LA LEGITIMIDAD Y LA CONVENIENCIA DE LA JEP

Comentario 11/03/2019

 LA LEGITIMIDAD Y LA CONVENIENCIA DE LA JEP.

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

A raíz de los escándalos de los últimos días con las actuaciones de algunos funcionarios de la llamada Justicia Especial para la Paz (JEP), se ha suscitado un debate sobre su legitimidad y conveniencia, con las más diversas opiniones e interpretaciones.

Los motivos de contradicción, algunos de ellos verdaderos escándalos, pasan por temas tales como (sin ser exhaustivos):

• La no expedición del concepto sobre la vigencia del delito de conspiración para narcotráfico de Santrich como realizado después del 1° de Diciembre de 2016 -es decir después de la firma del acuerdo de paz- solicitado en extradición por los EE UU, lo cual algunos interpretan como una protección indebida para evitar su extradición.
• El concepto de delitos continuados por los miembros de la guerrilla para seguir siendo o bien juzgados por la JEP con todos sus beneficios, o bien, si son juzgados por la justicia ordinaria, continuar con los beneficios de la justicia transicional por sus amparos de no extradición, penas reducidas y alternativas (no cárcel), a condición de revelar la verdad, reparar a las víctimas y no reincidir en el delito.
• Considerar que los delitos sexuales contra menores, cometidos por los miembros de las FARC deben ser juzgados por la JEP, cuando estos no son delitos de guerra.
• Apreciar sólo a los máximos cabecillas de las FARC como responsables de los delitos de guerra y de lesa humanidad, dejando sin piso las acusaciones contra otros miembros de ese grupo que nos son cabecillas, pero que igualmente fueron culpables.
• Solicitar que se suspendan las investigaciones de la fiscalía contra los miembros de las FARC cuando sean acogidos para su juzgamiento por la JEP.
• La feria de contratos con los abogados defensores de los miembros de las FARC hechos directamente por la propia JEP.
• El costoso presupuesto de funcionamiento de la JEP, con cerca de novecientos funcionarios, sin un solo fallo hasta ahora, a un año del inicio de su funcionamiento.
• La evidencia de nepotismo en cargos de la JEP con algunos funcionarios o en las instituciones relacionadas o con personajes cercanos a las FARC.
• El pago de sobornos para favorecer la no extradición de Santrich a alguno de sus magistrados con su señora y otras personas de la vida pública nacional.
• La obstaculización de algunos trámites frente a la justicia norteamericana con fines de extradición, tales como solicitar pruebas que no le corresponden juzgar.
• Las llamadas penas alternativas que van a aplicar, que no se sabe bien qué son o en qué consisten.
• El origen del nombramiento de sus magistrados, nombrados por personas relacionadas con la izquierda de trascendencia internacional.
• Las audiencias a puerta cerrada que realiza con los miembros de las FARC que comparecen a contar “su verdad”.
• El eventual rechazo del proyecto de estatuto de la JEP que podría impartir el Presidente Duque por razones de inconveniencia para el país, aún después de haber sido aprobado por el congreso y revisado en su constitucionalidad por la Corte Constitucional. Vale decir , además, que las propias cortes y todo el aparato Judicial del país está sometido también a cuestionamiento por los problemas de corrupción y su auto asignada facultad de modificar las leyes, con la llamada “modulación”, cuando su facultad es sólo de verificar su adherencia con la Constitución.

Es cierto que la JEP forma parte integral del acuerdo de paz firmado por el gobierno Santos con las FARC y que su configuración por la vía Fast track en el Congreso -también puesta en duda por algunos en su legalidad-, se considera un organismo conveniente y quizás necesario para destrabar el cabal contenido de lo relacionado con la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Sin embargo, desde la realización del plebiscito que negó el acuerdo, el cual fue posteriormente avalado por el congreso en “sustitución” del pueblo llamado a aceptarlo, se han creado tales suspicacias sobre el acuerdo y la JEP, que podemos decir que les falta legitimidad, aunque estén rodeados de visos de legalidad.

Distingamos que una cosa es la legalidad, otra la conveniencia y otra bien distinta la legitimidad, veamos:

• Por legalidad entendemos lo que forma parte del ordenamiento jurídico del país, de sus leyes y decretos, lo cual ha sido aprobado por los causes y los trámites definidos en la propia Constitución o en sus instrumentos reglamentarios.

• Por conveniencia entendemos lo que es apropiado en un momento determinado y frente a unas condiciones que lo requieren para su aplicación y el logro de su finalidad. No todo lo que es legal, por supuesto, es conveniente de ser aplicado dadas unas condiciones determinadas y no por esto deja de ser legal, en otras condiciones tendrá plena vigencia y aplicación.

• Por legitimidad, en cambio, estamos hablando de algo que, por supuesto, debe ser legal, pero que más allá de eso debe ser aceptado y reconocido por la comunidad no sólo por la autoridad. La legitimidad se aplica para la norma en sí, pero también para quien la aplica. Un Presidente, por ejemplo, puede ser legalmente nombrado sin embargo su legitimidad puede ponerse en duda cuando se sospecha de él como comprometido con la corrupción, si es el caso. Así, no siempre lo legal es legítimo, y menos aún conveniente.

Refiriéndonos al caso de la JEP, podemos decir que es conveniente para el país disponer de un organismo de justicia transicional aplicado a sanear y dar punto final a los elementos de justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición del conflicto que Colombia ha tenido por más de 50 años.

Sin embargo en el caso de la JEP, hay dudas sobre su legalidad y, como hemos visto, le falta legitimidad. Para muchos ciudadanos la JEP es el tribunal convenido a la medida de la guerrilla para facilitar su tránsito a la legalidad, la vigencia plena de los derechos y a la impunidad. Los miembros de las FARC que hoy están en el Congreso apenas comienzan a contar “su verdad”, lo cual está por verificar con las investigaciones hechas por la fiscalía y lo entes de control. Sin embargo, ya se les restablecieron sus derechos y se les rodeo de privilegios, sin reparación efectiva, ni sanción alguna, es decir, impunidad. Algunos miembros de la guerrilla de las FARC, todavía en armas, dicen que “ha sido un error entregar las armas”, así, ¿dónde está la garantía de no repetición?, si bien demandan los beneficios de la justicia transicional y la JEP para su provecho.

Aunque la legalidad se asuma como correcta, la legitimidad y la conveniencia de la JEP se debe discutir y replantear.