Comentario
22/10/2018
Por: Carlos Alberto Mejía Cañas
Ingeniero Industrial y
Administrativo
Estamos próximos a cumplir los
dos años siguientes a la firma del acuerdo de paz FARC-Santos el cual se nos
presentó como “el mejor acuerdo posible” y la gran solución para la
pacificación, el progreso, la justicia, la verdad, la no repetición y la
reparación de las víctimas por los victimarios. El acuerdo, se afirmaba, era un
modelo para el mundo, digno de ser imitado en situaciones semejantes.
Los resultados son, hasta
ahora, muy limitados y en algunos casos verdaderamente deprimentes, las
víctimas, por ejemplo, que eran el supuesto centro del acuerdo, no han
recibido, en realidad, satisfactoria compensación o reparación.
Debemos recordar que este
acuerdo se impuso al país, luego del plebiscito del no, si bien toda la maquinaria
del Gobierno Santos y toda su capacidad económica y la mayoría de los
funcionarios públicos se pusieron en el cometido de promover el sí. Veamos qué
anda mal para poder entender la fragilidad del acuerdo FARC-Santos:
Desde su inserción en la vida
jurídica del país se quiso imponer por encima de su constitución como un
tratado internacional firmado por dos partes iguales en conflicto y esto, apoyado
además en las leyes fast track, forzó todas las situaciones pues en realidad se
trataba de un grupo armado rebelde y no de un grupo opositor combatiente que
representaba la opinión de una gran parte del país y entraba a disputar y
cuestionar la legitimidad del estado de derecho e institucional del país.
De hecho, la representatividad
del grupo FARC, quedó gravemente lesionada al transformarse en partido político
y presentarse a elecciones legislativas donde obtuvo menos de 50.000 votos. Sin
embargo el acuerdo les otorgó curules en el Congreso a sus cabecillas, sin
haber sido sometidos previamente a proceso judiciales por sus delitos de lesa
humanidad (asesinatos, secuestros, violación, extorsión, explotación de
menores, ataques a poblaciones civiles indefensas, etc.) y por su vinculación
con el narcotráfico, el cual prosperó durante la negociación, inundando al país
con enormes hectáreas de cultivos ilícitos (210.000 hectáreas), bajo el control
de las FARC. Inclusive sus delitos de narcotráfico se calificaron como delitos
políticos como parte de lo acordado, ¡qué horror!
Pero los problemas no están
allí solamente, hay muchos más frentes de efectivo incumplimiento de los acuerdos,
que lo han conducido a una situación de falta de credibilidad, estabilidad y
continuidad, por sí solo, no por efecto de otros, veamos:
·
Concomitante con los acuerdos se creó la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo costoso, burocrático, cuya
legitimidad, imparcialidad y efectividad han sido sometidos a cuestionamiento
por diferentes actores del país, porque ha generado un verdadero choque de
trenes con otros mecanismos de investigación y de justicia ya que supuestamente
tiene una facultad “prevalente” y de cierre del conflicto. Su actuación de
justicia pronta y eficaz para los involucrados en el conflicto aún no se ve,
por el contrario son dilaciones, aplazamientos y contradicciones los que la
rodean. No más mirar la calificación de los delitos de Santrich por
narcotráfico, cometidos luego del acuerdo, llevan varios meses y dicha manifestación
no se produce. De hecho las FARC solicitan que él se posesione como senador de
la república, lo cual sería otro horror.
·
La reparación de las víctimas no se ha dado por
ningún lado. La entrega de bienes, según información publicada por EL
Colombiano es de sólo el 3.5% de lo acordado. Las millonarias fortunas de las
FARC no se han entregado y constituyen por sí mismas el mayor lavado de activos
que el país haya realizado jamás.
·
Buena parte de los desmovilizados se
convirtieron en disidencias armadas, quienes continúan con los mismos delitos
de lesa humanidad de antes, lo cual significa que todas las armas tampoco se
entregaron. Por supuesto, actúan explotando además el delito de narcotráfico en
todas las zonas de cultivos ilícitos donde están presentes.
·
Algunos de sus cabecillas, como Iván Márquez o
el Paisa, por ejemplo, no se sometieron a la justicia y siguen delinquiendo y
aún no pierden los beneficios del acuerdo porque la JEP no los califica como fuera
del acuerdo.
·
Las FARC se comprometieron a la erradicación de
los cultivos ilícitos, y aún no han hecho nada en esta dirección. La permisiva
actuación del Gobierno Santos de no extradición, no fumigación, no erradicación
forzosa y el intento de legalizar los cultivos de pocas hectáreas ha llevado al
país a disponer de los mayores cultivos de su historia, con graves
consecuencias frente a la comunidad internacional y a una eventual
descertificación del gobierno de los EE UU.
·
Ver a los líderes de las FARC actuando en el
Congreso de la República sin el cumplimiento previo de la verdad, la justicia,
la reparación y la no repetición es una verdadera afrenta para los ciudadanos
de bien del país y su estado de derecho, por una absurda concesión del acuerdo
de paz FARC-Santos. Y, por supuesto, hay que decirlo también, ellos pueden
llegar a ser congresistas de pleno derecho, si el pueblo los elige, y una vez
satisfagan sus cumplimientos con la justicia, las víctimas y la verdad.
La desmovilización y el
desarme de unos frentes de las FARC son buenas motivos, pero no suficientes razones
para entender la insondable paz de Santos.
