Comentario 07/04/2025
LOS
FRUTOS DE UN GOBIERNO PROGRESISTA
Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/
El
progresismo político se autodefine como una corriente ideológica que promueve
el avance y el cambio social hacia una mayor igualdad, justicia social y
bienestar colectivo. A menudo se asocia con políticas y movimientos que buscan
reformas en áreas como los derechos civiles, el medio ambiente, la economía, la
educación y la salud pública. Esta descripción suena muy atractiva y es
aplicable a muchos partidos y movimientos políticos, no solo a los llamados
progresistas. El progresismo varía en sus expresiones y aplicaciones, ya que
puede adaptarse a diferentes contextos culturales y nacionales. Cuando el
progresismo es acogido por la izquierda radical, se enfatiza aún más el papel
del Estado como el principal promotor y gestor de la economía, en detrimento
del sector privado, al que se menosprecia como realizador de progreso y
bienestar.
Pues
bien, en Colombia tenemos un gobierno progresista de izquierda radical a través
del movimiento político del Pacto Histórico, con su presidente Gustavo Petro a
la cabeza, quien en cada intervención y arenga fustiga al sector privado,
tratándolo de fascista, capitalista, oligarca, capataz y opresor. Durante todo
el gobierno se ha buscado, por todos los medios, cambiar el funcionamiento
tradicional de muchos servicios, adecuadamente manejados y con buenos
resultados en su historia, para transformarlos en servicios que el Estado
controle y rija. Veamos algunos ejemplos y sus resultados:
*
El sistema de salud ha estado basado en un modelo de aseguramiento donde las
EPS reciben un pago por persona vinculada (UPC) y con estos recursos
administran los servicios de salud que prestan directamente o a través de
clínicas, hospitales, laboratorios y farmacias. Este sistema ha generado una
cobertura superior al 90% de la población, medicina de buena calidad y con un
bajo gasto de bolsillo para las familias. Sin embargo, su cobertura en áreas
alejadas o periféricas deja que desear y debe mejorar. Ahora se pretende
centralizar los pagos en un organismo del gobierno – la Adres – y crear centros
de atención primaria del Estado en zonas alejadas, convirtiendo a las EPS en
gestores de salud que coordinen los servicios de las IPS, pero sin administrar
los recursos de la salud. Esta reforma fue negada por el Congreso por inviable
y ahora pretende ser aprobada de nuevo, con lo cual durante todo el mandato del
presidente Petro se ha tenido la amenaza del cambio de sistema, con el concepto
negativo de gremios y asociaciones médicas. La incertidumbre es tal que 8 EPS
ya tuvieron que ser intervenidas y dos más solicitaron autorización para su
desmonte. Las deudas del sistema con todos los actores crecen en sumas
billonarias, el deterioro del servicio es evidente y cada día se acumulan las
solicitudes de servicios no atendidas. Es claro que la propuesta del gobierno
no resolverá estos problemas. Está a la vista una crisis masiva del sistema
sanitario del país, evidenciándose la incapacidad de atender las demandas de servicios,
los impagos, los mayores gastos de bolsillo de las familias, etc.; una crisis
inducida por el propio gobierno, el “chu, chu, chu” pregonado por Petro.
*
La reforma pensional fue aprobada y concentrará en Colpensiones (de propiedad
del Estado) el grueso de las contribuciones de pensiones de los colombianos.
Con lo cual, en el tiempo, dada la insuficiencia del método de prima media para
formar una pensión, que es el que maneja el Estado, Colpensiones terminará
demandando más y más recursos del mismo Estado, cuando la población de adultos
mayores crece y se pensiona, y la población de jóvenes decrece y no alcanza a
sufragar con sus aportes el gasto de las pensiones de los mayores. El aporte de
las pensiones al acumulado del déficit fiscal del gobierno será cada vez mayor
y más demandante, tal que a futuro el Estado no tendrá los recursos suficientes
para sufragarlo, con las demás exigencias de gasto que de manera inflexible
debe atender. Crónica de un desastre económico anunciado, cuando los demás
países han cambiado el régimen de prima media por el de ahorro individual con
solidaridad, como el que administran los Fondos de Pensiones en Colombia. Para
favorecer supuestamente la ideología y el sistema liderado por el Estado en
Colombia, primó la voluntad de “marchitar” el sistema de pensiones obligatorias
privadas, que solo administrará pensiones provenientes de ingresos en exceso de
2.3 salarios mínimos, menos del 5% de los cotizantes.
*
Al gastar más en pensiones y en otros subsidios del Estado para poblaciones
vulnerables, otras instituciones como el ICETEX o la Vivienda de Interés Social
(VIS) verán disminuidas sus disponibilidades y, por esa vía, se afectará la
continuidad en los beneficios y subsidios para muchas familias. Esto afectará
la estabilidad educativa de los estudiantes y de las propias universidades, por
un lado, o el ecosistema de vivienda, por el otro.
*
En el sector energético, la intervención del Estado al tratar de regular y
controlar las tarifas y los agentes del mercado, en un momento de estrechez
entre la oferta y la demanda, ha traído como consecuencia grandes distorsiones.
Las inversiones que se manejan en este sector son multimillonarias, ampliamente
planificadas y de largo plazo, pero los agentes privados no están dispuestos a
invertir si ven amenazados sus retornos por la regulación estatal. Como
resultado, hay retrasos de muchos tipos en decisiones y acciones que a la
altura de estas vigencias deberían haber sido tomadas y cuyas consecuencias se
verán unos años más tarde. Los impactos son, como es obvio, no recuperables en
los próximos años y se requerirán muchos calendarios para superarlos. Por
supuesto, con escasez de oferta, los apagones son una amenaza cada vez más
cercana.
*
Adicionalmente, la incertidumbre y la desconfianza con las políticas y la
intervención del gobierno en el sector minero energético y de hidrocarburos son
un “cortocircuito” para la inversión y la correcta gestión de estos ramos de la
actividad económica. Ni hablar de lo que está pasando en el sector de energías
renovables, como la eólica o la solar, donde las compañías abandonan los
proyectos y dejan al país, por falta de sindéresis del Estado en estos sectores
o por reacciones populares demandando compensaciones económicas para dejar
realizar los proyectos.
*
Las reformas que están en trámite se avizoran como nuevos elementos de
inestabilidad en la actividad económica privada, una nueva intervención
negativa del Estado regulador e interventor que ocasionará retrasos o
verdaderos frenos en la actividad económica.
Estos
son solo algunos ejemplos de los muchos que día a día saltan a la opinión
pública y que demuestran lo inconveniente que resulta para el país el
progresismo petrista de izquierda radical. Son sus frutos en el campo
económico, sin mencionar la situación de violencia o el deterioro fiscal. En
síntesis, requerimos más impulso al sector privado con reglas claras, pero en
libre competencia, y un Estado que intervenga solo para regular los mercados
con criterios de legalidad, justicia y equidad, favorecer a los menos pudientes
y evitar los excesos del sector privado.
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