EL NARCOTRÁFICO Y LA SOCIEDAD

 Comentario 29/08/2022

 

EL NARCOTRÁFICO Y LA SOCIEDAD

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

La reciente propuesta del presidente Petro sobre el tema del narcotráfico incluye varios tópicos relacionados, así:

• Erradicación voluntaria de cultivos.
• No policía ni ejército en labores de erradicación.
• No fumigación con glifosato.
• Extradición condicionada de los narcotraficantes si se someten a la justicia colombiana, delatan, entregan bienes y rutas y no delinquen hacia el futuro, con penas restaurativas.
• Combate a bandas de narcotraficantes, pero no a campesinos cocaleros. No es específico cómo es el combate, aparentemente sólo interdicción de naves y aeronaves.
• Invitación al resto del mundo a debatir sobre el fracaso de las políticas antinarcóticos anteriores y el planteamiento de una nueva política que incluya elementos de regulación, sometimiento e interdicción de los negocios de los narcotraficantes, hecha en forma conjunta y a nivel mundial.

Estos son realmente cambios profundos que merecen todos los exámenes y discusiones detenidas y detalladas para poder encontrar sus virtudes, su coherencia, sus ventajas y desventajas, sus costos y beneficios legales, penales, económicos, éticos y prácticos.

El punto de partida es que, en Colombia, con las anteriores políticas para combatir frontalmente el narcotráfico con erradicación y fumigación incluidos, tenemos un problema enorme, lo cual nos ha llevado a cerca de 250.000 hectáreas cultivadas de coca, al no honroso título de ser el mayor productor de cocaína en el mundo y a la lamentable consecuencia de la violencia en el campo y en las ciudades, el lavado de activos y toda clase de delitos asociados, como la minería ilegal, la tala de bosques, las redes de narcotráfico y el enorme problema de salud pública por el elevado número de consumidores, creciente y cada vez más joven. Además, los carteles del mundo están pendientes de participar en Colombia para beneficiarse de ese enorme potencial de cultivos y del tráfico de cocaína.

Valga decir, también, que el Gobierno Duque apenas utilizó algunas de las herramientas de combate al narcotráfico, porque otras no le fueron permitidas por las altas Cortes, como fue la fumigación con glifosato u otras sustancias, por razones supuestamente ambientales, cuando estas sustancias son herbicidas comunes en todos los cultivos en el mundo. Además, que a la altura del gobierno de Álvaro Uribe se redujeron los cultivos a sólo 40.000 hectáreas. También, que en el proceso de paz del gobierno Santos se declaró el narcotráfico de las guerrillas de las FARC como delito conexo al político y no se les combatió, lo cual disparó los cultivos. Ahora le toca a Petro y ya enunciamos cuál es o será su política.

No es posible una posición de aprobación o descalificación total del nuevo enfoque ya que contiene aspectos que parecen muy promisorios en su capacidad de mitigar los cultivos y el consumo. Sin embargo, hay que empezar por el origen de todos los problemas, el cultivo indiscriminado de coca en cualquier lugar del país, si no se le va a combatir. Muy pronto veremos matas de coca hasta en los techos de las casas en las ciudades y en el campo. Según la web, el kilo de cocaína pura se vende en Colombia entre 1.500 a 1.700 dólares y al cruzar a Panamá el precio es de 2.000 o 2.500 dólares y va aumentando en la medida que avanza en su recorrido hacia los Estados Unidos. Al llegar a Nueva York su valor puede ser de 20.000 dólares o más, según la demanda y la oferta del momento. Este suculento y rentabilísimo negocio, además, en efectivo y con lavado de activos, sin impuestos y con muy bajos costos, es un atractivo no despreciable para todo tipo de narcotraficantes, nacionales o extranjeros.

No combatir frontalmente el cultivo de coca, en mi opinión, acrecentará lo siguientes problemas que se generan con ese cultivo, su tráfico y su comercialización, ya que el problema del narcotráfico tiene varias aristas:

1. Problema de salud pública: tratar la dependencia y sus secuelas personales y familiares y prevenir el consumo.
2. Problemática de seguridad nacional: los narcotraficantes pueden corromper los gobiernos y afectar sus instituciones, además, con su dinero, pueden tener organizaciones de combate armado, muy fuertes, como sucede en México o en el propio Colombia.
3. Afectación de todo tipo en zonas de cultivos (invasiones, combates, etc.).
4. Problema de erradicación y medio ambiente: El tema de erradicación es motivo de mucha controversia (manual, voluntaria, forzada, con equipos y con cuáles herbicidas, sustitución de cultivos, etc.), además, de la necesaria presencia del Estado y la consiguiente protección del medio ambiente. Este último incluye la deforestación para sembrar nuevos cultivos y la contaminación de las aguas.
5. Multilateral y multinacional: muchos países y organismos con diferentes intereses involucrados. Aún, gobiernos corruptos como el de Venezuela, que patrocina su tránsito y su distribución y cobra peajes.
6. Problema económico: mucho dinero que puede afectar la economía de un país, influyendo en su estabilidad macroeconómica, monetaria y cambiaria.
7. Cultura del dinero fácil y rápido: modelo de vida tipo “Pablo Escobar” y todas sus secuelas, las cuales aún persisten.
8. Otros más como el microtráfico, etc.

Comparto que debe plantearse una solución más de concierto mundial (si fuera posible) que de acción individual. Sin embargo, Colombia no se puede atar las manos para no combatirlo desde su origen, en el cultivo, como me parece que lo va a hacer el gobierno de Gustavo Petro, con equivocadas razones de seguridad humana y ambiental de los cultivadores de coca y sus regiones.

SE OBSCURECE EL PANORAMA

 Comentario 22/08/2022

 

SE OBSCURECE EL PANORAMA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Luego de la superación de la pandemia del covid 19, la recuperación macroeconómica y social del país ha sido notable, hecho reconocido por organismos nacionales, tales como el ministerio de hacienda y planeación nacional, por organismos internacionales como la OCDE (organización para la cooperación y el desarrollo económico), por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por las agencias de investigación económica tales como Fedesarrollo. Sin embargo, hay que entender que el país sufrió una parálisis económica sin antecedentes en su historia y con graves consecuencias para las finanzas públicas en su déficit fiscal y en su endeudamiento interno y externo, como resultado del tren de gastos y subsidios públicos creados para favorecer a la población vulnerable, al empleo y las actividades productivas durante la contingencia.

A su vez, y como consecuencia, se presentó un importante deterioro de la ocupación informal y formal, por la parálisis acaecida y su lento proceso de recuperación. Hay que reflexionar, también, que no han sido buenos los “vientos” que provienen del resto de la economía mundial, golpeada igualmente por el mismo fenómeno de salubridad pública y sus consecuencias, lo cual afectó, sin distinción, a todas las economías en la geografía universal. También afloran, como complemento, los problemas causados por algunos conflictos geopolíticos conducentes a la menor dinámica económica.

Veamos algunas cifras destacadas que se esperan en Colombia para el cierre del presente año 2022, entre muchas que podrían ser significativas:

• Crecimiento del PIB alrededor del 5.5 al 6.5%, considerado uno de los mejores a nivel mundial. Prácticamente todos los sectores económicos están en crecimiento.
• Desempleo inferior al 11%. Ya se recuperaron los empleos perdidos durante la pandemia.
• Gran avance en infraestructura de vías terciarias y vías 4G.
• Avance significativo en la matriz energética hacia energías limpias.
• La tasa de pobreza multidimensional bajo a nivel nacional y en especial en las ciudades.
• Gran crecimiento del consumo y la inversión privadas, de hecho, esto es lo que ha dinamizado el crecimiento económico, al no depender tanto del sector externo.
• Buen ritmo en la inversión extranjera directa.
• Buenos precios de las materias primas de exportación como petróleo, carbón y otros minerales o en productos agrícolas como el café, las flores y las frutas.
• Mejoramiento en los índices de confianza del público en general.

Sin embargo, no todo es tan bueno, hemos presentado algunas cifras de debilidad como son:

• La elevada inflación, ya cercana al 10%, registro muy lejano de la meta del 3% al 4% propuesta para el país por el Banco de la República. De hecho, el propio Banco ha elevado su tasa de intervención al 9% para combatir y paliar la insospechada inflación.
• Elevadas tasas de interés en todo tipo de créditos y captaciones, con un alza notable frente al año 2021, donde fueron realmente bajas.
• Los déficits en el endeudamiento externo del sector público cercano al 60% del PIB y del déficit fiscal, alrededor del 6% del PIB. Perdimos el grado de inversión debido a estos elementos, si bien van por mejor camino. Aunque ahora se plantea la necesidad de una nueva reforma tributaria para ayudar al gasto social y a las debilidades públicas.
• Déficit en el sector externo de la economía, especialmente, porque es más lo que importamos que lo que exportamos.
• La elevada devaluación del peso frente al dólar americano, una de las más notorias en Latinoamérica.

Los factores negativos se explican, entre otras razones, por los fenómenos de desabastecimiento a nivel mundial combinados con los serios problemas presentados en la logística internacional, realidades exacerbadas por los conflictos políticos como la guerra en Ucrania y por el grave hecho de hambrunas y desplazamientos humanos por diversas causas. Además, en el caso interno de Colombia, las problemáticas ocasionadas en la producción de algunos sectores que aún están pendientes de recuperarse completamente debido a los paros y bloqueos que padecimos por las manifestaciones sociales de los dos últimos años.

De otro lado, hay signos de recesión o de debilitamiento de las “locomotoras mundiales” como China, USA y Europa y en algunos de los países del sudeste asiático. Esto puede afectar la dinámica de la economía mundial como un todo, y en particular a cada uno de esos países, dependiendo de sus propias condiciones de desenvolvimiento, y, por lo tanto, obscurecer el panorama futuro para el mundo entero. De hecho, es posible esperar que, en Colombia, dadas las condiciones negativas ya mencionadas y al entorno mundial menos dinámico, se presten tres fenómenos que harán ver el horizonte más gris, como son:

• El consumo, la demanda de crédito y la inversión se resienten y debilitan ante la alta inflación y las elevadas tasas de interés, efecto, este último debido en parte a la necesidad de suavizar o aminorar el alza de los precios, aunque su elevación es ocasionada más por la insuficiencia en la oferta de los bienes y los servicios que por exceso de demanda por parte de los consumidores, la cual empieza a moderarse luego del rebote de la pandemia.
• La situación de inflación, las altas tasas de interés y la fuerte devaluación también podrán en aprietos las finanzas públicas, ya debilitadas por los fenómenos narrados. Además, con la inflexibilidad del presupuesto público y la expectativa de mayor gasto dado el plan de gobierno de Gustavo Petro, no se ven como una buena combinación.
• La necesaria contención de la devaluación del peso colombiano frente al alza de las tasas de interés en los Estados Unidos y la debilidad de nuestro sector externo, aumentarán la expectativa de nubarrones en los ejercicios próximos.

Vamos a entrar en un período de menor crecimiento, sin llegar a una recesión. Estemos atentos para que “guerra avisada no mata soldado”.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PRIVADA

 Comentario 16/08/2022

 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PRIVADA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

La reciente inauguración del Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC) en Bogotá, financiado y entregado a la comunidad por esa familia, para servirle a todo tipo de ciudadanos, sin distinción ninguna, invita a una serie de reflexiones de mucha importancia en el desarrollo comunitario y social del país. Este centro de tratamiento médico e investigación científica sobre el cáncer es considerado de absoluta avanzada a nivel mundial, lo cual, por sí sólo, habla de la gran contribución al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que padecen estas enfermedades y sus familias y, por supuesto, para el progreso del sector de la salud en Colombia. Además, y, por otro lado, el no tener restricciones para el acceso de naturaleza política o social y menos de capacidad económica, se vuelve una experiencia de connotaciones superiores para los ciudadanos y las instituciones del país.

Comencemos por decir que, dentro de las convicciones políticas de los sectores de izquierda radical, lamentablemente el empresariado se percibe como un sector explotador de carácter capitalista y es merecedor de la mayor sanción en sus comentarios y frecuentes minimizaciones sobre su importancia para la generación de empleo y para el desarrollo del país y sus regiones. Si bien siempre aplauden el recaudo de impuestos con el famoso “que paguen los más ricos”, parecen no comprender que, sin impuestos provenientes de los empresarios y los ciudadanos quienes cumplidamente los pagan, el país no tendría gasto social a través de los gobiernos que los administren de manera proba y eficiente. De hecho, del presupuesto nacional cerca del 70% se dedica a gastos sociales en salud, pensiones, vivienda, protección social y educación y en los últimos años, con motivo de la pandemia, a grandes subsidios para la protección de sectores vulnerables y del propio empleo. Cabe recordar también que, consolidando todos los impuestos que los empresarios pagan, éstos llegan a ascender hasta un monto equivalente al 75% del valor de sus utilidades.

No son, por consiguiente, los empresarios, en general, los capitalistas explotadores que se aprovechan de la supuesta inferioridad de los trabajadores, quienes además están protegidos por exigentes leyes laborales y aguerridos grupos sociales y sindicales diseñados para su defensa. Otra cosa es que las empresas en Colombia son esencialmente microempresas o pequeñas famiempresas, cerca del 90%, las cuales no pueden hacer un derroche con los salarios o las prestaciones sociales, que sí conceden en forma más significativa las empresas de mayor tamaño.

Ahora, los que hemos tenido el privilegio de haber conocido y compartido el mundo empresarial, destacamos el convencimiento social de la gran mayoría de empresas del país, expresado no sólo en sus relaciones laborales sino también en sus programas de responsabilidad social empresarial (RSE), a través de los cuales ofrecen importantísimos apoyos a causas de carácter municipal, social o ciudadano relacionadas con crear mejores condiciones de calidad de vida y de bienestar personal y familiar a las poblaciones con mayores dificultades, a la sociedad en su conjunto y al medio ambiente.

De hecho, muchas empresas manejan en sus organizaciones instituciones del tipo de las corporaciones, asociaciones o fundaciones para canalizar y administrar en forma eficiente y organizada los recursos que destinan a la RSE. Es notable ver cómo diversas compañías en sus distribuciones de utilidades anuales apropian partidas para este fin y algunas lo hacen en forma prioritaria. Estas instituciones son personas jurídicas sin ánimo de lucro, creadas por la iniciativa privada (pública o mixta), para atender una finalidad altruista o de interés social determinada, para lo cual requieren de aportes de dinero o bienes realizados por su fundador o fundadores, precisamente, las empresas y sus propietarios. Mencionamos sólo algunas, que tienen casi que ámbito nacional, en sus labores de beneficio social:

• Fundación Alpina
• Fundación Bancolombia
• Fundación Bavaria
• Fundación Corona
• Compartamos con Colombia
• Fundación Mayagüez.
• Fundación Carvajal.
• Fundación Arturo Calle
• Fundación Mayagüez
• Fundación Sofía Pérez de Soto.
• Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo.

La lista es interminable y agota el espacio de este comentario, pero no sus méritos, ya que su labor, la de todas, es admirable. Como datos significativos sobre la importancia del sector privado, recordemos que el 85% del PIB de Colombia depende de ese sector y que, por ejemplo, para citar un caso, un grupo de 105 empresas realizó una inversión social por $3.6 billones de pesos en el 2021. Además, no se nos puede olvidar que muchos ciudadanos en forma individual también ejercen acciones de carácter altruista, algunos en vida y otros, al momento de su muerte, con legados en favor de esas causas.

En síntesis, un número significativo de personas y empresas realizan acciones de responsabilidad social privada con lo cual realzan su solidaridad con los demás y su convicción por un país mejor para todos. Así, no se entienden los frecuentes epítetos de los miembros de los grupos de pensamiento de izquierda radical, por descalificar la acción privada en su compromiso social y comunitario. En contrario sentido, el propio presidente Petro en la reunión de empresarios en Cartagena celebrada esta semana, al referirse a la producción como la forma idónea de generar empleo, riqueza y progreso, por lo cual invitó a los empresarios a aumentar su producción, lo cual se traducirá también en mayor inversión a través de su conciencia por la RSE.

LA PAZ GRANDE

Comentario 08/08/2022

 

LA PAZ GRANDE

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Bajo el concepto del llamado perdón social propuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y su propósito de dar cumplimiento total al acuerdo de paz del 2016 suscrito por el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, los cuales son parte muy sustantiva del plan de gobierno del nuevo mandatario, para el logro de la denominada paz grande o paz total, se presentan una serie de inquietudes que vale la pena comentar. Precisamente, ¿qué significa y cuál es el contenido y alcance de esa paz grande o paz total? Muchas inquietudes surgen después de ver el disfuncional, inequitativo y poco favorable para el país proceso de paz de Juan Manuel Santos, fundamentado, supuestamente, en el rescate de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición y centrado en las víctimas. ¡Qué bonito suena, pero que incumplido está!

Desde el 2016 el país está a la espera de que esas promesas se cumplan, pero nada. La verdad muy escasa, muy esquiva e incompleta, de un sólo lado en lo fundamental. Según esa verdad, revelada por la Comisión de la verdad presidida por el padre Francisco de Roux, los culpables esenciales de las situaciones de violencia que ha atravesado el país frente a las guerrillas y la población son el Estado y sus instituciones, especialmente el ejército y la policía. Parece que algo tienen que ver las guerrillas y los otros narcotraficantes, pero sólo algo, o sea que los secuestros, las violaciones, lo asaltos, los bombardeos a poblaciones, las tomas guerrilleras, las guerrillas urbanas, las extorsiones, el abigeato, el reclutamiento de niños, la matanza de policías, etc., etc., poco cuentan. Y, también, todo el tema del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y de personas, etc., etc., parece que tampoco tiene mucho que ver.

Lo que se ha hecho de justicia transicional por la JEP o la ordinaria por los organismos tradicionales frente a la guerrilla es nada o muy poco, la JEP lleva casi 6 años, sin fallos condenatorios y, al final, para poner penas alternativas, simbólicas o restaurativas, tiempo sobra, ya veremos que la justicia no obra. El nuevo gobierno está hablando de una nueva y extraña palabra, “acogimiento”, para preparar el terreno para beneficiar los participantes de todo tipo de violencias en los nuevos procesos de la paz grande. Lo que veremos es que el apaciguamiento de ellos se traduce en el sometimiento del Estado de derecho, de la justicia, de las instituciones y del código penal, o sea del pueblo colombiano.

El otro tema que se pregona, la reparación, es como el gran ausente, ¿dónde están las grandes fortunas de las FARC para la reparación de las víctimas?, apenas migajas. Ahora resulta que después de todos los lucrativos delitos que cometían y siguen cometiendo, son unas “pobres viejecitas, sin nadita que comer”, vaya cuento tan mal contado para engañar al país, donde, en la práctica, se les han legalizado sus bienes y diestramente se les ha hecho un lavado camuflado de esos activos, ya que impuestos tampoco han pagado. Las víctimas, además, por ningún lado.

De la no repetición es mejor no hablar, porque la repetición es el “pan nuestro de cada día”, dirán que son las disidencias, “chicos díscolos y desobedientes”, ¿puede creer el país que unos y otros, desmovilizados y activos, no están conectados?

En contrario sentido, el Estado ha hecho ingentes esfuerzos por el cumplimento de los acuerdos y por otorgar las mejores condiciones posibles a los desmovilizados en educación, salud, vivienda, territorios de cultivos lícitos, etc. Además de las famosas curules de paz para los “soberanos” del secretariado, ahora pontífices de la paz, la concordia y la moral. Mucho se les ha dado, pero poco se ha recibido de parte de ellos, apenas unas breves y apesadumbradas declaraciones, pero no se les ve el arrepentimiento por ningún lado, felices con lo que han logrado a su favor. Sin embargo, se quejan de que no se ha cumplido el punto 1 del acuerdo y que este es vital para lograr la paz grande, la paz total, especialmente en el campo. Efectivamente, el meollo del llamado incumplimiento del Estado del acuerdo FARC-Santos, radica en el punto 1 del mismo, recomendado también por la Comisión de la Verdad, en el cual se pactó la llamada reforma rural integral, bajo los siguientes principios:

El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. Ya que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social.

¿Será esto mismo lo que han pregonado Petro, su Vice y su ministra de agricultura?, cuando afirman que cumplirán a cabalidad el acuerdo de paz. Parece ser que sí, pero ¿de dónde saldrán los recursos para apropiar esa tierra que quieren distribuir? Ante un déficit fiscal significativo, un sobre endeudamiento del Estado y otras necesidades apremiantes, en pobreza, salud, educación, vivienda, bienestar, infraestructura y desarrollo, ¿cómo priorizar? Todos los alcaldes municipales están con la “coquita” lista para recibir los beneficios tangibles del nuevo gobierno, ¿entonces?

La amenaza, hasta ahora, según la ministra de Agricultura, es solucionar la redistribución rural prometida con nuevos impuestos a las propiedades agrícolas, bajo el concepto de baja productividad, con una fórmula de compra (“expropiadora”), si no los paga el propietario actual. En anticipación de todo esto ya hay colonos invadiendo en varias propiedades de predios productores de caña de azúcar en el norte del Cauca y el sur del Valle, porque se va a estimular la formalización, restitución y distribución equitativa y el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo. Esto no es una reforma agraria, es una expropiación agraria, por encima de los derechos de las familias propietarias, legítimas tenedoras y productivas cultivadoras, de esos campos agrícolas. Así empezaron las expropiaciones de Chávez en Venezuela, al principio con algunos bienes y luego con todo tipo de activos, propiedades y derechos.

Si la condición de la paz grande es de nuevo “perdonar” los delitos (no verdad, no justicia, no repetición y no reparación), prometer la no extradición, no combatir el narcotráfico y por otro lado hacer una reforma rural integral como la sugerida, el país va a pasar momentos de extrema tensión social y su Constitución e Instituciones y los derechos de muchos ciudadanos serán arrollados por la Paz Grande. Ser pillo sí pagará. ¿Será que en esta ocasión nos llamarán también enemigos de la paz, por pensar de esta manera?