LA VISIÓN DE LARGO PLAZO

Comentario 29/07/2019

LA VISIÓN DE LARGO PLAZO

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

                               Http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com

Muchos de los problemas que Colombia tiene que resolver son temas que requieren tener una visión de largo plazo. Aspectos tales como la problemática de la salud, de las pensiones, de la tenencia de tierras, la pobreza, la carencia de infraestructura para mejorar la competitividad del país, la educación de calidad, los problemas de la diversificación de exportaciones, la explotación de las reservas petroleras, los cultivos ilícitos y el narcotráfico, con todas sus consecuencias, la implementación del proceso de paz, etc. Para mencionar los más fundamentales, sin agotar, por supuesto, el inventario de temas complejos y de solución no inmediata.

La riqueza del pensamiento milenario del pueblo chino acuñó un proverbio que vine muy bien a esta reflexión: “hasta el camino más largo comienza con el primer paso”. Y otro gran pensador sobre los temas de estrategia, el profesor Peter Senge, afirmaba que la visión de largo plazo no es solamente una idea, es una fuerza de impresionante poder y pocas fuerzas humanas son tan poderosas como una visión compartida.

Hay dos claves muy importantes en esos pensamientos: comenzar el camino y tener una visión compartida. Eso es precisamente lo que le debería suceder a Colombia, el tener una visión compartida de largo plazo que permita enfocar los esfuerzos en la dirección correcta, para iniciar el camino, aunque los resultados sólo se vean en el largo plazo. Muchos de los problemas que hemos mencionado antes son de alta complejidad, añejos en su existencia y son la acumulación de circunstancias, errores, indecisiones y decisiones de muchísimos años. Sin embargo, con la visión y el esfuerzo adecuados, se pueden resolver.

No ha sido fácil el inicio del gobierno del Presidente Iván Duque, y el corto plazo de su acción parece “patito feo”, con muchos tropiezos y sinsabores, con resultados que aún son tímidos, en ocasiones poco claros, y en otras, poco contundentes. Sin embargo, desde mi punto de vista, su visión de largo plazo y su actuación en esa dirección sí está bien orientada, acompañando sus principios de legalidad, emprendimiento y equidad. Veamos el porqué, mencionado algunos ejemplos de su actuación:

·        Relaciones internacionales.

El Presidente Duque ha dicho con claridad que Colombia no necesita más tratados de libre comercio con otros países o regiones del mundo, pero sí poner a macha los ya suscritos (unos 18), y para el efecto ha realizado varias visitas internacionales promoviendo a Colombia como lugar de inversión y oportunidad de comercio. Estos esfuerzos son, por si mismos, calificados de innecesarios por diferentes corrientes de opinión, sin embargo son importantísimos: Colombia, salvo por el narcotráfico, poco figura en el “radar” de otras naciones y empresarios extranjeros para realizar procesos de intercambio comercial o de inversión profundos y duraderos. Colombia, debe exportar con el “alma” y diversificar sus fuentes de ingresos externos con todo su esfuerzo, como lo promovía desde los años 60 el Presidente Carlos Lleras Restrepo, que para ese entonces eran básicamente exportaciones de café en grano, es decir, sin valor agregado.

·         El desbloqueo de la salud.

El esfuerzo por “desbloquear” los problemas de la salud, donde se ha creado un nudo de obligaciones y mutuas recriminaciones entre todos los participantes, es decir, gobierno, prestadoras de servicios de salud, aseguradoras, profesionales y pacientes, es muy importante, aún con la emisión de títulos de deuda de largo plazo, como solución. Colombia, singularmente, tiene un amplia cobertura (casi el 100% de la población) y un sistema de salud que es reconocido por su calidad, pero los problemas de carácter financiero y de corrupción le impiden mayor celeridad y en ocasiones falta de prestación de los servicios.

·         El arranque de las obras de infraestructura paralizadas.

Tan importantes como los dos anteriores, lograr que, por fin, arranquen o continúen su ejecución muchas de las obras de infraestructura que hoy están metidas en el lodo de la corrupción y la falta de oportuna financiación, es un costo alto para el país y para gobierno, pero es una solución vital para el desarrollo y el progreso.

·         El nuevo modelo de relaciones con las ramas del poder público.

Cambiar las costumbres políticas nunca ha sido una tarea fácil, el gobierno de Duque acometió con valor un cambio en sus relaciones con los otros órganos del poder público, evitando la famosa “mermelada” como fundamento de la relación. Esto ha causado miles de sinsabores en sus relaciones con el Congreso, especialmente, pero poco a poco se verán los resultados de menor politiquería y más ideas que se vuelven ejecución. Por esta conducta le han fallado varias reformas urgentes como la política (listas cerradas), las de la justicia (competencias de los órganos de la justicia y las objeciones a la JEP) y las anticorrupción que “extrañamente” no pasaron en el Congreso (¿?).

·         El combate a la corrupción.

Se ha enfrentado con decisión a los problemas de corrupción que enmarcan la vida nacional, siendo el más renombrado de ellos, en los últimos años, el de Odebrecht y su perniciosa influencia en la contratación pública y en las campañas políticas. Estos son pasos lentos, pero su efecto se verá en el largo plazo, sí se persiste con decisión en ellos y se crea la cultura de la legalidad, como ha sido uno de los pilares de su gobierno.

·         La erradicación de cultivos ilícitos y el narcotráfico.

Duras batallas ha tenido que librar el gobierno de Duque para combatir el narcotráfico y sus tentáculos en el lavado de activos, el contrabando, el daño ambiental y el efecto en la macroeconomía. Su última “jugadita” fue lograr que la Corte Constitucional no prohibiera el uso del glifosato, aunque haya establecido términos restrictivos para su uso. De hecho la aproximación del Presidente Duque a este tema ha sido un conjunto de acciones, desde la erradicación manual y la sustitución de cultivos, así como la interdicción, la persecución a los precursores químicos y el ataque frontal a los daños ambientales. Pero se necesita también el glifosato y la aspersión aérea en vastas zonas de la geografía del país.

·         El proceso de paz con legalidad.

Esta difícil tarea, la de poner en marcha los acuerdos de paz heredados del anterior gobierno, la ha hecho el gobierno Duque sin prisa pero sin pausa, bajo el lema de que los acuerdos se deben respetar y acatar, pero se debe preservar la legalidad. Estos acuerdos además, suponen un esfuerzo presupuestal enorme, el cual no estaba contemplado en las cifras del gobierno anterior y las cuales alteran fuertemente los planes del gobierno actual. Bienvenida la paz, pero su implementación será en la medida que las capacidades del país lo permitan.

·         El fracking para explotar los recursos petroleros y gasíferos.

Colombia carece de reservas petroleras importantes para la explotación por métodos convencionales, sin embargo pude llegar a aplicar métodos alternativos, como el fracking, solución necesaria a largo plazo para el país, ya probada en otros países en su efectividad e inocuidad para el medio ambiente. Duque también se la está jugando por esta facultad en Colombia, con una mirada de largo alcance.

En fin como afirmaba Séneca: “Ningún viento es favorable para quien no sabe dónde se dirige”, creo que el gobierno Duque sí sabe dónde se dirige en el largo plazo para asegurar el futuro del país.

¿NOS INTERESA LA POLÍTICA?

Comentario 22/07/2019

¿NOS INTERESA LA POLÍTICA?

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

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La política es el arte de gobernar en favor de la comunidad, administrando los temas y los bienes del Estado, para promover relaciones de concordia, progreso y justicia entre todos los ciudadanos. En efecto, el Estado, a través de las tres ramas del poder público (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) administra los asuntos de interés público en representación de la ciudadanía que los elige para defender sus intereses y sus derechos, así como hacer cumplir sus deberes.

Así definida y cumplida, la política debería ser sujeto de todo tipo de acompañamiento por parte de los ciudadanos, quienes acatarían con fervor sus actos y disposiciones. Sin embargo, en Colombia, qué lejos estamos de estas definiciones y percepciones. En las encuesta de opinión es un lugar común la baja popularidad del Congreso y sus congresistas (menos del 30% de favorabilidad, es decir, más del 70% de opinión negativa), quienes representan o dicen representar a la ciudadanía en sus intereses y en la defensa de los asuntos del Estado.

Sin embargo, y contadas excepciones, que por pocas se destacan, lo que los ciudadanos observamos es corrupción, politiquería, defensa de intereses privados o individuales, aprovechamiento de los bienes del Estado y permisividad de la justicia para esos “representantes” del pueblo. Todos los días en las noticias de los medios de comunicación aparecen nuevos hechos de dolo y afectación de los intereses públicos, acompañados de ineficacia, demora o lenidad para sancionar a los causantes, tales que abruman por su evidente sesgo e interés en defender los culpables más que los intereses de la comunidad. En realidad, los sancionados políticos y funcionarios públicos son tan pocos y son tantos los que terminan evadiendo la justicia, con tan variados esguinces, que es notorio el que es verdaderamente reprendido y privado efectivamente de su libertad o inhabilitado en su derechos frente al Estado. Por esos hechos a muchos no nos interesa la política.

La corrupción carcome los ámbitos publico especialmente, pero no es ajena al sector privado, mirar por ejemplo el caso Odebrecht, que compromete por igual a vinculados a la actividad pública y a la privada, incluyendo las más altas esferas del Estado, desde el Presidente de turno, Juan Manuel Santos, hasta un variado surtido de integrantes de la clase política, empresarial y directiva.

Las coimas y las “participaciones” o generosas contribuciones están presentes en muchos de los contratos del Estado, por ejemplo, lo que se ha visto en las Rutas del Sol y las vías 4G o en otras obras de infraestructura, para citar solo esos casos. Pero no es sólo corrupción en términos de dinero, a todo esto se une el despilfarro, los contratos amañados, los cargos públicos ocupados por relacionados, las prebendas o la multiplicidad de formas y afectaciones de los intereses públicos y sus presupuestos nacionales o regionales.

Por otro lado, tan grave como la afectación de los presupuestos e inversiones públicas, son las violaciones permisivas a las leyes electorales, a la justicia, a los trámites y reglamentos, a los requisititos y cumplimientos que frecuentemente se vuelven un freno, si no hay partición de beneficios, o un acelerador, en el caso que la haya, en las gestiones con órganos del Estado. La polarización de los ciudadanos en Colombia está alimentada por hechos de corrupción en el plebiscito donde ganó el no y se aplicó el sí o en los trámites fast track en el Congreso, donde se violaron todas las normas y procedimientos reglamentarios, según sus promotores, “todo en beneficio de la paz” y por supuesto del Nobel de paz y de la impunidad en los delitos de lesa humanidad de los cabecillas de las FARC.

Con tantos antecedentes de corrupción y tantas triquiñuelas de la clase política es muy difícil creer en la política y en los políticos. Se nos trata de antipatriotas y egoístas por no apoyar esos movimientos que se dicen salvadores de la comunidad y defensores del progreso y bienestar, los cuales, una vez en el poder, utilizan todos los recursos del estado para favorecer sus intereses individuales, de los partidos políticos o de verdaderos carteles de fraude al Estado. De nuevo, por pocas, son notorias y relumbrantes las excepciones a esta perniciosa conducta. Así, si comparamos las definiciones del comienzo de este comentario sobre la política con lo que vemos todos los días en la clase política Colombiana, confirmamos aún más que hay muy pocos en quienes creer, y menos en quienes confiar.

Se aproximan las elecciones regionales y de nuevo suenan “los cantos de sirena” de la solución a todos los problemas comunitarios que están en la boca de los candidatos a todas las corporaciones públicas y a los cargos de representación departamentales y municipales. Es difícil creerles con tantos antecedentes que la historia nacional y regional nos ofrece día a día. Sin embargo, gobernantes y representantes vamos a tener, y necesitamos tener, por lo cual hay que hacer un esfuerzo de voluntad y convicción en escoger los mejores, los que nos ofrezcan una trayectoria de servicio a la comunidad limpia de corrupción, ventajismos o amiguismos, además, personas idóneas y capaces, no por su caudal político sino por su caudal intelectual, lleno de experiencia y buen criterio.

En fin, habrá que tomar decisiones, gústenos o no la política, por lo cual invito a todos, y especialmente a los jóvenes con su mente abierta y limpia de las experiencias del pasado, a escoger lo mejor que su buen criterio les indique, así tendremos paulatinamente una renovación política frente a los caciques tradicionales y la superación de las perniciosas costumbres de nuestra política tradicional. Necesitamos una nueva política y nuevos, idóneos e incorruptibles líderes políticos.

RESTAURATIVA O “IMPUNITIVA”

Comentario 8/07/2019

RESTAURATIVA O “IMPUNITIVA”

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

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Según la definición de la lengua española el significado de algo punitivo es sancionador, disciplinario, correctivo, en contrario sentido y aunque no existe como palabra, vamos a asumir en este comentario que “impunitivo” significa, entonces, no sancionador, no disciplinario, no correctivo. Esto último es lo que sucede con la JEP en Colombia (Justicia transicional o Justicia especial para la paz), el público en general, considera que este organismo, desde su creación y en su conformación, está diseñado para darle ventajas a los miembros de las FARC que sean juzgados por ellos, con penas no privativas de la libertad, de carácter “alternativo” y “restaurativo”, que nadie entiende todavía cuáles van a ser o cómo. Parecen ser, según se dice, algún tipo de “obligación en favor de la comunidad” en compensación por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que ellos cometieron. En sentido inverso a las penas para los militares o civiles que se acojan a esa justicia, digan la verdad y den la garantía de no repetición, los cuales podrán tener penas de mayor alcance, acordes con la definición de lo punitivo.

De nuevo, viene una andanada de defensores de oficio, provenientes de organismos intencionales defensores de la paz a buscar que se respete la JEP, como fue concebida, sin modificación alguna y con la carga de afrenta e injusticia que esto significa para las víctimas y la comunidad en general. Ahora nos toca el turno de la “mano” de consejos y exigencias de la ONU por parte de su jefe de verificación en Colombia, señor Carlos Ruiz Massieu, a quien le preocupa la polarización del país frente a la JEP y anuncia su total apoyo a este organismo, afirmando que su tarea no es la formalización de la impunidad sino el aseguramiento de la paz. “Creemos en la necesidad de un dialogo nacional para que nos concentremos finalmente, directamente y únicamente en la implementación de los acuerdos”, según afirma el señor Ruiz, pero a renglón seguido establece que los acuerdos formalizan una justicia restaurativa, y que tanto los acuerdos como la JEP son intocables.

Hace caso omiso el señor Ruiz de las evidencias y percepciones que la mayoría de los ciudadanos tiene de la imposición del acuerdo de paz, cambiando un NO por un Sí en el plebiscito e instrumentándolo a su antojo en el Congreso y las Cortes, influenciadas por el gobierno de Juan Manuel Santos, acuerdo que está plagado de beneficios en favor de las FARC y sus integrantes, aún sin tener el menor asomo de justicia, reparación y garantía de no repetición efectiva y eficaz, como hasta ahora ha ocurrido.

Además, con hechos tan lamentables en la JEP –quien mostró el cobre– como la demora en juzgar a Santrich, un año después de su captura e imputación de colaboración con el narcotráfico planteada por la DEA de los Estado Unidos, y contra toda evidencia, indicar que no hay evidencia de su complicidad y solicitar su libertad. En todo lo cual ha sido acompañada por el Consejo de Estado que declaró que este personaje es Congresista –según el acuerdo de paz- y por lo tanto aforado, le dio la oportunidad de posesionarse y de “ejercer” como tal, dándose ínfulas de moralista y dueño de los más caros principios de la justicia, la cual debería doblegarse a su favor. En ello obró también la Corte Suprema de Justicia, solicitando igualmente su libertad, pero citándolo a una diligencia de indagatoria.

Como se ve, por el lado de la JEP, de todos los órganos de Justicia en Colombia y de los organismos internacionales, los “buenos” son los de las FARC, con Santrich a la cabeza, y los “malos” somos los demás ciudadanos que rechazamos tal abuso de la justicia y tal tratamiento privilegiado y favorable a estos ciudadanos. Cabe decir que algunos están cumpliendo con la dejación de armas y parcialmente con los compromisos adquiridos, eso sí, sin revelar ni apoyar a las autoridades para el desmantelamiento de los inmensos cultivos de narcotráfico que ellos patrocinaron y sus disidencias actuales igual siguen explotando. Qué vergüenza para el país que sus órganos de justicia se comporten de esa manera y además tengan encima las acusaciones de corrupción tan terribles como las del Cartel de la Toga.

Será posible que el señor Carlos Ruiz Massieu de la ONU, pueda entender o quiera entender lo que está pasando en Colombia con la Justicia, con Santrich y con la JEP, seguramente si lo entiende, pero hará caso omiso de lo que sabe, su misión es que simplemente pasemos la página y demos todo por terminado para vivir en paz y en concordia. Qué pensamiento tan alejado de la realidad del país. Quieren pasar por alto la dignidad, la majestad y el valor de la justicia, imponiendo la llamada justicia restaurativa, no la punitiva, es decir, borrón y cuenta nueva. Típica justicia “impunitiva”.

El país debe reaccionar con este tipo de organismos internacionales que nos vienen a dar clases de moral y de justicia, por encima de los valores, las conductas éticas, la tradición y las verdades verdaderas que hay en Colombia, como las que hemos comentado. Pasar la página nunca será una solución, si se busca la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición eficaces, como una verdadera solución que permita la concordia entre los ciudadanos de todo el país.