viernes, 16 de noviembre de 2018

LA INSONDABLE PAZ DE SANTOS


Comentario 22/10/2018

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas
Ingeniero Industrial y Administrativo

Estamos próximos a cumplir los dos años siguientes a la firma del acuerdo de paz FARC-Santos el cual se nos presentó como “el mejor acuerdo posible” y la gran solución para la pacificación, el progreso, la justicia, la verdad, la no repetición y la reparación de las víctimas por los victimarios. El acuerdo, se afirmaba, era un modelo para el mundo, digno de ser imitado en situaciones semejantes.

Los resultados son, hasta ahora, muy limitados y en algunos casos verdaderamente deprimentes, las víctimas, por ejemplo, que eran el supuesto centro del acuerdo, no han recibido, en realidad, satisfactoria compensación o reparación.

Debemos recordar que este acuerdo se impuso al país, luego del plebiscito del no, si bien toda la maquinaria del Gobierno Santos y toda su capacidad económica y la mayoría de los funcionarios públicos se pusieron en el cometido de promover el sí. Veamos qué anda mal para poder entender la fragilidad del acuerdo FARC-Santos:

Desde su inserción en la vida jurídica del país se quiso imponer por encima de su constitución como un tratado internacional firmado por dos partes iguales en conflicto y esto, apoyado además en las leyes fast track, forzó todas las situaciones pues en realidad se trataba de un grupo armado rebelde y no de un grupo opositor combatiente que representaba la opinión de una gran parte del país y entraba a disputar y cuestionar la legitimidad del estado de derecho e institucional del país.

De hecho, la representatividad del grupo FARC, quedó gravemente lesionada al transformarse en partido político y presentarse a elecciones legislativas donde obtuvo menos de 50.000 votos. Sin embargo el acuerdo les otorgó curules en el Congreso a sus cabecillas, sin haber sido sometidos previamente a proceso judiciales por sus delitos de lesa humanidad (asesinatos, secuestros, violación, extorsión, explotación de menores, ataques a poblaciones civiles indefensas, etc.) y por su vinculación con el narcotráfico, el cual prosperó durante la negociación, inundando al país con enormes hectáreas de cultivos ilícitos (210.000 hectáreas), bajo el control de las FARC. Inclusive sus delitos de narcotráfico se calificaron como delitos políticos como parte de lo acordado, ¡qué horror!

Pero los problemas no están allí solamente, hay muchos más frentes de efectivo incumplimiento de los acuerdos, que lo han conducido a una situación de falta de credibilidad, estabilidad y continuidad, por sí solo, no por efecto de otros, veamos:

·         Concomitante con los acuerdos se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo costoso, burocrático, cuya legitimidad, imparcialidad y efectividad han sido sometidos a cuestionamiento por diferentes actores del país, porque ha generado un verdadero choque de trenes con otros mecanismos de investigación y de justicia ya que supuestamente tiene una facultad “prevalente” y de cierre del conflicto. Su actuación de justicia pronta y eficaz para los involucrados en el conflicto aún no se ve, por el contrario son dilaciones, aplazamientos y contradicciones los que la rodean. No más mirar la calificación de los delitos de Santrich por narcotráfico, cometidos luego del acuerdo, llevan varios meses y dicha manifestación no se produce. De hecho las FARC solicitan que él se posesione como senador de la república, lo cual sería otro horror.
·         La reparación de las víctimas no se ha dado por ningún lado. La entrega de bienes, según información publicada por EL Colombiano es de sólo el 3.5% de lo acordado. Las millonarias fortunas de las FARC no se han entregado y constituyen por sí mismas el mayor lavado de activos que el país haya realizado jamás.
·         Buena parte de los desmovilizados se convirtieron en disidencias armadas, quienes continúan con los mismos delitos de lesa humanidad de antes, lo cual significa que todas las armas tampoco se entregaron. Por supuesto, actúan explotando además el delito de narcotráfico en todas las zonas de cultivos ilícitos donde están presentes.
·         Algunos de sus cabecillas, como Iván Márquez o el Paisa, por ejemplo, no se sometieron a la justicia y siguen delinquiendo y aún no pierden los beneficios del acuerdo porque la JEP no los califica como fuera del acuerdo.
·         Las FARC se comprometieron a la erradicación de los cultivos ilícitos, y aún no han hecho nada en esta dirección. La permisiva actuación del Gobierno Santos de no extradición, no fumigación, no erradicación forzosa y el intento de legalizar los cultivos de pocas hectáreas ha llevado al país a disponer de los mayores cultivos de su historia, con graves consecuencias frente a la comunidad internacional y a una eventual descertificación del gobierno de los EE UU.
·         Ver a los líderes de las FARC actuando en el Congreso de la República sin el cumplimiento previo de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición es una verdadera afrenta para los ciudadanos de bien del país y su estado de derecho, por una absurda concesión del acuerdo de paz FARC-Santos. Y, por supuesto, hay que decirlo también, ellos pueden llegar a ser congresistas de pleno derecho, si el pueblo los elige, y una vez satisfagan sus cumplimientos con la justicia, las víctimas y la verdad.

La desmovilización y el desarme de unos frentes de las FARC son buenas motivos, pero no suficientes razones para entender la insondable paz de Santos.

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