lunes, 17 de junio de 2019

EL ENTRANPAMIENTO


Comentario 17/06/2019
EL ENTRANPAMIENTO
Por: Carlos Alberto Mejía Cañas
Ingeniero Industrial y Administrativo
                               Http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com

En reciente entrevista del negociador de paz, Sergio Jaramillo, concedida a una famosa periodista de la CNN y a una cadena de radio en Colombia, se quejó de dos cosas: la primera, que el acuerdo de paz no se estaba desarrollando a cabalidad (contrario a la evidencia) y la segunda, que el caso Santrich era una entrampamiento de las autoridades colombianas y norteamericanas, calificándolo como un acto muy hostil, para perjudicar el proceso de paz.

A renglón seguido la Vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, le respondió: “que fue el pueblo colombiano el que se sintió engañado con lo pactado en Cuba con la hoy desarmada guerrilla” “Lo que preguntaría es cómo le hicieron este entrampamiento a la sociedad colombiana para dejarnos anegados de narcotráfico”, dijo Ramírez, tras recordar cómo ha venido creciendo el número de hectáreas cultivadas con coca, un alarmante hecho que, agregó, se dio como consecuencia de la firma de los acuerdos de paz. “El entrampamiento está también en generar un acuerdo que permite que Santrich esté sentado hoy en el Congreso sin haber tenido un sólo día de condena, ni el más mínimo gesto de reparación o contrición frente a la sociedad”, agregó la vicepresidenta Ramírez desde Neiva. Examinemos los argumentos de la Vicepresidente Ramírez para encontrar las razones de sus afirmaciones:

Desde la posesión del Presidente Santos, en su primer gobierno, el pueblo colombiano que lo eligió se sintió engañado, porque cambió las motivaciones de su campaña, la cual fue acompañada firmemente por el Centro Democrático, por un proceso de paz inconsulto e inopinado, para el cual el país no le había dado un mandato. Sin embargo, Santos usó toda su argucia, con la capacidad y el presupuesto del Estado, para celebrar un acuerdo con la guerrilla de las FARC en Cuba, con el concurso de países abiertamente de la izquierda radical como Cuba y Venezuela y con miembros extranjeros representantes de partidos de izquierda, quienes diseñaron y participaron en la conformación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la llamada columna vertebral del acuerdo de paz. De hecho, el Presidente Santos en su segundo mandato se hizo elegir con las banderas de la izquierda, especialmente lideradas, en esa elección, por Gustavo Petro.

Santos, sintiéndose sobrado en su acuerdo de paz, sometió su aprobación al famoso plebiscito donde se midieron las fuerzas del Sí (a favor de la paz) y las del No (en contra de la paz) según la mal intencionada propaganda que se hizo en ese momento, con recursos del Estado. Hasta los funcionarios públicos fueron autorizados a hacer proselitismo por la causa del Sí. Santos, además, modificó el umbral de las votaciones a su amaño, para forzar el Sí. Quienes no estaban de acuerdo con lo aprobado en la Habana, eran guerreristas y contrarios a la paz y condenaban al país a la descalificación de la comunidad internacional y al atraso en las zonas de conflicto, nada más lejos de la verdad. Se recuerda con especial asombro el acto de imposición de las palomas de la paz en Cartagena con Presidentes de varios países, todo financiado por Colombia. Santos, además, se “ganó” el nobel de paz, que era uno de sus principales objetivos, en su agenda oculta a los ciudadanos colombianos.

Luego del plebiscito, Santos utilizó toda su maña política, en asocio con los partidos colombianos traiciónales y los de izquierda, menos el Centro Democrático, para forzar su aprobación y reglamentación vía fast track en el Congreso, creado para ese efecto, en representación del pueblo colombiano, según afirmó. Con el acuerdo benefició en todas sus formas a los miembros de las FARC, borrando sus delitos, aún los de narcotráfico, y concediéndoles beneficios en la desmovilización y entrega de armas (la cual apenas fue parcial), se les otorgaron: territorios, presupuestos, curules, injerencia política con los seis puntos acordados en la Habana, los cuales condicionan el devenir de Colombia y sus presupuestos públicos en los siguientes quince años de la firma del acuerdo, al no poder ser modificado por los siguientes tres gobiernos. De hecho, volvía constitución de la república el acuerdo para que no fuera susceptible de modificarse en forma expedita. El acuerdo declaró, eso sí, que los delitos de lesa humanidad y los cometidos por los miembros de las FARC después de su firma, sí serían sancionados de acuerdo a las normas de la JEP (penas alternativas, no de cárcel,….. más gabelas), quien juzgaría, además, sobre el momento de su realización para aceptar o rechazar la extradición, en caso de ocurrir.

Lo que ha ocurrido en Colombia durante el acuerdo y posterior a su firma es un verdadero entrampamiento para los ciudadanos colombianos, quienes pensando en la paz, con asombro, han tenido que ver los más atrevidos actos de agresión por parte de los miembros de las FARC, como son:
·         Extensión de cultivos de coca por más de 210.000 hectáreas, con severa afectación al medio ambiente y a la salud de la comunidad inundada de microtráfico. Podemos ser descertificados por USA por estos hechos.
·         No hay una real verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición por parte de los miembros de las FARC, quienes han continuado en disidencias armadas los unos, o en el congreso y la vida política, los otros. La reparación la está haciendo el Estado a las víctimas sin garantía de recuperación de los bienes declarados por las FARC (entre ellos cucharas, cuchillos y pocillos usados). En la práctica se ha producido el mayor lavado de activos del país sin ninguna sanción impositiva, no se ha visto, tampoco, una acción de la DIAN para encausar dichos dineros
·         La JEP (“el tribunal de las FARC”, como los llaman los propios guerrilleros) es un organismo que goza de toda la desconfianza de la comunidad por su sesgada actuación en favor de ellos, sin mostrar resultados efectivos de su juzgamiento de los delitos. Ya se anuncia un referendo revocatorio del mandato de la JEP, que vamos a ver si se realiza.
·         Los máximos cabecillas, están “calentando asiento en el congreso”, con prebendas de seguridad y remuneraciones millonarias, sin aportarle nada a la Nación, y sin haber sacado un voto en elección popular para su aclamación como congresistas.
·          El caso Santrich repele por lo grotesco y desafiante para el pueblo colombiano, lo malo es que los órganos de justicia parecen defenderlo: La JEP dice que no es extraditable, el Consejo de Estado que es aforado y la Corte Suprema de Justicia, que debe gozar de libertad para posesionarse como congresista, lo cual en efecto ya hizo, en forma desafiante.

¿El entrampamiento será para Santrich y para el proceso de paz o para el pueblo colombiano engañado por el gobierno Santos y sus negociadores, en connivencia con las FARC? Creo firmemente que es lo segundo, pero… siempre habrá otro amanecer y amanecerá y veremos.

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