Comentario
20/05/2019
LA POLARIZANTE POLARIZACIÓN
Por: Carlos Alberto Mejía Cañas
Ingeniero Industrial y Administrativo
La polarización se ha
convertido en los últimos años en la sombra que acompaña a Colombia, no hay
debate político o conversación ciudadana sobre el país donde no esté presente,
sesgando el juicio y la interpretación de favorecedores y opositores de las iniciativas,
proyectos y programas del gobierno nacional o de las personas que acompañan al
pensamiento del Centro Democrático, sus líderes y representantes, especialmente
del ex presidente Alvaro Uribe. Este último es considerado, por los partidos de
oposición, como el causante de todos los males del país y es visto como el gran
leviatán que impide que el país avance (¿por qué?).
Aunque hay muchas
causas de la polarización, examinemos la que, en mi concepto, es la fundamental:
la paz de Santos y la rivalidad en las posiciones ideológicas de los partidos
políticos detrás del acuerdo. Hablemos primero de lo primero: desde el inicio
del gobierno Santos el país se dividió, dado que este gobernante, quien había
sido elegido con las políticas, consignas y plan de gobierno del Centro Democrático,
quien fue elegido por electores de ese partido y personas afines, al momento de
posesionarse cambió su programa de gobierno e introdujo unas negociaciones de
paz con las FARC a espaldas del país, realizadas en la Habana, con el concurso
de países como el propio Cuba y Venezuela, lo cual auguraba una posición
francamente de izquierda en el tono y los términos de la negociación. Santos en
su segundo mandato se hizo elegir por movimientos de izquierda, fuertemente
impulsados e influenciados por Gustavo Petro.
En la Habana se
“negoció” lo “divino y lo humano”, a través de 6 acuerdos (desde lo agrario
hasta lo institucional) que comprometen al país en tres gobiernos consecutivos,
con cláusulas inmodificables y no sometidas a eventuales revisiones o
renegociaciones, son constitución de la República. Es decir, frente al proceso
de paz los siguientes gobiernos ya tienen las decisiones tomadas y las manos
atadas por el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Sin embargo, durante 6
años de negociaciones y trámites, estos acuerdos no fueron divulgados a la
comunidad, pero si se invitó a aprobarlos en el plebiscito porque significaban
la paz (el SI) o, en caso contrario, la continuación de la guerra (el NO). El ex
presidente Santos, quien con el acuerdo se ganó el premio Nobel de la paz, un
tremendo acicate para la pronta firma del acuerdo antes de la entrega de este
galardón en el mismo mes de noviembre de 2016, sometió a la aprobación del
pueblo lo acordado en el famoso plebiscito del SI y del NO, ganando este ultimo.
Posteriormente y con habilidad inaudita, realizó algunas consultas con los
partidos políticos y como salido de un sombrero de mago, apareció el SI al
acuerdo y su aplicación a partir del momento, ya que, con argucias políticas y jurídicas,
mermelada, acuerdos amañados con grupos políticos, y aplicando el famoso fast
track en el Congreso (quien se abrogó la facultad de sustituir al pueblo con la
decisión del plebiscito), creado para tal fin por una única vez, y con el
concurso de la Corte Constitucional, convirtió dichos acuerdos con las FARC en leyes
de la República e hipotecó el presupuesto nacional con erogaciones por 129
billones de pesos en el plazo de ejecución del acuerdo, sin contar con fuentes
ciertas de financiación. Para ello se utilizó como estribillo de sus campañas y
gestiones el famoso “amigos y enemigos de la paz”, dividiendo severamente al
país y polarizando su opinión con relación al acuerdo y a todo lo que de él se
deriva, como la Justicia transicional, representada en la JEP.
Este acuerdo se le
vendió al país como diseñado en función de las víctimas, las cuales no han
estado presentes para nada, todo ha sido para favorecer a las FARC, si bien se
han hecho actos de desmovilización y entrega de armas por algunos miembros de
la guerrilla que han querido reincorporarse a la vida civil. De ahí en
adelante, el acuerdo de paz ha sido “un caballo de Troya” dentro de la
democracia, porque a medida que se ha ido “desenrollando”, se ha conocido que
conduce a hechos graves e inconvenientes para el país, como son (mencionando sólo algunas):
- Amnistías e indultos aún para delitos de lesa humanidad (secuestro, violación, terrorismo contra poblaciones inermes, extorsión, narcotráfico, lavado de activos, reclutamiento forzado, apropiación de tierras, ganados y bienes de terceros, etc.). Penas alternativas distintas de cárcel con reparación a las víctimas con bienes poco comercializables.
- Reclutamiento de menores, niños y niñas (ver los testimonios de la Corporación Rosa Blanca, por ejemplo).
- Narcotráfico como delito político y su extensión por todo el país (210.000 hectáreas) y lavado de activos, sin pago de impuestos, dirigido por las disidencias de las FARC.
- Privilegios económicos y curules en el congreso para sus dirigentes, sin haber revelado la verdad, ni tenido una sola sanción por sus delito.
- Justicia Transicional sesgada en favor de las FARC, lo cual conducirá a la impunidad, la falta de verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición. Basta ver las últimas actuaciones de la JEP con el caso Santrich, cuando indica que no había suficiente evidencia para juzgar la fecha del delito, si bien la Fiscalía, la Procuraduría y dos de los magistrados de la propia JEP, quienes participaron en la verificación de la fecha, le han afirmado al país categóricamente que sí hay evidencia suficiente para avalar la extradición. Detrás de estas actuaciones, como muchas otras de la JEP, está en juego la credibilidad en todo el proceso de paz. De hecho, la propia JEP es uno de los mayores elementos de polarización y controversia en el país.
Sobre todos los
elementos de la polarización política en Colombia, la izquierda pide dejar las
cosas como están, pasar la página y construir el nuevo futuro del país para su
desarrollo, en sentido contrario los movimientos de derecha afirman que la
institucionalidad del país ha sido afectada con el acuerdo de paz, la
corrupción y los fallos de las Cortes y que mientras las instituciones estén
amenazadas, primero hay que defenderlas y sanearlas para que se construya un
futuro sólido y estable, de lo contrario la polarización continuará por muchos
años más.
En ese sentido, las
objeciones del Presidente Duque al estatuto de la JEP, no son afectaciones a la
constitución, se hicieron por conveniencia, y queda claramente demostrada su pertinencia
con lo que está ocurriendo, si no, miremos la afectación grave a la extradición
como la herramienta más eficaz en el combate a los narcotraficantes y su implicación
con el caso Santrich. Ya la Procuraduría solicitó que se envié la documentación
que reposa en la JEP a la Corte para que sea ella la que dictamine sobre la
extradición de este criminal. Además, estamos a la espera del fallo de las Cortes
sobre si las objeciones fueron rechazadas o aprobadas con el tema de los 47
votos a favor, requiriendo ser 48. Todo esto sigue polarizando al país.
