domingo, 23 de abril de 2023

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

 Comentario 24/04/2023

 

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

En las economías abiertas y democráticas, con libertad en la iniciativa y en la propiedad privada, existe un papel regulatorio por parte del Estado, que puede atravesar una línea muy fina entre un criterio sano para evitar excesos, abusos, monopolios o posiciones dominantes privadas, y un papel mucho más interventor, agresivo e injerencista de gobiernos con tendencias autocráticas o aún totalitarias, en economías que dicen tener un marco democrático y de separación de poderes. No estamos hablando de la intervención del Estado en temas de carácter social o prioritario, se trata de la intrusión en iniciativas empresariales privadas diversas, quienes, en ocasiones, se ven constreñidas en su desenvolvimiento por la intervención de sus gobiernos.

De acuerdo con el Doctor José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia, en un excelente artículo publicado en La República de 1/03/2023, afirma:

“El Estado, dice la Constitución, debe intervenir en la economía, por mandato de la ley, para lograr, entre otros fines, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, y la garantía, a todas las personas –en particular las de menores ingresos–, de tener acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. No se trata de intervenir por intervenir, sino de usar las atribuciones correspondientes, para alcanzar los fines primordiales del Estado, entre ellos la justicia social, la igualdad real y efectiva, además del verdadero respeto a los derechos fundamentales.

(...). La Constitución establece cláusulas expresas que limitan el ejercicio de la libertad económica al interés general y la responsabilidad social, de forma que lo haga compatible con la protección de los bienes y valores constitucionales cuyo desarrollo confiere la Carta a las operaciones de mercado.

La sentencia C-331 de 2020 agregó: “El Estado moderno cumple un papel preponderante en la intervención de la economía (...). En este escenario, el Estado orienta su actividad para obtener resultados afines con el interés general y con los objetivos y propósitos propios de la organización estatal. Un Estado intervencionista tiene como función garantizar que la economía funcione adecuadamente, combatiendo fenómenos negativos como la colusión empresarial, las prácticas restrictivas de la libre competencia y los abusos de la posición dominante, tratándose de una economía de mercado.

Garantizada como está la libertad de empresa –razonable y proporcionada–, prevista y asegurada la iniciativa privada, y establecido el papel activo, directivo e interventor del Estado en la economía, se ha de buscar el equilibrio entre tales postulados, bajo la conducción del Gobierno, con miras a la procura del interés colectivo y la cristalización del Estado social de derecho”.

La gran pregunta es: ¿cuáles son los límites de ese Estado interventor, para que, sin dejar de serlo según su mandato constitucional, no se vuelva injerencista en la iniciativa privada?

La línea divisoria parece muy delgada, por momentos borrosa o poco nítida, y particularmente en el gobierno de Gustavo Petro, cuya tendencia es a la estatización de muchos servicios y al direccionamiento de sectores económicos completos, prueba de lo cual son las reformas a la salud, la laboral o a las pensiones recientemente presentadas donde se busca que dichos servicios sean administrados y dirigidos por el Estado bajo su directa intervención con una limitada y restrictiva participación del sector privado. Como también la influencia gubernamental en la determinación de los dirigentes o las políticas que deben conducir determinados gremios u organizaciones de regulación y control (caso Camacol, Fedecafé, la Creg, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, la Aerocivil, la Superindustria y Comercio, para mencionar sólo algunas).

Este es un asunto crucial en el buen desempeño de la economía de mercado y de la voluntad inversionista, quienes buscan, no solamente un entorno económico adecuado y un mercado creciente y diversificado, sino, como lo más importante, seguridad jurídica para sus inversiones. Si el Estado es propenso a intervenir en los asuntos de la economía privada para ajustarlos a sus intereses políticos, le resta muchos grados de libertad al empresario y a sus decisiones de permanecer, crecer, expandirse y diversificarse.

Los ejemplos están muy cercanos en economías latinoamericanas que se han acercado al populismo, la demagogia, el intervencionismo de Estado y en algunas ocasiones a la expropiación y la nacionalización de los negocios o aún de las propiedades privadas. Fatalmente esas economías decrecen y se envuelven en un marasmo económico del cual difícilmente se reponen.

Tanto como la seguridad jurídica, los ciudadanos y los empresarios necesitan tener confianza en los gobiernos nacionales o regionales que ocupan dichas dignidades. Cuando se pierde la confianza y el sentimiento es de temor o rechazo, la incertidumbre es el rey y, como es bien sabido y probado, los negocios con condiciones adversas por injerencia gubernamental no prosperan ni se desarrollan.

domingo, 16 de abril de 2023

¿NOS INTERESA LA POLÍTICA O LA ECONOMÍA?

 Comentario 17/04/2023

 

¿NOS INTERESA LA POLÍTICA O LA ECONOMÍA?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Una cosa es hacer política y otra, muy distinta, entenderla, para poder decidir sobre ella, comprender las acciones de los políticos y anticipar sus consecuencias. Entre nuestros ciudadanos es frecuente que exista apatía, rechazo o menosprecio por la política, dado que la clase política goza de muy poca credibilidad y reconocimiento, de hecho, el pensamiento dominante es que ellos sólo buscan nuestros votos y luego nada que ver con los ciudadanos. La política y los políticos, en su generalidad, se perciben como algo turbio, poco transparente, sinuoso (cambian como veletas) y frecuentemente son participantes activos de la corrupción y del clientelismo. Y no es para menos, son tantas las circunstancias y tantos los involucrados de todo tipo de vertientes o subvertientes políticas en este tipo de conductas que es casi que osado creer en ellos. Colombia hoy tiene cerca de 30 partidos políticos (increíble, ¿verdad?), que son más bien maquinarias electorales, más que centros de pensamiento y desarrollo político, ciudadano o comunitario.  La idea es ganar el aval de un partido vigente para luego buscar los votos y hacerse elegir y, posteriormente, disfrutar las mieles del poder y de la politiquería.

No es extraño, entonces, que los ciudadanos no deseen, en general, inmiscuirse en política y que los pocos que lo hagan no sepan a profundidad y con convicción cuáles son: el ideario político y los programas de gobierno de su respetivo partido, cuáles son sus trayectorias y logros en favor de la ciudadanía y qué reconocimiento los rodea como fuentes de transparencia e idoneidad, o de anticorrupción y de anti-clientelismo. Los políticos, por supuesto, saben decir lo que a los ciudadanos les gustaría escuchar, hacen proclamas y promesas de campaña, sin medir su viabilidad de ejecución y de financiación, como tampoco su pertinacia y oportunidad. Sólo les interesa que sus palabras sean convincentes y cautivadoras de los ciudadanos, puesto que, terminada la campaña, nada volverán a saber esos votantes sobre las supuestas convicciones que motivaron su voto y la respuesta real de sus políticos de turno.

Sin embargo, la cultura ciudadana sobre la política poco a poco va cambiando y hoy tenemos más ciudadanos interesados en entenderla, si bien no en formar parte de grupos carnetizados de adeptos a un candidato o partido. La política, por definición, es el proceso de comprender lo que la ciudadanía necesita, determinar las mejores oportunidades y capacidades y cómo volverlas realidades en favor del progreso y bienestar de la comunidad, lo cual se ejecuta a través de los diferentes cargos, instituciones y funciones del Estado.

Ahora, política y economía vienen juntas, son dos caras de la misma moneda, dado que los políticos con sus decisiones y acciones en el Estado (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) determinan o impactan significativamente la economía. De hecho, hay una ciencia, la economía política, que busca establecer qué se debe hacer, cómo hacerlo y para quién hacerlo con el fin de atender las necesidades y expectativas de la sociedad. Su estudio aborda las relaciones entre personas, empresas y gobiernos procurando su progreso y bienestar. La economía, así como la política, desde el punto de vista del Estado, pretende el control o la dirección sobre los recursos, los territorios y las poblaciones. Así las cosas, las soluciones que la economía provee tienen limitaciones, bien sea en las decisiones políticas, en las leyes o los reglamentos, en la financiación disponible y su correcta administración, ajena a las prácticas de corrupción, clientelismo y derroche. Si los ciudadanos poco se quieren relacionar con la política, sí deberían hacerlo, entonces, con la economía, pues afectará directamente su bolsillo y su calidad de vida. Por ejemplo, existen, genéricamente hablando, modelos diferentes sobre los tipos de economía política que suelen desarrollarse en Estados democráticos, los describiremos brevemente para recabar sobre la importancia de su conocimiento y seguimiento. Valga decir primero que no todos se usan simultáneamente por un gobierno que tenga vocación de aplicarlos, depende de las circunstancias de cada país, veamos:

Los gobiernos de corte más de centro suelen concentrar su atención en:

  • Privatización de sectores estratégicos de la economía.
  • Disminución de impuestos para fomentar el crecimiento y por esta vía el empleo. 
  • No protección del mercado y/o la producción interna con aranceles o limitaciones de importaciones (salvo sectores estratégicos) para favorecer a los consumidores e impulsar el mejoramiento de la competitividad propia y simultáneamente combatir la inflación.
  • Flexibilización laboral para ampliar la movilidad laboral y ajustarse a las nuevas tecnologías y modalidades de negocios.
  • Desregulación de precios tanto como sea posible.
  • Desregulación del sistema financiero.
  • Apertura a capitales extranjeros y libre circulación de divisas sin restricción al tipo de cambio.
  • Políticas de expansión monetaria para favorecer el crecimiento y las bajas tasas de interés, y para apoyar la inversión y el desarrollo,
  • Endeudamiento estatal y déficit fiscal moderados.
  • Reducción del Estado.
  • Concentración en sectores con ventaja competitiva singular.
  • Subsidios sólo los estrictamente necesarios.

Por el contrario, los gobiernos progresistas (de izquierda) suelen tener como ejes:

  • El Estado como el mayor gestor y promotor de la economía: todos los sectores y actividades de interés prioritario para el país se pretende que lleguen a sus manos.
  • El Estado como mayor empleador.
  • La redistribución de la riqueza mediante subsidios, a través de impuestos o de reformas tales como la agraria.
  • Intervención en sectores o actividades económicas para regularlas con criterios políticos.
  • Restricciones o limitaciones a la inversión nacional o extranjera.
  • Las estatizaciones de empresas que consideran claves.
  • Frecuentemente con control regulatorio sobre las divisas extranjeras.
  • Mayores impuestos o retenciones selectivos por actividades y tamaños de negocios.
  • Política de proteccionismo económico y de sustitución de las importaciones (aranceles y prohibiciones)
  • Ayudas sociales por doquier como subsidios, beneficios o apoyos directos.
  • Programas de controles de precios (“precios cuidados”).
  • Políticas laborales con amplios beneficios al sector trabajador y fuerte impacto para los empleadores.
  • Fuertes controles a efectos en medio ambiente. 

Como se aprecia, los modelos de pensamiento político y la economía política pueden conducir a un país a muy distintos resultados, en este sentido, todos los ciudadanos deberíamos estar interesados en conocer de la política o al menos estar muy enterados de sus consecuencias en la economía, para tomar decisión y acción sobre ellas.

domingo, 9 de abril de 2023

SIN LIBERTAD NO HABRÁ PENSIONES PRIVADAS

 Comentario 10/04/2023

 

SIN LIBERTAD NO HABRÁ PENSIONES PRIVADAS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

“Los $360 billones que hoy maneja Asofondos a través de sus portfolios, es necesario que el país sepa que los necesitamos aquí”

Gloria Inés Ramírez, ministra del trabajo, Portafolio 27/03/2023

Para poder entender el trasfondo de las cosas, a todo gobierno le gusta tener su “chequera llena” para hacer el gasto social o político de su interés, y, además, a todo gobernante le interesa tener “la sartén por el mango”, es decir, mandar y decidir. En esto no es ajeno el gobierno de Gustavo Petro, para lo cual tiene una “maestría” en su ideología de estatización de los servicios esenciales de un país, a través del trámite de sus reformas laboral, pensional, de salud, entre otras, y su plan nacional de desarrollo, con sus políticas y normas, todas enderezadas hacia el mismo fin: el control del Estado de los asuntos sensibles de la economía, limitando o cancelando la actuación del sector privado. Y ahora le toca el turno a la reforma pensional pues con la presentación del proyecto de ley de esta reforma se abre la discusión sobre sus conveniencias o desaciertos.

En Colombia, desde 1993, coexisten dos regímenes con características diferentes, si bien ambos pretenden facilitar el ahorro para formar la pensión del jubilado. El primero son los Fondos privados (AFP Porvenir, Colfondos, Protección y Skandia (creados con la ley 100/93) en los cuales los beneficiarios se pueden pensionar con 1.150 semanas, más o menos 23 años de cotización, mediante el capital ahorrado o del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, si no alcanzan sus recursos para una mesada equivalente a un salario mínimo legal vigente (SMLV). En un fondo de pensiones no hay una edad mínima para pensionarse, se pueden pensionar cuando se disponga de un capital suficiente para financiar la pensión, independientemente de la edad. El otro sistema es el de Colpensiones, fondo público creado en 1946 como el Instituto de los Seguros Sociales (ISS) y luego transformado en el 2007 en Colpensiones, en el cual se requieren 1.300 semanas de cotizaciones, más o menos 26 años de contribución a la pensión, o sea tres años más para pensionarse con un salario mínimo, con el lleno de los requisitos de edad (57 años mujeres y 62 años hombres).

Colpensiones es un sistema con importantes subsidios del Estado, porque los faltantes en el pago de las mesadas pensionales por insuficiencia en los ahorros del individuo o los subsidios que se otorgan a las pensiones y a la población vulnerable son financiados por el Estado como parte del presupuesto nacional; esta es una obligación del Estado, no es un beneficio discrecional, por lo cual las personas de altos ingresos buscan dicho fondo, dado que entre más se gana más alto será el subsidio. En cambio, las personas con pocas probabilidades de conseguir una pensión en Colpensiones se van más por el régimen de ahorro individual, porque ofrece más rendimientos, son menos semanas y, en caso de no pensionarse, la devolución de saldos es 10 veces mayor que la devolución que les daría Colpensiones.

El problema es que el número de pensionados en Colombia es muy bajo frente al potencial actual y futuro de “jubilables”, prácticamente solo una de las personas que cumplen la edad, llega a adquirir una pensión de jubilación, especialmente por no llenar los requisitos de cotizaciones para la pensión. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, con corte al 27 de octubre (2022), en el país hay 25,3 millones de colombianos vinculados al mercado laboral que están afiliados al sistema pensional. De este total, 18,5 millones (73%) están inscritos en alguna de las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y 6,78 millones están en Colpensiones. Sin embargo, el número de pensionados es mayor en Colpensiones, con 1,56 millones de personas a noviembre de 2022; frente a las AFP, que acumulan 270 mil personas. Esta diferencia es explicable al considerar la antigüedad de operación de Colpensiones frente a los Fondos. Los fondos privados administran actualmente cerca de $360 billones en inversiones que favorecen el desarrollo nacional público y privado a través de la inversión en TES y en obras de infraestructura de largo plazo, principalmente. Esta era la realidad de las pensiones hasta ahora, pero, si la reforma se aprueba como viene, cambia el contexto y el funcionamiento en forma obligatoria en favor del Estado y en detrimento del sistema de ahorro privado de las AFP, veamos:

Algunos de los temas esenciales propuestos en la reforma (son muchos, nos limitaremos a los más críticos) son: Continua la contribución del 16% del ingreso base de liquidación para trabajadores dependientes o independientes, sobre mínimo un SMLV para optar también a una pensión que no puede ser inferior a ese mismo valor. Se establecen también algunas contribuciones, crecientes según ingresos, para el Fondo de Solidaridad Pensional que son los recursos que respaldan los subsidios que se otorgan en el régimen pensional. El hecho de contribuir como mínimo sobre un SMLV deja por fuera del sistema a trabajadores que reciben menos de este valor, que son muchos, si bien no hay una estadística oficial.

El nuevo régimen propuesto es el de cuatro pilares de carácter obligatorio, es decir, no hay libre elección de los afiliados para vincularse a un sistema privado o a uno público. Pilar, según la reforma, es un rango de ingresos de acuerdo con el cual el origen y el destino de los recursos recaudados para la pensión se orientan a un lugar diferente, así: 1. el pilar solidario se financia con recursos del gobierno nacional para subsidiar a adultos mayores de 65 años, en situación de pobreza con una “mesada pensional” de $223.000 mensuales, este es un subsidio más que una pensión, en el anhelo de superar la pobreza, 2. El pilar semi-contributivo donde se apoyará, con recursos de las cotizaciones de pensiones que van a Colpensiones, a las personas que han cotizado y que no ahorraron los recursos suficientes para pensionarse, cuando cumplan requisitos de edad. 3. El pilar contributivo, dónde ingresos mensuales inferiores a 3 salarios mínimos (SMLV) cotizarán a Colpensiones y superiores a esa suma, en exceso de 3 salario mínimos, aportarán a los fondos privados, 4. Pilar de ahorro voluntario dirigido a las personas que pueden ahorrar libremente en los fondos de pensiones privados para mejorar su pensión futura. En síntesis, el Estado administrará el régimen de pensiones hasta 3 salarios mínimos y con la masa de recursos acumulados en Colpensiones más el aporte del presupuesto público pretende atender las pensiones hasta esa suma.

Como consecuencia, se presentarán varios cambios hacia el futuro, mencionado sólo algunos de los muchos que son previsibles, donde será evidente concluir que, con los cambios, no estarán mejor los pensionados y que a futuro se acumulará una bomba pensional en Colpensiones, “pan para hoy y hambre para mañana”, veamos:

  • Cerca del 90% de las personas que ahorran hoy en los fondos privados y cerca del 85% de los recursos, dado su nivel de ingresos, pasarán a Colpensiones, con el régimen de prima media. O sea, más o menos 18 millones de afiliados saldrán de los fondos privados e irán a Colpensiones, sin fórmula de juicio, es una obligación forzosa y el afiliado no puede elegir donde acumula su pensión como en el sistema actual.
  • Se desincentiva en forma obligatoria, por consiguiente, el ahorro privado en pensiones, el cual, a través de los Fondos privados, tenía una gran dinámica. Sólo quedará para personas de altos ingresos que decidan ahorrar para mejorar su pensión futura. Hay que decir, también, que las AFP durante sus años de existencia crearon un sistema de múltiples fondos de ahorro pensional, para diversificar sus riesgos y mejorar sus rentabilidades, todo lo cual ya no será unas ventajas para los 18 millones de afiliados que van para Colpensiones. El golpe es muy duro para estas instituciones, en cuanto a la salida de dinero para trasladarlo a Colpensiones, probablemente se amenaza su sostenibilidad y rentabilidad. Una estimación preliminar indica que pasarían de ingresos netos por $5.9 billones en el año 2024 a pérdidas netas por $15.9 billones para el año 2025. La República 28/03/2023
  • El Estado tomará un volumen de recursos gigantesco que pasará al control público a través de Colpensiones, ya que éste no maneja un régimen de ahorros e inversiones para el pago de las pensiones como si lo hacen los fondos privados con sus inversiones en diversos papeles de inversión, como ya se indicó. La deuda pública actual en pensiones equivale al 110% del PIB del 2023, pasará a representar el 249% para esa misma fecha, o sea un pasivo estimado hasta el 2070 en valor presente por $3.700 billones, de acuerdo con los estudios realizados por ANIF, cifras impensables frente a un déficit fiscal del 5.1% para el cierre del 2022. Ver La República 23/03/2023
  • El Estado, quien es el mayor beneficiario de las inversiones en TES que hoy hacen los fondos privados, perderá la más importante fuente de su financiación en Colombia, pues disminuirá el ahorro privado y la consiguiente inversión privada de las AFP
  • Al limitar las cotizaciones hasta 3 salarios mínimos en Colpensiones se acabarán los subsidios a las pensiones de gran volumen que se concedían en el régimen de prima media a cargo del Estado. Sin embargo, el sistema como un todo seguirá siendo deficitario para el Estado en sus resultados, según el Ministerio de Hacienda, el valor presente neto al año 2070 del déficit se podrían reducir de $67.5 % del PIB al 55.2% del mismo PIB, alentadora noticia, pero sigue siendo un enorme déficit por pagar con los impuestos de los colombianos. Por supuesto tendremos más reformas pensionales y tributarias para sanear estas cifras hacia el futuro. Ver La República 23/03/2023
  • En la práctica, el Estado recibirá un gran volumen de recursos hoy, pero, igualmente, un déficit financiero enorme hacia el futuro, dado que todas las pensiones que paga Colpensiones llevan implícitas un subsidio, independientemente del monto del ingreso base de cotización. Y sabemos que todo déficit del Estado, significa más impuestos y contribuciones de todos los colombianos en algún momento presente o futuro. Veamos un ejemplo hipotético y sin ejercer un rigor matemático excesivo en los detalles y los reglamentos, solo para tener una idea y una ilustración aproximada:

      • Supongamos un país sin inflación, lo cual permite que el valor del dinero en el tiempo se mantenga y, además, asumamos que las tasas de interés son también de cero.
      • Un ciudadano que gana $100 de ingresos y labora durante 30 años (más de las 1.300 semanas mínimas necesarias), está contribuyendo mensualmente a su pensión en Colpensiones con el 16% del ingreso (sea pagado por él directamente o en conjunción con su empleador, si lo tiene). Sus pagos laborales son doce por año, para hacer fácil el ejemplo.
      • Su ahorro acumulado en Colpensiones durante 30 años será:
      • =$100x16%x30x12 =$ 5.760.
      • El ciudadano se jubila a los 62 años y tiene una vida hasta su muerte durante 20 años más. Su pensión, por consiguiente, la paga Colpensiones con el 65% de su ingreso promedio de los últimos 10 años de cotización, o sea $65 en doce mesadas año.
      • Su pensión acumulada pagada por Colpensiones durante los 20 años será: =$100x65%x20x12= $15.600.
      • El extra pago de pensión por parte del Estado en este ejemplo hipotético sería de $9.840, o sea el ciudadano recibe 2.7 veces más de lo ahorrado, o en otras palabras el 170.8% más de lo que ahorró. ¿Quién paga este subsidio? por supuesto el presupuesto público o sea todos los colombianos con sus impuestos y contribuciones.
      • Aunque al principio y durante el régimen de transición el Estado tenga su caja llena, luego en los años posteriores tendrá un déficit de 18 millones de ciudadanos que se ven forzados a trasladar su pensión a Colpensiones, quienes hoy están en los Fondos privados. Con datos reales y con los 18 millones de ciudadanos, ANIF ha calculado que se va a crear un pasivo pensional de más de $300 billones de pesos (más o menos lo que hay hoy ahorrado en las AFP), es decir “lo comido por lo servido”

  • Puesto que Colpensiones funciona sobre la idea que muchos jóvenes estén cotizando muchos años para pagar las pensiones de los viejos que se jubilan, ¿qué ira a hacer esta institución cuando haya más viejos que jóvenes y dure más la vida de esos viejos, según las tendencias de la pirámide poblacional de Colombia?

La situación del Estado con las pensiones será insostenible hacia el futuro y, por tanto, será necesario volver al sistema de capitalización individual que hoy manejan los fondos privados de pensiones, con un relativo buen éxito. Aunque para los que se pensionan su mesada nunca sea suficiente, pero será mejor esa que ninguna con un Estado insolvente. Hoy los Fondos privados están en el ojo del huracán por la estigmatización del gobierno Petro sobre el sector privado. ¿Y qué pasará con el mercado de capitales si el gran dinamizador son, precisamente, las AFP y se quedan sin recursos porque se los “tragó” Colpensiones (o el presupuesto público) que no es un inversionista?

Si no se modifican la edad de jubilación y/o el número de semanas necesarias para aspirar a una pensión, como también la tasa de reemplazo, el tema se volverá insostenible hacia el futuro para el propio Estado. Si con esta reforma a los pensionados, salvo los del pilar solidario, no les va mejor y al Estado tampoco pues sigue con un enorme déficit, ¿entonces quién pierde?: el país entero.

Para terminar, en el periódico EL Tiempo de 2 /04/2023 el Doctor Germán Vargas Lleras analiza este tema y hace unas juiciosas recomendaciones frente a la reforma pensional, con las cuales, por un lado, estamos de acuerdo y, por el otro, recomendamos su lectura. En síntesis recomienda que el Estado cubra las pensiones hasta un salario mínimo, con garantía de pensión mínima por ese valor, con lo cual, simultáneamente, se cancelan los subsidios a pensiones de mayor valor; las pensiones de los pilares solidario y semicontributivo deben estar a cargo del Estado; unificar en 1.300 semanas de cotización  el tiempo para acceder a la pensión con el lleno de los demás requisitos; mantener la libertad de elección de los ciudadanos por Colpensiones o las AFP; exigir a Colpensiones ahorrar los recursos que reciba e invertirlos apropiadamente. Grandes soluciones para grandes males, así si vale la pena la reforma pensional.

ECONOMÍA RESILIENTE Y MAL GOBIERNO

  Comentario 07/07/2025   ECONOMÍA RESILIENTE Y MAL GOBIERNO   Por: Carlos Alberto Mejía C. Ingeniero Industrial y Administrativo. ...