Comentario 09/11/2019.
¿UN PASO PARA EL PROGRESO?
Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y
Administrativo.
La sociedad chilena está atravesando un momento difícil con sus procesos
de modificación de su constitución. Especialmente en los últimos dos años han
aflorado movimientos sociales muy fuertes en la búsqueda de reivindicaciones por
mayores derechos sociales, de representación y de inclusión, así como mayor
igualdad y equidad, sin haber estado estas alteraciones exentas de una intensa
dosis de anarquismo y violencia, con gran destrucción de bienes públicos,
afectación a la tranquilidad, debilitamiento de la economía y de la
institucionalidad. Si hacemos caso a lo social y no al vandalismo, tres razones
fundamentales son el origen de las protestas:
La primera razón fue el inicio de la constitución actual creada por el
gobierno militar y autocrático del general Augusto Pinochet quien, por temor a
las tendencias comunistas, retomó el poder en la época de Salvador Allende con
un golpe de Estado. Los militares, en nombre de la democracia y de los valores
del mercado, la libertad empresarial y la vigencia de sus instituciones
tradicionales, ocuparon el poder y redactaron una nueva constitución, la cual,
por desgracia, no tuvo en cuenta la oposición para aprobarla. Esto le dio un
tinte de falta de legitimidad y de absoluta arbitrariedad. La constitución de
Pinochet se hizo bajo el marco filosófico del capitalismo democrático, donde se
favorece la acción del sector privado, la libertad de empresa y de mercado,
alejándola del intervencionismo de estado y de modelos socialistas y populistas.
De hecho, en medio de esta crisis, ya se votó por el pueblo chileno el
redactar una nueva constitución, cuál o cómo, nadie lo sabe aún. Esos
resultados se conocerán hasta, probablemente, unos dos años más adelante. En la
práctica, aún no se ha cambiado la constitución, sólo se ha iniciado el proceso
para redactar una nueva carta magna, y los ciudadanos, en las urnas, al final
decidirán si acogen la nueva o conservan la vieja constitución ¿Qué buscan los
chilenos?, en principio, mayor igualdad e
igual dignidad:
“Ser pobre, señala Kathya Araujo[1],
es estar en el lugar de lo no deseado. Ignorante en el consultorio, sospechoso
en las plazas públicas, primer apuntado por algún robo en su lugar de trabajo,
son algunas de las asociaciones que los entrevistados por Araujo acusan como
mecanismos de vulneración y estigma” “La sensación es que muchos coincidieron
en una hipótesis tremendamente negativa sobre nuestro presente: ya sea porque
no hemos dejado funcionar bien al modelo o porque hemos descubierto que hay que
cambiarlo, gran parte se encontró en la idea de que ese orden está fracasando
en la tarea de asegurar y reconocer nuestra igual dignidad”.
Las otras causas originarias del problema han sido reivindicaciones
sociales, tratando de solucionar problemas de desigualdad y de disponer de mayores
oportunidades, especialmente destacados han sido los ataques a los Fondos de Pensiones,
con sus bajos retornos como pensión, lo cual ha conducido a vidas de jubilados,
en muchos casos, en estado de pobreza. Por último, han tenido que ver las
tarifas de los servicios públicos, inconformidad en la salud y el transporte
público y, singularmente, la garantía de educación gratuita. Hay una
expectativa no sólo por igualdad de derechos y dignidad sino por igualdad de
beneficios en educación, salud y pensiones para todos los chilenos, algo
difícil de pensar, imaginar y realizar. Se tendería a nivelar la sociedad por
lo bajo y no por lo alto, dada la carencia de recursos del estado para sufragar
un objetivo de igualdad de beneficios.
Veremos si esto queda consagrado en la nueva constitución y cómo se
desarrollará hacia el futuro.
Sin
embargo, Chile es un ejemplo en Latinoamérica, si miramos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que el mundo se trazó como meta en el 2015 para el
2030. En efecto, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) adhirieron a una ambiciosa hoja de ruta en aras a implementar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para materializar dicha iniciativa,
cada gobierno partícipe debe dar cumplimiento a un conjunto de 17 objetivos
globales y 169 metas en materia económica, social y ambiental a corte del año
2030. Estos objetivos incluyen compromisos así: del 1 al 6, se relacionan con
la pobreza, la salud y el agua; del 7 al 12, con economía y ciudades
sostenibles, y, del 13 al 17, con el cambio climático.
Esta
es una responsabilidad que no sólo compromete a los gobiernos nacionales,
regionales y locales, también a las empresas privadas, a las organizaciones
sociales, a la academia y a la sociedad en general, pues es un enorme reto por
el bienestar, el progreso, la superación de la pobreza y el entorno sostenible
que, por supuesto, involucra a todos por igual. Curiosamente, los chilenos son
una de las sociedades que más han progresado en el alcance de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, especialmente, en la reducción de la pobreza, en la
educación de calidad, en agua y saneamiento, en industria, innovación e infraestructura,
en producción y consumo responsables, en vida submarina, y, finalmente, en
justicia, paz e instituciones sólidas. Chile con Uruguay y Costa Rica ocupan
los primeros lugares en Latinoamérica. (La república 28 octubre 2020)[2].
No
es fácil, en consecuencia, entender cómo se ha larvado un sentimiento de
inconformidad tan fuerte en la sociedad chilena, que la ha llevado a buscar en
una nueva constitución mayores logros. Queda la duda de si el problema de
inconformidad se soluciona con el cambio eventual de esa constitución o con seguir
profundizando, como ya lo hace, en sus propias metas de desarrollo sostenible
propuestas para el 2030. Si es lo último, no se requiere el cambio de
constitución, con la actual ya lo están logrando. El concepto de igualdad de
beneficios en salud, educación y pensión parece un poco alejado de la realidad.
Ya veremos.
Esperemos que a la sociedad chilena le vaya bien en su proceso de
transformación de su constitución y sus inquietudes sociales. En el caso de
Colombia, no creemos que los problemas sociales surjan de su constitución, sino
de la necesidad de afianzar mucho más su modelo de desarrollo, apuntándole al
crecimiento de la economía, al desarrollo de sectores clave, a la defensa del
empresariado y su actividad privada, para distribuir nuevas oportunidades para
todos a partir de la riqueza generada por su crecimiento económico y social y
no repartiendo pobreza, con un cambio constitucional hacia el socialismo de
estado, como proponen los movimientos de
izquierda radical.
[1] Comentarista chilena.
[2] Colombia ocupa el
puesto 9 de los 24 países medidos en Latinoamérica, se considera que su
actuación es razonable, aunque aún muy lejos de sus metas para el 2030. La
pandemia del Covid 19 ha agudizado el alcance de algunos de esos importantes
objetivos y sus metas, pero este se considera un efecto temporal.
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