Comentario 9/12/2019
¿NEGOCIAR O DIALOGAR?
Por: Carlos Alberto Mejía Cañas
Ingeniero Industrial y Administrativo
http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com
Los autoproclamados dirigentes del autoproclamado paro
nacional, quienes obran en nombre de los estudiantes, los obreros, los
profesores, los indígenas, las organizaciones de base (sindicatos,
asociaciones, grupos sociales), los funcionarios públicos y supuestamente los
inconformes de todo tipo participantes, sometieron a la consideración del
presidente y sus ministros un pliego de 13 puntos para ser negociados en
representación, según su opinión, de todos los colombianos.
Los trece puntos declaran pretensiones de varias
naturalezas, en los más diversos aspectos de la vida nacional, como son:
·
Temas
laborales (reforma laboral, de pensiones y otras normas).
·
Aspectos
fiscales (retirar la ley de financiamiento).
·
Cumplimiento
de los acuerdos de paz.
·
Cumplimiento
de otros acuerdos firmados por el Estado con sectores sociales.
·
Sobre el holding
financiero del Estado.
·
No
privatizar bienes del Estado.
·
Relacionados
con el ESMAD.
·
Los productores
agropecuarios y los tratados de libre comercio firmados por el país.
·
Trámite de
leyes anticorrupción.
·
Derogar el
impuesto para Electricaribe.
·
Temas ambientales
para ser negociados con las organizaciones sociales.
Tres consideraciones
surgen sobre los hechos recientes del paro “nacional” y la inconformidad de los ciudadanos, quienes
han salido a las calles a manifestar, con marchas y cacerolazos[1],
su inconformidad:
1. La legitimidad de su representación.
No puede ser posible que un grupo de
ciudadanos, por más numeroso que sea, se autoproclamen representantes del
pueblo colombiano para negociar temas de la agenda nacional con el gobierno,
sin que haya mediado un instrumento democrático y representativo para su
elección y proclamación como voceros y negociadores en aspectos tan sensibles
para el presente y futuro de los colombianos. Sin entrar a discutir el carácter
final de su motivación política como adecuada o no, lo cual dependerá de la
orientación individual de cada ciudadano sobre el país que quiere y espera, razón
por la cual la democracia, en su sabiduría, prevé el mecanismo de votaciones
libres y abiertas (o mecanismos equivalentes) para tomar estas decisiones,
cuando no pueden resolverse por el Congreso de la República, que es el órgano
llamado a examinar las modificaciones constitucionales y legales, y también por las Cortes para juzgar su apego
a la constitución.
2. Conveniencia nacional de sus solicitudes.
No alcanzo, en este breve espacio, a
referirme a cada una de las peticiones, me refiero a dos, al menos:
·
No a las
reformas laborales y de pensiones: esta es una extraña solicitud, por un lado,
porque aún no han sido presentadas y por el otro, porque la evidencia demuestra
la contundente transformación del trabajo formal e informal de las personas en
razón de los avances tecnológicos y los cambios en la cultura y las costumbres,
así como también la mayor expectativa de vida y la baja cobertura de los
sistemas de pensiones actuales.
·
No a la ley
de financiamiento: con la pretensión de que sea retirada del Congreso, cuando
es la columna vertebral de las finanzas públicas para los próximos años, las
cuales, sin recursos adecuados, no serán capaces de atender las necesidades
sociales (salud, educación, pensiones, vivienda y bienestar) y de desarrollo
del país (infraestructura, TIC, modernización de los servicios del Estado, seguridad,
etc.)
3. ¿Negociar o dialogar?
Diálogo entre el Gobierno y los ciudadanos
siempre debe haber, sin embargo, la pretensión de los marchantes es que el
Gobierno tiene que negociar con ellos
su llamado pliego de peticiones (los 13 puntos), como si las políticas y actos
de un gobierno elegido democráticamente deban ser sometidos a la negociación y
concertación de los grupos de opinión, cualesquiera que sea su denominación u
origen. Hoy serían los actuales marchantes y luego, ¿cuáles otros grupos adicionales
quisieran negociar políticas o acciones de Gobierno pues se sentirían con igual
derecho? Cómo sería el caos de un Gobierno y de una sociedad sometidos a esta
contingencia, además, con la amenaza de negociar para suspender el paro
nacional o de lo contrario la continuidad de todas sus acciones de parálisis
del normal desenvolvimiento del país, por más que sus expresiones no sean
violentas, por sí mismas. Sin embargo, el solo entorpecimiento o la privación
de las actividades y los derechos de otros, ya, de por sí, es una forma de
violencia.
Todos deseamos y merecemos vivir en un país con más equidad
y justicia, sin embargo, la gran
mayoría de los ciudadanos no estamos participando en el autoproclamado “paro
nacional”, y además tenemos iguales derechos a oponernos a las acciones de los
grupos de protesta actuales, aunque como manifestación de nuestra opinión
empleemos “los sonidos del silencio”, los cuales, si bien no se manifiesten en marchas
y protestas, igual validez tienen, para rememorar con esta reflexión la famosa
canción de Simon and Garfunkel [2].
[1] Los cacerolazos son una experiencia nueva para
el país, donde hay que explorar mucho más profundamente las motivaciones de sus
participantes. Es tal su diversidad y sus opiniones que no necesariamente están
representados en los 13 puntos del “paro nacional”.
[2] Simon
and Garfunkel fue un dúo compuesto por Paul Simon y Arthur
"Art" Garfunkel, quienes fueron unos artistas muy populares en
la década
de los 60. Algunas de sus canciones más conocidas son «The Sound of Silence» («Los sonidos
del silencio») y «Mrs.
Robinson» («La señora Robinson»).
