Comentario 03/06/2019
LA NEGRA NOCHE
Por: Carlos Alberto Mejía Cañas
Ingeniero Industrial y Administrativo
Http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com
Estamos atravesando una negra noche en la vida
institucional, política y jurídica del país. Pobre Colombia como le está yendo
de mal en lo relacionado con la aplicación jurídica del acuerdo de paz de
Santos-FARC, el cual no sólo contenía el capítulo de dejación de las armas y la
reincorporación a la vida civil de sus líderes y combatientes, donde, en forma
significativa se ha avanzado, pero se han mantenido las disidencias de las FARC.
Se pretendía, además, superar los grandes problemas de los delitos de
secuestro, violación, terrorismo contra poblaciones inermes, extorsión,
narcotráfico, lavado de activos, reclutamiento forzado, apropiación de tierras,
ganados y bienes de terceros, que eran frecuentes en los distintos frentes de las
FARC etc., todo lo cual continúa o aún no tiene solución.
Por un lado, las FARC mantienen su capacidad armada a través
de las llamadas disidencias y del personal de líderes activos en labores
guerrilleras y de narcotráfico como el Paisa, Romaña e Iván Márquez, entre
otros de menor significación, como también de activistas políticos preparados
para alterar los ánimos de los ciudadanos que participan en movimientos de
protesta, buscando que prime el caos, el desconcierto y que se generen
situaciones de desgobierno que ellos capitalizan para sus acciones terroristas.
Por otro lado, el negocio del narcotráfico continúa creciendo y la obligación
del acuerdo de la colaboración de los miembros de las FARC para su erradicación,
sigue en el vacío. No hubo delación de rutas, ni contactos claves en Colombia y
en el exterior (cartel de Sinaloa de México).
Además, hay miembros de las FARC que han continuado activos
frente a este negocio, como en el caso de Santrich (pero puede haber más), el cual
se muestra por las FARC a la opinión pública como un líder impoluto,
transparente y comprometido con el desarrollo del acuerdo, sin embargo, hoy
está acusado de narcotráfico y lavado de activos en actos realizados después de
la firma del acuerdo. Pero los órganos de Justicia lo amparan, veamos: El Consejo
de Estado, cambiando su jurisprudencia anterior, dijo que él sí es congresista
y por lo tanto tiene fuero, aún sin posesionarse de su cargo. Por decisión de
la Corte Suprema de Justicia está gozando de libertad, por decisión de la
JEP se le concede la no extradición y la Corte Constitucional tumba
las objeciones del presidente al Estatuto de la JEP, indicando que este no se
puede modificar por ese medio, con lo cual le concedió más peso al acuerdo que
a la Constitución que permitía plantear las objeciones como facultad
presidencial, usando para ello una extraña aritmética donde 47 votos es la
mitad más uno de 94 curules. Parecería que toda la rama de la justicia se ha
puesto de acuerdo para favorecer a Santrich a pesar de las evidencias y pruebas
de delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo.
Ahora él se va a posesionar como Congresista y quedarán dos
procesos contra su libertad y extradición: la demanda del Procurador
solicitando revisar el fallo de la no extradición en la JEP y la acción de la
Corte Suprema de Justicia, sí se decide a juzgarlo y/o extraditarlo. Lo cierto
es que la comedia Santrich sigue, y el país más se polariza frente al acuerdo de
paz y a la conducta de los órganos de Justicia. Hoy tenemos dos congresistas en
ejercicio en la misma curul, Santrich y el actual, quien lo había sustituido,
por estar él detenido.
Extrañamente ya se habla de sacar adelante nuevas leyes
aclaratorias para definir la extradición para guerrilleros por delitos después
del acuerdo y de mecanismos alternativos (constituyente, referendo) para
examinar de nuevo las necesarias modificaciones del acuerdo de paz y del
estatuto de la JEP, para no afectar la extradición y evitar la impunidad, y
asegurar la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, incluida en
todas estas vueltas y revueltas volver a formar coaliciones en el Congreso
tales que permitan pasarlas.
Santrich, entonces, será otro más de los miembros de las
FARC que llega al Congreso sin pasar primero por revelar la verdad, reparar a
las víctimas, tener una pena efectiva y comprometerse a la no repetición. La
actuación de la JEP ha permitido que los miembros de las FARC en el Congreso
gocen de esas ventajas, porque su “modelo” de aplicación de la Justicia
Transicional es el de dilatar los procesos a su cargo, por ejemplo, se tardaron
más de un año para decir que no había evidencia de la fecha de Santrich, pero sí
tuvieron evidencia para ordenar liberarlo, materia que no era de su
competencia. Con lo cual, los ciudadanos confirmamos que ese organismo sí es el
tribunal de las FARC, para las FARC, creado por ellos y para ellos, como afirma
su máximo líder Timochenko. Vamos a ver qué sucede con la apelación del Procurador
ante la JEP para revisar su extradición, sin embargo, como ya es aforado, parece
que nada sucederá. Qué vergüenza para el país y que afrenta a la ciudadanía que
ese personaje vaya a ocupar una curul en el Congreso. Lamentablemente, los
actos derivados del proceso de paz FARC-SANTOS, conducen a beneficiar la
posición de los miembros de las FARC, no a las víctimas, como astutamente se le
vendió a Colombia.
Pero, la otra cara de la moneda es que el Estado Colombiano
y sus instituciones han quedado muy mal parados, se han pasado por alto todas
las normas y procedimientos para favorecer el proceso de paz y a las FARC
(bajar el umbral en el plebiscito, ganar el NO y aplicar el SÍ, el fast track
para su aprobación, mayorías, no mayoritarias, forzar interpretaciones de la ley
y la jurisprudencia, etc.). La ley y las instituciones se han alterado en favor
de estos guerrilleros, permitiéndoles los máximos privilegios políticos,
económicos, de seguridad, de figuración pública, etc., sin divulgar un sólo
delito, sin ningún juzgamiento y sin ninguna pena, hasta ahora y al paso de la
JEP, será por ……siempre.
Ahora, se están afectando las relaciones sensibles,
estratégicas y tradicionales de Colombia con Estados Unidos principalmente,
como aliados comerciales, institucionales y mutuamente comprometidos con la
lucha frente al narcotráfico, puesto que durante la negociación del proceso de
paz y su aplicación ha sido poco eficaz
la lucha por la erradicación de cultivos, que se estima llegan a más de 210.000
hectáreas. Según opinión de la Corte, el glifosato que es la cura eficaz para
la erradicación de las plantas de coca, es cancerígeno si se aplica a esos
cultivos, pero no lo es cuando se emplea en otro tipo de cultivos agrícolas.
Otro acomodo de nuestras Cortes. Nada raro fuera que en la campaña política de
los Estado Unidos el tema de Colombia, su narcotráfico y su guerrilla se vuelva
controversia de campaña y termine llevando al país a una descertificación, con
lo cual, por un lado, perderíamos la ayuda de ese país, más de US$ 400 millones
por año para erradicación y, por otro lado, el mercado más importante para
nuestras exportaciones (principal socio comercial), las cuales el país requiere
en forma urgente para balancear sus déficit comercial y fiscal.
El tal acuerdo de paz que se nos vendió bajo lo luminoso de
la defensa de la paz como el mayor valor para la concordia y las relaciones
armoniosas entre los ciudadanos, cuando, en realidad, es un acuerdo diseñado
para favorecer a las FARC, con lo cual la institucionalidad y la majestad del
país está en juego y con ella su economía y el verdadero bienestar de todos los
ciudadanos. Qué ejemplo para nuestras generaciones futuras: la enseñanza es que
se puede delinquir como guerrillero, con supuestas motivaciones políticas, que
después vendrán los privilegios concedidos por el propio Estado.
¿No es todo esto: la actuación de la rama judicial, el
acuerdo de paz, el caso Santrich, la falta de gobernabilidad del Gobierno en el
Congreso, la interinidad en la Fiscalía, la conducta de los partidos, la del Procurador,
etc. la negra noche para Colombia?, en mi opinión sí.
