Comentario 3/02/2020
Por: Carlos Alberto Mejía Cañas
Ingeniero Industrial y Administrativo
http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com
Como parte del proceso de
paz firmado por el gobierno Santos a nombre del Estado Colombiano y los
miembros firmantes de las FARC, a nombre del grupo de milicianos que se
acogieron al mismo, se crearon dos mecanismos paralelos, con funciones diferentes
pero complementarias: la Jurisdicción Especial para la paz (JEP) y la Comisión
de la verdad.
La primera, la JEP, con la
idea de tener una justicia transicional, especializada y única que se encargara
de resolver los problemas de justicia originados en delitos cometidos en razón
del conflicto armado, por los participantes, es decir: guerrilleros, miembros
del ejército, funcionarios del Estado y particulares, quienes, con ocasión del conflicto,
hubieran tenido participación en él y se acogieran a este mecanismo de justicia
restaurativa. El fundamento de estas valoraciones judiciales surge de contar la
verdad y toda la verdad, para gozar de penas reducidas y alternativas, no
privativas de la libertad, siempre que lo contado sí sea verosímil, con una
tipificación de las sanciones por tipo de delitos y no en forma individual
según su gravedad.
Para este efecto el país se
doto de un costoso y complejo sistema de justicia, con salas, magistrados y
auxiliares, que hoy opera (hace dos años), sin embargo desde su inicio ha sido
sujeto de críticas diversas por su conformación, sus costos, sus privilegios,
su supuesta parcialidad hacia los grupos guerrilleros y el sistema de justicia
basado en un “borrón y cuenta nueva”, donde los implicados, prácticamente, y aún
sin contar la verdad, sin recibir ninguna pena, sin ninguna restricción, continúan
ejerciendo actividades políticas, comerciales y civiles, como cualquier otro
ciudadano y rodeados de preferencias y seguridades en su protección.
La Comisión de la Verdad,
como organismo independiente, pretende acercarse a la misma verdad aproximándose
a ella por un medio diferente: la investigación, la indagación y la
averiguación de los hechos en las zonas de conflicto para narrar la verdad del
conflicto y reconstruir la memoria histórica del país, evitando con ello que
éste episodio, trágico y sangriento, vuelva a repetirse.
Ambos, en esencia, se
fundamentan en la verdad, anque, como van las cosas, cada uno de estos entes
tendrá su propia verdad, irreconciliables entre sí, veamos, especialmente
refiriéndonos a la JEP:
La JEP se ha vuelto “el
refugio de todos los pecadores”, dado que los más diversos “interesados” han
ingresado o han intentado ingresar a este mecanismo de justicia con el pretexto
de tener “algo que ver” con el conflicto armado y prometer toda una serie de
“revelaciones” que “cambiarán el curso de la historia de Colombia”, por el sólo
hecho de que les “borren su pecados y les limpien su pasado”, sin penas
privativas de la libertad y con mínimas reparaciones y duraciones. Es evidente
que, en estas inverosímiles condiciones de favorabilidad de la ley
transicional, cualquier delincuente se quiera postular como candidato a la JEP.
De hecho, a más de los
vinculados por ser participantes, responsables y actuantes en el conflicto,
para quienes fue generosamente creada, se han tratado de vincular a la JEP (y
algunos lo han logrado), intervinientes o indiciados en los delitos del tipo:
·
El crimen de Jaime Garzón
·
El de Luis Carlos Galán
·
“Matanzas” de diferente índole en distintos sitios
del país.
·
Los supuestos patrocinadores de la parapolítica.
·
Algunos vinculados con el cartel de la toga.
·
Salvatore Mancuso regresa al país luego de cumplirle
a las autoridades Norteamericanas por sus delitos, y por supuesto buscará
exculpar sus pecados en Colombia a través de la JEP
·
Los corruptos perpetradores de diversos delitos con
el Estado (Odebrecht, entre ellos).
·
Y, no podía faltar, la clase política más corrupta,
como es el caso que mencionaremos a continuación.
Por estos días ha sido
noticia también la intención de personajes de la política nacional, tales como:
Alberto Santofimio, Musa Besaile, Bernardo Noño Elías y Alvaro Ashton,
pretendiendo o siendo admitidos en la JEP. Estos personajes en su gran mayoría
están vinculados a grandes delitos por corrupción frente al Estado.
Al punto de que la fiscal
encargada de la investigación de los delitos de Alvaro Ashton, por el cartel de
la toga, completa 6 meses negándose a remitir el expediente solicitado por la
JEP, quien le concedió la libertad, porque no existe vinculación en su delito
son el conflicto armado. Como ella afirma: “en ningún momento los presuntos
sobornos (atribuidos a Ashton) fueron cometidos con ocasión, por causa, en
relación o motivados por el conflicto armado” (Tomado de El Tiempo 28 de Enero
2020). Ella misma solicita que la Corte Constitucional dirima esta situación,
veamos que dice la Corte una vez conozcamos su fallo.
Pero, para “buen entendedor
pocas palabras bastan”, la JEP, lamentablemente desde sus inicios es o se ha
convertido en un organismo falto de credibilidad (basta recordar la indolencia
con el caso Santrich a quien lo dejaron volar), que puede ser un rey de burlas
para la verdad y la justicia reales en Colombia, con grave detrimento y
credibilidad en su proceso de paz.
No cabe duda que la Justicia
Transicional y la JEP derivadas del proceso de paz, con sus particulares
condiciones de impunidad, forman parte esencial de la polarización del país. ¿Cómo
se resolverá este profundo descuerdo o el país seguirá polarizado?
