Comentario
24/09/2018
Por: Carlos Alberto Mejía Cañas
Ingeniero Industrial y
Administrativo
El Estado Colombiano se
encuentra en una gran encrucijada fiscal, como fruto del alto endeudamiento
externo, del déficit presupuestal y del compromiso de las vigencias futuras que
hemos heredado del gobierno de Juan Manuel Santos y su mermelada para la clase
política, acompañada de gastos comprometidos para la paz por más de 102
billones de pesos, los cuales aún no están en los presupuestos públicos, y nadie
sabe de dónde van a salir.
Los cálculos más recientes del
nuevo gobierno de IVAN DUQUE indican que el presupuesto nacional está
desfinanciado en más de 25 billones de pesos, sin incluir todavía los gastos de
la paz. No nos quedamos con “la olla raspada, sino quebrada”, a todo lo cual ha
contribuido una corrupción rampante y voraz de alguna parte de la clase
política, del Gobierno, de las Cortes y del sector empresarial.
La economía de un país es el resultado
del buen o mal desempeño de tres componentes que interactúan mutuamente, así:
RESULTADO
DEL SECTOR PUBLICO + RESULTADO DEL SECTOR PRIVADO + RESULTADO DEL SECTOR
EXTERNO[1]
= RESULTADO DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS.
En cada uno de los elementos
de esta expresión (público, privado y externo) se produce, año por año, un
saldo de déficit o superávit. En algunos casos unos elementos generan déficit
pero otros que producen superávit compensan los faltantes, para generar un
resultado acumulado positivo, de cuya magnitud depende el crecimiento económico
del país. El problema se vuelve mayúsculo cuando los déficits no son cubiertos
por los superávits, caso en el cual la economía decrece y, en vez de generar
mayor riqueza, generamos mayor pobreza.
En Colombia el resultado del
sector privado es positivo y el del sector externo es un poco negativo, pero el
del sector público es fuertemente negativo por su déficit fiscal y
endeudamiento público. Es decir, el sector público colombiano es como un remolino
que se traga lo que pase por sus vecindades, conduciendo a un bajo crecimiento
económico y en ocasiones a un negativo crecimiento en toda la economía, como un
conjunto. Como consecuencia, si queremos realmente crecer en forma sostenible, es
necesario solventar el sector público.
¿Cómo se hace esto?: con
eficiencia y productividad en el gasto publico del estado, sin derroches ni
excesos, con un buen sistema tributario y con una muy buena asignación del
gasto estatal en sectores prioritarios de carácter social o de desarrollo
económico altamente sensibles al crecimiento económico, tales como la
infraestructura, la ciencia y la tecnología, la educación, el apoyo a sectores
productivos estratégicos y generadores de inversión, competitividad, exportaciones
o innovación. Para hacer esto se requiere corregir el rumbo hacia la legalidad,
el empresarismo y la equidad, como lo ha propuesto el nuevo gobierno, para
apoyar el crecimiento económico.
Para que haya desarrollo social debe haber crecimiento
económico. No es posible tener buenas soluciones sociales si no se genera una
dinámica económica significativa, tal que se traduzca en oportunidades reales
para la ejecución de actividades productivas y la generación de bienestar para
más personas cada vez. O sea que hay que apostarle al crecimiento para generar más
ocupación productiva (no necesariamente empleo formal, pero sí alternativas de
actividad económica), más desarrollo y más progreso.
Sin embargo, se vuelve
prioritario sanear el problema fiscal o de lo contrario no habrá crecimiento
económico, para lo cual está en preparación una nueva reforma tributaria,
acompañada de una gran campaña para combatir la corrupción, que es, sin lugar a
dudas el mayor cáncer de la economía colombiana.
Ahora, la contraprestación a
la reforma tributaria es la mayor eficiencia del Estado. En Colombia hemos
llegado a un gasto público que representa un poco más del 30% del Producto Interno
Bruto (PIB), cuando en los países desarrollados este porcentaje se encuentra
entre el 20% y el 25%. Por ejemplo, Estado Unidos, con toda su sofisticación, complejidad
y capacidad militar, tiene un gasto público equivalente al 22,7% de su PIB.
Es muy claro que el país debe
repensar la estructura del Estado. Es increíble la cantidad de agencias,
ministerios, departamentos y órganos del poder público que existen en Colombia.
Hoy tenemos, por ejemplo, un costoso y variado surtido de organismos nacionales
de justicia (sin mencionar los municipales): la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura,
la Justicia Especial para la paz (JEP), la Fiscalía, la Procuraduría, la
Contraloría y a pesar de todo hay impunidad y corrupción por todas partes.
[1]
Se refiere al saldo de las relaciones de Colombia con
el exterior en su balanza de importaciones y exportaciones de bienes, servicios
y capitales que ingresan o salen del país con relación al exterior.
