensión, desde el inicio de su ocupación productiva, los
años viejos son para todos y es mejor preverlos desde ahora y no cuando se
tenga la edad de retiro. En Colombia coexisten Colpensiones (régimen de prima
media) y los Fondos Privados de Pensiones (régimen de ahorro individual), a
pesar de todo, la cultura ciudadana es cotizar poco a pensión o no cotizar (evadir).
En Colombia tenemos unas de las
mejores coberturas en salud y la calidad de la atención es, en general,
aceptable, sin embargo el sistema de las Instituciones prestadoras de servicios
de salud (IPS) y de las aseguradoras de los servicios de salud (EPS), y los
organismos del Gobierno vinculados al sistema de salud, adolecen de grandes
fragilidades de todo tipo, comenzando por la corrupción y las instituciones llamadas
de “garaje”, es decir, con poca capacidad económica y técnica, con liquidez y
solvencia insuficientes y con calidad de la gerencia poco experimentada y
comprometida, para ser participantes activos y eficaces de dicho sistema. Las
peticiones de los marchantes sobre la salud son bienvenidas, pero las soluciones
son complejas y costosas en su aplicación. La ley de punto final que intenta
llevar a cabo el gobierno Duque, para conciliar y dar finiquito a las deudas de
los participantes del Sistema de Salud, es un excelente camino de solución.
Se solicita también el cumplimiento de
los acuerdos de paz, ya que su aplicación eficaz es un compromiso del Estado
Colombiano, sin embargo los compromisos derivados de los acuerdos de paz han sido
valorados en más de 125 billones de pesos, los cuales, nos preguntamos, ¿de
dónde van a salir? Son tan grandes sus magnitudes, frente a un presupuesto
nacional ya comprometido, que el proceso de estas nuevas demandas sólo podrá
resolverse a través de muchas administraciones, la presente y varias hacia el
futuro, en forma paulatina, para no conducir a graves déficits fiscales o
endeudamiento público insoportables para las débiles finanzas públicas.
Se solicitaba también retirar la
reforma tributaria, llamada también ley de crecimiento económico, ya aprobada
por el Congreso, la cual contiene dos grandes capítulos: por una lado
establecer el origen de los recursos con que contará el Estado provenientes de
los impuestos y, por el otro, los estímulos y beneficios creados al sector
privado para la generación de nuevas inversiones, crecimiento y ocupación,
preferiblemente en los jóvenes. Además, la consagración de medidas sociales
como la devolución del IVA a las clases de menores ingresos o los días sin IVA,
por ejemplo. Sin esta ley, la parálisis del Estado sería inevitable y las
condiciones para el desenvolvimiento de los servicios del Estado, prestados en
forma propia o delegada, como son la salud, la educación, la vivienda social, la
infraestructura, la seguridad, las relaciones exteriores, el bienestar social y
ciudadano, etc., no podrían funcionar.
Hay una gran contradicción entre lo
solicitado por los marchantes, como los breves puntos comentados, así como
también el querer más y más subsidios y beneficios del Estado, sin considerar
sus capacidades y limitaciones. Además, no se puede concebir el Estado como la
“vaca lechera de ubres generosas” dispuesta a prodigar subsidios y beneficios en
todas direcciones. Cada sector que tiene problemas acude al Estado para que se
los solucione, por esta vía, las ganancias son privadas y las pérdidas son
públicas. Aquí el enfoque debe ser cada uno a lo suyo, cada individuo logrando construir
su progreso, con el apoyo de los servicios del Estado, sin esperar los ríos de
leche y miel de los subsidios del Estado, que ese ente prodigioso y con
recursos ilimitados ni existe ni existirá y filosóficamente no debería tampoco existir,
para desplazar la responsabilidad individual de la búsqueda del progreso y
bienestar propios, y trasportarlo como una obligación colectiva a través del
Estado. Además debemos reflexionar que el Estado somos todos.
