LA POLARIZANTE POLARIZACIÓN

Comentario 20/05/2019

LA POLARIZANTE POLARIZACIÓN

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

                               http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com

La polarización se ha convertido en los últimos años en la sombra que acompaña a Colombia, no hay debate político o conversación ciudadana sobre el país donde no esté presente, sesgando el juicio y la interpretación de favorecedores y opositores de las iniciativas, proyectos y programas del gobierno nacional o de las personas que acompañan al pensamiento del Centro Democrático, sus líderes y representantes, especialmente del ex presidente Alvaro Uribe. Este último es considerado, por los partidos de oposición, como el causante de todos los males del país y es visto como el gran leviatán que impide que el país avance (¿por qué?).

Aunque hay muchas causas de la polarización, examinemos la que, en mi concepto, es la fundamental: la paz de Santos y la rivalidad en las posiciones ideológicas de los partidos políticos detrás del acuerdo. Hablemos primero de lo primero: desde el inicio del gobierno Santos el país se dividió, dado que este gobernante, quien había sido elegido con las políticas, consignas y plan de gobierno del Centro Democrático, quien fue elegido por electores de ese partido y personas afines, al momento de posesionarse cambió su programa de gobierno e introdujo unas negociaciones de paz con las FARC a espaldas del país, realizadas en la Habana, con el concurso de países como el propio Cuba y Venezuela, lo cual auguraba una posición francamente de izquierda en el tono y los términos de la negociación. Santos en su segundo mandato se hizo elegir por movimientos de izquierda, fuertemente impulsados e influenciados por Gustavo Petro.

En la Habana se “negoció” lo “divino y lo humano”, a través de 6 acuerdos (desde lo agrario hasta lo institucional) que comprometen al país en tres gobiernos consecutivos, con cláusulas inmodificables y no sometidas a eventuales revisiones o renegociaciones, son constitución de la República. Es decir, frente al proceso de paz los siguientes gobiernos ya tienen las decisiones tomadas y las manos atadas por el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Sin embargo, durante 6 años de negociaciones y trámites, estos acuerdos no fueron divulgados a la comunidad, pero si se invitó a aprobarlos en el plebiscito porque significaban la paz (el SI) o, en caso contrario, la continuación de la guerra (el NO). El ex presidente Santos, quien con el acuerdo se ganó el premio Nobel de la paz, un tremendo acicate para la pronta firma del acuerdo antes de la entrega de este galardón en el mismo mes de noviembre de 2016, sometió a la aprobación del pueblo lo acordado en el famoso plebiscito del SI y del NO, ganando este ultimo. Posteriormente y con habilidad inaudita, realizó algunas consultas con los partidos políticos y como salido de un sombrero de mago, apareció el SI al acuerdo y su aplicación a partir del momento, ya que, con argucias políticas y jurídicas, mermelada, acuerdos amañados con grupos políticos, y aplicando el famoso fast track en el Congreso (quien se abrogó la facultad de sustituir al pueblo con la decisión del plebiscito), creado para tal fin por una única vez, y con el concurso de la Corte Constitucional, convirtió dichos acuerdos con las FARC en leyes de la República e hipotecó el presupuesto nacional con erogaciones por 129 billones de pesos en el plazo de ejecución del acuerdo, sin contar con fuentes ciertas de financiación. Para ello se utilizó como estribillo de sus campañas y gestiones el famoso “amigos y enemigos de la paz”, dividiendo severamente al país y polarizando su opinión con relación al acuerdo y a todo lo que de él se deriva, como la Justicia transicional, representada en la JEP.

Este acuerdo se le vendió al país como diseñado en función de las víctimas, las cuales no han estado presentes para nada, todo ha sido para favorecer a las FARC, si bien se han hecho actos de desmovilización y entrega de armas por algunos miembros de la guerrilla que han querido reincorporarse a la vida civil. De ahí en adelante, el acuerdo de paz ha sido “un caballo de Troya” dentro de la democracia, porque a medida que se ha ido “desenrollando”, se ha conocido que conduce a hechos graves e inconvenientes para el país, como son (mencionando sólo algunas):

• Amnistías e indultos aún para delitos de lesa humanidad (secuestro, violación, terrorismo contra poblaciones inermes, extorsión, narcotráfico, lavado de activos, reclutamiento forzado, apropiación de tierras, ganados y bienes de terceros, etc.). Penas alternativas distintas de cárcel con reparación a las víctimas con bienes poco comercializables.
• Reclutamiento de menores, niños y niñas (ver los testimonios de la Corporación Rosa Blanca, por ejemplo).
• Narcotráfico como delito político y su extensión por todo el país (210.000 hectáreas) y lavado de activos, sin pago de impuestos, dirigido por las disidencias de las FARC.
• Privilegios económicos y curules en el congreso para sus dirigentes, sin haber revelado la verdad, ni tenido una sola sanción por sus delito.
• Justicia Transicional sesgada en favor de las FARC, lo cual conducirá a la impunidad, la falta de verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición. Basta ver las últimas actuaciones de la JEP con el caso Santrich, cuando indica que no había suficiente evidencia para juzgar la fecha del delito, si bien la Fiscalía, la Procuraduría y dos de los magistrados de la propia JEP, quienes participaron en la verificación de la fecha, le han afirmado al país categóricamente que sí hay evidencia suficiente para avalar la extradición. Detrás de estas actuaciones, como muchas otras de la JEP, está en juego la credibilidad en todo el proceso de paz. De hecho, la propia JEP es uno de los mayores elementos de polarización y controversia en el país.

Sobre todos los elementos de la polarización política en Colombia, la izquierda pide dejar las cosas como están, pasar la página y construir el nuevo futuro del país para su desarrollo, en sentido contrario los movimientos de derecha afirman que la institucionalidad del país ha sido afectada con el acuerdo de paz, la corrupción y los fallos de las Cortes y que mientras las instituciones estén amenazadas, primero hay que defenderlas y sanearlas para que se construya un futuro sólido y estable, de lo contrario la polarización continuará por muchos años más.

En ese sentido, las objeciones del Presidente Duque al estatuto de la JEP, no son afectaciones a la constitución, se hicieron por conveniencia, y queda claramente demostrada su pertinencia con lo que está ocurriendo, si no, miremos la afectación grave a la extradición como la herramienta más eficaz en el combate a los narcotraficantes y su implicación con el caso Santrich. Ya la Procuraduría solicitó que se envié la documentación que reposa en la JEP a la Corte para que sea ella la que dictamine sobre la extradición de este criminal. Además, estamos a la espera del fallo de las Cortes sobre si las objeciones fueron rechazadas o aprobadas con el tema de los 47 votos a favor, requiriendo ser 48. Todo esto sigue polarizando al país.

¿DÓNDE ESTÁ LA BOLITA?

Comentario 20/05/2019

¿DÓNDE ESTÁ LA BOLITA?

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

                                                                                                              http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com

¡Qué semana la del 13 al 17 de mayo 2019, como para no olvidar! Ha sucedido de todo en el país, en los más diversos frentes y con las más variadas e inverosímiles consecuencias, examinemos algunos de esos hechos, en forma sucinta, ya que los detalles de cada cosa son temas para un verdadero libro que algún día un avezado periodista escribirá.

La Rama Judicial

La rama judicial es uno de los pilares de la democracia y de la sana división de poderes de una nación, es tan vital que no hay quien la sustituya, salvo la violencia y el tomar la justicia por las propias manos. La justicia, por decirlo de un modo simbólico es la “sal de la tierra”, como dice el evangelio, porque el equilibrio en las relaciones de los seres humanos lo construye la pronta y cumplida justicia. Quien dirime las diferencias entre los integrantes de una sociedad, castiga las injusticias y los incumplimientos de las leyes que los gobiernan, es también su organismo judicial. Sin embargo, el evangelio pone el dedo en la llaga cuando dice: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida ¿con qué se salará? No vale más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente» (Mt 5, 13). Algo parecido nos está ocurriendo con la justicia en Colombia, poco le está sirviendo al país con sus problemas: genera miedo, desconfianza, rechazo por su corrupción, tardanza, manipulación, privilegios, prebendas y fallos sesgados y vendidos, en muchos de sus miembros. Súmese a esto el Cartel de la Toga y otras acusaciones. Sin desconocer, por supuesto, que hay jueces probos y con total integridad, pero ¡que pocos!

El país requiere con urgencia una reforma estructural a la rama judicial, tal que la organice, la simplifique, la acerque al ciudadano y la dote de herramientas y criterios de verdadera conducta legal y moral, no política, con eficiencia, productividad, transparencia, celeridad y costos razonables. Hoy es todo lo contrario. Sin embargo, ni la Justicia se deja reformar, ni el Congreso lo ha logrado en las múltiples reformas que se han planteado. El ministerio de justicia a cargo de la Dra. Gloría María Borrero ha jugado un papel inferior a las circunstancias. Ahora se nombra a la Magistrada Margarita Cabello, llena de experiencia en los vericuetos de la Justicia, para ayudar a enderezar semejante enredo.

Extradición de Santrich y la JEP

La JEP, dentro de su funciones de verificación de la fecha del delito de narcotráfico de Santrich, finalmente y después de más de un año para la diligente diligencia, indica que no tiene indicios para determinar la fecha, si el ilícito ocurrió antes o después de la firma del acuerdo de paz, cuando dos de los cinco magistrados hicieron salvamento de voto en la sala de revisión, ya que afirmaron, al igual que la Fiscalía, que las pruebas entregadas por esta última sobre el delito y la fecha de su comisión eran palmarias. Vale decir que la JEP también afirmó en lo de Santrich “que sí otros organismos de justicia lo hallaban culpable, que merecía la cárcel como sanción”. Aún ante la insuficiente evidencia, la JEP no sólo emitió su dictamen negativo sobre la fecha de la comisión del delito para conceder la extradición, sino que expidió una orden de libertad para el detenido. Hay dudas de muchos juristas si la JEP tiene la facultad de liberar en ese caso o sólo indicar lo de la fecha para autorizar o no la extradición, ya que es claro que no puede juzgar los hechos delictivos y por lo tanto exonerar de culpa y conceder libertad. Situación que la Fiscalía, con reparos, atendió a través del nuevo Fiscal interino, el Doctor Espitia, pero luego de unos minutos de libertad, Santrich fue recapturado, bajo la gravedad de disponer de nuevos cargos y pruebas que lo comprometen con narcotráfico, los cuales ya han sido evaluados por un juez de control de garantías de la República (según indica el procedimiento de rigor que debe seguirse), quien ordena, de nuevo, su captura, en una operación, “como de película”.

Aquí se dio un choque más entre los famosos “trenes” de la Fiscalía con la JEP y, para muchos, otra grave muestra de la parcialización de la JEP a favor de los miembros de las FARC. Todo lo cual  incrementa aún más el sentimiento de desconfianza de gran parte de la población Colombiana quienes no creen y no confían en este organismo de Justicia Transicional ni en el proceso de paz, para conocer la verdad, impedir la impunidad, garantizar la reparación a las víctimas y la no repetición, lo cual ha agudizado la polarización en el país. ¿Qué irá a pasar con la apelación que va a solicitar el Procurador a la JEP, pidiendo la revisión del caso Santrich y solicitando que se estudien las nuevas y evidentes pruebas que ya disponen?

La renuncia del Fiscal

Como consecuencia de la orden de liberación de Santrich el Fiscal Martínez Neira, renunció en forma irrevocable, aduciendo una objeción de conciencia para realizar dicha liberación. Otros han interpretado esta dimisión como un oportunismo del Fiscal ante las “pesadas” acusaciones en contra suya por hechos de corrupción y favorecimiento del interés de terceros en el caso del grupo Aval- Odebrecht (con quien Martínez actuaba como asesor de Aval antes de estar en la Fiscalía, lo cual llevó al país a tener un fiscal ad hoc para juzgar la comisión de delitos en esas negociaciones, incluidos los eventuales cargos contra Martínez Neira).

Para algunos, Martínez fue un valiente fiscal que combatió el delito en todas sus formas y destapo más de una olla podrida en el país y en sus altos dignatarios por desviación de la política o simple corrupción (Cortes, Congreso, Ejecutivo, partidos políticos, funcionarios, empresarios, etc.), pero para otros, es un hábil funcionario que se aprovechó de la Fiscalía para desviar la atención sobre sus propios delitos. Eh ahí otra nueva fuente de polarización. Ojalá el Presidente Duque tenga la varita mágica de la selección de una terna para fiscal, con personas probas, llenas de experiencia y buen criterio, no sometidas a suspicacias y sospechas, por unos y otros grupos políticos o de opinión en el país. A la Corte Suprema de Justicia le toca la responsabilidad de elegir entre los miembros de esa terna. La Fiscalía, en buenas manos es, sin lugar a dudas, uno de los cargos más importantes y más necesarios para la institucionalidad y la justicia del país.

El proceso de paz

Aún no se decide por parte de la Corte Constitucional si los 47 votos que en el Congreso rechazaron las objeciones del Presidente al Estatuto de la JEP -que es el instrumento vital de la implementación del proceso de paz- o si la mayoría requerida era de 48 votos, como la matemática simple lo indica (mitad más uno de los votos habilitados 94), con lo se rechazó su análisis ya que, en realidad, no se discutió formalmente su contenido, ni una por una de las objeciones, se hizo en bloque. Prácticamente se negó la discusión de las objeciones del Presidente, no se hizo el debate, con lo cual las objeciones ni se aprobaron ni se negaron, simplemente no se tramitaron, lo que constituye un nuevo limbo en el país. La evidencia del caso Santrich, ya comentado, demuestra lo sensible de las objeciones del Presidente en la defensa de la extradición, lo cual es una de las mayores conveniencias para el país, como hasta ahora lo ha sido. Ahora, la polarización en el Congreso no puede ser peor, y la gobernabilidad nunca había sido tan baja para ningún gobierno, todo lo cual complica el mandato de Duque y la efectividad de sus reformas, iniciativas, programas y proyectos para pasar por el Congreso. Que lío y que limbo, más polarización y más incertidumbre. La Corte Constitucional le ha pedido al Congreso que mande los argumentos por los cuales no se aprobaron las objeciones, esto en realidad no se hizo, a “pupitrazo limpio”, casi sin ninguna discusión, se negaron, por pura oposición, ¿qué irá a enviar el Congreso a la Corte? La polarización entre los del sí y los del no en el plebiscito realizado por Santos, está también presente en todo esto.

Ya le están rehabilitando la curul a Mocus, por su incapacidad para permanecer como congresista por los líos con los contratos para promover la paz realizados por su Corporación Corpovisionarios, so pretexto de una tutela interpuesta por él mismo, la que creemos que nunca se resolverá y a la que el Consejo de Estado respondió con la restitución de la curul “provisional”, mientras se resuelve (¿?). El interés evidentemente es el tener más quórum garantizado favorable a la oposición al gobierno, más que por el aporte mismo del senador, quien, por sus delicados quebrantos de salud, ya poco puede actuar.

El crecimiento económico

Mientras tanto el crecimiento económico del país sigue siendo débil, apenas 2.8% en el primer trimestre 2019, cuando se esperaba mínimo un 3.2%, en la práctica aunque varios sectores están creciendo y sólo la construcción está jalonando el descenso, las amenazas internas y externas han hecho que el entorno económico esté muy enrarecido, a lo cual no ayuda tampoco la situación política. Si el país no crece siquiera al 4% anual, no existirán nuevas oportunidades de progreso y desarrollo, y con más éxodo venezolano, sí que menos, sin querer ser xenofóbicos con este comentario, frente a los venezolanos que necesitan una oportunidad en su vida, ante el destrozo de su país por el socialismo del siglo XXI.

Un gran consenso

Ante la gravedad, complejidad, polarización y consecuencias de todos los hechos narrados, y muchos más que escapan a este comentario, se habla de la necesidad de una gran acuerdo nacional, el cual, y por encima de los intereses individuales de los partidos, permita llegar a consensos, los más amplios posibles, que saquen al país del “hueco” en que se metió. Francamente sí parece ser necesario este acuerdo, pero no se ven los líderes idóneos y carentes de exceso de recelos o de rechazo de una u otra parte, que lo puedan llevar a cabo, la polarización y la prevención es tal que no invita a bajar las “armas” y a promover los consensos. Por ejemplo, el Expresidente Uribe, solicitó al menos llegar a un consenso sobre dos de las objeciones de Duque al estatuto de la JEP, relacionadas con la extradición, y también fue arrollado por el voto a “pupitrazo”. Se requiere el liderazgo del Presidente Duque, quien con su tono conciliador, ha granjeado un cierto ambiente de concertación para tal fin, en los más diversos grupos de orientación política, aunque no está exento de las más fuertes críticas por las “alas” radicales de los diferentes partidos.

La pregunta es “¿dónde está “la bolita”?, ¿dónde está el liderazgo y el valor para armar los acuerdos, apaciguar los espíritus y llevar al país por una senda de mayor conciliación y concierto, con grandeza de patria y no de partido? Encontrar la bolita (como en el juego de las tres tapitas y la bolita), está bien difícil.

LA MALA HORA DE LA IZQUIERDA

Comentario 29/04/2019

LA MALA HORA DE LA IZQUIERDA

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

                                                                                                              http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com

En Latinoamérica, durante los últimos 20 años “el péndulo regresó”, ya quedan pocos de los gobiernos que se fueron caracterizando por personajes reconocidos dentro de los movimientos políticos de la izquierda radical, quienes pregonaron la primacía del Estado sobre el sector privado, la centralización del poder, desarrollaron discursos populistas y/o de nacionalismo extremo, con conductas, en la mayoría de los casos, fuertemente autocráticas y, en otros, de verdadero corte fascista.

Nos referimos a gobiernos como, por citar sólo los más representativos, los de: Cuba (los hermanos Castro y su camarilla comunista), en Venezuela (Chaves y Maduro), en Brasil (Lula da Silva y Dilma Rousseff), en Argentina (los Kirtchner), en Nicaragua (Ortega), en Bolivia (Morales), en Ecuador (Correa) y en Colombia (Juan Manuel Santos y su proceso de paz, favorecedor de la impunidad para las FARC).

En los últimos años, en este tipo de casos, como en muchos otros, los gobiernos trasformaron su gestión política y administrativa en modelos cada vez más radicales, con matices desde el centro-izquierda en muchos casos, hasta la izquierda pura en algunos otros. Su inicio, como modelo de gobierno, parecía salvador y trasformador para las comunidades, con un claro discurso económico y social en favor de las clases menos favorecidas, y con modelos de gobierno rodeados de supuesta legalidad, transparencia y equidad.

Desafortunadamente, el tiempo demostró la inconveniencia de esos Gobiernos por una de tres causas: ineficacia en la obra de gobierno (no cumplieron lo que prometieron), en segundo lugar, se volvieron gobiernos autocráticos y, en muchos casos cleptocráticos (gobierno de ladrones) con todo tipo de delitos por corrupción, en connivencia con sus partidos políticos y con empresarios privados o con mafias internacionales, y en tercer lugar, con la comisión de graves delitos de lesa humanidad como torturas, encarcelamiento forzado, persecución política, restricción de libertades políticas y de movilidad, etc.

Las dos situaciones en extremo dramáticas son las de Cuba y Venezuela, cuyos gobiernos totalitarios y sus camarillas han destruido la iniciativa privada y han restringido todo tipo de libertades ciudadanas. Ambos gobiernos comparten, además, acusaciones de favorecimiento al narcotráfico o al lavado de activos, para su beneficio. También con la usurpación y concentración de todos los poderes públicos en cabeza de los respectivos mandatarios, la “destrucción o persecución” total de los partidos políticos opositores, la desaparición de las legítimas instituciones y la interpretación a su amaño de la Constitución y las leyes.

Brasil y Argentina comparten sendas acusaciones de grave corrupción en sus últimos gobiernos. El de Lula, por ejemplo, quien paga una condena de doce años con acusaciones de corrupción y favorecimiento, como en los casos de Odebrecht y Lava Jato. Por su parte la señora Cristina de Kirtchner está acusada de corrupción y saqueo de los recursos del Estado, tiene siete investigaciones en su contra, además de abuso de poder, pero no se le puede detener por su condición de senadora, pero algún día tendrá que pagar la sanción penal, social y moral por sus delitos.

En Nicaragua, Ortega, se ha convertido en un dictador, con fuerte represión a la oposición política y gran saqueo al Estado. El y su familia han transformado ese país como en un “predio privado”, donde ellos toman y ejecutan todas sus decisiones sin respeto por la constitución, las leyes o los derechos humanos más elementales.

Otro tanto sucede en Bolivia, donde Morales, con miles de argucias políticas quiere reelegirse eternamente, si bien ya hubo un plebiscito que votó ampliamente para prohibirlo, y además, concentra en él las decisiones de todas las instituciones del Estado. En este caso no ha sido acusado directamente de corrupción, aunque sí de la explotación de la coca y del lavado de activos que se produce en su país. El régimen es considerado como opresor y totalitario por sus opositores.

En Ecuador, el señor Correa, dejó una estela de división y odio entre partidarios y contrarios políticos, él está siendo acusado por graves casos de corrupción en contratos de infraestructura y también por graves violaciones a la Constitución del país. De hecho está exiliado en Bélgica y tiene orden de captura si ingresa a su país.

Por su parte, Juan Manuel Santos en Colombia, quien fue elegido por movimientos de centro y derecha en su primer gobierno, se hizo elegir por movimientos de izquierda en su segundo período, contando con la excepcional actuación de Gustavo Petro en Bogotá, quien fuera prácticamente su elector. No es difícil colegir la orientación de su gobierno centrado en la negociación de un proceso de paz, asesorado por miembros de la izquierda mundial, provenientes del Perú, España y Argentina, proceso que aún no demuestra sus garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición a través de la JEP, a medida que pasan los años. Pero, además, como gobierno, el de Santos está acusado de graves problemas de corrupción/mermelada que han conducido al país al mayor déficit fiscal y al mayor endeudamiento público de toda su historia, sin saberse muy bien todavía qué se hizo con el dinero, porque en obras pocas se vieron. Aún no se define, por el fiscal ad hoc nombrado en Colombia, la participación directa de Santos en el caso Odebretch (como ha sucedido en Perú, Brasil, Panamá, el Salvador, etc.), aunque ya hay miembros de su gobierno acusados o condenados.

En el caso de Colombia, además, de acuerdo con los hechos imputados a miembros de la izquierda, por razones diversas de índole legal, se ha descalificado recientemente: a Petro, como potencial candidato presidencial, por desafueros o delitos en su alcaldía en Bogotá y se le ha negado la personería de su partido por el no cumplimiento de requisitos. A Ángela María Robledo, la Vice de la fórmula de Petro, por haberse hecho elegir por el movimiento de la Colombia Humana sin renunciar a la Alianza Verde a la cual pertenecía, como era legalmente necesario para evitar la doble militancia. EL último desafortunado suceso, para la izquierda colombiana, es la anulación de la elección de Antanas Mocus como senador, ya que no debió postularse a ese cargo por estar inhabilitado, por los contratos para promover la paz suscritos por la Fundación Corpovisionarios con el Estado –su fundación y dónde él tenía la representación legal.

Los solos casos mencionados, por notorios se resaltan, pero existen muchos más que están afectando la credibilidad política, la idoneidad y la transparencia de algunos de sus miembros de los movimientos de izquierda, donde se ha pasado por alto las normas legales y éticas para obtener beneficios personales y familiares y/o para beneficiar a sus correligionarios, partidos favorecedores y relacionados.

Es, por consiguiente, como hemos visto, la mala hora de la izquierda radical.