Comentario día 14/08/2019
ASÍ ES MUY FÁCIL
Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
Bajo el título de
“DEJAR LA PAZ EN PAZ” el ex presidente y nobel Juan Manuel Santos (JMS) publicó
en el diario El País de España un comentario en el que se refiere, de nuevo, al
proceso de paz en Colombia y su implementación por el Presidente Iván Duque, en
los siguientes términos:
“Siempre se ha dicho
que para lograr la paz se requieren dos fases: la primera es hacer la paz,
hacer las paces, dejar de matarse. La segunda es construir la paz, lograr una
verdadera reconciliación, dejar de odiarse. La segunda fase es más difícil y
toma mucho más tiempo”.
Califica a su vez, que
la primera fase la cumplió su gobierno con éxito después de seis años de
negociación con las FARC para tener un acuerdo y que la segunda le toca al
nuevo gobierno. Parece muy simple la afirmación y la manifestación que el ex
presidente emite sobre las dos fases y el amplio despliegue sobre los logros de su gobierno, sin embargo veamos
algunos comentarios sobre sus realizaciones:
El acuerdo de paz con las FARC:
Firmado en diciembre
del 2016, contiene las pretensiones de la solución de grandes problemas del país, en seis temas
puntuales:
·
Trasformación
del campo: relacionado con la reforma rural integral.
·
Apertura democrática para
construir la paz: sobre la participación política y las garantías a la
oposición.
·
Verdad,
justicia, reparación y garantía de no repetición: sobre
la reparación a las víctimas y la justicia transicional (JEP).
·
Economías
ilegales asociadas y el consumo de sustancias sicotrópicas: relacionado
con la erradicación de los cultivos ilícitos.
·
Cese al fuego y dejación de
armas: para afianzar el fin del conflicto.
·
Acompañamiento: para la
implementación, verificación y refrendación.
El acuerdo ha sido
alabado por diferentes países para los cuales es un logro ejemplar para todo el
mundo, dado que después de 50 años de conflicto armado se logró su firma.
También, muchas corrientes de opinión ciudadana lo han calificado como un
acierto, sin embargo, un porcentaje muy alto de colombianos lo ha rechazado por
conducir a situaciones de premio, privilegio e impunidad para los miembros de
las FARC si bien sus delitos de lesa humanidad, el narcotráfico, el lavado de
activos, los delitos sexuales, de secuestro y de reclutamiento de menores, con
una amplio etc. de otros delitos. Especialmente se considera sesgado e
inapropiado en el tratamiento favorable que han tenido en su elegibilidad
política sin pagar ninguna pena y la protección que en todo momento ha tenido
con ellos la Justicia Especial para la PAZ (JEP), la cual fue creada y
constituida por miembros con marcada favorabilidad por la causa de la guerrilla,
la cual aplicará penas llamadas restaurativas, que aún el país no sabe cuáles
son, pero lo que sí se conoce es que no serán privativas de la libertad. Especialmente
las partes del acuerdo presentadas en negrilla en el texto anterior han sido objeto
de duros cuestionamientos en su conveniencia y/o en su viabilidad.
Además de la impunidad
y los problemas de justicia, verdad, no repetición (seguimos en combates en
muchos lugares, por las llamadas
disidencias) y reparación, específicamente,
la mayor objeción está en que el acuerdo se firmó sin consideración alguna
sobre los recursos necesarios para llevarlo a cabo y la capacidad real del
Estado (el país) para ponerlo en marcha a partir de sus desbalanceadas finanzas
públicas, caracterizadas por un persistente déficit fiscal y un significativo endeudamiento
público interno y externo.
Las estimaciones sobre su
puesta en marcha y ejecución hablan de cifras cercanas a los 125 billones de
pesos, en los próximos quince años, lo cual, por supuesto, no fue presupuestado
por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Apenas ahora se incluyeron estos
compromisos como parte del plan de desarrollo del gobierno Duque, el cual ya,
por sí mismo, estaba carente de una completa financiación y ni hablar al incluir
las cifras de la paz.
En otras palabras en el
acuerdo de paz se “ensilló sin traer las bestias”, es decir, sin contar con los
recursos. Para Juan Manuel Santos lo importante era firmarlo, a como diera
lugar, era necesario para su nobel de paz, pero al país se le comprometió en
cifras inalcanzables, no financiadas. El gobierno Duque ahora tiene que
ejecutarlo (la parte más difícil, según el mimo JMS) y no hay de dónde. Los
solos gastos corrientes del Estado Colombiano en su funcionamiento y sus
compromisos con la salud, la educación, las pensiones, el agro, la inversión
pública en infraestructura y en el bienestar ciudadano, desbordan las finanzas
del Estado.
Por supuesto, la paz
como norma de convivencia y garantía para la estabilidad y el progreso
económico y social, es un postulado en el cual toda la ciudadanía está de
acuerdo, pero el ciudadano no es consciente de dónde saldrán los recursos.
Además, no puede pensarse que se saque parte de los presupuestos para la salud,
las pensiones, el agro o la educación, por ejemplo, para financiar las necesidades
de la paz en cuanto a proyectos productivos, reinserción de combatientes,
indemnización a las víctimas (lo que no ha hecho las FARC), capacitación e
inversión social, vías terciarias y de infraestructura en las zonas de conflicto,
muchas de ellas apartadas o de difícil atención. Todos gastos e inversiones
convenientes y necesarias, por supuesto.
Todo esto es un gran dilema
para el Gobierno Nacional, ¿cuáles son su prioridades ante una escasez
manifiesta de recursos para el funcionamiento del país y ahora para el desarrollo del proceso de paz? Fue
muy fácil para Juan Manuel Santos firmar el acuerdo, sabiendo que no le tocaría
la segunda fase de la paz: su puesta en marcha y su funcionamiento. Así es muy
fácil ganarse un premio nobel y ser reconocido en todo el mundo.
